Política industrial de la defensa

La crisis, afortunadamente no consumada, de la posible pérdida de un contrato, en fase de tramitación de 5 corbetas, con Arabia Saudí ha puesto sobre la mesa las contradicciones que tiene para un país como España tener una fuerte capacidad industrial en el sector de la defensa.

En primer lugar, disponer de un soporte industrial lo más fuerte posible, forma parte importante de los planes estratégicos de la defensa de cualquier pais de las dimensiones del nuestro.

Dadas las complejidades de los sistemas de armas actuales, este soporte industrial no puede ser total, tienen que complementarse con las capacidades de otros países aliados.

Cuando un país dispone de una capacidad industrial grande en el sector defensa, tiene forzosamente que comercializar sus productos con las limitaciones intrínsecas a este sector que básicamente son dos:

• No vender a países con los que podamos tener un conflicto, países potencialmente enemigos.
• No vender a países autoritarios, no democráticos o que estén implicados en conflictos en los que no se respetan los derechos humanos.

El cumplimiento del segundo punto no es sencillo debido por un lado, a los largos periodos de gestación de muchos contratos de defensa que hace que desde que  se firma el contrato hasta que se entrega el pedido puedan pasar muchos años y las condiciones ser distintas, y por otro a los distintos criterios de los distintos gobiernos de nuestro país y a la obligación formal de respetar contratos de gobiernos anteriores.

En el caso de las 500 bombas de precisión, la ministra de defensa no debería haber dicho nada. Tal vez Alemania o Canadá puedan permitirse el lujo de arriesgar contratos pero un país mediano como el nuestro no puede poner en riesgo la actividad industrial de una región como la bahía de Cádiz.

Arabia Saudi está implicada en una guerra de religión, Chiitas contra Sunies y de liderazgo regional, Arabia contra Iran, que tiene características muy duras. Aunque unas cuantas bombas no van a ser determinantes y las bombas de precisión láser no producen efectos secundarios salvo que se definan mal los objetivos, hubiera sido mas limpio no tener que haberlas entregado y, si como parece, no había más remedio, haberlo hecho de la forma mas discreta posible.

España es el 7º país exportador de armas del mundo aunque muy alejado de las cifras de los primeros países. Según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Arabia Saudi es uno de nuestros principales clientes del que somos el tercer proveedor.

Debido a los largos plazos de tramitación y fabricación que existen en el comercio militar, hay que distinguir dos fases, la de autorización y la de ejecución.

Las cifras de los últimos años (en millones de euros) son:

Año	Autorizado	Ejecutado
2011	30,2	14
2012	48,6	21,3
2013	33,2	406
2014	69	292,8
2015	584	546
2016	154,9	192,5
2017	197	270,2

En la tabla es significativo el gran incremento de las exportaciones en los años del comienzo de la guerra del Yemen (2015), que corresponde a la gestión del gobierno del PP encabezado por M. Rajoy.

En estos años parece que han predominado los intereses comerciales sobre las políticas de no apoyar a países que están involucrados en una guerra tan cruel como la de Yemen.

En ese sentido las 400 bombas (9,2 M€) pueden considerarse como la punta del iceberg de una situación que debería rectificarse.

El nuevo gobierno socialista tiene la difícil tarea de equilibrar nuestra vocación de contribuir mas a la paz, restringiendo el envío de material militar a países en conflicto, con nuestros intereses industriales y comerciales.

La industria militar, y en particular la industria naval, tiene una larga tradición histórica en España que  parte del siglo XVI con la aparición del galeón, un buque de mayor porte y mucho mejor armado que la galera, que fue clave del dominio español en el Mediterráneo. En aquel tiempo la industria naval llegó a alcanzar dimensiones industriales realmente notables, siendo sus principales centros Barcelona, Malaga, Sicilia y Napoles. 

En época de Carlos III, siglo XVIII, se creo la red de arsenales navales y fábricas de armamento que, sin variaciones sustanciales, han llegado hasta nuestros días, a finales de este siglo XVIII, las construcciones navales se trasladaron a los arsenales en San Fernando, Ferrol y Cartagena, donde se mantienen actualmente.


