El Tribunal de cuentas ha condenado a la anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a su equipo de gobierno a 26 millones de euros de indemnización por la venta fraudulenta al fondo buitre Blackstone de 1860 viviendas públicas, la mayoría de ellas protegidas, que realizó en 2013 la Empresa Municipal de Viviendas (EMV), entidad dependiente del ayuntamiento de la capital.
Esta práctica no es nueva en el PP madrileño, pues el IVIMA, Instituto público de vivienda de la Comunidad de Madrid también tiene presentadas denuncias por ventas de este estilo relativas a 5.000 viviendas públicas, también mal vendidas a fondos buitre.
El concepto de cortijo propio, que muchos dirigentes populares tienen de las administraciones públicas se ha extendido por todos los sectores públicos que puedan ser objeto de negocio, desde la contratación de bienes y servicios, hasta la enajenación de viviendas públicas con vecinos dentro, pasando por la sanidad o la escuela concertada.
Esta sentencia del tribunal de cuentas solo condena, porque esa es la función de este tribunal, a devolver al Ayuntamiento de Madrid el valor del patrimonio perdido por la gestión fraudulenta realizada que tenía casi todos los elementos de ilegalidad posible,: falta de informes, favoritismo, bajo precio, sin publicidad, etc. Hay que esperar a otras demandas presentadas, de carácter civil y penal para que los vecinos damnificados puedan recuperar sus viviendas lo que, a pesar de este primer paso importante, no es tarea fácil ni breve.
Para los partidos de izquierda, que siempre hemos tenido como uno de nuestros puntos programáticos la utilización del suelo público de carácter residencial para la construcción de viviendas sociales, preferentemente en régimen de alquiler, estas practicas mafiosas son una autentica estafa pues echan por tierra los efectos de muchos años. Es imprescindible blindar las viviendas públicas, impidiendo su venta a estos fondos especulativos.
Esta práctica no es nueva en el PP madrileño, pues el IVIMA, Instituto público de vivienda de la Comunidad de Madrid también tiene presentadas denuncias por ventas de este estilo relativas a 5.000 viviendas públicas, también mal vendidas a fondos buitre.
El concepto de cortijo propio, que muchos dirigentes populares tienen de las administraciones públicas se ha extendido por todos los sectores públicos que puedan ser objeto de negocio, desde la contratación de bienes y servicios, hasta la enajenación de viviendas públicas con vecinos dentro, pasando por la sanidad o la escuela concertada.
Esta sentencia del tribunal de cuentas solo condena, porque esa es la función de este tribunal, a devolver al Ayuntamiento de Madrid el valor del patrimonio perdido por la gestión fraudulenta realizada que tenía casi todos los elementos de ilegalidad posible,: falta de informes, favoritismo, bajo precio, sin publicidad, etc. Hay que esperar a otras demandas presentadas, de carácter civil y penal para que los vecinos damnificados puedan recuperar sus viviendas lo que, a pesar de este primer paso importante, no es tarea fácil ni breve.
Para los partidos de izquierda, que siempre hemos tenido como uno de nuestros puntos programáticos la utilización del suelo público de carácter residencial para la construcción de viviendas sociales, preferentemente en régimen de alquiler, estas practicas mafiosas son una autentica estafa pues echan por tierra los efectos de muchos años. Es imprescindible blindar las viviendas públicas, impidiendo su venta a estos fondos especulativos.
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