Castilla y León es mas que una etapa hacia La Moncloa

El lider del PP, Pablo Casado, tiene una urgencia obsesiva por llegar cuanto antes a la presidencias del gobierno y para ello utiliza todos los medios  posibles, excepto el de ser un político competente y tener una alternativa de derechas creíble, pues para esos menesteres no está capacitado ni él ni su equipo.

La estrategia general del PP es descalificar con cualquier pretexto cualquier iniciativa del gobierno o recurrirlo ante el tribunal supremo al que lleva tres años  bloqueando su renovación.

Después de la victoria de I.D. Ayuso en la Comunidad de Madrid, el PP le ha cogido gusto al procedimiento de romper sus propias alianzas y anticipar elecciones y pretende repetirlo en otras Comunidades autónomas, ahora  en Castilla León y, si sale bien, en  Andalucía.

El origen de esta estrategia hay que buscarla en la fallida moción de censura de Murcia, presentada por Cs y PSOE en Marzo de 2021, en la que las contradicciones de Ciudadanos y las malas artes del S.G. del PP consiguieron mantener un gobierno de parches formado por PP y tránsfugas de diversos colores (VOX y Cs). Un segundo intento de moción de censura, un tanto precipitado, en Castilla y León también fracasó por la lealtad, un tanto ingenua, de Cs al PP.

El primer escalón de este movimiento fue la repetición de las elecciones en Madrid, en las que Diaz Ayuso consiguió eliminar a Ciudadanos y dejar al PSOE en situación precaria. Aunque la contundente victoria del PP en Madrid sigue sorprendiendo, no parece probable que las circunstancias que se dieron en ella sean facilmente replicables y eso garantice  la victoria en otros sitios, por otro lado la posición de  ventaja que le otorgan las encuestas de la "señorita Pepis" hechas con muy poco rigor por sus medios afines tampoco ofrecen una garantía sólida.

El PP comenzó su campaña en estas elecciones con una defensa a ultranza de las macro granjas que confundió intencionadamente como apoyo al sector ganadero. Esta posición que pretende  culpabilizar al gobierno de un supuesto abandono de la ganadería puede volvérsele en contra  porque las  macro granjas tampoco son muy bien vistas en muchas zonas rurales por los riesgos y las molestia que conllevan.

No obstante sería una simplificación reducir toda la campaña al sector ganadero y a las diatribas  tradicionales del PP contra el gobierno, pues existe un nuevo factor que seguramente tenga gran importancia en estas elecciones: Las reivindicaciones de la España vaciada.

La pérdida de población continua en la España interior afecta de forma importante a las 9 provincias castellano leonesas, que desde el año 2.000 han perdido 221.000 habitantes, el 9% de su población, mientras que en el mismo período la población española se ha incrementado en un 17%, y ello redunda en la pérdida de todo tipo de servicios tanto de gestión pública: sanidad educación, vías de transporte por carretera y ferrocarril, como de gestión privada: telecomunicaciones, servicios financieros o farmacias. Esta situación y el ejemplo histórico de los nacionalismos catalán y vasco o el mas reciente de partidos  de Valencia, Cantabria, Galicia o Teruel, ha  permitido el convencimiento de que es necesario y eficaz una actuación política directa pues, de otro modo, los grandes partidos nacionales relegan las necesidades de estos territorios a un nivel bajo de prioridad.

El programa de la España Vaciada se resume en un conjunto de reivindicaciones que pretenden dotar a la población de la España  interior, junto con una apoyo  a su desarrollo económico, industrial y y tecnológico con un nivel de servicios  similar al que tenemos los ciudadanos del resto del país. Estas reivindicaciones, presentadas en el parlamento por el diputado de Teruel existe T. Guitarte se resumen en el llamado Plan 100 30 30, que, en resumen, consiste en que todo el territorio español  debe tener 100 Mbytes simétricos de banda ancha, 30 Km. de distancia a una vía de comunicación principal y 30 minutos para acceder a los servicios básicos.

