La patronal

En un país como España, golpeado por la crisis, que con seis millones de parados tiene la tasa de desempleo mayor de toda Europa, en la que el nivel de desmoralización de la población va en aumento, los sindicatos, las organizaciones sociales y todos los partidos políticos incluido, al menos formalmente el PP, tienen como principal preocupación buscar soluciones para disminuir el nivel de paro.

La propia Comisión Europea, con sus contradicciones y miserias habituales, intenta también esforzarse para intentar contribuir en la búsqueda de alternativas que nos ayuden a salir de la crisis.

Pero no todos tienen la misma actitud, ni siquiera formalmente; hay un actor social, a quien se le otorga, de forma justificada aunque no se lo merezca, un papel fundamental, que parece estar ahora y antes a otras cosas; se trata de la patronal, o al menos de sus representantes supuestamente más relevantes.

El ex-presidente de la patronal, Gerardo Diaz Ferrán, tiene tres procesos abiertos y está en prisión preventiva con una fianza de 30.000.000 de €, por ser presuntamente, sin entrar en mayores detalles, un chorizo.

El anterior y actual vicepresidente, además de presidente de la CEIM, la confederación patronal madrileña, Arturo Fernandez, estaba en el Consejo de Administración de Bankia, al parecer de adorno pues ha declarado que no se leía un papel ni se enteraba de nada, salvo de cobrar todos los meses. De momento solo está imputado pero podría ser el segundo dirigente de la anterior cúpula patronal, y el primero de la actual, que fuera procesado. El ejemplo de la patronal, que de vez en cuando nos obsequia con alguna moralina, es indescriptible.

El actual presidente de la CEOE, Juan Rosell, es un tipo sin complejos a juzgar con la facilidad con que dice gloriosas majaderías.

• ¿Con que títulos se atreve a negar la validez de la EPA, homologada en toda Europa como la mejor herramienta para medir el desempleo?
• ¿Con que criterios se atreve a criticar de forma tan demagógica a los funcionarios?
• ¿No sabe este impresentable que la función pública está compuesta de médicos, ATS, maestros, profesores de instituto, profesores de universidad, abogados, ingenieros, médicos, militares, policías, etc. Es decir profesionales de todo tipo, como el resto de la sociedad española?
• ¿Quien se cree este tipo que es para impulsar la vuelta a la esclavitud, proponiendo minijobs precarios hasta para sus parientes?

En España tenemos empresarios solventes en bancos, petroleras, operadoras de telecomunicaciones, empresas de ingeniería, etc. No se puede entender por que la cúpula de la CEOE la componen últimamente individuos de perfil tan bajo y tan escasas luces como los que dirigen ahora o delincuentes económicos, como los que había en la etapa anterior.

• ¿No podría seleccionar la patronal mejor sus representantes oficiales, tanto desde un punto de vista ético y moral como desde el intelectual?

Si alguien no está cumpliendo mínimamente un papel positivo en la acción contra la crisis, esa es la patronal, que no hace sino pedir más incentivos, menos costes sociales, bajar los impuestos, limitar los derechos de los trabajadores, reducir las prestaciones de desempleo y teorizar sobre el trabajo basura, y parece totalmente incapaz de crear un solo puesto de trabajo.

Cuando la tesis neo liberal de que solo el sector privado es capaz de crear empleo y gestionar bien, nos invade hasta en la izquierda, nos encontramos con una patronal representada por unos personajes de farándula, incapaces de gestionar nada y solo dispuestos a meterse dinero, público o privado, en el bolsillo, incluso de forma delictiva.

Llevo casi treinta años trabajando en una empresa de ingeniería del sector público empresarial, muchos de ellos como representante sindical, he conocido nueve primeros ejecutivos, CEOs como se dice ahora, nombrados por los gobiernos de turno, unos socialistas y otros populares, de ellos tan solo a uno puedo considerarlo como un alienígena que pasaba por allí y nadie sabía el motivo, los ocho restantes han sido y son profesionales a los que se puede juzgar con diferentes valoraciones, pero con luces y sombras han conseguido, hemos conseguido todos los empleados, construir una empresa solvente, sin duda con fortalezas y debilidades, pero, desde luego, nada comparado a la zafiedad que están demostrando los últimos dirigentes patronales.