Sorprende por tanto la ignorancia de algún dirigente político, en este  caso el S.G. de Podemos Pablo Echenique, que, sin despeinarse, deja caer la simpleza de que para evitar conflictos éticos, hay que desmantelar el astillero de S. Fernando y convertirlo en una industria de otras características.

 

El futuro de Cuelgamuros

En el valle de Cuelgamuros, situado en la vertiente SE de la sierra de Guadarrama, está el risco de la Nava en el que se levanta la enorme cruz de la Basílica del llamado valle de los caídos, monumento fascista  construido  por el general Franco, que, a modo de los antiguos faraones, se ha convertido en su pirámide honorífica particular.

Con la decisión de exhumar los restos del general Franco, recientemente adoptada por el gobierno en el Decreto Ley (R.D. Ley 10/2018), el futuro de Cuelgamuros debe cambiar de forma significativa. Presumiblemente, cuando no esten los restos del dictador, dejará de ser punto de atracción de fascistas y ultra-derechistas de toda índole.

R.D. Ley 10/2018

Articulo único
Se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, en los términos que se recogen a continuación.
Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 16, con la siguiente redacción: «3. En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda.»
Dos. Se añade una nueva disposición adicional sexta bis con la siguiente redacción: «Disposición adicional sexta bis. Procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de esta Ley. 1. Corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.3 de esta Ley, asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal efecto, se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artículo.

En su disposición adicional 6ª bis, el R. Decreto asegura las condiciones adecuadas de dignidad y respeto a las victimas de la guerra allí enterradas y  la obligación de exhumar y trasladar los restos del general Franco, únicos restos mortales que no pertenecen a una victima de la guerra.

En consecuencia, después de 40 años se pondrá fin a la utilización exclusiva de la basílica como monumental panteón para glorificar al dictador y se dará una digna sepultura a los más de 34.000 cuerpos, 13.000 de ellos sin identificar, almacenados en las criptas de la Basílica, que constituyen la mayor fosa común existente en España.

El hecho de que se dedique el valle a cementerio civil de los fallecidos en la guerra, no implica que todos ellos se queden en él. Es evidente que los cuerpos que sean reclamados por sus familiares, serán trasladados donde estos decidan.

Con este decreto, el gobierno resuelve los asuntos más dramáticos y urgentes relacionados con el valle, otros temas, como el uso final que se dará a las construcciones existentes, deberán definirse posteriormente.

El debate abierto sobre si el valle debe convertirse en un museo,  en un centro de memoria  o, incluso, en un símbolo de reconciliación, es secundario.

Parece imposible que el valle de los caídos, que durante cuarenta años ha sido el símbolo fascista mayor de España, se  convierta, por una decisión administrativa, en un símbolo de la reconciliación. En cuanto a su valor como posible museo de la guerra civil o centro de memoria histórica, deberá ser analizado con detalle pues es muy posible que cualquier iniciativa de ese tipo sea acogida con mucha frialdad por la ciudadanía.

En cualquier caso se abren dos procesos, uno rápido, la exhumación y traslado de los restos de Franco y otro, el diseño, construcción del cementerio civil y exhumación y traslado de los  34.000 cuerpos allí depositados, que será un proceso mucho más largo. Durante este tiempo podrá definirse con serenidad el destino final del valle.

Fiebre amarilla en Cataluña

Una epidemia de fiebre amarilla invade las calles y plazas de las ciudades catalanas, que aparecen plagadas de tiras de plástico amarillo, que acabaran en los basureros  contribuyendo, finalmente de forma innecesaria, a la contaminación de nuestros mares.

Esta primera consideración ecológica representa un daño colateral nada despreciable que están haciendo los independentistas con su campaña febril de poner lazos amarillos de plástico por toda Cataluña.

La libertad de expresión ampara su derecho a reivindicar la puesta en libertad de los que consideran sus presos políticos, pero si quieren llenar Cataluña de lazos, podrían utilizar cintas de tela que no contaminan. Si cada dos metros de cinta de plastico equivalen, aproximadamente, a una bolsa de supermercado de las que se están empezando a restringir ¿Cuantas bolsas de plástico equivalentes está produciendo esta campaña?