La Comunidad de Castilla y León ha estado gobernada desde 1987 (presidente J. Mª Aznar)  por el P.P. y durante estos 34 años no ha hecho mas que perder población por lo que el P.P. no parece el partido más indicado para gestionar la recuperación que necesita este territorio, la opción mas efectiva sería una alianza del PSOE con las distintas plataformas provinciales que bajo la denominación común España Vaciada  se presentan a estas elecciones.

El PSOE tiene que ser sensible a las reivindicaciones de estos colectivos, formar una alianza con ellos  y utilizar su posición en el gobierno de la nación y la coyuntura favorable del Plan de Recuperación de País  con una utilización eficaz de los fondos europeos, para impulsar su desarrollo industrial, económico  y de servicios a todos los niveles.

Las elecciones  en C y L no  pueden ni deben ser un escalón mas  en la carrera de Pablo Casado, deben ser la gran oportunidad para que despegue el  desarrollo regional

El ataque de la derecha carnívora

Desde que en junio de 2018, P. Sanchez ganó la moción de censura a M. Rajoy, la derecha considera que se le ha robado su derecho divino a gobernar y ataca continuamente de forma desesperada aprovechando cualquier pretexto.

Aunque las derechas disparan contra todo lo que se mueve, tienen tres objetivos favoritos, que luego asocian al gobierno:

• Los terroristas bildu-etarras (EH BILDU)
• Los que quieren romper España (ERC)
• Los comunistas - bolivarianos (Unidos Podemos)

Cualquier tema por pequeño o puntual que sea relacionado con estos objetivos es motivo de una bronca monumental y una descalificación absoluta. 

Hace unas semanas una familia de Canet de Mar ganó una demanda judicial al gobierno catalán en la que se reclamaba aumentar el número de  horas de clase en español para su hijo. Esta sentencia levantó una indignación enorme en los tres partidos de derechas, que la consideraron casus belli hasta tal punto que llegaron a pedir al gobierno la aplicación del articulo 155.

Aunque la sentencia es importante, pues pone en cuestión la política de inmersión lingüística de la Generalitat, su importancia política se circunscribe a Cataluña pues es su gobierno quien tiene que ejecutarla. La sentencia ha provocado en Cataluña una reacción masivamente favorable a la política de inmersión, mientras que en el sector españolista la respuesta ha sido muy minoritario. El gobierno de España  ha tenido la prudencia de mantener un perfil bajo en este asunto, limitándose  a apoyar, en terminos genéricos, la obligación de acatar y cumplir las sentencias.

El último ataque feroz de las derechas ha tenido como origen una entrevista al ministro Garzón en el periódico británico The Guardian, en ella el ministro de consumo ponía el énfasis en su preocupación  por la excesiva proliferación en España de macro granjas con criterios de producción industrial de carne que tenían un enorme impacto ambiental, además de otras consecuencias negativas. Estas afirmaciones que son compartidas totalmente por la Comisión Europea, el gobierno de España, y al menos teóricamente, por muchos gobiernos autonómicos, fueron interpretados a posteriori de forma tendenciosa y falsa como un ataque a los ganaderos españoles, a la marca España, y demostraban una vez mas lo anti patrias que son los ministros comunistas.

Este ataque de la "derecha carnívora" hubiera sido una tormenta mas en un vaso de agua si no se hubiese unido a las criticas y con los mismos argumentos, el sector socialista contrario a los pactos de la izquierda, Lamban y García Page, que han aprovechado la situación para tirar contra el ministro Garzón y el gobierno progresista de coalición, arropados, además, por dos ministras del gobierno, casualmente  aragonesa y manchega, que han sido mas leales a sus jefes autonómicos que al gobierno de España.

Esa actitud lamentable de los responsables autonómicos ha obligado al  presidente del gobierno a hacer equilibrios para evitar desautorizar claramente a su ministro o a sus compañeros de partido. Aunque la reacción de Pedro Sanchez lamentando la "polémica de las macro granjas" se ha interpretado como una crítica al ministro Garzón, podría interpretarse también como una crítica mas amplia que incluye también a los dos dirigentes autonómicos socialistas, pues no hubiera habido ninguna polémica si  no hubieran entrado al trapo de forma tan abrupta. El comentario del presidente es mas bien una posición salomónica para  evitar criticar públicamente a sus compañeros de partidos lo que hay que esperar haga en privado.

