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28 enero 2020

¿Poder judicial ampliado?

En 1748 el barón de Montesquieu definió en  su ensayo "El espíritu de las leyes" el principio de separación de poderes por el que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Este principio ha sido aceptado de diversas formas por los Estados modernos.

Por otro lado, el artículo 1.2 de la Constitución Española dice que que la soberanía reside en el pueblo, y añade: “del que emanan los poderes del Estado”, incluido también al poder judicial.

El poder legislativo se elige por sufragio universal y el ejecutivo por elección parlamentaria en segundo grado, sin embargo, la forma de elegir al poder judicial es más compleja porque los jueces no pueden ser elegidos entre todos los ciudadanos, sino solo entre los funcionarios que tienen conocimientos suficientes y han aprobado la correspondiente oposición. Para aplicar los criterios democráticos al poder judicial se ha creado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entidad formado por jueces y juristas,  elegidos por mayoría cualificada entre los representantes parlamentarios. Paradójicamente, el CGPJ no es, a pesar de su nombre, un organismo judicial sino una entidad con funciones de naturaleza administrativa-gubernativa y de régimen interior del poder judicial.

Desde el punto de vista de un observador interesado, pero no especialista en asuntos jurídicos, el CGPJ es una de esas entidades intermedias con funciones no estrictamente judiciales, que la derecha suele utilizar a su antojo para hacer la oposición destructiva y desleal a la que últimamente se ha abonado.
Otras instituciones que intentan utilizar con el mismo fin son la JEC, la fiscalía y la abogacía del Estado. 

La Junta Electoral Central tampoco tiene una función judicial sino solo de control y regulación de los procesos electorales, pero ha sido utilizada para destituir al president de la Generalitat fuera del período electoral.

La fiscalía por su parte, aunque forma parte del poder judicial, es un órgano independiente, de naturaleza jerárquica, siendo el Fiscal General nombrado a propuesta del gobierno entre juristas que reúnan determinados requisitos. El F.G. no responde, una vez nombrado, a los criterios del gobierno aunque la persona elegida siempre ha tenido la confianza del gobierno en el momento de su nombramiento. Si posteriormente actúa siguiendo instrucciones gubernativas es algo que es malicioso presuponer.

La abogacía del Estado es un cuerpo de altos funcionarios, que asesora jurídicamente al gobierno y le defiende en los pleitos que pueda tener.

La utilización como "Poder judicial ampliado" de estas instituciones se ha visto con claridad en los últimos tiempos.

La derecha se rasgó las vestiduras cuando se destituyó al abogado del estado Edmundo Bal como encargado del procés. Este funcionario, que ahora es diputado por  Ciudadanos, defendía que el Estado debía posicionarse en el procés con la misma  dureza que la fiscalía. La sentencia del procés le quitó la razón a él y a la F.G. al desestimar el posible delito de rebelión.

La JEC  actuó, según cualificados juristas, de forma incorrecta en la destitución de Torra como diputado antes de que la sentencia fuera firme, contribuyendo a enredar más el conflicto catalán.

En cuanto a la fiscalía, el gobierno tiene derecho a nombrar al F.G. que considere oportuno siempre que se cumplan los requisitos legales, y el CGPJ debería limitarse a comprobarlo, sin entrar en valoraciones subjetivas sobre su apariencia de independencia. Dado el papelón que hizo la fiscalía en el procés  no es sorprendente que el gobierno nombre a un Fiscal General con un  talante más abierto aunque tenga un cierto coste de imagen. La independencia y la neutralidad de sus criterios se demostrará en el ejercicio de sus funciones aunque la derecha, como cada vez es más habitual, confunda sus juicios de intenciones con datos objetivos.

La derecha siempre ha considerado al poder judicial y a sus organismos asociados como un cortijo particular que se resiste a perder.


18 enero 2020

Nuevo gobierno

Después de muchos meses de interinidad y de un largo proceso de negociación, ha sido posible formar gobierno en España.  

Se trata del primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española, formado por las dos fuerzas de izquierdas de ámbito estatal y apoyado, de una forma  o de otra, por el resto de las fuerzas progresistas.

El nuevo gobierno tiene una composición muy adecuada a la situación política actual, con mezcla perfiles técnicos, especialmente en el área económica, con otros más políticos correspondientes a dirigentes de los dos partidos que forman el gobierno.

Los cambios de la estructura del gobierno en relación al gobierno anterior se sintetizan en la existencia de cuatro vicepresidencias en vez de una, que dan más énfasis a algunas áreas de gobierno que se pretende priorizar e indican al mismo tiempo una voluntad de coordinación horizontal entre departamentos,  siempre tendentes a un funcionamiento excesivamente vertical y en la ampliación del número de ministerios, una necesidad propia de los gobiernos de coalición tanto de izquierdas como de derechas  como sucede en la Comunidad de Madrid.

P. Sanchez accedió a la presidencia del gobierno con 167 votos positivos, 165 en contra y 18 abstenciones. Esta diferencia de solo dos votos ha sido considerado por la derecha y su entorno mediático como un síntoma de debilidad y de  gobierno de corta duración, sin embargo aunque existen obstáculos importantes, el gobierno puede durar una legislatura completa pues las 18 abstenciones y al menos dos votos negativos, Coalición Canaria y PRC, de la investidura podrían ser positivos en  los presupuestos y en muchas de las medidas que se propongan, especialmente las  sociales. Los 187 votos que pueden llegar a sumar muchas de estas propuestas son un colchón suficiente para permitir la gobernabilidad. Aunque las propuestas de cambio constitucional, nombramientos de órganos u otras que requieren mayorímas cualificada de 3/5, 210 votos, tendrán muchas dificultades para aprobarse.

