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23 agosto 2014

La prueba del algodón

La corrupción política que se ha instalado en España en el último decenio, ha adquirido unos limites considerables hasta el punto de que se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación de la ciudadanía.

Lamentablemente, el grado de corrupción existente es bastante más que un asunto puntual, se trata de tramas organizadas que forzosamente tienen que tener muchas complicidades en altos niveles de las administraciones públicas afectadas y, por consiguiente, en los partidos políticos que las sustentan. Muchos ciudadanos consideran que la corrupción es generalizada y afecta a todas las instituciones del país, aunque no comparto esa opinión si creo que la situación es extremadamente grave.

Los partidos políticos más significativos tienen sus propias tramas de corrupción: En el PP, Gurtel, Barcenas, Palma Arena, Galicia..., en CiU, el Palau, las comisiones históricas del 3%, los negocios de la familia Pujol y ahora aparecen las cuentas en Suiza que propio Jordi Pujol ha tenido ocultas durante más de 30 años. Pero no solo es la derecha la que está inmersa en tramas de corrupción, el PSOE, para vergüenza de los que somos socialistas, aparece también con la estafa de los ERES de Andalucía y, más recientemente, con el fraude de los fondos de formación en los que está implicado un antiguo Consejero de Empleo de la propia Junta y su familia.

En estas condiciones, debería aplicarse la norma bíblica de “el que este libre de pecado que tire la primera piedra”, sin embargo no es así, todos los partidos practican el irresponsable deporte de tirarse piedras entre si, cuando sale la corrupción del adversario y dar excusas de mal pagador como la proclamación de su inocencia, la declaración de que la imputación no representa culpabilidad, u otras parecidas, cuando aparecen temas de corrupción propios.

La corrupción implica en muchas ocasiones responsabilidades penales, que deben tratarse en los juzgados, pero en prácticamente todas ellas, existen responsabilidades políticas que tienen que resolverse en el seno de los propios partidos.

Simplificando el análisis, distinguiría tres niveles de corrupción:
  • El alto cargo o dirigente político que se beneficia en provecho propio de concursos o subvenciones públicas.
  • El alto cargo que facilita la concesión de concursos o subvenciones en beneficio de terceros.
  • El dirigente que aunque ni se beneficie ni participe directamente en la aprobación del gasto público correspondiente, tiene conocimiento del mismo y no lo denuncia ni hace nada para evitarlo.
Estas tres situaciones, con sus múltiples variantes, pueden tener o no consecuencias penales pero siempre tienen responsabilidades políticas.
Existiría un cuarto supuesto, que no considero por inverosímil, sería lo que podría llamarse supuesto “Infanta Cristina o Ministra Ana Mato” consistente en que el dirigente declara que no se ha enterado realmente de lo que está pasando. Si esto fuera cierto, como declara la Infanta en relación con los negocios del duque o la Ministra con los coches de lujo de su marido, no merecería ocupar un cargo público y las responsabilidades políticas habría que exigírselas a aquellos que los nombraron.

Las propuestas de regeneración que los partidos han presentado se limitan, en el mejor de los casos, a intentar regular problemas importantes pero secundarios, como las puertas giratorias o la transparencia, cuando para atacar los principales casos de corrupción, bastaría con aplicar las leyes existentes ya que no hay nada que permita robar a las Administraciones públicas o ser cómplice de los robos de otros. En el peor caso, el PP utiliza la necesidad de regeneración de la vida pública para promover cambios en la ley electoral, que no responden a ningún problema existente y solo favorecen sus propios intereses.

En definitiva, los partidos deben demostrar una auténtica voluntad de regeneración, pidiendo responsabilidades políticas en su propias filas y limpiando los casos existentes que consiste en retirar la confianza a los cargos públicos afectados, sean quienes sean, exigiéndoles su dimisión e imponiendoles las sanciones correspondientes, expulsión incluida. Las sanciones penales, si existieran, correrían por cuenta de los jueces, a los que los partidos deberían prestar su máxima colaboración.

