El
anteproyecto de Ley, de
protección de la vida del no nacido y de los derechos de la mujer
embarazada, forma
eufemística de referirse a la derogación de la Ley de plazos de 2010 que regula el derecho al aborto, es un intento del gobierno del PP, esperemos que baldío, de ponerle puertas al campo.
Mi generación, que está llegando a la edad de jubilación, ha vivido un proceso de evolución en materia de legislación de derechos de familia y reproductivos paralelo al de la consecución de las libertades políticas.
En los años sesenta, cuando entrabamos en la adolescencia y la primera juventud, todo era pecado, los curas te controlaban desde púlpito y el confesionario y era casi imposible hacer cualquier cosa.
Poco a poco fueron apareciendo los anticonceptivos primero la píldora, difícil de conseguir porque pocos médicos las recetaban y las farmacias que las vendían lo hacían con un control total, luego los DIUs, la píldora del día después fue muy posterior.
Al mismo tiempo se fueron abriendo las costumbres, y la sociedad se fue liberando, aunque nunca totalmente, de la presión de la iglesia.
La legislación fue avanzando muy despacio, siendo los los hitos más significativos:
Poco a poco fueron apareciendo los anticonceptivos primero la píldora, difícil de conseguir porque pocos médicos las recetaban y las farmacias que las vendían lo hacían con un control total, luego los DIUs, la píldora del día después fue muy posterior.
Al mismo tiempo se fueron abriendo las costumbres, y la sociedad se fue liberando, aunque nunca totalmente, de la presión de la iglesia.
La legislación fue avanzando muy despacio, siendo los los hitos más significativos:
- Matrimonio civil (sin apostasía) 1969
- Matrimonio civil de pleno derecho 1978
- Divorcio causal, con separación previa 1981
- Divorcio "Expres" 2005
- Aborto (Ley de supuestos) 1985
- Aborto (Ley de plazos) 2010
- Matrimonio homosexual 2005
Durante la dictadura, el matrimonio civil solo estaba permitido para los no católicos con documentos formales (no bautizados o apostatas formales), con lo que en la practica, no existía.
En 1969, después de la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa, se produjo una modificación en el reglamento del Registro Civil que suavizó las condiciones y en vez de la apostasía, bastaba con una comunicación certificada al párroco del lugar para certificar tu condición de no creyente. No obstante, muchos jueces ponían todas las trabas imaginables para retrasar el matrimonio, hasta el punto que los documentos presentados caducaban y había que reiniciar el proceso varias veces. Tengo el recuerdo de tener que empadronar a una amiga en nuestro domicilio, porque el juez de nuestro barrio era algo más liberal que el del suyo, que les había rechazado la documentación para el matrimonio civil varias veces.
Solo en 1978, con la aprobación de la constitución fue posible normalizar el matrimonio civil.
La primera Ley de divorcio después de la dictadura, se aprobó en 1981. Era una Ley muy limitada que exigía un año de separación previa que a su vez, necesitaba el acuerdo mutuo o tenían que justificarse los motivos de forma muy rigurosa.
El divorcio libre solo llegó en 2005 con la llamada Ley del "divorcio exprés" que facilitaba la separación en un corto plazo, al tiempo que garantizaba los derechos de los cónyuges y de los hijos.
La Ley del aborto ha seguido un proceso similar a la del divorcio. En 1985 se aprobó una Ley de plazos, muy limitada en sus opciones pero que la sociedad española supo utilizar con provecho con una interpretación generosa del entonces llamado cuarto supuesto, peligro de la salud psíquica de la madre, que, afortunadamente, se convirtió en un autentico coladero.
Recientemente, en 2010, se aprobó la Ley de plazos, homologable con los países más avanzados, que ahora quiere derogar el gobierno.
No voy a abundar en las razones que justifican la Ley de plazos que han sido ampliamente expuestas en estos días y que comparto en su práctica totalidad. Es un debate ya agotado en el que las posiciones están claras y los que por razones religiosas, son contrarios al aborto, deberían admitir el derecho de la mayoría de los ciudadanos a practicarlo si lo consideran oportuno, pero la consideración de las creencias propias como una opción personal está muy lejos de las actitudes de los sectores ultracatolicos.
Volviendo a mi generación y a mi propia experiencia, creo que desde el punto de vista del convencimiento interno, temas como el matrimonio civil y el divorcio fueron asumidos con total naturalidad desde el principio mientras que el aborto y el matrimonio homosexual chocaban con convicciones más profundas y difíciles de erradicar, fruto de la educación religiosa que sufrimos en la infancia.
Sin embargo, ambos temas han sido finalmente asumidos por la inmensa mayoría de la sociedad española y solo los sectores más integristas se oponen a ellos, eso si de forma furibunda.
Si una generación como la mía, fuertemente lastrada por la educación religiosa de la dictadura, ha acabado asumiendo las propuestas de liberalización de costumbres.
