España NO FUNCIONA

 

La gestión de la pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto un conjunto de debilidades  en  el funcionamiento del Estado que, en la mayor parte de los casos, tienen un origen estructural aunque la pandemia las haya agravado de forma importante. En primer lugar hay que mencionar el lamentable funcionamiento de los servicios de atención a los mayores, las residenciaras geriátricas, que escasas de personal y de recursos y en muchos casos mal gestionadas, fueron responsables del alto número de fallecimientos de personas mayores durante la primera ola de la pandemia.

Hay que  considerar también la situación de la sanidad pública que, sometida a recortes durante muchos años, con escasez de personal, que además tiene unas condiciones de trabajo muy precarias, no es capaz de dar una respuesta a las necesidades de la población en la segunda ola de la pandemia. Si en la primera ola el comportamiento del sector sanitario fue heroico, en esta segunda ni aplicando el mismo heroísmo y dedicación han podido atender las demandas de la sociedad.

La estructura administrativa de nuestro país no resiste ninguna iniciativa nueva por importante que sea. El gobierno ha aprobado una serie de medidas sociales y económicas con objeto de paliar los efectos económicos  de la pandemia, pero estas iniciativas se  estrellan con la falta de recursos humanos y el exceso de burocracia.En tercer lugar hay que considerar al sector educativo que,  debido a su escasez de medios y recursos, tampoco puede ofrecer  las condiciones de seguridad sanitaria que  se necesitan en este curso 2020 2021.

Los ERTES han servido para preservar los puestos de trabajo de muchos asalariados pero el exceso de burocracia y la escasez de funcionarios para tramitarlos, han provocado retrasos  y complicaciones innecesarias.

Con las mismas trabas, pero con mayor gravedad está tropezando la implantación del Ingreso Mínimo Vital que avanza muy lentamente a pesar de la urgencia de su puesta en marcha.

El adelgazamiento sistemático del sector público impulsado especialmente por los gobiernos de la derecha, el exceso de burocracia, el teletrabajo  implantado en las administraciones públicas como consecuencia de la pandemia y la escasa cultura digital que dificulta el acceso a los servicios de muchos ciudadanos, está convirtiendo a España en un país que no funciona.

En pleno siglo XXI los servicios públicos tienen  que ser mucho más eficaces y para ello es imprescindible reducir la burocracia y generalizar las  tecnologías digitales sin que ello implique reducción de empleados públicos ya que la digitalización de los servicios no pueden sustituir en muchos casos la presencia directa de  profesionales  de especialidades como sanitarios, docentes, cuidadores, u otros muchos profesionales.

El fondo de recuperación de 740.000 M€ aprobado por la Unión Europea para los próximos  siete años del que España se beneficiará con 140.000 M€, incluye entre sus prioridades la digitalización y el refuerzo del número de empleados públicos. Hay que esperar que el gobierno responda positivamente y con decisión a este requisito y deje en el baúl de los recuerdos las sistemáticas y demagógicas reivindicaciones de conservadores y liberales de adelgazar al máximo las administraciones públicas, para impulsar la privatización  que en esta pandemia está demostrando su ineficacia en sectores como la sanidad o las residencias de la tercera edad.

Madrid NO se confina

 

En el debate del estado de la región de Madrid, celebrado los días 14 y 15 de septiembre, la presidenta regional Isabel Diaz Ayuso (IDA) sacó pecho por su brillante gestión, considerando que el suyo era el mejor gobierno posible del mundo mundial. Las críticas y propuestas de los tres partidos de izquierdas fueron rechazadas sin contemplaciones por IDA y por su vicepresidente de Ciudadanos, que no se decide a dar el paso de romper la coalición y se limita a justificar, aunque sea con la boca pequeña, la actuación de su presidenta.

Al día siguiente, miércoles, con un día de retraso, se publicaron los datos de contagio en Madrid que batieron todos los récords, hasta el punto que el viceconsejero de sanidad, Dr. Zapatero, anunció que se estaban estudiando medidas de confinamiento en Madrid.

