Hasta hace relativamente poco tiempo los jueces conservadores permanecían ocultos tras el PP que hacía casi todo el gasto, pero la presión del gobierno para renovar el Tribunal Constitucional les ha obligado a salir de la madriguera y ahora buscan todo tipo de excusas para no nombrar a los dos magistrados que les corresponden, teóricamente uno progresista y otro conservador. El sector progresista nombró su candidato con prontitud pero los conservadores primero estuvieron mucho tiempo sin encontrarlo y ahora cuando el gobierno ha decidido cambiar el procedimiento para romper el bloqueo, el sector conservador pretende proponer también al candidato progresista porque el que han propuesto los progresistas no les gusta.
Después de mas de 40 años de Constitución ha llegado el momento de que la composición tanto del Tribunal Constitucional como del CGPJ respondan a los resultados electorales y dejen de ser patrimonio exclusivo de la derecha.
El afán excesivo por buscar consensos ha derivado en un procedimiento pernicioso en el procedimiento de elección de estos órganos, que favorece el bloqueo sistemático de la derecha.
Los intentos de cambiar el procedimiento de elección han tropezado siempre con la oposición de la derecha política o judicial. El último intento, asociado a los cambios en el código penal de los delitos sedición y malversación, ha provocado un rasgado total de vestiduras en la multi derecha política y judicial que consideran delito de lesa patria el procedimiento empleado para legislar el cambio.
Reconociendo que el procedimiento utilizado, enmienda de otra ley, no es muy ortodoxo, hay que decir que todos los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, lo han utilizado en alguna ocasión sin que haya sido necesario utilizar el derecho de amparo, que protege derechos individuales, aplicado de forma inusitada en menos de 24 horas.
El gobierno no ha tenido mas remedio que acatar el auto y parece que va a rectificar a corto plazo. Tendría también que hacerlo en el procedimiento de elección de los miembros del CGPJ y acabar de forma definitiva de la dominación casi genética de la derecha en el poder judicial.