¿Cree el Sr. Ruiz Gallardón que va a poder imponer sus medidas regresivas en materia de interrupción del embarazo unas generaciones que se han educado en otras circunstancias?
¿Cree el gobierno que pueden realmente volver a los años sesenta sin ninguna resistencia?
Los jóvenes actuales, los que nacieron en los setenta, los ochenta o los noventa, han vivido en una sociedad con una libertad de costumbres inconcebible hace no muchos años. Si nosotros teníamos que pelear por el matrimonio civil, nuestros jóvenes constituyen parejas de hecho con toda facilidad. La libertad sexual es muy amplia y en ese contexto, el uso de anticonceptivos está también muy normalizado.
El recurso al aborto en estas condiciones es la última opción si falla todo lo demás. Las mujeres deben tener derecho a abortar sin que eso sea una situación fácil para ellas. El aborto, sobre todo para jóvenes adolescentes, es siempre una decisión complicada, pero consigue evitar que un embarazo indeseado se convierta e una tragedia para toda la vida, como ha venido sucediendo hasta hace muy pocos años.
Sea cual sea el resultado final de esta ley, estoy convencido de que la sociedad de hoy sabrá encontrar la forma de evitar sus peores consecuencias hasta que se vuelva a aprobar una Ley de plazos, esperemos que pronto, que nos devuelva a la senda de la civilización.
La primera Ley de divorcio después de la dictadura, se aprobó en 1981. Era una Ley muy limitada que exigía un año de separación previa que a su vez, necesitaba el acuerdo mutuo o tenían que justificarse los motivos de forma muy rigurosa.
El divorcio libre solo llegó en 2005 con la llamada Ley del "divorcio exprés" que facilitaba la separación en un corto plazo, al tiempo que garantizaba los derechos de los cónyuges y de los hijos.
La Ley del aborto ha seguido un proceso similar a la del divorcio. En 1985 se aprobó una Ley de plazos, muy limitada en sus opciones pero que la sociedad española supo utilizar con provecho con una interpretación generosa del entonces llamado cuarto supuesto, peligro de la salud psíquica de la madre, que, afortunadamente, se convirtió en un autentico coladero.
Recientemente, en 2010, se aprobó la Ley de plazos, homologable con los países más avanzados, que ahora quiere derogar el gobierno.
No voy a abundar en las razones que justifican la Ley de plazos que han sido ampliamente expuestas en estos días y que comparto en su práctica totalidad. Es un debate ya agotado en el que las posiciones están claras y los que por razones religiosas, son contrarios al aborto, deberían admitir el derecho de la mayoría de los ciudadanos a practicarlo si lo consideran oportuno, pero la consideración de las creencias propias como una opción personal está muy lejos de las actitudes de los sectores ultracatolicos.
Volviendo a mi generación y a mi propia experiencia, creo que desde el punto de vista del convencimiento interno, temas como el matrimonio civil y el divorcio fueron asumidos con total naturalidad desde el principio mientras que el aborto y el matrimonio homosexual chocaban con convicciones más profundas y difíciles de erradicar, fruto de la educación religiosa que sufrimos en la infancia.
Sin embargo, ambos temas han sido finalmente asumidos por la inmensa mayoría de la sociedad española y solo los sectores más integristas se oponen a ellos, eso si de forma furibunda.
Si una generación como la mía, fuertemente lastrada por la educación religiosa de la dictadura, ha acabado asumiendo las propuestas de liberalización de costumbres.
¿Cree el Sr. Ruiz Gallardón que va a poder imponer sus medidas regresivas en materia de interrupción del embarazo unas generaciones que se han educado en otras circunstancias?
¿Cree el gobierno que pueden realmente volver a los años sesenta sin ninguna resistencia?
Los jóvenes actuales, los que nacieron en los setenta, los ochenta o los noventa, han vivido en una sociedad con una libertad de costumbres inconcebible hace no muchos años. Si nosotros teníamos que pelear por el matrimonio civil, nuestros jóvenes constituyen parejas de hecho con toda facilidad. La libertad sexual es muy amplia y en ese contexto, el uso de anticonceptivos está también muy normalizado.
El recurso al aborto en estas condiciones es la última opción si falla todo lo demás. Las mujeres deben tener derecho a abortar sin que eso sea una situación fácil para ellas. El aborto, sobre todo para jóvenes adolescentes, es siempre una decisión complicada, pero consigue evitar que un embarazo indeseado se convierta e una tragedia para toda la vida, como ha venido sucediendo hasta hace muy pocos años.
Sea cual sea el resultado final de esta ley, estoy convencido de que la sociedad de hoy sabrá encontrar la forma de evitar sus peores consecuencias hasta que se vuelva a aprobar una Ley de plazos, esperemos que pronto, que nos devuelva a la senda de la civilización.