Como ha aclarado la Fiscal General del Estado, la libertad de expresión ampara tanto a los que ponen lazos como a los que los quitan, por ello, la "guerra de los lazos amarillos", no supone ninguna ilegalidad en si misma, otra cosa son los casos de violencia, afortunadamente pocos, que se han producido, la intervención desafortunada de los mossos de esquadra  identificando  a los que quitan los lazos o los lazos institucionales puestos por algunos Ayuntamientos.

Desde un punto de vista político, la actitud del President, animando a poner lazos y la de los lideres del PP y Cs animando a quitarlos, en el caso de A.Rivera incluso colaborabando directamente a ello, solo contribuyen a incrementar la tensión en Cataluña lo que podría llegar a alcanzar  situaciones de mayor violencia.

Previsiblemente, la fiebre amarilla se mantendrá hasta que se celebre el proceso de los ex consellers imputados, previsto para este otoño. La evolución de esta epidemia dependerá del resultado de este proceso.

En relación con este proceso, Puigdemont y los restantes consejeros huidos han interpuesto una demanda civil contra el juez Llarena en un juzgado belga. Esta demanda excede en mucho a las declaraciones del juez y critica frontalmente a la justicia española por lo que el gobierno, que en un primer momento había preferido mantenerse al  margen, tuvo que rectificar y asumir la defensa del juez. El texto de la demanda es totalmente disparatado y, además, tergiversa las supuestas declaraciones del juez por lo que hay que esperar que sea archivada y quede en nada, aunque ya ha conseguido provocar bastante ruido debido en buena parte a la torpeza del gobierno en asumir la defensa del juez.

La crisis catalana, ya peligrosa en si misma, se complica más por dos circunstancias añadidas que le dan mayor gravedad.

La primera, es la estrategia utilizada por las dos derechas españolas de utilizar Cataluña como campo de batalla preferente para dirimir su lucha por su hegemonía en España.

La segunda, es la aritmética parlamentaria existente en el Congreso de los Diputados. El gobierno necesita el apoyo de los grupos catalanes para sacar adelante sus iniciativas pero estos grupos, especialmente el PDCat, están amenazando con retirar su apoyo si el gobierno no les permite hacer un referendum de autodeterminación en Cataluña. Dada la imposibilidad de aprobar una consulta de ese tipo, no amparada por la Constitución, si el independentismo mantiene su amenaza, puede provocar la caída del ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas. 

Los independentistas tienen que ser conscientes de que sus propuestas son inasumibles, por lo que puede tatarse de un farol más de los muchos que nos tienen acostumbrados, pues a ellos no les interesa que se convoquen elecciones anticipadas en el Estado.

Es muy posible que con estas batallas se estén limitando a calentar el ambiente para la díada, el aniversario del primero de octubre o el juicio de los exconsellers, pero, dado el errático comportamiento del president Torra y su jefe Puigdemont por un lado, y la irresponsabilidad de las dos derechas españolas por otro, cualquier cosa es posible. El gobierno, aunque está actuando con la máxima prudencia, puede no ser capaz de controlarlo.

17-A Primer Aniversario

Hace un año, el 17 de Agosto de 2017, tuvieron lugar los graves atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils que causaron 16 muertos y 137 heridos.

En recuerdo y apoyo a las victimas de estos atentados, el Ayuntamiento de Barcelona ha convocado un acto conmemorativo en la plaza de Cataluña de Barcelona.

Gracias a las gestiones del presidente del Gobierno y de la alcaldesa de Barcelona, el homenaje se ha realizado con el respeto y la solemnidad debida, incluyendo la presencia de las autoridades responsables de todas las instituciones, empezando por los reyes de España.

El Sr. Torra, president de la Generalitat, cuyo oportunismo político es ya patológico, hizo todo lo posible por boicotear el acto, intentando ser consecuente con su absurda pretensión de impedir la presencia del Rey en actos oficiales en Cataluña, sin considerar de que el Rey tiene el derecho y el deber de expresar su solidaridad con las victimas y que, en todo caso, la responsabilidad del acto no era de la Generalitat sino de la alcaldía de Barcelona, que supo estar a la altura de las circunstancias.

