Las togas atacan de nuevo

Las limitaciones que algunos tribunales autonómicos están poniendo a la implantación de medidas  de control de la movilidad para luchar contra la COVID 19 y la sentencia del TC declarando inconstitucional algunos aspectos del primer Estado de Alarma, revelan que continua la fuerte beligerancia de algunos jueces superiores contra el gobierno.

La elección de la pandemia de la COVID 19 como campo de batalla contra el gobierno coincide con los planteamientos del PP y VOX que han utilizado el mismo motivo  para atacar al gobierno, lo que, mas que una coincidencia, parece una pinza entre los partidos de derechas y los altos tribunales, cuya renovación está bloqueada hace demasiado tiempo.

La derecha no se resigna a perder la mayoría en el CGPJ, Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas, que están funcionando como diques de contención contra las políticas progresistas del gobierno.

El llamado "Lawfare", utilización torticera de los tribunales de justicia como arma política, es una practica cada vez mas común en España.

En España, el CGPJ se elige por mayoría de 3/5 lo que requiere el acuerdo de los dos principales partidos y a esta circunstancia se agarra el PP para bloquear su renovación. Este método de votación de 3/5, válido para aprobar leyes de especial importancia, es totalmente inadecuado para hacer una elección democrática pues no garantiza que el proceso de elección se complete de forma satisfactoria. En cualquier otra elección existe siempre una opción alternativa que permite que la elección culmine de forma eficaz, cuando se constituyen los  ayuntamientos, la norma exige mayoría absoluta pero si no es posible, la alcaldía se otorga al cabeza de la lista mas votada, pues no tendría ningún sentido que un  ayuntamiento se quedase sin alcalde por falta de mayoría absoluta, sin embargo los intentos de elegir el CGPJ con mayoría absoluta en una segunda vuelta, no se han llevado a cabo por la oposición de la Unión Europea a este sistema.

La derecha propone un sistema de elección supuestamente mas democrático, aunque realmente es simplemente corporativo: que los jueces eligieran entre ellos el CGPJ, lo que casi garantiza un CGPJ conservador pues la mayoría de los jueces, dado el elevado coste que tiene el acceso a la judicatura, son de familias acomodadas de derechas. 

Este procedimiento totalmente corporativo no respeta  la  procedencia democrática que debe tener el poder judicial. Sería tan corporativo como  que al ministro de defensa lo eligieran los militares o al de sanidad los médicos.

Es de suma urgencia renovar el CGPJ para evitar la intromisión  cada vez mas frecuente de los jueces en la política. 

¿Quo vadis Pablo Casado?

Desde que fue elegido presidente del PP, en unas semi-primarias un tanto suigeneris, Pablo Casado se ha dedicado a hacer una política de "tierra quemada" contra el gobierno socialista, disparando contra todo tipo de iniciativas, sin dar nunca ninguna alternativa. Esa estrategia ha sido especialmente grave durante la situación de emergencia nacional que todavía perdura: la pandemia del COVID 19.

Esta actitud del PP de moverse como "pollo sin cabeza" o, lo que es peor, tener como mascarón de proa de su estrategia a una presidenta tan pintoresca como Isabel Diaz Ayuso (IDA) hace pensar que , a nivel nacional,  el PP es actualmente poco más que una china en el zapato, molesto pero no grave.

Aunque las últimas encuestas publicadas le dan el primer puesto en intención de votos, hay que considerar que son encuestas "de la señorita Pepis" con escasas muestras, sin información detallada y hechas por medios afines a la derecha: El Mundo, ABC, La Razón, Ok diario...., además se han presentado en un momento en el que no hay ninguna perspectiva electoral por lo que sus estimaciones pierden mucho valor. Esas encuestas con muestras tan escasas solo pueden dar una orientación global a nivel nacional pero la atribución de escaños en 50 distritos es un atrevimiento excesivo que tiene muy poco valor. La única conclusión a tener en cuenta en estos sondeos es que el PP recoge, en primera aproximación, los votos que pierde Ciudadanos debido a su debacle de la que difícilmente se recuperará, cuando se acerquen las convocatorias electorales se podrá comprobar la solidez de estos apoyos.

Además de los sondeos, hay algunos otros indicios que apuntan a que el liderazgo de P. Casado no es excesivamente solido. En un partido  cesarista como el PP, en el que se mueve no sale en la foto, las discrepancias suelen mostrarse de forma muy contenida.

En relación con la "Gran Campaña"  popular contra los indultos de los políticos catalanes, hay que considerar  que los resultados fueron escasos: poca asistencia en Colón, ausencia de los lideres regionales con pretextos variopintos, y pocas  firmas en comparación con las que recogieron contra el estatut. En cuanto a algunas de las lamentables proclamas de Casado como últimamente sobre la guerra civil, algunos dirigentes regionales dan la callada por respuesta y otros, como Núñez Feijóo, discrepan, elegante pero firmemente, del análisis de Casado.

