A menos de 10 meses de la fecha más probable de las elecciones generales, está empezando de hecho una campaña electoral que será, sin duda, muy ideológica entre izquierda y derecha, consecuencia directa de la creciente polarización existente desde 2023.
Dos temas han saltado al primer plano de la actualidad como consecuencia de algunos acontecimientos recientes:
- La crisis inmigratoria de Ceuta .
- El desahucio de Mari Carmen
La masiva entrada de aproximadamente 80.000 inmigrantes en la ciudad de Ceuta el pasado 30 de julio que después de más de dos meses todavía sigue sin resolverse, ha servido de pretexto para incrementar el racismo y la xenofobia de la derecha extrema y la ultraderecha, que ya estaba en marcha previamente con pretextos como la regularización extraordinaria de emigrantes que ya residen en España o la concesión de la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados españoles de la guerra civil.
El argumento para todos estos casos es un supuesto intento de incremento artificial del censo electoral para impulsar un pucherazo electoral que favorezca a la izquierda. Con este argumento se ponen la "venda antes de la pedrá" ante el temor de que en 2027 vuelva a ganar una mayoría progresista,
El argumento es totalmente falso pues:
- La regularización extraordinaria solo otorga permiso de residencia y de trabajo, que no dan derecho al voto.
- El derecho de ciudadanía de los hijos de los exiliados está totalmente regulado de forma muy precisa. Además, según los datos disponibles, los exiliados votan muy poco y mayoritariamente a los partidos de derechas.
- Los inmigrantes que han entrado en Ceuta serán devueltos a Marruecos en su mayoría o admitidos como refugiados o menores de edad, sin ningún efecto sobre el censo electoral.
El pretexto absurdo del censo intenta ocultar un fuerte componente racista pues la derecha prefiere tener inmigrantes sin derechos, que son mucho mas baratos.
La crísis de la vivienda, que ha aflorado como consecuencia del inadmisible desahucio de la octogenaria Maricarmen, ha movilizado a un numeroso colectivo de ciudadanos, jóvenes y "viejos rockeros", y ha terminado en campamentos tipo 15M en la puerta del Sol de Madrid y en las principales plazas de muchas ciudades españolas.
Aunque la vivienda era uno de los temas estrella para esta legislatura, se ha tardado tanto en su desarrollo y se han cometido tantos errores con muchas contradicciones, entre ellas la lentitud en llegar a acuerdos entre los dos socios del gobierno sobre los limites de la intervención en el mercado aunque todos la considerasen necesaria pero tenían distintos criterios, que no ha conseguido frenar la enorme dimensión del problema.
Aunque hay que reconocer insuficiencias, se han tomado algunas medidas positivas como la ley de vivienda de 2023 que incluye iniciativas como la definición de zonas tensionadas en los barrios con mayores problemas en las que se deben ofrecer limitaciones en los precios de venta, gastos y alquiler teniendo en cuenta la renta de los inquilinos. La aplicación de estas limitaciones es competencia de las CC.AA. y el PP que gobierna en la mayoría de ellas ha decidido no aplicarlas porque contravienen el principio del libre mercado, santo grial de la derecha.
La oposición de las CC.AA. a la ley de vivienda es, sin duda, una de las causas del enorme incremento de los precios pues en las CC.AA. donde se han empezado a aplicar; Cataluña, Navarra, Euskadi,..., los resultados están siendo positivos pero hay otras razones que también inciden, pues el gobierno ha actuado con mucha parsimonia en iniciativas positivas no dependientes de las CC.AA. como Casa 47, la nacionalización de la SAREB, o la gestión de los terrenos militares como la operación Campamento y otros se podrían haber hecho antes.
El decreto de medidas urgentes publicado el 29 de septiembre tendría que haberse hecho mucho antes.
No obstante el gobierno ha sabido reaccionar de forma oportuna y aprovechar el desahucio de Maricarmen y la movilización del sindicato de inquilinas para aprobar un decreto de mínimos, inevitablemente dividido en dos partes para sortear los obstáculos de PNV y JUNTS, para avanzar unas medidas mínimas sobre vivienda.
Lamentablemente ha fallado JUNTS cuyo voto negativo resulta incomprensible desde un punto de vista táctico, cuando están a punto de conseguir la amnistía de Puigdemont. Con una abstención habrían dejado pasar el primer decreto sin comprometerse con nadie y seguir presumiendo de que ellos son solo catalanes. Con su negativa se convierten en "malos de la película" con lo que contrarrestan los efectos positivos que podrían tener con la vuelta de su president.
El gobierno se ha pillado los dedos adelantando la aprobación del decreto por las Cortes, quizá tendrían que haber dejado pasar el mes reglamentario, pero esto es muy fácil decir a posteriori, a priori parecía una buena idea si no hubiera fallado JUNTS.
Las acampadas en las plazas de las principales ciudades españolas, los cientos de miles de manifestantes de más de 50 manifestaciones convocadas el fin de semana del 3 y 4 de Octubre y las opiniones favorables a los decretos recogidas en las encuestas de urgencia publicadas después del pleno, revelan una opinión ciudadana favorable a los decretos, rentistas, pequeños propietarios y votantes de la derecha, y seguramente de JUNTS, incluidos.
El gobierno ha perdido una votación pero ha ganado la batalla de las ideas y ahora tiene que dar los siguientes pasos.
Hay tres opciones básicas, no incompatibles entre si, que indican posibles salidas a corto plazo.
- Los sindicatos de inquilinas están reclamando la convocatoria de una Huelga General, y los sindicatos de clase, como es su obligación están analizando la propuesta.
- No creo que una Huelga General sea la opción más adecuada porque aunque los trabajadores sean uno de los colectivos mas afectados, la falta de viviendas no es un problema estrictamente laboral y, además, las huelgas generales van dirigidas contra los gobiernos nacionales que, en este caso y aunque tenga sus responsabilidades, no es el principal responsable.
- Las protestas deberían dirigirse, como se está haciendo contra los fondos buitre pero también, cosa que está oculta, contra los bancos que son los que venden los paquetes de viviendas a estos fondos y tienen además sus propios fondos de inversión inmobiliaria en los que hacen las mismas practicas. También había que presionar a las CC.AA que se niegan a aplicar la Ley de la vivienda y no permiten la declaración de zonas tensionadas a los Ayuntamientos que estarían dispuestos a hacerlas.
- Otra petición que se está barajando es la convocatoria de elecciones anticipadas, para la que incluso se fija la fecha del 29 de Noviembre. Creo que aunque finalmente se adelanten las elecciones generales no hay que precipitarse en su convocatoria, las elecciones generales hay que convocarlas para ganarlas no para perder lo menos posible y para ello es imprescindible que las dos fuerzas que forman el gobierno progresista estén preparadas, cosa que actualmente no sucede pues la izquierda alternativa no acaba de constituir su plataforma unitaria para presentarse con éxito a unas elecciones.
- La tercera opción es volver a presentar el primer decreto ley de medidas urgentes para parar los desahucios y mejorar las condiciones de los contratos de alquiler. En este sentido el gobierno tendrá que valorar la propuesta presentada por JUNTS para decidir si es posible o no incluir alguna de sus ideas. Aunque volver a negociar con JUNTS sea tragarse un sapo que, además habrá que negociar con el resto de los socios de la investidura, es una posibilidad que hay que agotar, dadas las limitaciones que tiene la mayoría de investidura desde el principio de la legislatura.
En cualquier caso, haya o no adelanto electoral, la campaña ha comenzado y la inmigración y la vivienda van a ser dos asuntos claves