No obstante, el President no renunció a representar su número correspondiente y convocó una manifestación de apoyo al antiguo consejero de interior J. Forn, en las puertas de la cárcel en la que está recluido. A esa manifestación solo asistieron algunos centenares de ciudadanos, lo que representa una respuesta muy baja, comparada con los centenares de miles de otras convocatorias.

Pero a las provocaciones de Torra no tardaron en responder la pareja de gemelos de la derecha española, Casado y Rivera, que reclamaron la aplicación otra vez del articulo 155 por el contenido, ciertamente provocador, del discurso del President.

Una vez más la derecha nacional pretende matar moscas a cañonazos contra las provocaciones del Sr. Torra. Afortunadamente, ni el gobierno ni el PSOE han entrado al trapo y todo ha quedado en el ruido de fondo que, lamentablemente, ya forma parte habitual de nuestro paisaje político.

Estamos teniendo un mes de Agosto políticamente muy activo y, previsiblemente, el Otoño será mucho más caliente. Las derechas nacionales están preparando la brocha gorda para  seguir atacando con el tema de Cataluña y con otros clásicos, como la inmigración, el terrorismo, la exhumación de Franco o los presupuestos de 2019. Con estos temas van a intentar dirimir su supremacía en el campo de la derecha y, en el caso del PP, levantar también una cortina de humo para tapar las investigaciones sobre el máster de su lider, que, con toda seguridad, también pasará a primer plano de la actualidad en Septiembre. Los separatistas catalanes tienen también algunas fechas claves en el próximo otoño, la diada  del 11S y el aniversario del 1 de Octubre y los procesos judiciales de sus dirigentes encarcelados y auto-exiliados.

El gobierno tiene que abordar estos asuntos con la misma prudencia e inteligencia con que lo está haciendo hasta ahora. Aunque haya mucho juego de farol en las posiciones de la oposición, también hay riesgos  reales en el tema económico y en la crisis catalana, pues la pinza entre los nacionalistas catalanes y las derechas españolistas puede hacer fracasar los esfuerzos de normalización del gobierno socialista que en este asunto, tienen muchas dificultades.

  

El PP estrena lider

Desde la elección de P. Casado como nuevo presidente del Partido Popular, se van confirmando dos cosas significativas, la primera es el fuerte giro a la derecha que está dándole a su partido, en dura competencia con Ciudadanos; la segunda es que el asunto del máster fraudulento sigue creciendo como una bola de nieve y puede convertirse en mucho mas que una tormenta de verano.

Si un giro a la derecha forma parte de la lógica política, cada partido puede definir la estrategia que considere más conveniente para sus intereses, la elección de un presidente sobre el que existen serias dudas en relación con la forma en que obtuvo sus títulos académicos, es un grave error político que puede costarles muy caro.

Un partido que acaba de perder el gobierno por una moción de censura derivada de una larga ristra de casos de corrupción, no puede presentar un candidato imputado en la trama del "negocio de másteres fraudulentos" del Instituto de Derecho Público de la  Universidad Rey Juan Cárlos (URJC), que, además, ya les había costado la presidencia de la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes, también cliente de ese negocio.

Si uno fuera conspiranoico, podría pensar que la elección de Casado forma parte de una conspiración para desprestigiar al PP e impedir su regeneración, pero no siéndolo, solo queda pensar  en una gran torpeza cometida por los responsables de dicha elección, entre los que hay que contar a Mª Dolores de Cospedal, cuyo apoyo final fue el último empujón que necesitaba P. Casado.

El procedimiento judicial abierto, por el juzgado de instrucción nº 51 de Madrid, por el caso máster de Cristina Cifuentes, mantiene investigados a la propia Cifuentes, al director del máster, a la presidenta del tribunal y a otros profesores, y a varios alumnos del grupo VIP. En el caso de P. Casado, incluido en este grupo especial, es necesaria la intervención del Tribunal Supremo (TS) por su condición de aforado para lo cual ya se han iniciado las diligencias que se esperan sean resueltas en Septiembre.

Se han detectado movimientos en el TS para buscar un magistrado más o menos afín, que pueda decidir no investigar al presidente popular, pero el tema está muy difícil por la posibilidad de que este magistrado sea recusado y porque si los demás investigados son procesados no se va a entender que el nuevo lider popular quede impune.