Los obstáculos que va a encontrarse el nuevo gobierno se concentran en tres aspectos:

  1. Las contradicciones inherentes a un gobierno de coalición entre dos  partidos que en un pasado reciente  han manifestado serias discrepancias en algunos temas importantes. Aunque en el acuerdo y en manifestaciones  posteriores se ha declarado la voluntad de lealtad mutua y se han definido órganos de control para dilucidar posibles discrepancias, no es imposible que en algún momento salte algún conflicto que la derecha estará atenta para capitalizar. hasta ahora, la lealtad mutua se ha puesto de manifiesto en los  pactos, en la configuración del gobierno y en los primeros nombramientos un tanto delicados, lo que es un muy buen comienzo.
  2. La feroz oposición de la triple derecha que no admite su derrota y que está dispuesta a disparar contra todo lo que se mueve. Las duras descalificaciones que han hecho a temas anecdóticos como la dimensión del gobierno, a que sean ministros una pareja o, a que se haya cambiado a los martes  los Consejos de Ministros, revela una intención de oposición feroz que puede volverse en su contar cuando la ciudadanía se aburra de tanta apocalipsis y empiece a retirarles su apoyo.
  3. La delicada situación de Cataluña puede poner en cuestión el pacto firmado entre ERC y el PSOE. Aunque hasta ahora se está demostrando que los dos partidos tienen voluntad de seguir adelante tanto en el apoyo al gobierno como en el avance hacia la resolución del conflicto catalán, las posiciones intransigentes de los separatistas catalanes radicalizados de JxCat y la CUP por un lado y las tres derechas nacionales por otro, pueden hacer  naufragar la recondución del proceso catalán que es la base del acuerdo firmado. La situación de los dirigentes catalanes presos y la actitud beligerantes de algunos órganos judiciales son factores que también pueden influir de forma muy negativa.
Con el nuevo gobierno progresista se abre una nueva etapa ilusionante para muchos ciudadanos que creemos que, a pesar de las dificultades, será posible mantener el gobierno toda la legislatura y provocar un cambio total en el funcionamiento de nuestra sociedad.


06 enero 2020

Pactos de investidura

La fragmentación del parlamento español después del 10N ha dificultado la  formación de mayorías y ha hecho necesario  que el PSOE formalice numerosos pactos para alcanzar la investidura.

El pacto más relevante es el firmado con UP que plantea un programa de gobierno progresista para la próxima legislatura. Se trata de un programa muy extenso que trata casi todos los temas de gobierno, algunos de ellos con un amplio nivel de detalle.

Se han firmado también pactos con partidos nacionalistas como PNV o BNG y de carácter regional como Compromis, PNC o Teruel Existe. En todos ellos se detallan distintas demandas especificas relacionadas  con infraestructuras y otras materias.

Un pacto similar se  firmó con el PRC de M. Angel Revilla pero, dado el incomprensible cambio de criterio de este partido, pasando del Si al No en la investidura, por una sorprendente y sesgada interpretación del acuerdo con ERC, es muy probable que este  pacto quede en segundo plano.

Mas difusión ha tenido el acuerdo con ERC, aunque solo se hayan comprometido a la abstención. ERC ha utilizado la investidura para lanzar una iniciativa negociadora sobre la situación política y social en Cataluña que permita salir de la parálisis provocada por el fallido proceso de independencia unilateral. El texto del acuerdo, necesariamente muy abierto, ha provocado los comentarios demagógicos  tanto de la derecha, que no ve más solución al conflicto que la rendición incondicional de Cataluña y de los separatistas radicales de JxCat y de la CUP que solo quieren la independencia sin matices. Esta coincidencia se ha materializado en una curiosa pinza Ultraderechistas - Independentistas que pretende bloquear la investidura de P. Sanchez.

Aunque sea muy difícil que un pacto entre el gobierno español y el catalán llegue a buen puerto en una legislatura, su sola firma representa un avance muy importante, pues el dialogo es la única forma de empezar a resolver este conflicto endémico.

Estas lineas se redactan después de la primera sesión de investidura, que ha terminado con una victoria mínima a favor del candidato. La derecha ha mostrado en esta primera sesión su peor cara abroncando continuamente a los intervinientes y haciendo intentos de romper la disciplina de voto socialista y de obligar a cambiar de posición a los partidos minoritarios que han anunciado su apoyo.

El cambio de posición de última hora, de Coalición Canaria y del Partido Regionalista de Cantabria lleva a la investidura a una situación crítica. No sería de extrañar que estos cambios de posición respondan también a las presiones de la derecha, aunque formalmente hayan sido decisión propia de cada uno de ellos.

Si no ocurren más incidentes insospechados, tendremos presidente del gobierno con todas sus atribuciones el próximo martes  7 de enero.

España necesita echar a andar cuanto antes con un gobierno progresista después de muchos meses de bloqueo.