Las declaraciones del doctor Zapatero fueron inmediatamente matizadas por la  presidencia que intentó hacerle rectificar, lo que, en un rasgo de dignidad, el viceconsejero no hizo. Tuvo que ser el siempre servil consejero de sanidad el que salió a rectificar  y a comunicar  que de confinamiento nada, solo "restricciones de movilidad", que se comunicarían en unos días.

En este contexto llegó la carta del presidente del gobierno ofreciendo su ayuda a la Comunidad de Madrid y proponiendo mantener una reunión con IDA en la sede de la propia Comunidad.

La carta de Pedro Sanchez (PS) es un documento excesivamente constructivo, que respeta las competencias de la Comunidad y evita las criticas a la gestión de IDA, con el animo de evitar polémicas y tomar decisiones positivas.

El viernes, después de varios retrasos, IDA, acompañada de un avergonzado vicepresidente y del siempre servil consejero de sanidad, nos dio una teórica sobre las medidas a tomar, volvió a responsabilizar al gobierno de la nación, aunque, dada su próxima entrevista con PS, evitó su tradicional agresividad. El vicepresidente  Aguado intervino para  manifestar su acuerdo  y dar imagen de unidad, aunque su tono fue bastante más moderado y finalmente, el consejero de sanidad  detalló las restricciones propuestas que se refieren a 37 zonas sanitarias, que corresponden a los barrios y municipios con mayor indice de infección y también de menor renta y peores condiciones de vida, y se limitan a recomendar, no tienen competencias para prohibir, restricciones de movilidad, reducción de horarios y aforos y bajar a seis el número de  personas por grupo familiar o social. Ni una palabra sobre refuerzo de centros de salud, incremento en el número de  rastreadores o aumento de los servicios de transporte de metro y autobús para reducir su masificación.

Las medidas son mucho más suaves que las promulgadas en otras comunidades con una incidencia vírica mucho menor y no convencen a ningun experto. Las protestas de la ciudadanía, sanitarios, docentes y asociaciones vecinales van en aumento y manifiestan su disconformidad diariamente. Los partidos de izquierdas del parlamento madrileño están llegando al limite de su paciencia y están a punto de presentar una moción de censura que cada día se ve más urgente.

El próximo acto tendrá lugar el próximo lunes con la visita de PS a la Puerta del Sol. Esta reunión tiene que ser determinante, el gobierno de España no puede limitarse a poner paños calientes y ofrecer su colaboración a la  Comunidad de Madrid. Es necesario que actúe con firmeza y determinación y haga uso de sus capacidades para obligar a que en Madrid se adopten las medidas necesarias con o sin la conformidad de la presidencia de la Comunidad, aplicando el Estado de  Alarma o el articulo 155 de la constitución si fuera necesario. Madrid no puede seguir en las manos exclusivas de IDA y sus colaboradores.

Hay que esperar que durante el fin de semana  se realicen las gestiones necesarias con el partido Ciudadanos para facilitar que la reunión del lunes tenga un resultado positivo.

Curso político 2020-2021

El final del mes de Agosto da la señal de salida para el comienzo del siguiente curso político, que esta vez se presenta muy complicado.

La pandemia del COVID 19, que se ha recrudecido en el mes de agosto, va a condicionar los primeros meses de este curso político o incluso el curso político entero. Aunque esta situación crítica debería en buena lógica propiciar el entendimiento de todas las fuerzas políticas para conseguir sacar a España tanto de la crisis sanitaria como de la subsiguiente crisis económica y social que el virus ha provocado, todo indica que es muy difícil que sea así y que los grupos políticos mantendrán sus comportamientos habituales.

El PP ha destituido a la marquesa de Casa Fuerte como portavoz parlamentario en lo que, en un primer momento, parecía ser un cambio de rumbo en la estrategia política del partido, pero las primeras actuaciones de la nueva portavoz, que no  pertenece a la nobleza, indican que el cambio se ha debido a pérdida de confianza por la falta de disciplina de la marquesa y no a un cambio de estrategia.

