Habla la Justicia

Que la justicia en España es de una lentitud exasperante, es una obviedad de todos conocida pero, también es cierto, que, cada vez más, cumple con su función de forma inexorable.

Ese es el caso del juicio anticorrupción de la trama Gürtel Valenciana, el caso FITUR, consistente en la contratación fradudulenta, durante la presidencia de F. Camps, de los servicios del stand de la Comunidad Valenciana en la feria internacional de turismo.

Después de diez años de tramitación, los tres capos principales de Gurtel: F. Correa, P. Crespo y A. Pérez, han sido condenados a largas penas de cárcel y, lo que es más importante, se ha ordenado su ingreso inmediato en prisión, sin esperar la tramitación de los recursos nacionales, europeos y hasta mundiales que estos personajes agotaran pues les sobran dinero para ello. También han sido condenados los responsables políticos de la contratación: la Consejera de Turismo,  su Jefe de Gabinete y otros tres funcionarios más aunque, en estos casos, sin ingreso inmediato en prisión.

El precedente es muy positivo debido a que están en tramitación otros grandes casos relacionados con la corrupción de esta época negra, como son, entre otros, la Gürtel de Madrid, la visita del Papa a Valencia, la Púnica, el Palma Arena, el caso Noos, las tarjetas Black y otras piezas de Bankia y los ERES de Andalucía.

Pero la justicia penal no solo actúa en el campo de la corrupción, tiene también una vertiente más política relacionada con la independencia de Cataluña. El seudo-referendum celebrado en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, fue denunciado al TC por el gobierno y este decidió que debería abrirse una investigación penal, que ha dado lugar al juicio que se ha celebrado la pasada semana contra el presidente Artur Mas y dos de sus consejeras a los que se ha pedido 10 años de inhabilitación.

La "operación 9 de noviembre" tuvo ciertas características propias del juego del gato y el ratón, pues el gobierno catalán intentó simular obediencia a la orden del gobierno de Madrid, adjudicando la ejecución del proceso a voluntarios, que difícilmente podían actuar solos y Madrid se tomó su tiempo en prohibir la consulta, haciéndolo cuando los preparativos de la misma estaban ya muy avanzados. De alguna manera, estas "vacilaciones" se pueden interpretar como un intento de ambas partes de evitar que el choque institucional fuera más violento. En cualquier caso es muy probable que haya sentencia condenatoria, quizá menos grave que lo que pide el fiscal, y con ello la situación catalana seguirá en el mismo callejón sin salida, eso si, con un punto más de gravedad.

EL hecho de que se hayan infringido los preceptos constitucionales justifica la intervención de la justicia, pero no le quita nada de carácter político a este juicio al que se ha llegado a él por haber cometido errores políticos, algunos de ellos de bulto.

Hay que señalar también que, una vez más, se ha puesto de manifiesto el fuerte apoyo que tiene en la sociedad catalana el referéndum de autodeterminación. Conseguir que un día laborable, a primera hora de la mañana, 50.000 ciudadanos acompañen a los procesados hasta el tribunal, no es un hecho que haya que echar en saco roto y revela la fractura existente entre estos ciudadanos y la mayoría de la sociedad española.