El PP, con 136 diputados, ha sido el vencedor de las elecciones, pero esta victoria solo tiene un caracter moral pues es imposible que pueda formar gobierno, ya que su único socio Vox se ha quedado solo con 33 escaños, y la suma de los dos,169, queda muy lejos de la mayoría absoluta ya que el PP no tiene posibilidades de pactar con otros partidos debido a su extrema radicalización de los últimos años.
Desde las elecciones municipales de Mayo, el PSOE ha tenido una gran recuperación mejorando sus resultados de 2019 y alcanzando 122 escaños mientras, Sumar, a pesar de su complicado nacimiento, ha conseguido mantener el tipo y ha llegado a los 31 diputados.
El total de escaños del gobierno de progreso serían 153 pero, con el apoyo ya comprometido de los partidos nacionalistas, con la única excepción de JxC, llegarían a 172, superando al bloque de la derecha y, en consecuencia, poniéndose en condiciones de conseguir la investidura en segunda vuelta, siempre que JxC se abstenga.
En consecuencia, en este escenario el papel de JxC es determinante. Si quiere mantener la actitud de oposición absoluta que ha tenido durante esta legislatura, se enrocará y pondrá sus condiciones máximas habituales: amnistía y autodeterminación, tragándose el sapo de votar junto con el PP y VOX y acabaríamos en un nuevo proceso electoral, pero, si todavía le queda algo del "seny" catalán y del pragmatismo de su antecesora, CiU, daría una oportunidad al dialogo y se abstendría en la investidura poniendo unos requisitos qe puedan ser asumibles por el nuevo gobierno. Si se considera, además, que los resultados electorales del nacionalismo catalán el 23J han sido flojos, a JxC no parece que le convenga una convocatoria electoral inmediata., además, la situación ha cambiado para JxC pues hay mucha diferencia entre mantener continuamente sus principios fundamentales cuando, como hasta ahora, su peso era irrelevante y las proclamas fundamentalistas le salían gratis. En el nuevo parlamento su posición tiene un peso específico muy importante y sus proclamas tendrán un fuerte coste político para ellos.
Si se cumplen estas condiciones, el escenario mas probable sería un gobierno progresista 2.0, similar al de 2019, aunque con unos números más ajustados pues la derecha tiene una presencia mayor.
Un nuevo gobierno progresista previsiblemente produciría menos ruido que el actual al desaparecer del mismo los personajes más ruidosos de la etapa actual: Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique, en contraposición, la derecha mantendría, con toda seguridad, el mismo nivel de ruido, añadiendo el "argumento" de que ellos son los ganadores reales de las elecciones del 23J.
Aunque la convocatoria de nuevas elecciones o el gobierno progresista sean las dos únicas opciones posibles, el PP todavía quiere apostar contra toda lógica y contra as normas constitucionales, por la investidura de Feijóo, como si fueranos un país presidencialista y para ello, pretende que el PNV primero y después el propio PSOE, le apoyen para evitar que el PP cuente con VOX, obviando todos los insultos y calificativos que han dedicado al PSOE durante estos años.
Esta propuesta de Feijóo tiene una dosis importante de caradura, pues la hizo mientras hacía todo lo contrario en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Canarias, lo que, en términos coloquiales, se llama Ley del Embudo.
El último intento de conseguir mayoría es una reedición, corregida y aumentada del Tamayazo, esta vez proclamándolo a los cuatro vientos en vez de tener la discreción que tuvieron en Madrid en la primera versión del Tamayazo..
La propuesta de la derecha, además de absurda y tramposa, tiene otras dos connotaciones muy preocupantes:
- El PP considera que tiene el derecho divino a gobernar y, cualquier otro gobierno que no sean ellos es una anomalía que hay que erradicar y, en consecuencia, cualquier partido sea de izquierda, nacionalista o de ultra derecha tiene la obligación de apoyarles.
- Por otra parte la derecha y la ultraderecha consideran que los nacionalistas vascos y catalanes, sean de izquierdas o de derechas, son ciudadanos de segunda categoría, o, lo que es peor, ni siquiera son españoles, y por tanto no tienen derecho a participar en el gobierno de España
Hay que esperar que JxC actúe de forma constructiva y puedan tener continuidad los avances conseguidos en estos últimos cinco años..
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