La patronal de verdad, los empresarios que realmente son alguien en España, deberían replantearse su función y su imagen en la sociedad, retirar de la circulación a estos impresentables y nombrar personas con un nivel mínimo de solvencia.

Empiezan a caer las fichas de dominó del PP

Con la dimisión de Antonio de Guindos, concejal delegado de seguridad cuando se produjo la tragedia del Madrid Arena, son cuatro ya los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid que han  cambiado, desde que  Ana Botella sustituyo al alcalde elegido por los madrileños Alberto  Ruiz Gallardón.

El nombramiento de un nuevo delegado, en una persona que ni siquiera iba en las listas municipales del PP, nos hace pensar que el equipo de gobierno del Ayuntamiento cada vez se parece menos al que los ciudadanos eligieron en las urnas.

Las malas prácticas políticas que está realizando el equipo municipal que tiende a considerar la ciudad de Madrid como su cortijo particular, como intenté poner de manifiesto hace pocos meses comentando la tragedia de Madrid Arena,  han dejado prácticamente sin defensa a la alcaldesa, que no va a tener más remedio que dar la cara directamente, pues se le están terminando los peones.

El siguiente juego de dominó que puede caer es el de la Comunidad de Madrid. En primer lugar está el ático de Marbella del "heredero" Gónzalez comprado recientemente  a una misteriosa empresa Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). Anteriormente  este ático estaba alquilado por el propio Gónzalez a un precio muy inferior al de mercado de la zona. Todo indica que, presuntamente, la adquisición de este inmueble se la ha hecho el heredero a si mismo, para evitar una investigación que en todo caso ya ha iniciado la fiscalía anticorrupción.

A las operaciones inmobiliarias de dudosa legalidad del Sr. presidente de la Comunidad de Madrid,  hay que unir los ataques desaforados de su gobierno contra los dos sectores más sensibles para la ciudadanía: la educación y la sanidad.

La contundente respuesta que las mareas verde y blanca, formadas por profesionales, sindicatos, organizaciones sociales, están dando a estas políticas es muy probable que obligue a hacer cambios en el gobierno madrileño. 

El último juego de dominó a punto de caer corresponde al gobierno nacional presidido por Mariano Rajoy, cada vez más rodeado por el asunto Bárcenas ligado con la trama Gürtel y que incluye, presuntamente, el reparto de sobres con sobresueldos a varios  dirigentes populares incluido el actual presidente del gobierno.

El descubrimiento de estos sobres está todavía en su fase inicial que consiste en negarlo todo, o casi todo, y poner a funcionar el ventilador para  implicar a otras organizaciones. La segunda fase,  es empezar a derribar las primeras fichas del dominó del gobierno, cortando la cabeza a los actores secundarios como Mato, Montoro...La fase final será, probablemente, la caída de la pieza mayor, el seis doble, una vez que se hayan derribado todas las defensas.

Los síntomas ya empiezan a verse, en la última encuesta del CIS, recientemente publicada,  se predice una caída a plomo de los votos populares, aún antes de conocerse públicamente los supuestos papeles  del tesorero Bárcenas. Del mismo modo que en la Comunidad de Madrid, las políticas  que esta realizando el PP en materia educativa y sanitaria tienen mucha responsabilidad  en esta caída, pero no solo ellas, el gobierno del PP, seguramente ensorbecido por su mayoría absoluta, está realizando un ataque frontal a toda la sociedad en materias, de su exclusiva competencia como la reforma laboral o la de la  justicia, entre otras.

Es urgente que los partidos progresistas, y el PSOE en primer lugar, seamos capaces de ofrecer alternativas serias y fiables que nos permitan  recuperar la credibilidad pérdida el 20N, pues a pesar de los errores que se puedan haber cometido, no somos iguales.

