Mi primera intención al ver la chocante reacción del gobierno del PP a las gestiones realizadas por Comisión Internacional de Verificación sobre el desarme de ETA fue hacer un comentario en mi blog de esperpentos, pues es totalmente esperpéntico que la fiscalía denuncie en la Audiencia Nacional a petición de una Asociación de Victimas, a una comisión internacional que hace gestiones de buena voluntad para acabar con una violencia que lleva operando en España cincuenta años.
Sin embargo el tema es bastante más que una simple anécdota grotesca, pues afecta a un proceso de pacificación que ya está casi al alcance de la mano.
Entre los asuntos más graves que tuvo que abordar la democracia española en 1978, estaba el del terrorismo etarra. Han tenido que pasar muchos años hasta que, gobernando el PSOE en España y en Euskadi, ETA anunció primero el alto el fuego, 10 de enero de 2011 y, posteriormente, el 20 de octubre del mismo año, el cese definitivo de la actividad armada.
La aceptación de los presos etarras de la legalidad penitenciará ha sido otro paso importante y la escenificación de la primera entrega de armas por parte de ETA, con todas las insuficiencias y limitaciones que ha tenido, es el inicio de otro acto importante que debería tener continuación con entregas de armas más relevantes en un futuro próximo.
Con estas actuaciones, el mundo abertzale está empezando a cumplir la hoja de ruta trazada por las fuerzas democráticas, que consistía en el desarme primero y la disolución de ETA después, y en la aceptación por los presos de la legalidad penitenciaria. El compromiso de los partidos democráticas era la aplicación, dentro de las leyes vigentes, de medidas de acercamiento de presos, de reducción de grados penitenciarios y de gracia, aplicadas de forma individualizada.
Si el mundo abertzale esta avanzando en la línea trazada, aunque sea introduciendo su propio ritmo y su propio estilo e intentando mantener la cohesión de sus partidarios, lo que, de paso, nos favorece a todos, el gobierno de la nación no está a la misma altura y se limita a lanzar consignas genéricas, algunas de ellas más propias de la etapa anterior al alto el fuego.
La Comisión Internacional de Verificación (CIV) fue creada en Febrero de 2011 y está formada por un grupo de expertos internacionales en resolución de conflictos para supervisar el cumplimiento del alto el fuego proclamado por ETA unos meses antes, a instancia de diversas instituciones vascas y aceptada por el gobierno vasco y los principales partidos, con la exclusión del PP. El gobierno central nunca ha considerado necesario la existencia de esta comisión internacional de mediación.
Si ETA admite los principios planteados por las fuerzas democráticas:
El gobierno tiene que buscar los cauces adecuados para con la CIV o sin ella, se avance en el desarme de ETA y en su disolución total, sin requisitos artificiales e innecesarios, como son las denuncias en los juzgados.
Entre los asuntos más graves que tuvo que abordar la democracia española en 1978, estaba el del terrorismo etarra. Han tenido que pasar muchos años hasta que, gobernando el PSOE en España y en Euskadi, ETA anunció primero el alto el fuego, 10 de enero de 2011 y, posteriormente, el 20 de octubre del mismo año, el cese definitivo de la actividad armada.
La aceptación de los presos etarras de la legalidad penitenciará ha sido otro paso importante y la escenificación de la primera entrega de armas por parte de ETA, con todas las insuficiencias y limitaciones que ha tenido, es el inicio de otro acto importante que debería tener continuación con entregas de armas más relevantes en un futuro próximo.
Con estas actuaciones, el mundo abertzale está empezando a cumplir la hoja de ruta trazada por las fuerzas democráticas, que consistía en el desarme primero y la disolución de ETA después, y en la aceptación por los presos de la legalidad penitenciaria. El compromiso de los partidos democráticas era la aplicación, dentro de las leyes vigentes, de medidas de acercamiento de presos, de reducción de grados penitenciarios y de gracia, aplicadas de forma individualizada.
Si el mundo abertzale esta avanzando en la línea trazada, aunque sea introduciendo su propio ritmo y su propio estilo e intentando mantener la cohesión de sus partidarios, lo que, de paso, nos favorece a todos, el gobierno de la nación no está a la misma altura y se limita a lanzar consignas genéricas, algunas de ellas más propias de la etapa anterior al alto el fuego.
La Comisión Internacional de Verificación (CIV) fue creada en Febrero de 2011 y está formada por un grupo de expertos internacionales en resolución de conflictos para supervisar el cumplimiento del alto el fuego proclamado por ETA unos meses antes, a instancia de diversas instituciones vascas y aceptada por el gobierno vasco y los principales partidos, con la exclusión del PP. El gobierno central nunca ha considerado necesario la existencia de esta comisión internacional de mediación.
Si ETA admite los principios planteados por las fuerzas democráticas:
- ¿Que sentido tiene rechazar un instrumento que puede facilitar el proceso como es la CIV?
- ¿Es imprescindible pedir no solo su rendición, sino también su humillación?
- ¿No se valora el riesgo de que un sector de ETA pueda desmarcarse del conjunto y rechazar el proceso de abandono de la violencia?
El gobierno tiene que buscar los cauces adecuados para con la CIV o sin ella, se avance en el desarme de ETA y en su disolución total, sin requisitos artificiales e innecesarios, como son las denuncias en los juzgados.
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