El presidente, en funciones desde hace mas de dos años, del CGPJ y del Tribunal Supremo ha inventado una nueva suerte de gambito de rey, ofreciendo el sacrificio no de un peón sino del propio Rey, con el objetivo aparente de mejorar su imagen, un tanto deteriorada por su prolongada situación de interinidad.
Afortunadamente el gobierno rehusó el gambito protegiendo con ello la figura del Rey.
La operación consistía en invitar al Rey a presidir un acto judicial de entrega de nombramientos haciendo coincidir su fecha con la de la promulgación de la sentencia contra el ex presidente Torra, aprovechando que el mismo controlaba las dos acciones.
El gobierno consideró la presencia del Rey en Barcelona en una fecha tan conflictiva innecesaria, pues podría dar lugar a manifestaciones importantes contra la monarquía que contribuirían al deterioro de la institución ya un tanto desprestigiada sobre todo en Cataluña. No se trata por tanto de la seguridad física del Rey, que tiene que estar garantizada en cualquier circunstancia.
El acto sustitutivo programado por el gobierno, en mi opinión innecesario, para compensar la anterior ausencia del Rey, consistente en otra entrega de premios a no importa quien, dio lugar a manifestaciones independentistas contra la monarquía, seguramente menos numerosas que las que hubieran tenido lugar en el momento de la sentencia contra Torra.
La posterior disculpa del Rey por no asistir al acto, hecha publica por el presidente del CGPJ de forma imprudente, y quizá interesada, provocó la protesta de algunos ministros de Unidas Podemos, que consideraron que Felipe VI se había salido de su papel constitucional.
La tormenta siguió creciendo con el rasgado de vestidura de las derechas nacionales que consideran al Rey como una figura sagrada e intocable.
El resultado de esta controversia es un incremento del desprestigio de la monarquía en sentido contrario de las pretensiones de la derechas que, al considerar al Rey como de su propiedad, contribuyen a separarlo del conjunto de la población haciendo un flaco servicio a la monarquía.
En pleno siglo XXI, la institución monárquica, que atribuye la jefatura del Estado al heredero de una determinada familia por derecho divino, no tiene ninguna defensa teórica. Su única justificación es la inercia histórica que, a base de reducir su capacidad operativa y limitarse a funciones simbólicas, ha conseguido mantenerse en algunos países europeos.
En España la monarquía fue restaurada por el general Franco con objeto de perpetuar la dictadura, sin embargo, la actitud positiva del Rey Juan Carlos en los tiempos de la transición, consiguió que lo que en principio fue una imposición del dictador, tuviera un importante apoyo popular.
Desde 1978 muchos ciudadanos nos convertimos en republicanos Juancarlistas, pues, aunque seguimos considerando que la república es el único modelo de Estado admisible, una monarquía parlamentaria puede ser un modelo aceptable por razones pragmáticas.
Evidentemente hay muchos otros ciudadanos que no comparten esta idea y siguen, con todo su derecho, reivindicando la necesidad de proclamar cuanto antes la tercera República.
La huida del Rey emérito a un país feudal después de que haya salido a la luz su implicación en negocios de muchos millones de euros impropios de su posición, está consiguiendo que los antiguos republicanos Juancarlistas nos estemos quedando sin argumentos y nos sintamos más cerca de los republicanos radicales.
Surge entonces la siguiente pregunta ¿Sigue siendo la monarquía una institución que hay que defender a toda costa?
Hace unos años la respuesta hubiera sido claramente positiva, pues los costes sociales y políticos que supondría ese intento serían superiores a los beneficios de una república parlamentaria sobre la actual monarquía, y el referéndum asociado a ese cambio constitucional se resolvería con toda probabilidad de forma favorable a la monarquía.
A fecha de hoy después de conocerse los negocios del rey emérito, y del procesamiento anterior por corrupción de su hija y de su yerno, la respuesta no está tan clara.
El gobierno está obligado a seguir protegiendo la institución monárquica pero tiene que ser consciente, y también la casa real, de que el apoyo no puede ser eterno y que es necesario extremar la prudencia para evitar que la institución siga deteriorándose.
Aunque Alfonso tiene toda la razón, a día de hoy es mejor defender a la institución monárquica. Aunque a nivel teórico se la pueda criticar. Llevar a efecto un referendum sería una terrible equivocación, que ningún Gobierno se puede permitir.
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