Como decía el lema  de la manifestación del 20S: 

QUIEREN ACABAR CON TODO

Sube el Nivel de Corrupción

Llevo bastante tiempo intentando evitar escribir sobre este tema porque me resisto a admitir que España es un País corrupto, como parece desprenderse de la información persistente de los medios de comunicación, de los comentarios de muchos compañeros y amigos, de la proliferación de culebrones de Email que circulan en la red en los que se mezclan hechos, inventos y medias verdades.

Estoy cansado de que se vea casi siempre la botella medio vacía de que se enfoque cualquier cosa por el lado más negativo o de que el éxito que pueda tener cualquiera en cualquier situación se acompañe de sospechas, aunque no haya ningún motivo para ello. La sociedad se está instalando en una desconfianza y un pesimismo inaguantable.

En un articulo que publiqué en este mismo blog el pasado mes de Septiembre,  Ofensiva para debilitar nuestra democracia, explicaba las razones por las que creía que España no era un pais corrupto basándome en los datos ofrecidos por Tranparencia Internacional (TI) 2011. El informe de TI 2012 acaba de hacerse público y la posición de España es la misma que en el del año anterior, incluso mejora ligeramente pues está en el puesto 30, de 174 países con 65 puntos, en 2011 nos situábamos en el puesto nº 31 con 63 puntos. Los informes de TI se hacen utilizando 13 encuestas internacionales de reconocido prestigio, en el caso de España se han utilizado los datos de 7 de estas encuestas, por lo que la fiabilidad es bastante alta.

Con estos datos tengo que ratificarme en mi posición anterior, aunque sea minoritaria, España NO es un país corrupto. Otra cosa es que el nivel de corrupción haya subido de grado en los últimos tiempos y no haya más remedio que tomar medidas para controlarlo.

Sin duda hay que atacar a la corrupción en todas sus manifestaciones, pero es necesario decir a continuación que no todos los tipos de corrupción son iguales, como no es lo mismo robar una cartera que atracar un banco aunque seamos contrarios a ambos tipos de robo.

El nivel de corrupción que se ha descubierto en al caso Bárcenas supera todo lo conocido hasta ahora y solo acaba de empezar.

• En primer lugar el carácter institucional de la trama corrupta. No se trata de la aparición de un sinvergüenza, que puede surgir en cualquier parte, en la misma Casa Real con el Duque de Palma o en la Fundación Ideas del PSOE como en el caso Amy Martin.
• En segundo lugar por el montante de la trama. Han aflorado 22.000.000 de Euros en una cuenta en Suiza controlada por el recaudador. Si la comisión del recaudador son 22M€. ¿Cual será el valor total de lo ocultado?
• En tercer lugar por su duración. Es una trama de corrupción permanente, pues han sido 18 años, desde 1990 hasta 2008.
• En cuarto lugar por la extensión y la calidad de las personas presuntamente implicadas: la cúpula nacional del Partido Popular de varios años, incluyendo al parecer a varios ministros y al actual presidente del gobierno.
• En quinto lugar porque abarca prácticamente todos los formatos de la corrupción: Prevaricación cohecho, pago de comisiones, financiación ilegal de partidos, donaciones ilegales, ocultación de fondos en paraísos fiscales, blanqueo de dinero...

Antes del caso Bárcenas, la corrupción institucional había afectado a Ayuntamientos como Majadahonda, Las Rozas o Pozuelo, Áreas enteras de Comunidades Autónomas como Madrid, Catalunya o Andalucia, afectando incluso a presidentes autonómicos como los de Baleares o Valencia pero las connotaciones del caso Bárcenas que toca a las últimas direcciones nacionales del partido del gobierno, el PP, supera cualquier comparación.

Aunque la corrupción institucional está varios peldaños por encima de la corrupción individual, o matrimonial, no por ello son menos significativos algunos casos de corrupción individual, que afectan a instituciones muy significativas.

El caso Amy Martin, aunque limitado en su importe comparado con todos los demás, supone la estafa a una institución progresista, que tendría que ser mucho más cuidadosa, la Fundación Ideas del PSOE, que ha pecado de imprudencia e ingenuidad al poner al frente de esta institución a un personaje que barría para dentro y que acabó, junto con su mujer, justificando la estafa con una película delirante. Nos roba y luego nos quiere tomar por idiotas. Afortunadamente la reacción de partido ha sido rápida y eficaz despidiendo de forma fulminante al estafador y exigiendo la devolución de lo estafado.

