Todos a la carcel

Una de las características mas relevantes del Estado de Derecho es la separación entre el poder político y el poder judicial, lo que supone que cada uno de ellos actúa con sus procedimientos y con sus tiempos.

Durante muchos años, en España hemos dudado  de la la independencia del poder judicial, pues cuarenta años de dictadura nos habían demostrado que no existía. Sin embargo desde la instauración de la democracia se ha ido restaurando la confianza en el poder judicial, especialmente en los últimos años, como demuestran los procesos que han condenado a muchos representantes del poder político y empresarial, en muchas ocasiones estando en plenos procesos electorales.

Creo que se puede afirmar con rotundidad que en España existe una justicia independiente, con sus fallos y sus errores, de cuyas decisiones se puede discrepar, pero, desde luego, no se puede afirmar, con una mínima objetividad, que en nuestro país hay presos políticos o de conciencia, aunque lo apadrine una organización tan sólida como Amnistía Internacional que, en esta ocasión, ha cometido un grave error de apreciación.

La orden de ingreso en prisión preventiva sin fianza de diez consejeros del Govern, junto con la petición de extradición del president y otros cuatro consejeros fugados a Bruselas huyendo de la justicia, puede considerarse un exceso de rigor por parte de la jueza, hay opiniones encontradas entre los juristas, pero, en ningún caso, una medida política del gobierno, y desde luego nuestro sistema de justicia es asimilable al de Bélgica o cualquier otro país europeo.

Es muy posible también que los miembros de la mesa, citados por el tribunal supremo, acaben en prisión sin fianza una vez pase la moratoria concedida por el magistrado.

El concepto de independencia de poderes está muy poco asimilado en  nuestra sociedad, hasta el punto que, el mismo President de la Generalitat pedía al gobierno la liberación de los dos presidentes de la ANC y Omnium, como contrapartida para convocar las elecciones, como si esto fuera potestad del poder ejecutivo.

Un análisis de la situación política después del encarcelamiento de los consejeros, da como conclusión que no favorece un clima tranquilo para las elecciones y solo alimenta al tradicional complejo victimista de los independentistas catalanes, que tienen otro argumento más para seguir quejándose.

Pero la política no puede, ni debe, manejar los tiempos y decisiones de la justicia aunque estas puedan influir en los procesos políticos. Hay que admitir su interferencia y tenerla en cuenta, pero no hay herramientas para evitarlos o modificarlos desde la política.

En estas condiciones las elecciones autonómicas catalanas se celebraran con mucho ruido de fondo de protestas, por la existencia de "presos políticos" que forma parte del "mal trato" que dicen recibir los nacionalistas. Hay que suponer que el argumento del victimismo solo afecta a los independentistas ya convencidos, mientras que los que están por la unidad de España no se verán muy afectados.

Otro efecto negativo que tiene este encarcelamiento es que impulsa la formación de una lista electoral unitaria del independentismo, que ya parecía descartada. Para formar parte de esta lista  incluso se ha ofrecido el ex-presidente Puigdemont. La lista unitaria es una mala noticia para la solución del problema catalán pues  favorece la polarización entre independentistas y no independentistas, da mayor eficacia a los votos nacionalistas y favorece a una nueva reedición del  "process", único punto que uniría a todos los integrantes de esa lista, que tienen ideologías muy diferentes.

La presencia de Puigdemont en ella, con sus estrafalarias ocurrencias, es un factor distorsionador que dificultaría cualquier solución, pues personajes tan peculiares están mucho mejor fuera de la política.

Con todo esto, el resultado de las elecciones está muy abierto, siendo la opción más probable la configuración de dos bloques numéricamente equilibrados, uno independentista y otro partidario de la unidad con España, quedando como arbitro Catalunya Si que es Pot, que con sus erráticas posiciones, podría apoyar cualquier cosa.

La mejor opción, no demasiado probable, pero si posible, pues UDC obtuvo en 2015 el 2,5% de los votos, es que se presentase una opción nacionalista moderada que, dentro o fuera del PDCat, obtuviese representación parlamentaria y pudiese formar parte de una mayoría transversal con partidos no independentistas.

Un gobierno transversal de estas características podría ser un buen interlocutor con el gobierno central y permitir el comienzo de un dialogo constructivo.