Deshielo entre Cuba y EE.UU.

Los comunicados simultáneos de los gobiernos cubano y norteamericano del pasado 17 de diciembre, en los que anunciaban un próximo acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, constituyen un acontecimiento histórico de primer orden pues  suponen el principio del fin de los 53 años de bloqueo que EE.UU. impuso a Cuba en 1961.

En los últimos 23 años, desde 1992, la Asamblea General de NN.UU. ha condenado sistematicamente el bloqueo, en los 2013 y 2014 prácticamente por unanimidad, salvo  por el voto en contra de EE.UU. y su aliado de cabecera Israel.

Para mi generación, que en 1959 estaba todavía en la infancia, la revolución cubana ha sido siempre un referente de la dignidad de un pueblo que ha resistido durante muchos años el bloqueo y las amenazas del país más poderoso del mundo.


Ningún pueblo se merece sufrir más de 50 años de aislamiento por defender su independencia política.

La imagen del Che Guevara, que presidía las habitaciones de muchos jóvenes de izquierdas de los años 60 y 70, fue un permanente recordatorio del prestigio que la revolución cubana tenía entre una juventud española inmersa en la dictadura franquista.


Aunque ya en aquellos años, nuestras aspiraciones eran las de socialismo y democracia, simultáneamente, a Cuba siempre se le justificaban sus limitaciones democráticas debido a su situación geoestratégica, en plena boca del lobo.

El transcurso del tiempo ha ido poniendo más en valor la necesidad de que Cuba adopte un sistema democrático, necesidad que no puede ser impuesta desde fuera sino que tiene que ser liderada por el propio pueblo cubano.

La avanzada edad de los hermanos Castro hacía temer que, después de su desaparición por razones biológicas, Cuba pudiera ser colonizada por el poderoso lobby cubano-norteamericano de Miami, los llamados gusanos,  que acabarían con todos los avances conseguidos y volverían a convertir Cuba en una colonia.

El acuerdo EE.UU. -Cuba llega en un momento oportuno, pues, con una administración demócrata en su último período en EE.UU., lo que le concede una mayor libertad de acción, Raul Castro como presidente de Cuba y un entorno en sudamericana muy diferente a las viejas dictaduras militares de hace unas décadas, las posibilidades de recuperar la democracia sin servilismos, son mucho mayores. 

Conviene mencionar en este proceso, la positiva intermediación del Papa de Roma, que en su doble condición de Jefe de Estado y líder religioso de una parte importante de la humanidad, ha sabido salir de los estrechos margenes de la defensa de la estrecha moral católica a que nos habían acostumbrado sus antecesores y ocuparse de contribuir a la mejora de las relaciones internacionales.

ENCUESTA SOBRE POSIBLES PACTOS DE GOBIERNO EN EL LATERAL DERECHO

Participación democrática

Que la democracia tiene que ser mucho más que votar una vez cada cuatro años, es una obviedad que no necesita mayor justificación. Los ciudadanos tienen derecho a participar en todo momento en los asuntos públicos, sin necesidad de tener que esperar a la finalización de los periodos legislativos, y son muchos los ciudadanos que están pidiendo más y mejores medios de participación.

El desarrollo y la extensión de Internet y de las tecnologías de la información proporcionan muchas herramientas que sin duda pueden facilitar los procesos participativos. No es posible en pleno siglo XXI, ignorar estas realidades tecnológicas y no utilizarlas para implementar los mecanismos de participación y transparencia que una buena parte de la sociedad demanda.

Sin embargo conviene ser prudente y no sobrepasar ciertos limites que pueden derivar, contrariamente a lo que se desea, en un detrimento de nuestra calidad democrática.

En primer lugar, y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, la brecha digital todavía es muy significativa. Según datos del INE, en 2014 más de un 20% de la población situada entre 16 y 74 años, no se había conectado nunca a internet y de ellos menos del 80% utilizan la red habitualmente. Estos datos implican que, en el mejor de los casos, solamente  2/3 de la población estaría en condiciones de utilizar las herramientas telemáticas de participación.

El segundo parámetro que  puede dar una idea del grado de utilización que podrían tener estas herramientas, se puede obtener de algunos indicadores proporcionados por los barómetros del CIS. En el correspondiente a Octubre de 2014, las preguntas relativas a la participación política obtienen las siguientes cifras.

• Consideran que la política es poco o nada importante.                      43,3%
• Consideran que el voto es la única forma de participación.                56,2%
• No utilizan internet para obtener información política.                       57,7%.
• No pertenencia a partidos políticos ni asociaciones de carácter social.  >80%
• No participan ni en foros ni en blogs de carácter político.                   89,8%

Los dos primeros temas son los que mejor reflejan, en términos globales, el grado de utilización que tendrían las herramientas de participación, por lo que no parece aventurado estimar que solo el 50% de los ciudadanos podrían tener interés en utilizar estas herramientas.