Otro caso de carácter individual, o matrimonial, con un importe y una duración considerable, es el del duque de Palma que aprovechándose de su relación con la casa Real ha sangrado económicamente de forma inmisericorde a instituciones y empresas. También en este caso la reacción de la Casa Real ha sido relativamente contundente, dentro del contexto delicado de esta situación, con un apartamiento progresivo de este personaje del entorno familiar después de intentar, en este caso de forma poco eficiente, de apartarle de sus actividades delictivas.

El PP anda empeñado en un pacto anticorrupción que sea capaz de cortar de raíz la corrupción política, el PSOE debería entrar en ese pacto pero siendo consciente que su proyección es de futuro, por lo que es imprescindible que antes, sin perjuicio de las responsabilidades penales, se hayan pagado políticamente de forma eficiente, con las dimisiones ceses que fueren necesarios, las responsabilidades políticas..

La Ciudad y los Niños, premio Habitat de la ONU

La agencia de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, ONU-HABITAT, tiene el mandato de la Asamblea General de promover pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles.

ONU-HABITAT tiene 154 programas técnicos y proyectos en 61 países de todo el mundo, la mayoría de ellos en los menos desarrollados, entre los que está el Programa de Mejores Prácticas y Liderazgo Local .

Como parte de este programa, la ciudad de Dubái promueve con periodicidad bianual, un premio para las doce mejores prácticas de desarrollo urbano. Una de las propuestas premiadas por el jurado internacional, entre las 360 presentadas, ha sido: La Ciudad de los Niños, basada en la participación de los niños en la ciudad como base para la ciudadanía.

Esta propuesta es fruto del trabajo constante y sistemático de un equipo formado en el seno del Movimiento de Renovación Pedagógica Acción Educativa, que lleva muchos años trabajando directamente con los niños a los que empieza por considerar ciudadanos de pleno derecho.

Hay que felicitar a este equipo por el premio concedido, que supone un importante reconocimiento internacional por parte de Naciones Unidas cuando en España su trabajo se conoce muy poco aunque lleven ya muchos años con este programa.

El proyecto de la ciudad de los niños se basa en considerarlos ciudadanos con todos los derechos, y por tanto, contando con su opinión y pidiendo su participación.

Para ello proponen iniciativas, en colaboración con los Ayuntamientos, como la creación de los Consejos Municipales de niños, donde debaten proyectos municipales que les afectan como pueden ser la construcción y equipamiento de parques infantiles o zonas deportivas, y de paso aprenden en la práctica a discutir, dialogar, votar, y llegar a acuerdos en definitiva practican la Educación para la Ciudadanía, esa materia nefasta tan repudiada por los gobiernos del PP.

Otro programa que desarrollan es el de la escuela a pie para que los niños vayan caminando a su escuela sin miedos adicionales. Primero se diseñan con ellos las rutas más adecuadas y luego se buscan puntos de apoyo en los policías municipales y en los comercios de la zona que quieran colaborar.

Estos y otros programas se exponen públicamente, con la colaboración de los propios niños, en los encuentros que se celebran anualmente, que ya van por la séptima edición.

Este tipo de proyectos orienta la educación desde un punto de vista activo muy diferente del que, cada vez más, propone el sistema educativo español totalmente pasivo que pretende que grupos de niños cada vez más numerosos se limiten a escuchar como en la Edad Media las lecciones magistrales que les imparten sus profesores.

Un sistema educativo que está sometido además a una profunda degradación debido por un lado a los recortes presupuestarios que le están aplicando los gobiernos populares y por otro a la absurda batalla por el bilingüismo en la que nos han embarcado, que es cara, está mal planteada y es finalmente inútil y contraproducente, pues no se puede hacer bilingüe a una población a base de profesores que solo tienen nociones básicas del idioma inglés, con el coste adicional de deteriorar la enseñanza de las demás materias.

