Según ha anunciado reiteradamente el Presidente del Gobierno, la fecha de las elecciones generales se mantiene en Julio de 2027, aunque tal vez pueda adelantarse ligeramente algunos meses. Queda por tanto aproximadamente un año para la convocatoria electoral.
Las perspectivas electorales no son buenas para el país debido a la gran polarización que divide al electorado aproximadamente al 50%, como consecuencia de la estrategia inducida por los partidos de derechas que inevitablemente esta siendo respondida por el partido del gobierno.
En el sector progresista existe un gran temor por la posibilidad de un triunfo de una coalición PP-VOX debido al excesivo grado de derechización de VOX, al progresivo acercamiento a esas posiciones del PP y al bajo nivel político e intelectual de N. Feijoó y sus principales colaboradores: Tellado, Bendodo, Gamarra E. Muñoz y la estrella invitada I. Diaz Ayuso.
Las torpezas e incapacidad permanentes del PP, complementadas por el negacionismo total de VOX a cualquier planteamiento no solo progresista sino simplemente lógico, configuran un coctel totalmente inaceptable por muchas críticas que se puedan hacer a los errores del gobierno.
Lamentablemente, el PSOE se haya inmerso en varios procesos judiciales por corrupción, en distinto grado de evolución, que están afectando de forma importante a los socios de gobierno y al conjunto del electorado progresista.
En dos de estos procesos, los tramitados por el Tribunal Supremo, ya se ha dictado sentencia.
El caso de la condena de inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración de información realizada por él, "o por su entorno", ha sido considerado por los juristas mas prestigiosos como una aberración que hay que esperar pueda ser enmendada por el Tribunal Constitucional.
En el caso de las mascarillas, el exministro Abalos y su asesor K. García han sido condenados a durísimas penas de prisión mientras que el corruptor y principal beneficiario de la operación, ha sido tratado con suma delicadeza, seguramente para pagarle de una forma extraordinariamente generosa su colaboración con la fiscalía, que mas parece un chivatazo político lleno de falsedades. A pesar de las dificultades de recurso que tiene un caso juzgado por el TS, es previsible que los condenados presenten los recursos que puedan por violación de derechos fundamentales.
De los restantes casos hay dos, los que corresponden al hermano y la esposa del presidente del gobierno que son puro cartón piedra con una clara intencionalidad política de forzar la destitución de Pedro Sanchez.
En estado de investigación están los casos de Leire-S. Cerdá y el de Zapatero. El primero es una extraña y confusa operación, impulsada aparentemente desde la antigua secretaria de organización del PSOE, para la investigación y búsqueda de elementos comprometedores de jueces, fiscales y miembros de los cuerpos de seguridad del estado con la intención aparente de condicionar sus actuaciones.
Para caso de Zapatero se ha reabierto un expediente antiguo sobre créditos públicos a la compañía aérea Plus Ultra, concedidos como consecuencia de la pandemia. Se ha originado sobre la base unas grabaciones de muy dudosas realizados en 2021 por funcionarios de la policía de fronteras norteamericana. En este caso se ha difundido públicamente agenda de actividades y de contactos de ZP, lo que su defensa ha considerado como un intento de investigar una causa general contra el expresidente en contra de cualquier practica judicial minimamente democrática.
En todos estos casos intervienen como promotores o como parte de la acusación particular, organizaciones parafascistas como hazte oír, manos limpias y abogados cristianos, con la inevitable colaboración del PP y VOX y el apoyo de toda la Brunete mediática, lo que le da un claro contenido político en la línea de Aznar, el que pueda hacer que haga.
El partido popular también tiene algunos procesos en marcha, el mas significativo es el de la Kitchen , en el que están implicados la cúpula de seguridad del gobierno de Rajoy, Ministro de Interior, Secretario de Estado y una buena colección de los mandos policiales de la época. Este procedimiento se ha tramitado con mucho retraso y la máxima discreción evitando la implicación directa, bastante evidente según las declaraciones del tesorero Bárcenas y algunas grabaciones, del presidente del gobierno, M. Rajoy, su vicepresidenta S. S. de Santamaria y la S.G. del PP D. de Cospedal
También se están retrasando los procesos por estafa y fraude fiscal del "ciudadano particular" que convive con Ayuso y otros muchos asuntos pendientes que llevan congelados muchos años.
Este panorama judicial, que forma parte con toda probabilidad de una operación política para derribar por todos los medios al gobierno progresista, ha sido calificado por algunos solventes juristas y analistas como un intento de golpe de estado blando orientado a que el gobierno vuelva a los que consideran sus legítimos propietarios: la derecha y la extrema derecha.
Cuando el gobierno y los analistas progresistas comentan estos asuntos son acusados de practicar el "y tu mas" pues parece que no tienen derecho a defenderse.
Tienen la sartén por el mango y el mango también y no están dispuestos a soltar la presa.
Lamentablemente, esta campaña va calando poco a poco en una parte de la ciudadanía progresista, como indican algunos sondeos de opinión, no solo los habitualmente difundidos por la derecha mediática.
Es por tanto imprescindible adoptar medidas para revertir esta situación en el año que queda hasta las próximas elecciones.
Hay que utilizar de forma efectiva las herramientas que tiene el gobierno a su disposición y dar argumentos positivos al sector progresista de la sociedad española que seguramente sigue siendo mayoritario y rechaza el retroceso de décadas que supondría con total seguridad un gobierno de derechas, apoyado por la ultraderecha de VOX.
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