P. Casado lo tiene muy difícil, si le imputan tendrá que dimitir y si no lo hacen tendrá sobre él la sombra permanente de la duda que, con toda seguridad, le pasará factura en los próximos procesos electorales.

Parece, por tanto, muy posible, un nuevo relevo en la dirección del PP antes de fin de año, después de las elecciones andaluzas y para ello, ya están velando sus armas la candidata derrotada, Soraya S. de Santamaría y, seguramente, el eterno tapado, el presidente de Galicia Nuñez Feijo, si no aparecen otros candidatos en este período, que todo es posible.

Si está circunstancia se produjera, el PP tendría un retroceso significativo y dejaría campo libre, a su otro yo, Rivera, en el campo de la derecha y al PSOE en el resto del espectro político nacional.

Majadahonda y el CIS

Los dos primeros meses de gobierno socialista han supuesto un cambio importante en España que los ciudadanos han valorado positivamente en la encuesta del CIS recientemente publicada.

La comparación de la intención de voto de la encuesta del CIS, con los resultados de las últimas elecciones generales, arroja los siguientes resultados para los partidos de implantación nacional.

PARTIDO                E.GENERALES 2016              CIS AG. 2018          %RELATIVO
PP                                      28,7%                                    20,4%                     71%  (-29%)
PSOE                                 22%                                       29,9%                 135,8%  (+35%)
Ciudadanos                     13,9%                                    20,4%                 146,3%  (+46%)
U. Podemos                    20,8%                                     15,8%                       76%  (-24%)

La última columna representa la variación de cada partido en relación con sus propios resultados de 2016.

En resumen, fuertes pérdidas relativas en el PP y U.Podemos e importantes ganancias de PSOE y
Cs que configurarían un parlamento  simetrico al actual: PSOE y Podemos con la represntación aproximada que tienen ahora PP y Cs y estos en las posiciones que ahora tiene los  grupos progresistas, aunque con un mayor equilibrio entre ellos. Hay  que tener en cuenta que los datos de Cs pueden ser engañosos pues, después de las generales de 2016, habian alcanzado niveles mas altos en los sondeos, y ahora están a la baja.

Aunque el análisis no sea del todo riguroso, pues cada municipio tiene sus propias caracteristicas, es posible aplicar los incrementos relativos a los resultados municipales con lo que obtendremos al menos una indicación de por donde pueden ir las elecciones municipales, pues una buena parte del voto se decide por el contexto general de cada partido.

En Majadahonda, este ejercicio daria los siguientes resultados:

PARTIDO                E. LOCALES 2015                 % RELATIVO            ESTIMACIÓN 2019
PP                                      38,8%                                   71%  (-29%)           27,54%
PSOE                                 11,4%                              135,8%  (+35%)         15,46%
Ciudadanos                     20,3%                               146,3%  (+46%)         29,7%
IU+ Podemos                   15,9%                                     76%  (-24%)         12,56%
Centristas Maj                 5,25%                                      N/A                        N/A

Traduciendo estos resultados a concejales, tendriamoa:

PP  7; Cs  8;  PSOE  4; Pod 3; C.Maj  1; No asignados 2

He dejado dos escaños pendientes por la dificultad de asignar los últimos restos y el papel que podrian jugar los Centristas, con capacidad de recoger votos de derecha moderada y partidos como UPyD, que tuvo mucha relevancia hace 4 años y VOX que está teniendo  mucha actividad ultimaente en nuestro municipio.

Con las limitaciones apuntadas, lo mas relevante es la pérdida de votos del PP, que podría llevarles a perder incluso el primer puesto, y la subida del PSOE, que podria reforzar su posición en este Ayuntamiento.

No se pueden sacar mas conclusiones de una proyección de datos nacionales, pero si es importante ser conscientes de que los socialistas tenemos una posición mucho más favorable que en elecciones anteriores pues contamos, además, con el tirón positivo de Angel Gabilondo en la Comunidad.

Pero, para obtener un resultado óptimo en las elecciones municipales de 2019, es necesario contar con un candidato potente, una candidatura solvente y un programa solido con pretensiones y ambició de ganar. Si presentamos una candidatura sin garra, con un cabeza de lista sin carisma y vamos con una actitud derrotista, la situación positiva que tenemos ahora, y que con el actual gobierno socialista puede mejorar de forma sustancial en los proximos meses, no será suficiente.