Un sistema educativo que quieren convertir en el saco sin fondo que ampare todo lo que se pierde: religión, educación vial, educación financiera, e incluso, últimamente, fiscal. Cada uno de estos temas será una asignatura con lecciones magistrales y fichas dirigidas pues no saben hacer otra cosa.

Esperemos que el reconocimiento internacional que se les ha dado en Naciones Unidas, sirva para que los Ayuntamientos, al menos los de carácter progresista, cuenten con equipos como el de La Ciudad y los Niños para mejorar la educación de nuestros hijos y hacer las ciudades más habitables para los propios niños y para los que ya no lo somos tanto.

Las puertas giratorias

La práctica de la puerta giratoria, trasvase de personajes relevantes desde la función pública al sector privado y viceversa, está siendo objeto últimamente de algunas críticas.

Esta práctica no es en si misma censurable, cuando se trata de aprovechar los valores y el talento de dirigentes valiosos que previamente han tenido una actuación relevante en uno u otro ámbito.

El paso de líderes empresariales, catedráticos universitarios, profesionales relevantes, etc., a ocupar cargos políticos suele verse de forma positiva, contraponiéndolo a la práctica, últimamente excesivamente extendida, de los profesionales de la política que acceden a puestos de responsabilidad desde muy jóvenes y sin pasar antes por una experiencia profesional.

El paso de políticos relevantes, entendiendo por tales a los Presidentes del Gobierno, Ministros, Presidentes de CC.AA, Consejeros de Gobierno Autónomo y algún caso más, a la actividad privada es juzgado en cambio con mucha severidad. El famoso problema de que hacer con los jarrones chinos que planteaba Felipe González no parece tener solución, según los supercríticos, por esta vía.

Por otro lado es bastante evidente que cuando se llama a un ex-alto cargo a formar parte de alguna gran empresa no se hace solo por su valía y experiencia, sino también por sus contactos y su capacidad de influencia. Distinguir que parte de cada elemento predomina en cada caso es una tarea casi imposible.

Por último indicar que no todo ex es un jarrón chino en el sentido que decía Felipe González, algunos ex son realmente poco valiosos y parecen botijos más que jarrones chinos, si se colocan en un puesto de representación es casi solo por su capacidad de influencia.

Hay que intentar analizar esta situación evitando la demagogia fácil, pues, como en tantas otras ocasiones, se corre el riesgo de tirar al niño junto con el agua sucia.

Empezando por los tres ex-presidentes del gobierno que tenemos actualmente, encontramos que Felipe González, que dejo el cargo en 1996, ha desempeñado diversas responsabilidades de carácter institucional en España y Unión Europea, actividades que compatibiliza actualmente con un puesto en el Consejo de Administración de Gas Natural.

J. M. Aznar mantiene su actividad política pontificando desde su fundación política, la FAES, no tiene casi ninguna proyección internacional, seguramente porque casi nadie cuenta con él. A nivel de empresas lo contrataron casi inmediatamente en el grupo Murdoch, uno de los mayores grupos mundiales de medios de comunicación, con orientación, como puede imaginarse, muy conservadora y tiene también un puesto de asesor en Endesa.

J.L. Rodríguez Zapatero se mantiene en un discreto segundo plano político ocupando el puesto que le corresponde en el Consejo de Estado.

Otros ex-ministros han seguido sendas parecidas y ocupan cargos de representación en las grandes empresas nacionales, que hasta hace poco fueron públicas, mientras que muchos otros se han retirado sin más a su vida privada.

El hecho de que ex cargos públicos ocupen puestos en los Consejos de Administración o de asesores en las grandes empresas españolas, que hasta hace poco eran públicas, es una tradición antigua y no necesariamente negativa, pues, si se hace de manera discreta, puede ser beneficiosa para las empresas españolas además de contribuir a resolver con cierta eficacia el problema de los jarrones chinos que planteaba Felipe González.

No creo por tanto que haya que rasgarse las vestiduras con la práctica de la puerta giratoria siempre que se respeten unos criterios mínimos, que no siempre se cumplen con el rigor suficiente, como el escrupuloso respeto a los dos años de espera antes de ocupar un puesto relacionado de una forma o de otra con el cargo ocupado, circunstancia que últimamente se ha incumplido en algún caso.