En cualquier caso hay que saludar que el tema de la necesidad de limitar la ganadería intensiva y sus efecto perniciosos se haya puesto sobre la mesa en la campaña electoral de Castilla y León  y hasta Pablo Casado ha salido, intentando confundir o confundiéndose  el mismo, a hacer campaña electoral apoyando la ganadería extensiva, exactamente la misma que defiende Garzón y el gobierno socialista.

 ¿Le volverá a salir el tiro por la culata?

La triple cara de la monarquía

Desde que  el rey J. Carlos I asumió la jefatura del Estado, en España hemos tenido tres modos distintos de entender la monarquía.

El primer modo es el de la transición y la proclamación de la constitución en 1978. En los primeros años de su reinado, Juan Carlos I tuvo una participación muy activa en la política española que contribuyó de forma decisiva a la implantación de la democracia en nuestro país después de 40 años de dictadura  franquista, 

En el intento de golpe de estado del 23F, el rey también participó activamente, aunque con una actuación contradictoria y confusa. Después del 23F J. Carlos I adquirió un perfil mas bajo y se fue convirtiendo progresivamente en un elemento decorativo de la democracia hasta llegar a serlo casi totalmente desde que Felipe VI ocupa el trono.

El papel de ser simple figura decorativa, es la segunda cara de la monarquía española y supone que el rey solo es protagonista en algunos actos marcados en el calendario, como el mensaje de Navidad, el desfile de las FF.AA, la pascua militar o los premios princesa de Asturias y en la entrega de galardones y títulos a algunos colectivos civiles y militares. En la vida política cotidiana se limita, aparentemente, a tener un papel de espectador de primera fila.

La tercera cara de la monarquía española actual es la continuación de una tradición de los Borbones desde, al menos, la época de Isabel II: su afición a utilizar sus privilegios como monarcas para su beneficio económico personal.

Desde el comienzo de su reinado se conocía esta faceta del rey Juan Carlos que finalmente, junto con su otra afición a meterse en camas ajenas, le llevó a la abdicación. Investigaciones periodistas, declaraciones de espías y policías corruptos y las investigaciones de las fiscalías suiza, británica y española, han revelado la enorme dimensión de han llegado a alcanzar los negocios privados del rey emérito.

Afortunadamente para él, la constitución del 78 le ha proporcionado un blindaje inexpugnable que ha  podido parar las actuaciones de las tres fiscalías, además, todos los gobiernos democráticos han protegido al ex monarca para evitar poner en peligro el sistema democrático apoyado en la monarquía.

Para distanciarse socialmente del escándalo,  J. Carlos I se exilio voluntariamente en  agosto de 2020  en Abu Dhabi, capital de una monarquía autoritaria en la que ha estado protegido de cualquier interferencia pública.

Una vez que los diligencias de las fiscalías se han archivado, o están a punto de hacerlo, el emérito  ha manifestado su deseo de volver a España, aparentemente como si nada hubiera pasado. Este deseo del ex rey plantea importantes problemas a la institución monárquica en un momento que debido a sus negocios y a los de su yerno Urdangarin, su grado de aceptación ha perdido muchos puntos.

La Casa Real tiene que dar muchas explicaciones a la ciudadanía sobre las actividades del anterior Jefe de Estado y sobre el papel  que va a tener en el futuro, más allá de la suspensión de "empleo y sueldo" que le aplicó el pasado año.

Además de explicaciones, la Casa Real  tendría que buscar un procedimiento para devolver al patrimonio del Estado los bienes obtenidos de forma irregular por el rey emérito.

El futuro de la monarquía en España depende en primer lugar de estas explicaciones y, en segundo término, de que se realicen cambios constitucionales que rebajen sustancialmente el fuero del Rey de forma que no sea inviolable legalmente por actividades ajenas a su función de gobierno. Una ley de la corona, que delimite con claridad las funciones y derechos del rey, también es necesaria para el mantenimiento futuro de la monarquía.

 

De cara al futuro sería conveniente avanzar hacia un modelo de monarquía próximo al de "Republica Coronada" en la que, además de tener limitado su fuero, el rey tuviera las funciones de arbitrajes propias de un presidente de republica parlamentaria.