Relacionando este dato con la brecha digital, se llega a la conclusión de que, siendo optimistas, tan solo 1/3 de la población podría utilizar de forma regular las herramientas participativas de las instituciones públicas.

Estas cifras son indicativas de la gran importancia que tiene la implantación de sistemas de participación directa en las AA.PP., especialmente en los Ayuntamientos, pero claramente insuficientes para plantearse que sustituyan a los sistemas tradicionales.

El paso, que se insinúa en algunos foros, de iniciar experiencias de democracia directa es claramente precipitado. La decisión diaria de los asuntos públicos es responsabilidad exclusiva de los representantes elegidos por todos los ciudadanos y no puede delegarse en los colectivos ciudadanos que tienen más interés o mejor perfil tecnológico.

El derecho a voto es  a la vez, una obligación política mientras que el derecho de participación es una opción que cada ciudadano puede o no utilizar, sin que ello le recorte sus derechos políticos.

El interés de participar en los asuntos públicos que manifiestan muchos ciudadanos, a veces con mucho ruido, no es mayoritario en la sociedad y no debe utilizarse en menoscabo de los derechos de todos.

Una última reflexión de carácter subjetivo. El enorme indice de paro y la reducción de los salarios y de los derechos laborales y ciudadanos derivados de la crisis económica, han provocado una creciente indignación en la sociedad y la aparición de propuestas de solución, que habitualmente son excesivamente simples y voluntaristas, para resolverla. Entre estas propuestas están siempre el incremento y mejora de la participación y la transparencia que, aunque sin duda son herramientas imprescindibles, no son la panacea que va a resolver la crisis.

En la izquierda, más allá  de algunas reformas parciales, nos faltan ideas para enfrentarnos al modelo neoliberal que esta empobreciendo nuestra sociedad. Al fracaso de Zapatero al intentar aplicar medidas Keynesianas en el año 2010, teniendo que, finalmente, aplicar las recetas de la Troika, se están sumando ahora los gobiernos socialistas francés e italiano, que tampoco han podido hasta ahora aportar soluciones  más progresistas que a la vez sean factibles.

Seguramente no sea suficiente con tener voluntad política  y la izquierda necesite elaborar más ideas que definan un nuevo modelo social más justo y solidario.

Cultura de pacto

Desde la restauración de la democracia, siempre ha gobernado en España un partido en solitario, primero  fue UCD, luego el PSOE y el PP. Se ha gobernado siempre o con mayoría absoluta, o con apoyos externos de los partidos nacionalistas catalán y vasco, siempre proclives a  dar sus votos a cambio de concesiones de carácter nacionalista.

En las comunidades autónomas, el gobierno de un solo partido ha sido también la tónica dominante, aunque han existido algunas excepciones como el tripartito catalán, el bipartito gallego o los gobiernos PSOE - PNV y Ezker Batua - PNV de Euskadi y el actual gobierno PSOE-IU de  Andalucía.

El panorama en los Ayuntamientos es diferente pues los pactos municipales PSOE-IU han sido la alternativa a los gobiernos del PP en muchos Ayuntamientos, desde las primeras elecciones municipales de  1979.

Este escenario, que ha dado estabilidad  institucional a nuestro país durante mas de 30 años, ha sido posible gracias al ahora tan denostado bipartidismo, que los últimos sondeos de opinión ponen en cuestión.

El previsible mapa electoral que habrá después las elecciones municipales y autonómicas, podría tener un aspecto parecido al de la figura que ilustra este articulo, si los datos de los últimos sondeos se confirmasen. Se tendría entre un 25 y un 30 % para los tres partidos mayores, uno de izquierdas, otro de derechas y un tercero que se autodefine a sí mismo como de abajo, mientras que el resto de los votos se lo repartirían entre la izquierda (IU, EQUO, BNG, ERC...) y el centro (UPyD, C´s, CiU, PNV....).

En estas condiciones, con mayoría absoluta en muy pocos sitios, sería necesario desarrollar una cultura de pactos, que en España está muy poco implantada. 

Salvo el citado pacto IU-PSOE en los ayuntamientos, que no se ha generalizado a las CC.AA. pues solo ha sido posible en Andalucía, a medias en Asturias mientras que en Extremadura se ha mantenido, contra viento y marea, el acuerdo contra natura PP-IU; los gobiernos de coalición son una rareza en España.

La progresiva caída del PP en los sondeos ha propiciado el diseño de nuevas estrategias de la derecha para mantener el poder real: proponer un pacto PP-PSOE, en principio para el gobierno central, pero que podría tener un adelanto en los gobiernos de Ayuntamientos y CC.AA.

Esta  propuesta de "gran coalición" ha sido lanzada por la gran patronal y bien recibida en el PP, la dirección socialista por el contrario, ha rechazado con rotundidad esta opción.