Debería revisarse también la compatibilidad de la pensión que reciben los ex presidentes con otros ingresos derivados de los cargos para los que son nombrados posteriormente.

Relacionados con esta práctica están algunos casos, de alguna manera similares pero no idénticos.

El nombramiento de Rodrigo Rato como asesor de Telefónica podría ser un caso habitual de puerta giratoria si no fuera por su imputación penal en el caso Bankia, por ello creo que Telefónica ha fichado más que a un ex vicepresidente del gobierno, a un ciudadano imputado por graves irregularidades financieras. Deberían haber aprendido de su experiencia con el Duque de Palma.

Otro caso reciente es el de J.J. Güemes que paso a ocupar un puesto en el Consejo de Administración de una Empresa a la que él mismo había concedido una buena parte de los servicios sanitarios privatizados durante su gestión. Sin duda habían transcurrido más de los dos años preceptivos pero la colisión de intereses era tan patente que la rápida dimisión era casi la única salida.

Debido a que aparentemente se están realizando algunos abusos en la utilización de estas practicas, la reacción inmediata de una sociedad cada vez más afectada por la crisis, y por los casos de corrupción que están aflorando en los últimos tiempos y la incapacidad de los gobiernos para salir de ella y acabar con la corrupción, es de indignación y de critica feroz y finalmente de intento de prohibición, que seguramente es imposible.

No se puede encerrar a los ex-presidentes y ex-ministros en un convento.

Derecho a Elegir y Derecho a Decidir

La Constitución Española incorpora a la sociedad civil un completo conjunto de derechos políticos: asociación, reunión, manifestación, opinión, sindicación, huelga, etc. definidos en su Titulo II.

Siendo muy importantes todos estos derechos, los más característicos en democracia son el derecho a elegir representantes y el derecho a adoptar decisiones políticas.

El derecho a elegir representantes se cumple periódicamente en todos los procesos electorales de ámbito municipal, autonómico o nacional.

El derecho a decidir es, en la mayoría de los casos, un derecho que los ciudadanos delegamos en los representantes elegidos en las elecciones, sean estas del tipo que sean, para que adopten decisiones políticas en nuestro nombre.

Pero la constitución española regula también la opción del Referéndum para que los ciudadanos podamos tomar directamente, sin la intermediación directa de nuestros representantes, decisiones políticas relevantes que afectan a cuestiones de primer orden, por medio de un Referéndum.

Estas decisiones relevantes se refieren a la modificación de determinados aspectos constitucionales, relacionados con los derechos fundamentales y con la corona, incluidos en los títulos preliminar, primero y segundo pero no incluyen el derecho a decidir sobre temas territoriales que se está demandando ahora desde Catalunya.

El titulo octavo, relativo a la organización territorial del Estado, no prevé mecanismos legales para cambiar la organización estatal una vez que han sido establecido las Comunidades Autónomas. En el titulo octavo, los artículos 148 y 151, establecen los procedimientos para la redacción y aprobación de los estatutos de autonomía, sin embargo no existe ninguna previsión para los posibles cambios territoriales una vez establecidos, es más algunos artículos incluyen restricciones a acuerdos entre comunidades. Todo indica que el legislador quería impedir cualquier facilidad para cambiar el esquema territorial del país.

• El artículo 145 prohíbe la federación de CC.AA. y limita mucho las posibilidades de colaboración entre ellas.
• El artículo 150 deja en manos del Estado todo lo referente a transferencia de competencias y permite la intervención del mismo en cualquier materia cuando lo requiera algo tan difuso como el interés general.

En definitiva, la constitución de 1978 define los requisitos necesarios para crear las Comunidades Autónomas pero no hace ninguna previsión sobre los posibles cambios que pudieran plantearse en el futuro. Las CC.AA. quedarían con su estructura "disecada", sin posibilidades de cambios territoriales.

