23 F, 32 años después

El intento de golpe de Estado del Teniente Coronel Tejero es el hecho mas significativo del 23 de febrero de 1981, pero la situación previa al golpe, directamente relacionado con las causas que lo produjeron, presenta algunas analogías con la situación que vivimos en España 32 años después, a pesar de los grandes cambios sociales acaecidos en estos años.

Las diferencias están, en primer lugar, en el desarrollo económico y social alcanzado por España en los últimos treinta años y en la pertenencia a la Unión Europeas frente a un país que acababa de salir de una larga dictadura.

Otra diferencia fundamental está en la enorme actividad terrorista de aquellos años. En 1980 ETA causó, aproximadamente pues es difícil encontrar referencias exactas, un centenar de muertos, mientras que actualmente el terrorismo puede considerarse casi totalmente desaparecido, aunque queden todavía muchas heridas difíciles de restañar.

La última gran diferencia está en la actitud de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Mientras actualmente nuestras FF.AA. están totalmente integradas en la sociedad, y tienen una función admirable por su continua participación en operaciones de paz auspiciadas por Naciones Unidas y en operaciones nacionales de protección civil en incendios forestales y otras situaciones catastróficas, en los años ochenta el ejercito tenía todavía mucho poder político derivado de la etapa franquista y tenía tentaciones intervencionistas, como finalmente acabó haciendo el 23 F de 1981.

Las analogías tienen también un carácter político y social. La sociedad civil del año 1981 estaba, como ahora, convulsionada aunque por causas muy diferentes. La inflación aunque se había contenido después de los pactos de La Moncloa, alcanzaba todavía cifras superiores al 15%. La primera fase de la reconversión industrial estaba provocando fuertes protestas sindicales en sectores como el naval y el siderúrgico entre otros. El terrorismo etarra provocaba un gran malestar social que culpaba al gobierno, sobre todo los sectores más duros, de no ser suficientemente contundente, y cada entierro y cada funeral por las victimas del terrorismo suponían fuertes protestas, sobre todo de los sectores militares, todavía muy influyentes socialmente.

Políticamente, la situación era teóricamente muy favorable para la gobernabilidad del país. La UCD había ganado las primeras elecciones generales después de la Constitución por una mayoría muy confortable de 168 escaños, muy cerca de la absoluta, y también las primeras elecciones municipales de la democracia aunque sus resultados en las grandes ciudades no fueron excesivamente buenos.

Sin embargo la situación social brevemente apuntada en los párrafos anteriores causó mella en el partido que sustentaba al gobierno, la UCD, un partido con una estructura frágil por la forma como se había constituido y por la poca tradición de partidos democráticos en España. Esta fractura en el partido del gobierno supuso, de hecho, la perdida de la mayoría de Adolfo Suarez que se vio obligado a dimitir y a ceder la presidencia del gobierno a otro miembro de su partido: Leopoldo Calvo Sotelo. Como es sabido fue en la investidura de Calvo Sotelo cuando se produjo el intento de golpe de Estado.

La situación actúa se caracteriza también por una gran crisis social y política definida específicamente por la cifra de parados, que alcanza los seis millones equivalentes al 26% de los trabajadores activos, causada por la crisis económica y la explosión de la burbuja inmobiliaria, caracterizada por los recortes económicos y de derechos sociales y agravada por determinados comportamientos sociales como la actitud de la banca con los créditos y con las hipotecas y sobre todo la corrupción de ejecutivos, empresarios, personajes ligados a la realeza y algunos políticos que son finalmente el blanco de todas las miradas.

La corrupción política ha tenido en los últimos tiempos episodios de diferente naturaleza, desde actitudes meramente puntuales de algunos responsables hasta tramas organizadas que afectan a sectores enteros de algunas Administraciones Publicas.

Sin embargo la trama Gürtel-Barcenas tiene unas características y está alcanzando unas dimensiones insospechadas hasta hace poco tiempo Una trama de corrupción que lleva veinte años de actividad y afecta al núcleo dirigente del partido del gobierno, incluido su presidente, supone un salto cualitativo y supera todo lo conocido hasta el momento.

Si finalmente se demuestra que, como apuntan todos los datos, el actual presidente del gobierno ha cobrado sobresueldos en dinero negro, y ese dinero negro estaba originado, además, en comisiones ilegales de la Gürtel y otras operaciones, ese presidente debe dejar su cargo inmediatamente.

Si Adolfo Suarez pudo dimitir y dejar paso a Leopoldo Calvo Soltelo, Mariano Rajoy puede y debe hacer lo mismo y dejar su puesto a otro dirigente que no este implicado en las comisiones ilegales de Bárcenas.

Aunque el Partido Popular del año 2013 tenga una solidez mucho mayor que la UCD de los años ochenta, no puede ser inmune al desgaste que está teniendo su presidente y se verá obligado a tomar una decisión en el sentido de propiciar un cambio en el gobierno incluyendo su presidente.