La asunción de responsabilidades tendría que completarse con los cambios regulatorios que fueran necesarios, entre los que debería figurar el dar mayor poder de control a la oposición que muchas veces tiene dificultades en fiscalizar las acciones de gobierno. En los Ayuntamientos, por ejemplo, existen habitualmente un número excesivo de competencias delegadas en la Comisión de Gobierno y en la Alcaldía que dificultan el trabajo de control de la oposición.

La propuesta “regeneradora” del PP de posibilitar alcaldías sin mayoría absoluta, reforzarían las posibilidades de concentración de poder en los alcaldes y por tanto, daría más facilidades a la corrupción.
La “autodepuración” de los partidos tendría indudables costes políticos que en la situación actual podrían ser compensados por los beneficios que supondría para la democracia, y por consiguiente para los propios partidos, una regeneración creíble que superará la “prueba del algodón” de la ciudadanía, devolviéndole la confianza en la política y en los políticos.

El momento para hacer este movimiento puede ser adecuado por varias razones.

En primer lugar el desprestigio de los políticos, agravado por la crisis económica, es tan alto, que poco más se podría perder reconociendo, y corrigiendo, lo que casi todo el mundo denuncia.

En segundo lugar la imputación de un personaje, que hasta ahora ha sido considerado honorable más allá de los títulos oficiales y la alta probabilidad de que dos ex-presidentes socialistas lo sean también, junto con la ya antigua imputación de los tres últimos tesoreros del PP y del yerno, ahora cuñado, del Rey, hacen que los principales partidos, PP, PSOE y CiU y la propia Casa Real, estén obligados a tomar medidas efectivas que incluyan a las personas implicadas.


Para la Casa Real y para el PSOE, el momento también es oportuno por el reciente cambio de responsabilidades. La entronización del nuevo Rey y el reciente relevo en la secretaría general del PSOE federal y el cambio en la S.G. del PSA, sucedido hace menos de un año, constituyen una buena oportunidad de iniciar una cuenta nueva, preferiblemente sin ningún borrón.

03 agosto 2014

Gaza


En 1947, la ONU accedió a las pretensiones del sionismo internacional y les concedió parte del territorio palestino para la instauración del Estado de Israel, despreciando con ello los legítimos derechos de los habitantes naturales de la zona: El pueblo palestino.

El origen de esta pretensión se remonta a la declaración Balfour de 1917, por la que el gobierno británico reconoció los "derechos" de los judíos a su "Tierra prometida"


Estimado Lord Rothschild:
Tengo el placer de dirigirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida al Gabinete y aprobada por él.
«El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país.»
Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista.
Sinceramente suyo,

En los 67 años transcurridos desde la decisión de la ONU, los continuos conflictos militares han hecho evolucionar el mapa de la zona (ver figura) de forma muy significativa. Los israelíes parecen querer ir todavía más lejos y su intención es dejar reducido el Estado Palestino a unas cuantas zonas aisladas y desconectadas entre sí.

El bombardeo sistemático y el posterior ataque terrestre de estos días (Julio- Agosto de 2014) a la franja de Gaza, no es más que la continuación de las intervenciones realizadas en años anteriores, aunque esta vez con mayor dureza y duración, orientadas a destruir las escasas infraestructuras militares y civiles que puedan tener los palestinos e impedir con ello cualquier posibilidad de que salgan de la situación de semiesclavitud en la que se encuentran desde 1947.

Si el sionismo internacional fue determinante en su momento para la creación del estado de Israel, basado en el absurdo argumento bíblico de una tierra prometida hace más de tres mil años, lo sigue siendo actualmente para su mantenimiento por la fuerza económica y política que sigue teniendo el lobby judío en todo el mundo, que complementa de forma muy eficaz las enormes limitaciones que tiene la ONU de intervenir políticamente en un conflicto en el que está implicado alguna de las grandes potencias mundiales, especialmente si son EE.UU. o Rusia.