Un ejemplo claro de estas dificultades es la situación del condado de Treviño, enclave territorial de 280 km2 y 2.000 habitantes situado dentro de la provincia de Alava pero perteneciente a Burgos. Este enclave ha solicitado en siete ocasiones su dependencia de Alava, la primera en 1.646, hace 387 años y la última en 1.998, ya con la constitución vigente. A pesar de la posición mayoritaria de los vecinos, del carácter meramente funcional del cambio y del acuerdo de los gobernantes vascos, no ha sido posible cambiar su situación administrativa.

Si La Constitución no es capaz de resolver temas menores, en términos generales no para los ciudadanos afectados, es impensable que pueda permitir el derecho a decidir en el sentido que se está pidiendo en Catalunya: la posibilidad de la separación de España del territorio catalán.

Si propugnamos un cambio constitucional en un sentido federalista, no queda más remedio que incluir en él la opción de cambios territoriales que permita, de un forma o de otra, el derecho de autodeterminación de los pueblos de España.

Utilizando una definición convencional (ref. wikipedia), el derecho de autodeterminación es el derecho de un  pueblo  a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.

La primera definición consolidada del término pueblo, está en la resolución 1541 de la XV Asamblea de Naciones Unidas en 1960, un grupo humano puede considerarse pueblo en situación colonial en función de dos criterios básicos: la separación geográfica entre la colonia y la metrópoli y la existencia de diferencias étnicas y/o culturales. En este contexto el derecho de autodeterminación se aplicaría solo a situaciones coloniales, en las que no están incluidas ni Catalunya, ni Euskadi, ni Galicia.

Pero hay definiciones más amplias del concepto pueblo, la resolución 2625 de la XXV Asamblea de Naciones Unidas (1970) define también como pueblos a aquellos grupos que poseen características que los identifican y los diferencian del resto de habitantes del Estado al que pertenecen.

Los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos, aprobados por Naciones Unidas en 1966 reconocen en su artículo primero que estos colectivos son sujetos del derecho de libre determinación, lo que es sin duda un argumento de mucho peso en favor de este derecho.

Este reconocimiento es sin embargo muy polémico, pues más del noventa por ciento de los Estados actuales son plurinacionales desde un punto de vista sociológico, por lo que la aplicación del derecho sin límites ni condiciones produciría un contexto de inestabilidad y fragmentación excesivo.

La solución generalmente aceptada recomienda aplicar a estos pueblos, lo que se denomina derecho de autodeterminación interno en toda su extensión, limitando a casos muy estrictos el ejercicio de la autodeterminación externa, la soberanía plena. En la práctica este derecho de autodeterminación interna coincidiría en España con un amplio desarrollo de la autonomía política ya existente.

Si apostamos en España por una reforma constitucional de carácter federal, como estructura final del estado autonómico y como solución política que de cabida de forma cómoda a todos los pueblos de España, habría que plantearse la inclusión del derecho o no de autodeterminación, que aunque no está generalizado en todos los estados federales, si está legislado en bastantes de ellos.

En cualquier caso y considerando que la unidad del Estado Español es un valor importante a preservar, no tiene porque ser necesariamente contradictorio con el reconocimiento del derecho a la secesión, que no tendría que ser fácil de ejercer, y que , de producirse, debiera garantizar que se hace con la garantía explicita de que la mayoría de los ciudadanos, no de los votantes, son partidarios de la separación 

Ceses y Dimisiones

En España está muy poco extendida la costumbre de presentar la dimisión cuando se han cometido errores serios de gestión o, lo que es más grave, se han producido situaciones irregulares desde el punto de vista administrativo e incluso penal.

Tampoco es muy frecuente que se cese al responsable de la mala gestión si la dimisión no se produce

La destitución del vicealcalde de Madrid, M. A. Villanueva y su posterior dimisión como concejal, la seudodimisión de ningún sitio del cacique gallego J.L. Baltar y la negativa a dimitir de sus cargos del presidente de la Unión Democrática de Catalunya(UDC), J. A. Duran Lleida, ponen en primer plano de la actualidad estos asuntos.

