Fin del Estado de Alarma

La  decisión de suprimir el Estado de  Alarma, adoptada recientemente por el gobierno de España, supone devolver a la ciudadanía sus derechos fundamentales, limitados desde Octubre de 2020 y dejar la responsabilidad del control sanitario de la epidemia en manos de las CC.AA., coordinadas por el Consejo Interterritorial. Para adoptar esa decisión el gobierno ha considerado como prioritarios argumentos sanitarios pero también ha tenido en cuenta argumentos de tipo político, social y económico.

Los argumentos sanitarios expuestos por el gobierno indican que estamos en el momento oportuno para empezar a sacar al país de la UCI sanitaria pues, aunque todavía hay un riesgo alto, los indicadores han bajado y el proceso de vacunación ha cogido un buen ritmo y ya está prácticamente vacunada la población de mayor riesgo. Si consideramos que el efecto rebaño que se alcanza con el 70% de la población objetivo vacunada supondrá el principio del fin de la pandemia y la vuelta  a la normalidad, aunque seguramente con algunas limitaciones, España con un total de 20.2 M de personas vacunadas (6,2 con la pauta completa y 14 con una dosis) ha alcanzado ya el 30%, lo que significa que estamos a medio camino de  alcanzar el objetivo del 70% y, en consecuencia, es un momento oportuno para iniciar una  nueva fase en la lucha contra el COVID 19 que no necesite de la herramienta extrema del Estado de Alarma utilizada hasta ahora.

La decisión no esta exenta de riesgos, pues el momento exacto de salir del Estado de Alarma es difícil de precisar y quizá, desde un punto de vista sanitario, hubiera sido mas prudente esperar una cuantas semanas más, aunque seguramente, aun con un  porcentaje algo mas alto de vacunados las dudas hubieran sido las mismas. Hay que considerar que muchos países de nuestro entorno que están en una  situación de vacunación parecida a la nuestra, están iniciando también procesos de desescalada.

El factor político juega también un importante papel, las dificultades para prorrogar el Estado de Alarma debido a la oposición de varios partidos políticos, cada uno con sus motivaciones, no facilitan pedir una prorroga y no dejan mas opción que utilizar el final programado hace seis meses.

El factor social tiene también mucha importancia, la población necesita liberarse del corsé de muchos meses con limitaciones de movilidad como nos ha demostrado el éxito de la campaña de electoral de IDA que, basada en un concepto simplista e infantil de la libertad, ha calado en buena parte de la población madrileña.

Desde un punto de vista económico también hace falta abrir los territorios, pues es necesario empezar a impulsar el turismo nacional e internacional que sigue siendo un elemento fundamental  de nuestra economía y la competencia de otros países ya se está poniendo en marcha.

El fin del Estado de Alarma no puede ser la vuelta repentina a la normalidad absoluta es necesario  mantener algunas restricciones que habrá que ir suavizando con el tiempo. Las CC.AA. tienen que  gestionar esas restricciones y, según el gobierno central tienen herramientas suficientes. Algunas, como los aforos de lugares públicos, son competencia directa de  Ayuntamientos y CC.AA., otras como los cierres perimetrales y los toques de queda necesitan la aprobación de los tribunales de justicia y sus autos han sido muy diferentes en condiciones parecidas. Aunque el gobierno ha modificado la legislación para permitir el recurso al TS y unificar doctrina, existen algunas dudas sobre si esta opción será suficiente. Por otro lado algunas CC.AA. son reacias a utilizar este recurso por razones de ideología nacionalista y otras, las gobernadas por el PP, porque se resisten a asumir responsabilidades y están mas cómodas echándosela toda al gobierno. Unas y otras tendrían que liberarse de sus complejos y presentar los correspondientes recursos. Si el resultado de los recursos no resuelve de forma satisfactoria las propuestas de las CC.AA., el gobierno central tendrá que proponer otras opciones.