Si la ONU no interviene, Rusia se calla, EE.UU. sigue apoyando política, militar y económicamente a Israel limitándose, en el mejor de los casos, a declaraciones en las que equilibra las culpas entre palestinos e israelies. Si los países árabes andan enredados en sus propias y eternas crisis y Europa mantiene su “dontancredismo habitual”.

¿Que apoyos le  quedan a los palestinos?

Más pronto o más tarde, esperemos que antes de que se extienda el conflicto a Cisjordania, se conseguirá un alto el fuego en Gaza que, si no se producen cambios sustanciales en las posiciones de los actores principales, solo servirá para empezar a abordar de forma urgente la reconstrucción de Gaza y volver una vez más al punto cero del ciclo.

Cuando, dentro de unos cuantos años, Palestina haya alcanzado otra vez un nivel mínimo de desarrollo, Israel considerará que ha llegado el momento de volver a empezar, y tendremos una situación similar a la actual.

Es imprescindible que se convoque una conferencia de paz sobre Palestina en la que ese impliquen la ONU y las principales potencias mundiales. En esta conferencia tendrían que crearse las condiciones políticas y económicas, un “plan Marshal”, necesarias para que Palestina pueda ser un Estado viable, y todo ello, bajo el control de tropas internacionales, cascos azules, que eviten los incidentes continuos entre Palestinos e Israelies.

Una vez termine el enfrentamiento actual, el asunto está en saber si las organizaciones internacionales y las potencias dominantes, están interesadas en buscar soluciones reales o, como en tantas ocasiones, van a agachar la cabeza ante el sionismo y se van a limitar a grandes declaraciones de escaso valor, para que, finalmente, todo se quede igual.

En esta desigual lucha entre el David Palestino y el Goliat Israeli, es necesario que David encuentre el punto débil Goliat para hacerle reflexionar y obligarle a buscar soluciones políticas. Esta debilidad la pueden encontrar en la propia retaguardia israelí.

Un país moderno como Israel es muy sensible a que se produzcan bajas entre sus soldados y más aun, que afecten a su población civil.

Las 65 bajas israelíes son mínimas comparadas con los más de mil quinientos palestinos muertos, con un alto porcentaje de victimas civiles, niños incluidos; pero son bastante mayores que las que han tenido en conflictos anteriores y esa situación empieza a afectar directamente a la población que puede empezar a ver que su habitual inmunidad todopoderosa empieza a resquebrajarse.

Un segundo factor que incide en esta línea, es la mejora del alcance de los cohetes lanzados por los palestinos, capaces de alcanzar hasta 150 kilómetros y llegar a ciudades israelíes muy alejadas de Gaza, afectando a la población civil y a infraestructuras básicas como el aeropuerto internacional de Tel Aviv, que ha tenido que suspender sus operaciones durante varios días.

Hay que esperar también que las voces que se están levantando en Israel y Palestina en favor de soluciones estables, tengan una influencia creciente en las poblaciones de ambos países. A titulo ilustrativo, el diario El País publicaba a finales de Julio varios artículos de opinión firmados por destacadas personalidades israelíes y palestinas:
   Pedir acuerdos no es sabotear la victoria(Edgar Keret escritor Israelí)
   La trampa de Gaza (Sholomo Ben Ami, ex ministro de Asuntos exteriores de Israel y vicepresidente del Centro Internacional para la Paz de Toledo)
   Por favor no caigan en la tentación (Yamila Fakhouri profesora de derecho penal internacional y escritora palestina)
Por último, pero no menos importante, está la presión moral que podemos y debemos hacer todas las organizaciones y ciudadanos progresistas, mediante manifestaciones, escritos y otros actos para pedir que se acabe con esta situación impropia del siglo XXI.

El conflicto de Palestina es una de esas situaciones mundiales, no la única, que avergüenza a toda la comunidad internacional y a la que hay que dar una salida positiva cuanto antes.