Aunque no soy nada fundamentalista con las dimisiones, pues considero que no es el ungüento amarillo que todo lo cura y que se abusa en demasiadas ocasiones en pedir dimisiones, si creo que en determinadas circunstancias una dimisión o un cese, a tiempo es una medida muy higiénica desde el punto de vista democrático.

El esquema es en principio sencillo: todo responsable político que cometa un error grave o se vea inmerso de forma fehaciente en una situación legal irregular, debería dimitir o ser cesado. El problema aparece cuando se intentan definir los límites de error grave o situación legal irregular.

Analicemos los últimos casos.

El cese del Sr. Villanueva era prácticamente inevitable, dado que los datos que han ido apareciendo sobre la tragedia del primero de noviembre, revelaban tal cumulo de errores, mala gestión, imprudencias, favoritismos, e irregularidades de todo tipo, que obligaban a una depuración de responsabilidades, que no se podían quedar, ni siquiera para el PP, simplemente en sacrificar una pieza menor, como el responsable del Madrid Arena, sino que tenían que ir más arriba, hasta llegar al vicealcalde, si el gobierno del Ayuntamiento de Madrid quería que el conflicto no se le fuera del todo de las manos. La dimisión posterior de M.A. Villanueva como concejal, cargo del que no le pueden cesar, es un acto complementario sin mayor trascendencia.

La pregunta que surge ahora es si es suficiente con esta destitución o es imprescindible llagar hasta la máxima autoridad municipal: la alcaldesa.

La dimisión de la alcaldesa sería el reconocimiento explícito del fracaso del gobierno municipal y el PP va resistirse a hacerlo con uñas y dientes, por otro lado las responsabilidades las tenía delegadas por lo que, en rigor, no se le puede atribuir una responsabilidad directa, lo lógico es que intenten aguantar el chaparrón con el cese de Villanueva.

El caso del cacique gallego, uno de los históricos presidentes de diputación del PP gallego, que hacía y deshacía a su antojo, es totalmente distinto.

Este personaje, que fue presidente de la diputación de Orense durante 22 años, enchufó a medio partido en ella y es ahora, cuando ya se ha jubilado, y a modo de virrey, ha cedido el cargo a su hijo, cuando se ha conseguido por fin instruir un sumario contra él, que esperemos acabe con sus huesos en la cárcel.

La dimisión en este caso es una broma pues dimite como militante del PP, lo que a los ciudadanos les importa más bien nada, y si lo que pretende como dice, es proteger al PP de las consecuencias, la broma es doble pues justamente la imputación es por favorecer de forma fraudulenta a los militantes de dicho partido. El comportamiento de este y otros presidentes de diputación es una variante, en interpretación libre, de lo que se conoce en biología como simbiosis parasitaria, por la cual el presidente se beneficia con el cargo y los militantes, que le facilitan el nombramiento, se benefician a su vez de los enchufes del presidente. La parasitada en este caso sería la sociedad gallega, que es quien paga las facturas. En estos casos el cese no es posible y la dimisión es una caricatura y solo queda el juzgado.

El último ejemplo está relacionado con el presidente de UDC, J.A. Durán Lleida, que no piensa dimitir por las responsabilidades del llamado caso Pallerols, desvío de fondos públicos de la Unión Europea por el procedimiento de que un contratista amigo (el tal Pallerols) hinchase las facturas de formación relativas a la concesión que le habían hecho previamente desde el gobierno catalán (de CiU) de la época, que finalmente acabaron financiando UDC.

Se ha producido un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio pero por el mismo UDC se ve obligada a reconocer el desvío de fondos, es decir el reconocimiento de su culpabilidad. Aunque Duran Lleida niega estar personalmente imputado, tiene responsabilidades civiles "in vigilando", que parece asumir devolviendo las cantidades desviadas, pero también políticas que requerirían la dimisión de su cargo, como por otro lado se había comprometido a hacer hace unos años, cuando el proceso estaba comenzando. La simple petición de perdón por los hechos parece una salida demasiado suave.

La circunstancia de que los hechos juzgados daten de 1994 es un indicador más de la poca de la eficiencia de la justicia española en estos casos.