Empieza a  haber cierta distancia entre Casado y su núcleo próximo: García Egea, Gamarra, Almeida y, con matices, IDA con las organizaciones del PP periféricas, que empiezan a estar a otras cosas.

Este distanciamiento de una parte del PP con su dirección se une a las grandes discrepancias públicas que se han visto recientemente entre Pablo Casado y dos de los  habituales  compañeros de viaje del PP: La Iglesia y la patronal que, en un ejercicio de pragmatismo, han considerado oportunos los indultos a los dirigentes  catalanes, con gran disgusto de Pablo Casado y sus satélites cercanos.

Por eso la pregunta es ¿Adonde va Pablo Casado y no adonde va el partido popular, pues probablemente no vayan al mismo sitio.

El único recurso que le queda a la dirección del PP es el del pataleo que ejercen todos los días contra el gobierno y últimamente también contra la  Iglesia y la patronal. La habitual pataleta de váyase señor  Sanchez va a durar todavía unos cuantos meses, hasta el final natural de la legislatura a no ser que algún sector del PP o alguno de los poderes facticos de la derecha tomen cartas en el asunto y le fuercen a un giro estratégico hacia la racionalidad.

En este camino hacia no se sabe donde, P. Casado va acompañado de VOX pues está en su misma línea y sorprendentemente, de Ciudadanos que no intenta aprovechar el hueco que deja el PP en la derecha moderada y se limita a hacer coro de sus disparates.

España se enfrenta al resto de la legislatura con un gobierno renovado, apoyos parlamentarios solidos, presupuestos aprobados, proceso de vacunación muy avanzada y ayudas europeas empezando a llegar y todo ello sin una oposición solvente que se limita a patalear, descalificar e insultar.

Cataluña: Nuevo tiempo

La concesión de los indultos a los dirigentes independentistas catalanes condenados por la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) en Octubre de 2017, debe abrir un tiempo nuevo en Cataluña que permita avanzar en su encaje dentro del Estado Español.

Los indultos y el nuevo gobierno catalán abren el camino a la convocatoria de la mesa de negociación  Cataluña Estado, prevista hace unos meses y aplazada por la falta durante mucho tiempo de un gobierno de la Generalitat con todas sus competencias.

Las reuniones efectivas de la mesa  comenzaran en Septiembre y se utilizaran los meses de verano para hacer reuniones técnicas y definir la metodología de trabajo. Se prevén dos niveles de negociación: la mesa entre gobiernos y la comisión bilateral prevista en el articulo 183 del estatut que "constituye el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y el Estado", que tendrá mas protagonismo que hasta ahora.

Aunque la reunión previa entre los dos presidentes se ha celebrado en un clima de cordialidad, ha sido inevitable que el gobierno catalán aplicara su protocolo habitual para cualquier negociación: poner en el preámbulo de la negociación su programa estratégico máximo: Amnistía y Referéndum de autodeterminación, aun siendo conscientes de que esas propuestas no  pueden ser aceptadas por el gobierno de España por razones  de imposibilidad legal, pues la constitución de 1978 no lo permite, y también de convicción política, pues el gobierno no es partidario de la separación de Cataluña del Estado.

El gobierno central no ha planteado ninguna alternativa global y se ha limitado a fijar sus posiciones generales y a volver a rechazar una vez más las pretensiones de independencia del govern. Aunque no se haya explicitado existe una alternativa global del gobierno: la transformación del Estado Autonómico en un Estado Federal pero esta solución  no convence todavía a la ciudadanía catalana y requeriría también una modificación de la Constitución lo que, en las circunstancias actuales, con la derecha "echada al monte", no es ni siquiera planteable.

El último CEO catalán, publicado a primeros de Julio, dio como resultado en un hipotético referéndum sobre la independencia un 44,9% a favor del Si y un 48,7 % a favor del No, lo que indica una clara división de opiniones en la ciudadanía.

A la pregunta sobre el modelo de integración las repuestas están todavía mas divididas: 33,9% a favor de la independencia, 29,6 a mantenerse como CC.AA. y 22,9 partidarios del Estado Federal, lo que indica que un 11% de los votantes favorables a la independencia, se inclinarían a federarse con el resto del Estado.

El planteamiento del gobierno es ir "partido a partido"  e ir resolviendo en la mesa de negociación, en los dos años que quedan de legislatura los múltiples contenciosos de todo tipo compatibles con la legislación actual, existentes con la Generalitat.

El objetivo estratégico a medio plazo sería modificar la opinión de la ciudadanía con argumentos relativos a la mejor condición de dentro de España, frente a la teóricas ventajas de ser un país independiente.

En cuanto a las dos reivindicaciones estratégicas del Govern, el referéndum es una imposibilidad política y legal y la  amnistía ha tenido ya una aproximación con el indulto y podría complementarse con el cambio del código penal en relación con el delito de sedición  y con una posible sentencia, parcial o totalmente favorable, al recurso que los independentistas han presentado al TEDH de Estrasburgo.