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27 julio 2023

Gobierno progresista 2.0

El  resultado de las elecciones generales del 23J ha creado una situación complicada de dificil solución.

El PP, con 136 diputados, ha sido el vencedor de las elecciones, pero esta victoria solo tiene un caracter moral pues es imposible que pueda formar gobierno, ya que  su único socio Vox se ha quedado solo con 33 escaños, y la suma de los dos,169, queda muy lejos de la mayoría  absoluta ya que el PP no tiene  posibilidades de pactar con otros partidos debido a su extrema radicalización de los últimos años.

Desde las elecciones municipales de Mayo, el PSOE ha tenido una gran recuperación mejorando sus resultados de 2019 y alcanzando 122  escaños mientras,  Sumar, a pesar de su complicado nacimiento, ha conseguido mantener el tipo y ha llegado a los 31 diputados.

El total de escaños del gobierno de progreso serían 153 pero, con el apoyo ya comprometido de los partidos nacionalistas, con la única excepción de  JxC, llegarían a 172, superando al bloque de la derecha y, en consecuencia, poniéndose en condiciones de conseguir la investidura en segunda vuelta, siempre que JxC se abstenga.

En consecuencia, en este escenario el papel de JxC es determinante. Si  quiere mantener la actitud de oposición absoluta que ha tenido durante esta legislatura, se enrocará y pondrá sus condiciones máximas habituales: amnistía y autodeterminación,  tragándose el sapo de votar  junto con el PP y VOX y acabaríamos en un nuevo proceso electoral, pero, si todavía le queda algo del "seny" catalán y del pragmatismo de su antecesora, CiU, daría una oportunidad al dialogo y se abstendría en la investidura poniendo unos requisitos qe puedan ser asumibles por el nuevo gobierno. Si se considera, además, que los resultados electorales del nacionalismo catalán el  23J han sido flojos, a JxC no parece que le convenga una convocatoria electoral inmediata., además, la situación ha cambiado para JxC pues hay mucha diferencia entre mantener continuamente sus principios fundamentales cuando, como hasta ahora, su peso era irrelevante y las proclamas fundamentalistas le salían gratis. En el nuevo parlamento su posición tiene un peso específico muy importante y sus  proclamas tendrán un  fuerte coste político para ellos.

Si se cumplen estas condiciones, el escenario mas probable sería un gobierno progresista 2.0, similar al de 2019, aunque con unos números más ajustados pues la derecha tiene una presencia mayor.

Un nuevo gobierno progresista previsiblemente produciría menos ruido que el actual al desaparecer del mismo los personajes más ruidosos de la etapa actual:  Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique, en contraposición, la derecha mantendría, con toda seguridad, el mismo nivel de ruido, añadiendo el "argumento" de que ellos son los ganadores reales de las elecciones del 23J.

Aunque la convocatoria de nuevas elecciones o el gobierno progresista sean las dos únicas opciones posibles, el PP todavía quiere apostar contra toda lógica y contra as normas constitucionales, por la investidura de Feijóo, como si fueranos un país presidencialista y para ello, pretende que el PNV primero y después el propio PSOE, le apoyen para evitar que el PP cuente con VOX, obviando todos los insultos y calificativos que han dedicado al PSOE durante estos años.

Esta propuesta de Feijóo tiene una dosis importante de caradura, pues la hizo mientras hacía todo lo contrario en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Canarias, lo que, en términos coloquiales, se llama  Ley del Embudo.

El último intento de conseguir mayoría es una reedición, corregida y aumentada del Tamayazo, esta vez proclamándolo a los cuatro vientos en vez de tener la discreción que tuvieron en Madrid en la primera versión del Tamayazo..

La propuesta de la derecha, además de absurda y tramposa, tiene otras dos  connotaciones muy preocupantes:

  • El PP considera que tiene  el derecho divino a gobernar y, cualquier otro gobierno que no sean ellos es una anomalía que  hay que erradicar y, en consecuencia, cualquier partido sea de izquierda, nacionalista o de ultra derecha tiene la obligación de apoyarles.
  • Por otra parte la derecha  y la ultraderecha consideran que los nacionalistas vascos y catalanes, sean de izquierdas o de derechas, son ciudadanos de segunda categoría, o, lo que es peor, ni siquiera son españoles, y por tanto no tienen derecho a participar en el gobierno de España

Hay que esperar que JxC actúe de forma constructiva y puedan tener continuidad los avances conseguidos en estos últimos cinco años..


15 julio 2023

Acuerdos de gobierno

Cualquier partido politico tiene la ambición lógica de obtener mayoría absoluta en los procesos electorales, para poder gobernar en solitario.

Esta ambición no es un modelo, como quiere hacernos creer Feijóo, es un deseo, cada vez  mas difícil de alcanzar, por esta razón, cuando Feijóo habla de su modelo, está diciendo una perogrullada pues los procesos post electorales requieren, casí siempre, de pactos entre partidos afines.