Los negocios del Rey emérito

Hace ya muchos años que los beneficios, más o menos dudosos, de los negocios del Rey J.Carlos y sus aventuras amorosas, estaban en boca de muchos ciudadanos. En aquellos años había un respeto reverencial hacia la familia real y los rumores ni se confirmaban ni se desmentían, simplemente se propagaban y cada uno los interpretaba a su antojo.

La contribución que el Rey J.Carlos hizo  a la recuperación de la democracia en España, en momentos claves como la transición o el 23 F, ha tenido mucho que ver con la tolerancia que  la sociedad española haya podido tener con estos comportamientos poco ejemplares del anterior monarca.

En este contexto, la publicación, por dos periódicos sensacionalistas, de conversaciones relativas al cobro de comisiones por el Rey y otras actividades dudosas, no pueden sorprender a nadie.

Si tenemos en cuenta el perfil poco fiable de los periodistas que han difundido las grabaciones, P. J. Ramirez y E. Inda, y el también dudoso curriculum de los protagonistas de la grabación: el ex comisario y delincuente Villarejo, la comisionista internacional Corina y el compañero de pupitre de Aznar, J.L. Villalonga; la fiabilidad de la información es más que dscutible y seguramente, oculte segundas intenciones poco claras.

Con independencia de la fiabilidad que puedan tener los periodistas y los protagonistas de la grabación, los contenidos publicados tienen la suficiente gravedad para que puedan sospecharse indicios de posibles delitos, por lo que la investigación que ha iniciado la fiscalía es totalmente procedente. Esta investigación podría acabar llevando al procesamiento del Rey emérito, lo que tampoco sería mucha novedad después de que han pasado por los tribunales, ministros, presidentes de CC.AA., el vicepresidente 1° del  gobierno y el yerno  y la hija del propio J. Carlos I.

Una dificultad adicional es la inviolabilidad penal del Rey que indica la Constitución. La fiscalía tendrá que determinar si esa inviolabildad afecta  también a su condición de emérito, pues esa figura no se contempla en la Constitución. Ese blindaje del rey, afecte o no a su carácter de emérito es, en cualquier caso, un privilegio inadmisible que habría que retirar en el momento en que se revise la Constitución. La persona del Rey a efectos legales no puede tener más derechos que cualquier otro ciudadano.

Cuestión distinta es la procedencia o no de crear una comisión parlamentaria especifica para investigar este asunto. Se trata de analizar el papel del Rey J.Carlos en un contrato internacional  de una gran obra firmado por una empresa española y un pais extranjero cuyo Rey es amigo personal de J.Carlos. Es por tanto una operación en la que no tiene nada que ver ni el gobierno, ni el parlamento español, por lo que no hay razones para que puedan existir responsabilidades políticas.

Aunque entre las funciones del Rey figura sin duda, el apoyo a los grandes proyectos españoles en el extranjero,  eso no implica que pueda cobrar comisiones por ello por lo que, si se demuestra, puede incluir en responsabilidades penales, del mismo modo que otras informaciones inclidas en esas grabaciones, relacionades con evasión de capitales u ocultaciones fiscales. Por tanto la investigación fiscal está plenamente jusificada pero la parlamentaria es improdedente.

Detrás de la petición de la comisión de investigación se puede adivinar la nada oculta intención de poner en cuestión la monarquía, confundiendo la institución con el monarca  España es una democracia parlamentaria que, por razones históricas sobradamente conocidas, está culminada por un monarca con escasas funciones, una especie de guinda del pastel. El cambiar la guinda monarquica por una guinda republicana con parecidas funciones no cambiaría casi nada. Otra cosa sería una democracia presidencialista, tipo EE.UU., que supondria un claro retroceso de las libertades públicas al otorgar un enorme poder a una sola persona. Aunque pueda haber fallado el rey, del mismo modo que en otros paises lo han hecho presidentes electos, la monarquía parlamentaria que tenemos, nos ha dado 40 años de libertades, que es imprudente poner en riesgo.