No es una buena práctica mezclar las churras con las merinas pues no obtendremos ni buena leche, ni buena carne.
Cada una por su cuenta está bien como está.
Cada una por su cuenta está bien como está.
Este consejo ovino es también de aplicación en algunos aspectos de la vida política en los que tampoco conviene forzar la mezcla entre sí de cosas diferentes.
Churras: Elección del CGPJ
En un sistema democrático, el principio de separación de los tres poderes de Montesquieu obliga a que tanto el ejecutivo, como el legislativo y el judicial tengan su origen en la elección popular. En el caso de la elección del Parlamento y del gobierno, no hay ninguna dificultad, pero el carácter especializado del poder judicial complica las cosas.
En España se ha resuelto esta situación definiendo un Gobierno de los jueces, el Consejo Superior del Poder Judicial, separado y, hasta cierto punto independiente, del poder político.
La elección de los miembros del CGPJ la hacen el Congreso y el Senado sobre candidatos que cumplen una serie de requisitos mínimos que han sido propuestos por los distintos estamentos profesionales de la Justicia. La elección se hace por un sistema de mayoría reforzada.
Este procedimiento siempre ha chocado con un sector de la judicatura que pretendían asumir ellos la elección intentando usurpar de forma corporativa, en base a su perfil jurídico, los derechos de todos los ciudadanos materializado en sus representantes políticos.
El sistema es totalmente democrático y requiere un amplio acuerdo, razón por la que, en muchas ocasiones, la renovación del CGPJ ha tenido serias dificultades.
En esta ocasión se ha logrado un consenso amplio y se han elegido 10 vocales propuestos por el PP, 6 propuestos por el PSOE y 1 por cada uno de los partidos PNV, CiU e Izquierda Plural. Como era de esperar conociendo su trayectoria, UPyD ha criticado la elección, considerándola reparto de puestos, que es lo mismo dicen otros críticos de la derecha que en ningún momento proponen un sistema mejor.
La elección de los vocales del CGPJ requiere un amplio consenso y como en todo consenso, hay que tragarse algún sapo, que en este caso ha sido para la izquierda, el nombramiento del presidente de la Audiencia de Madrid, aunque la derecha, en justa reciprocidad, también se ha tragado algún otro. Lo más criticable del procedimiento ha sido seguramente el pacto para no vetar las propuestas de los demás partidos, que tiene, por otro lado, la virtud de facilitar las cosas, pues si se hubieran permitido vetos, se hubiera entrado en una dinámica de vetos y contravetos que no hubiera llevado a ninguna parte y el acuerdo hubiera sido mucho más complicado.
La elección de los miembros del CGPJ la hacen el Congreso y el Senado sobre candidatos que cumplen una serie de requisitos mínimos que han sido propuestos por los distintos estamentos profesionales de la Justicia. La elección se hace por un sistema de mayoría reforzada.
Este procedimiento siempre ha chocado con un sector de la judicatura que pretendían asumir ellos la elección intentando usurpar de forma corporativa, en base a su perfil jurídico, los derechos de todos los ciudadanos materializado en sus representantes políticos.
El sistema es totalmente democrático y requiere un amplio acuerdo, razón por la que, en muchas ocasiones, la renovación del CGPJ ha tenido serias dificultades.
En esta ocasión se ha logrado un consenso amplio y se han elegido 10 vocales propuestos por el PP, 6 propuestos por el PSOE y 1 por cada uno de los partidos PNV, CiU e Izquierda Plural. Como era de esperar conociendo su trayectoria, UPyD ha criticado la elección, considerándola reparto de puestos, que es lo mismo dicen otros críticos de la derecha que en ningún momento proponen un sistema mejor.
La elección de los vocales del CGPJ requiere un amplio consenso y como en todo consenso, hay que tragarse algún sapo, que en este caso ha sido para la izquierda, el nombramiento del presidente de la Audiencia de Madrid, aunque la derecha, en justa reciprocidad, también se ha tragado algún otro. Lo más criticable del procedimiento ha sido seguramente el pacto para no vetar las propuestas de los demás partidos, que tiene, por otro lado, la virtud de facilitar las cosas, pues si se hubieran permitido vetos, se hubiera entrado en una dinámica de vetos y contravetos que no hubiera llevado a ninguna parte y el acuerdo hubiera sido mucho más complicado.
Merinas, Defensa de la Sanidad Pública
El intento del gobierno de la Comunidad de Madrid de privatización de la Sanidad madrileña, ha provocado una fuerte oposición en la ciudadanía que se ha puesto de manifiesto en diferentes frentes, el político parlamentario, el sindical, las protestas ciudadanas y las demandas judiciales.
Las demandas judiciales han conseguido de momento, la suspensión cautelar de la privatización pues, caso de salir favorable la demanda, la puesta en marcha anticipada de la privatización provocaría daños irreparables.