Otra  "gran coalición" aritméticamente posible, sería la formada por PSOE y Podemos. Teniendo en cuenta el desprecio que Podemos tiene por la "casta", todos menos ellos mismos, su órdago a la grande para obtener mayoría suficiente para gobernar ellos solos y su falta de definición ideológica y programática, es muy difícil en este momento, (diciembre de 2014), aventurar ninguna hipótesis. La facilidad que tiene este nuevo partido de cambiar de planteamientos y el hecho de que en las municipales se presenten bajo una marca blanca, escondida en una supuesta plataforma ciudadana, hace que en los próximos meses pueda cambiar el escenario.

En estas condiciones, las opciones que nos quedan a los socialistas, y que habría que empezar a desarrollar cuanto antes, son acuerdos con la izquierda, específicamente IU, y con grupos centristas, UPyD  y C`s fundamentalmente.

Con IU habría que renovar el acuerdo histórico municipal y hacerlo extensivo a las CC.AA. La atracción que tiene  un sector importante de IU por Podemos, a pesar de los intento de este grupo de fagocitarlos, y su posible integración en las candidaturas municipales ciudadanas que están impulsando, añaden dificultades a la formalización de un acuerdo de estas características.

Tampoco parece fácil un acuerdo con los grupos contristas. UPyD es reacia a contaminarse con pactos, como se ha visto en Asturias y últimamente, con el fracaso de los encuentros que ha tenido con C`s,.

C`s por su parte, es un partido nuevo en el conjunto del Estado español y aunque parece proclive a buscar acuerdos, es una incógnita tanto en su comportamiento en este aspecto como en su capacidad electoral.

Las comunidades históricas, Catalunya, Euskadi y Galicia,  solo celebran elecciones municipales. En ellas aunque puedan ser aplicables los mismos criterios generales, la presencia de partidos nacionalistas de diversa ideología hacen que la complejidad sea mucho mayor.

En definitiva la situación es complicada pero, como decía Sherlock Holmes, “Cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por muy improbable que parezca, tiene que ser la verdad”, y en materia de pactos lo imposible es la gran coalición PP-PSOE.

En el lateral he incluido una pequeña encuesta para recoger opiniones sobre posibles pactos.

Art. 135 Constitución Española

Cuando se hace bandera de una idea, el riesgo de enzarzarse a banderazos con ella está siempre presente. Algo de esto ha pasado con el articulo 135 de la Constitución Española modificado el 2 de Septiembre de 2011 con 316 votos favorables, a propuesta de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP.

La modificación de la Constitución se hizo en uno de los momentos mas álgidos de la crisis económica, bajo la presión de la Unión Europea y en cumplimiento del Pacto de Estabilidad, firmado con el objetivo de intentar restaurar la confianza financiera en Europa, y que incluía  la obligación de las Partes Contratantes de transponer la «regla de equilibrio presupuestario» en sus ordenamientos jurídicos nacionales, mediante disposiciones vinculantes, permanentes y preferentemente de rango constitucional.

En España la obligación del equilibrio presupuestario se incluyo en el articulo 135 y la cuantificación del mismo se  dejo para una Ley orgánica que fue aprobada en 2012, ya en el gobierno del PP. En todo caso el equilibrio presupuestario previsto será de aplicación en 2020, por lo que su efecto actual es nulo, por mucho que se la culpe de todos los recortes hechos por el PP.

En estas circunstancias, el gobierno Zapatero hizo lo único que cabía hacer pues el margen de maniobra era muy escaso. Otra cosa son las formas que fueron manifiestamente mejorables: el intento de hacerlo casi clandestino, a final del mes de Agosto con la mínima publicidad y sin dar información a los ciudadanos ni intentar el acuerdo con otras fuerzas políticas, además del PP, fue determinante para que se convirtiera en el pim, pam, pum, de los restantes grupos parlamentarios, estuvieran a la izquierda o a la derecha del PSOE, y posteriormente, sirviera de munición adicional a la demagogia de Podemos.

El error que se cometió en 2011 fue más de forma que de fondo y ese error hay que asumirlo como tal pues ya no tiene enmienda posible.

La propuesta positiva y necesaria de blindar la sanidad y la educación pública en la Constitución puede hacerse sin necesidad de remover el articulo 135. La propuesta, de hace pocos días, de la izquierda plural de volver a modificar este articulo, no iba en este sentido, sino que pretendía cargarse el pacto de estabilidad europeo. 

Modificar el art. 135 no es la única opción, hay otras posibilidades de blindar educación y sanidad en la Constitución.

Por ejemplo, y sin que sea la única opción, reforzando los artículos 27.4 y  43.2 que dicen actualmente:

• 27.4 La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
• 43.2  Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Además de blindar estos derechos se podría también mejorar algún otro como el relativo al derecho de la vivienda (art. 47), introduciendo una referencia a evitar los desahucios para familias en situaciones criticas.

El articulo 47 dice actualmente:

• Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

En esta misma línea se podría proponer introducir una referencia a  la protección de la dependencia que no está contemplada en el texto actual.

Es posible, con estas u otras opciones blindar los derechos del Estado de Bienestar en la Constitución sin necesidad de reabrir el debate sobre el déficit y la estabilidad presupuestaria que, en cualquier caso, es otro debate.