El gobierno del Partido Popular parece estar decidido a acabar con todo lo que huela a sector publico, incluido el sector publico empresarial, formado por un conjunto de empresas mercantiles, algunos de cuyos logos han sido incluidos en la figura que ilustra este articulo, con estatuto de sociedades anónimas, que no dependen de los presupuestos públicos y que han estado sometidas siempre a a la legislación laboral.
El Gobierno Popular publicó en marzo de 2012 una Orden ministerial de supresión y fusión de empresas publicas y a continuación decidió, dentro de la Administración General del Estado, la lista de las empresas que deberían suprimirse o fusionarse con el para ellos sagrado objetivo de ahorrar gastos.
No se percataron, y si lo hicieron les dio lo mismo, que un ejercicio similar había sido hecho por el gobierno anterior y no quedaba prácticamente nada que fusionar o suprimir salvo unos cuantos retales históricos sin actividad ninguna, no disueltos por inercia administrativa y que no justificaban las grandes alharacas con que se publicó este decreto.
Una de las pocas fusiones que tenía una dimensión real era la de Isdefe, con mil trabajadores con Insa que tiene setecientos. La única razón para esta fusión es, simplemente, que tienen un propietario común: el Ministerio de Defensa. Por lo demás las actividades de las dos empresas tienen muy pocas sinergias entre si, Isdefe se dedica a dar apoyo de Ingeniería a las Administraciones Públicas, especialmente al Ministerio de Defensa, mientras que Insa tiene como actividad principal la operación y gestión de estaciones de seguimiento de satélites de la NASA y de la ESA. Aunque Isdefe e Insa tienen algunas actividades comunes su volumen es pequeño y son insuficientes para justificar una fusión.
Las ventajas de la fusión son escasas: supresión de un Consejo de Administración y de algunos directivos, utilización de la misma sede y de algunos servicios comunes. Los perjuicios son más intangibles pero mucho más reales, fusionar dos entidades de un tamaño considerable, con historia, cultura, modelo de relaciones laborales y formas de funcionamiento diferentes es un foco de conflictos que suele derivar en ineficiencias, en unos momentos en que justamente se requiere lo contrario. Estos perjuicios tardan muchos años en resolverse e incluso es posible que no se resuelvan nunca, pero la fusión se realizara a mayor gloria del fundamentalismo liberal de nuestros gobernantes actuales.
Otros aspectos que marcan la errática tendencia del gobierno en este sector son los derivados del RD 20/2012, por el que se suprime la paga extra de navidad a los empleados públicos de cualquier condición, sean laborales o funcionarios, trabajen directamente en la Administración o en una empresa mercantil. El decreto menciona de forma exhaustiva todas las entidades públicas de cualquier tipo para que no se pueda escapar nadie.
Previamente, a principios de año, en el RD 20/2011 de prorroga de los presupuestos del Estado se suprimían las aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios durante 2012 incluyendo también a los empleados de las empresas públicas mercantiles.
En definitiva, los trabajadores de las empresas mercantiles públicas estamos sometidos a las normas negativas que afectan a los funcionarios y las que afectan al resto de los trabajadores por cuenta ajena pues muchas empresas públicas han tenido o tienen en perspectiva EREs de las mismas características que las de las empresas privadas. P..... y pagando la cama.
Para mejor defender nuestros intereses los representantes sindicales de todas estas empresas hemos constituido una plataforma de coordinación de nuestras reivindicaciones, tanto reclamaciones legales como movilizaciones. Esta plataforma se une a las de tantos otros sectores atacados por la política del gobierno popular.
Una de las consecuencias más lamentables del RDL 20/2011 es que "durante 2012 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de las entidades públicas empresariales". Esta prohibición se ha ido reinterpretando sucesivas veces por el Mº de Hacienda, en sentido cada vez más restrictivo, de forma que es imposible en estos momentos contratar una persona nueva, aunque sea con contrato temporal o pasar un trabajador con contrato temporal a fijo cuando la prorroga no es posible.
Esto significa que en un país con más de 5.000.000 de parados, el gobierno impide que las empresas mercantiles públicas contraten a ningún trabajador ni temporal ni fijo y obliga a despedir empleados con contrato temporal aunque la empresa tenga trabajo para ellos o aunque los cliente este satisfecho con sus servicios e incluso amenacen con romper algún contrato. El fundamentalismo de la austeridad está llevando nuestros gobernantes a estas locuras que no tienen pies ni cabeza, ni siquiera admitiendo la ideología ultraliberal de sus promotores.
Las empresas mercantiles públicas han rendido grandes y positivos servicios al sector público, realizando funciones de confianza y responsabilidad técnica que las Administraciones Públicas no tenían capacidad para realizar sin apoyo, pero lejos de eso, el gobierno, siguiendo su mala costumbre de desprestigiar todo lo público, considera que no son más que parásitos inútiles que viven a costa del presupuesto.
En cuanto a su gestión, no se puede decir, por la parte que conozco y son muchos años, que en estas empresas no haya habido enchufados y los ejecutivos hayan sido siempre los más idóneos, ya que en alguna ocasión se ha nombrado como Consejero Delegado a algún "OVNI", que no sabía ni donde estaba, pero en general, el perfil profesional de los directivos puede considerarse adecuado y, desde luego, es mucho mejor que las decisiones de contratación las tomen los gestores, que para eso están, que no cualquier alto cargo del Ministerio de Hacienda que no sabe lo que se trae entre manos, y puede producir mayores problemas que hagan más difícil todavía salir de la crisis que padecemos.