Su" modelo" de gobierno no es más que un simple pretexto para evitar hacer público sus acuerdos con Vox, y su pretensión absurda de que para gobernar en solitario, si no consigue mayoría absoluta, es necesario que Vox le apoye gratis o que el PSOE le de la investidura, también gratis, para evitar el pacto con Vox, no es más que una afirmación mas de qu el gobierno le pertenece por derecho natural y todos, izquierda y ultraderecha incluidas, tienen la obligación de concederselo.

Para formalizar un pacto político de gobierno son necesarias dos condiciones:

  • Que el resultado electoral pe­mita formar mayorías
  • Que haya suficiente afinidad entre las organizacion firmantes del pacto.

El pacto de gobierno firmado en 2019 entre PSOE y U. Podemos reunía de forma parcial estas condiciones pues, aunque no sumaban los 176 diputados necesarios, tuvieron la opción de  complementarse con los diputados de los partidos nacionalistas.

La afinidad política si alcanzaba el nivel mínimo necesario, aunque, como en cualquier pacto, hubo problemas en algunos momentos.

Los dos partidos, PSOE y Unidas Podemos, forman parte del sector progresista de la sociedad española, aunque existan algunas diferencias políticas importantes entre ellos. Las divergencia mas mportante que ha habido en esta legislatura, Ley del solo si es si, ha sido debida más a errores de gestión y coordinación que a diferencias políticas.

El PP se queja de las dificultades que tiene para formalizar posibles pactos pues, en la práctica, su único posible socio es VOX, que mantiene unos criterios políticos dificilmente asumibes por la democracia española. Para resolver esta asimetria, que es propia exclusivamente del PP, pretenden extender a incompatibilidad a todo el espectro político y para ello, distinguen entre "partidos Centrales", PP y PSOE, que tienen del orden del 60% de la repre­sentación y partidos extremistas, radicales y nacionalistas  que representan el 40% restante, y que el PPson excluye de posibles mayorías.

Con este análisis tan simplón y en blanco y negro, del tipo que acostumbra a hacer el PP, pretenden equiparar a la extrema derecha de Vox con la extrema izquierda de U. Podemos, ERC y Bildu. 

Feijóo, olvida que UP tiene posiciones de izquierda radical, pero totalmente legítimas que siempre han sido respetuosas con los consensos básicos de la constitución del 78.

ERC y Bildu por su parte tienen, por motivos evidentes, un pasado muy conflictivo con la sociedad española, pero hay que constatar que ambos están en un difícil y transito positivo, acercandose progresivamente, aunque con dificultades y contradicciones, a los consensos básicos de nuestro país, intentando hacerlos compatibles con sus principios nacionalistas. Hay que considerar también  que, en ningún caso, ni ERC ni Bildu han formado nunca parte del gobierno de España, ni han tenido responsabilidades de gestión.

En el caso de los pactos VOX-PP, aunque el criterio de la aritmética electoral sea igual de válido, hay que tener en cuenta que VOX se opone de forma radical y combativa a los consensos básicos españoles, negando, entre otros, la existencia de violencia machista, el cambio climático o la eficacia de las vacunas del COVID. El acuerdo con ellos no debería ser posibe nl en CC. AA., ni en ayuntamientos y mucho menos, en el gobierno central.

Sin embargo si ha habido pactos y ha sido el PP quien ha aceptado esos antediluvianos principios y la perspectiva de que lo pueda hacer también de España, asusta a muchos ciudadanos.

Ciertamente, si el PP no acepta los principios de Vox, tiene muy pocas posibilidades de alcanzar un pacto, pero esa circunstancia no justifica negar la participacion en la vida poltica de los restantes partidos minoritarios.

La única salida lógica para evitar la inclusión de VOX en los gobiernos sería la formación de gobiernos de concentración, PSOE-PP allá donde fuera necesario y las circunstancias lo permitieran, pero la sistemática actitud negativa del PP en la política española, incluyendo situaciones dificiles como el COVID o la guerra de Ucrania, hace totalmente imposible una solución de ese tipo.

En el debate cara a cara recientemente celebrado, Feijóo tuvo el cinismo de ofrecer a Pedro Sanchez la firma en tiempo real de un pacto para que gobierne la lista más votada mientras hacía todo lo contrario para constituir gobiernos en las CC.AA. de Extremadura o Canarias, en las que la lista más votada fue la socialista

En las  CC.AA y Ayuntamientos en los que ha habido pacto ha sido el PP quien ha aceptado los antidiluvianos principios de VOX y la perspectiva de que esa situación pueda repetirse tambien en el gobierno de España asusta a la ciudadanía, pero no hay ninguna duda de que si el PP no acepta los principios de VOX tiene muy pocas posibilidades de alcanzar un pacto con ellos.