En estas circunstancia y dado la lentitud de la justicia en resolver los temas, la suspensión cautelar podría convertirse en suspensión definitiva si, como es de esperar, se produce un cambio de gobierno en las próximas elecciones.
Un auto del presidente de la sala, Martinez Tristan, ha dado un vuelco procesal al concentrar todos los recursos y proponer que la decisión sobre si hay o no suspensión cautelar la decida el pleno de la sala de lo contencioso del TSJM.
Esta decisión, que según expertos jurídicos es poco habitual, puede levantar la suspensión cautelar y facilitar de hecho la privatización. El PSM ha recurrido esta decisión recusando al presidente de la sala por supuesto conflicto de intereses.
En definitiva, la suspensión cautelar de la privatización se haya inmersa en una complicación procesal que puede salir por cualquier sitio.
Estas son las "churras y las merinas", dos problemas distintos sin más conexión entre si que la persona del presidente de la sala del TSJM, y que no tiene ningún sentido mezclar.
Quien adopta esta puritana posición, no es un independiente excesivamente moralista incluido en las listas del PSOE de Madrid, es el Secretario General del PSM que no es nuevo en estas cosas.
Esta dimisión no favorece en nada ni a la demanda contra la privatización ni al consenso sobre el CGPJ, no tiene siquiera la belleza del acto inútil pues hace daño al conjunto del partido.
Es inconcebible que un dirigente político experimentado, que aspira ser presidente de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones, adopte estas posturas espectáculo.
La dimisión deja también a los pies de los caballos a su sustituto que, aplicando el mismo razonamiento, será una persona incoherente cuando acepte el cargo.
Si alguna ventaja tiene está dimisión, es que contribuye a reducir la acumulación de cargos en una misma persona y le dejará más tiempo para dedicarlo a hacer oposición en la Comunidad de Madrid, donde es imprescindible hacer todos los esfuerzos para desalojar al PP en las próximas elecciones.
Las demandas judiciales han conseguido de momento, la suspensión cautelar de la privatización pues, caso de salir favorable la demanda, la puesta en marcha anticipada de la privatización provocaría daños irreparables.
En estas circunstancia y dado la lentitud de la justicia en resolver los temas, la suspensión cautelar podría convertirse en suspensión definitiva si, como es de esperar, se produce un cambio de gobierno en las próximas elecciones.
Un auto del presidente de la sala, Martinez Tristan, ha dado un vuelco procesal al concentrar todos los recursos y proponer que la decisión sobre si hay o no suspensión cautelar la decida el pleno de la sala de lo contencioso del TSJM.
Esta decisión, que según expertos jurídicos es poco habitual, puede levantar la suspensión cautelar y facilitar de hecho la privatización. El PSM ha recurrido esta decisión recusando al presidente de la sala por supuesto conflicto de intereses.
En definitiva, la suspensión cautelar de la privatización se haya inmersa en una complicación procesal que puede salir por cualquier sitio.
Estas son las "churras y las merinas", dos problemas distintos sin más conexión entre si que la persona del presidente de la sala del TSJM, y que no tiene ningún sentido mezclar.
La Mezcla
Sin embargo un senador autonómico de Madrid decide rasgarse las vestiduras y dimitir de su puesto en el Senado para mantener la coherencia con sus valores y principios, que según él, perdería si votara esa lista consensuada.Quien adopta esta puritana posición, no es un independiente excesivamente moralista incluido en las listas del PSOE de Madrid, es el Secretario General del PSM que no es nuevo en estas cosas.
Esta dimisión no favorece en nada ni a la demanda contra la privatización ni al consenso sobre el CGPJ, no tiene siquiera la belleza del acto inútil pues hace daño al conjunto del partido.
Es inconcebible que un dirigente político experimentado, que aspira ser presidente de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones, adopte estas posturas espectáculo.
La dimisión deja también a los pies de los caballos a su sustituto que, aplicando el mismo razonamiento, será una persona incoherente cuando acepte el cargo.
Si alguna ventaja tiene está dimisión, es que contribuye a reducir la acumulación de cargos en una misma persona y le dejará más tiempo para dedicarlo a hacer oposición en la Comunidad de Madrid, donde es imprescindible hacer todos los esfuerzos para desalojar al PP en las próximas elecciones.
Efectivamente, reducir la acumulación de cargos es lo único bueno de la dimisión de T. Gómez, a primera vista parece que el motivo es satisfacer el discurso de la derecha sobre la coherencia, o tal vez que pretende ser el muerto en el entierro y el novio en la boda pero, a mi juicio, el PSM se parece cada vez mas a la Iglesia, donde no se puede replicar y el discurso adolece de la crítica constructiva, en el PSM los críticos son apartados de cualquier responsabilidad sin que a Tomás le tiemble el pulso.
ResponderEliminar