Antes del verano el gobierno propuso un pacto de Estado, con un formato parecido al de los Pactos de la Moncloa de 1976. El PP lo descafeinó convirtiéndolo en una comisión parlamentaria que, finalmente, no sirvió para nada.

El gobierno vuelve otra vez a la carga, consciente de la importancia que tendría para la recuperación de la crisis económica y social un acuerdo de todas las fuerzas políticas, o, al menos, de una buena parte de ellas, focalizado en los presupuestos que están obligados a gestionar de la forma más eficiente posible, los acuerdos económicos adoptados en la Unión Europea.

El primer contacto con el presidente del PP ha resultado ser un fracaso absoluto y en él se ha constatado que el PP sigue instalado en la dureza extrema y la demagogia continua. Su mensaje simplón de que no puede pactar con los que quieren acabar con la monarquía y romper España es muy infantil, del tipo"yo con esos no me junto", lo coloca junto a VOX, en la marginalidad del sistema parlamentario.

Sorprende la errática propuesta que ha hecho el presidente popular al gobierno: Crear una gran Agencia económica para gestionar los fondos  que va a aportar la Unión Europea, es decir pretende que una supuesta agencia independiente gestiones ese instrumento fundamental para cualquier gobierno, además se apoya en una ley de 2006 que se hizo para otras cosas y que Rajoy derogó en 2015. O Pablo Casado nos quiere tomar el pelo a todos, o está asesorado por algún lunático que hace propuestas sin sentido.

La derecha debiera plantearse sustituir a su presidente por alguien que al menos, tenga una mínima talla intelectual.

El comportamiento de Ciudadanos fue mucho más constructivo. En su reunión con el presidente del gobierno, Inés Arrimadas se limitó a hacer unas cuantas propuestas genéricas con las que no se puede estar en desacuerdo y a manifestar su postura de  posible apoyo a pesar de sus diferencias con Bildu y ERC, que no parecen tan insalvables como en otras ocasiones.

El PNV se manifestó en su reunión proclive a negociar con el gobierno y ERC puso en primer plano la celebración de la reunión pendiente entre el gobierno  de España y el govern y luego filosofó sobre la imposibilidad de coincidir en votaciones con Ciudadanos aunque tampoco afirmó de forma rotunda que fuera imposible. Si la reunión con el govern se celebra finalmente, la posición de ERC será seguramente  más flexible.

Finalmente los "pequeños partidos regionales", que tuvieron un contacto telemático con el presidente parece  que tuvieron actitudes muy positivas.

En estas condiciones es muy probable que haya mayoría suficiente para aprobar los PGE a pesar de la fragmentación del parlamento.

Votarían a favor con seguridad los 155 diputados de PSOE y U.Podemos, a los que habría que añadir los 8 de los paridos regionales y los 6 del PNV. En total un bloque de 169, tal vez alguno menos si alguno de los partidos regionales decide abstenerse por algún motivo  de carácter local.

En contra estaría la derecha (VOX, PP, Foro y Navarra suma) y los nacionalistas radicales catalanes (JxCat y CUP) aunque, dada la situación de confusión que se ha creado entre JxCAT y el PDCAT, no sería extraño que alguno de estos últimos tuviera una posición diferente. En total el voto negativo  sumaría 153 escaños.

Quedan por tanto por determinar la posición de los nacionalistas de izquierdas, 18 de ERC y Bildu, que por ideología no  parece lógico que voten en el mismo sentido que la derecha y de los centristas de Ciudadanos que están  entre Pinto y Valdemoro.

Es muy probable que uno de estos dos bloques, o los dos, opten por la abstención.

El mejor caso sería que los 28 diputados  nacionalistas y de ciudadanos votaran a favor de los presupuestos, lo que daría una amplia mayoría de 187 votos y dejará aislada a la derecha.