Como era previsible, la diada del 11 de septiembre produjo una gran movilización aunque, según muchas fuentes, inferior a la de años anteriores.
A partir de ese momento el Estado empezó a desplegar toda su potencia para evitar el referéndum, denunció la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas y empezó a aplicar medidas contra los responsables de su promulgación.
Sin relación procesal con estas medidas, aunque con una confluencia temporal afortunada, el juzgado nº 13 de Barcelona, inicio una serie de registros y detenciones en relación con la causa abierta hace unos meses contra el ex senador Santiago Vidal, aquel al que se le calentó la boca en una conferencia y declaró que el govern tenía un presupuesto secreto para financiar los costes del Referéndum.
Los registros y detenciones para declarar de algunos altos cargos de la Generalitat, dieron lugar a diversas manifestaciones de protesta que son un indicador más del grado de movilización del sector independentistas catalán.
En Cataluña, el conflicto independentista está enfrentando a la fuerza legal del Estado Español con los sectores ciudadanos más radicalizados, que han tomado la calle apoyando la convocatoria de un referéndum que se ampara en una supuesta "nueva legalidad" catalana.
En este contexto los partidos políticos han tomado distintas posiciones, el PP, y Cs que tiene una posición incluso más agresiva, apoyan sin fisuras las medidas del gobierno mientras que los partidos catalanes apoyan a su propio govern, aunque van surgiendo algunas diferencias entre ellos relativas a la salida que se quiere dar al conflicto. El sector más radical del catalanismo la CUP y parcialmente ERC, defienden el cumplimiento de "su legalidad" si sale SI, aunque sea con muy pocos votos en el referéndum, son partidarios de proclamar inmediatamente la República Catalana. Otros sectores, fundamentalmente del PDCAT, defienden la apertura de conversaciones con el Estado antes de proclamar la República.
El PSOE y el PSC están defendiendo la legalidad, con un coste muy alto en el caso del PSC, pero buscan una salida política basada a largo plazo en una reforma constitucional de corte federal y a corto en una comisión parlamentaria, ya aceptada por otras fuerzas, para la mejora del estado autonómico en sus aspectos mas conflictivos.
Podemos, por su parte, sigue a lo suyo, ha convocado una Asamblea de cargos públicos para reiterar su inviable idea de siempre: el referéndum pactado. Esta Asamblea hubiera pasado sin pena ni gloria si no hubiera sido por la publicidad que le ha dado la torpeza de la delegación del gobierno en Aragón, que permitió una concentración de ultraderecha a las puertas de su acto sin tomar las medidas de protección adecuadas.
En este escenario se pueden adelantar algunas conclusiones:
En Cataluña, el conflicto independentista está enfrentando a la fuerza legal del Estado Español con los sectores ciudadanos más radicalizados, que han tomado la calle apoyando la convocatoria de un referéndum que se ampara en una supuesta "nueva legalidad" catalana.
En este contexto los partidos políticos han tomado distintas posiciones, el PP, y Cs que tiene una posición incluso más agresiva, apoyan sin fisuras las medidas del gobierno mientras que los partidos catalanes apoyan a su propio govern, aunque van surgiendo algunas diferencias entre ellos relativas a la salida que se quiere dar al conflicto. El sector más radical del catalanismo la CUP y parcialmente ERC, defienden el cumplimiento de "su legalidad" si sale SI, aunque sea con muy pocos votos en el referéndum, son partidarios de proclamar inmediatamente la República Catalana. Otros sectores, fundamentalmente del PDCAT, defienden la apertura de conversaciones con el Estado antes de proclamar la República.
El PSOE y el PSC están defendiendo la legalidad, con un coste muy alto en el caso del PSC, pero buscan una salida política basada a largo plazo en una reforma constitucional de corte federal y a corto en una comisión parlamentaria, ya aceptada por otras fuerzas, para la mejora del estado autonómico en sus aspectos mas conflictivos.
Podemos, por su parte, sigue a lo suyo, ha convocado una Asamblea de cargos públicos para reiterar su inviable idea de siempre: el referéndum pactado. Esta Asamblea hubiera pasado sin pena ni gloria si no hubiera sido por la publicidad que le ha dado la torpeza de la delegación del gobierno en Aragón, que permitió una concentración de ultraderecha a las puertas de su acto sin tomar las medidas de protección adecuadas.
En este escenario se pueden adelantar algunas conclusiones:
- El referéndum nunca tendrá validez por ser ilegal en su planteamiento original.
- Las medidas del gobierno de Madrid confiscando material, prohibiendo la participación de funcionarios, precintando locales etc., asi como la destitución en bloque de la sindicatura electoral (sucedáneo independentista de las juntas electorales), van a hacer casi imposible que el 1 de Octubre pueda realizarse cualquier consulta que se parezca remotamente a un referéndum.
En consecuencia la medida del éxito o el fracaso del 1 de Octubre se medirá por la movilización que consigan los independentistas:
- Número de mesas que puedan montar.
- Número de votos emitidos.
- Importancia de las manifestaciones de protesta que se den en Cataluña.
La valoración de estos factores determinaran los siguientes pasos que podrían llegar a la proclamación de la independencia, si la respuesta fuera muy grande o, con mayor probabilidad, determinar la fuerza con que cada parte iniciará las negociaciones que deberían iniciarse a partir del día 2 de Octubre.
Totalmente de acuerdo con Alfonso. Eso no quita que yo piense que en el Sahara ex-español nunca habrá un referendum de autodeterminación. El rey de Marruecos no lo permitirá. En Escocia David Cameron sí permitió un referendum pactado. A mí me gustaría que nuestros gobernantes se parecieran más a David Cameron y menos al dicho rey. Yo preferiría ser como Inglaterra y no como Marruecos. Pero desgraciadamente mi país es como es y debo vivir con ello.
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