COVID19, Operación 8M

La coincidencia de fechas entre el 8 de Marzo, día de la mujer trabajadora y la explosión de la pandemia del coronavirus en España, explica la campaña de la derecha y la extrema derecha, apoyadas por los restos de la policía patriótica, que en su momento organizó el último ministro del interior de M. Rajoy y por algunos jueces de ideología muy conservadora, de establecer una relación causa  efecto entre ambos sucesos.

La información publicada en distintos medios permite hacer una reconstrucción, si no exacta pues, faltan algunos detalles no fundamentales, sí lo suficientemente aproximada para hacerse una idea del contenido de la operación que he bautizado como "operación 8M".

• La operación  comienza el 19 de Marzo con la denuncia de un abogado desconocido y con fama de poco escrupuloso, contra el delegado del gobierno en Madrid por prevaricación, al permitir la manifestación del 8 de Marzo cuando sipuestamente conocía que el COVID19 ya estaba activo en España.
• La denuncia toca por reparto al juzgado 51 de Madrid que abre diligencias no urgentes el 23 de Marzo, encargándoselas a la Unidad de policía judicial de la comandancia de  la Guardia Civil (G.C.) de Madrid.
• El 21 de Mayo la G.C. entrega el informe de las diligencias practicadas por el equipo instructor, un capitán y un teniente, con el nombre de operación sanitario.
• El 25 de mayo la jueza del 51 convoca al Delegado del Gobierno a declarar como imputado el 5 de Junio, primer día disponible por la paralización judicial del Estado de  Alarma.
• El 25 de Mayo el ministro G. Marlasca cesa al coronel P. de los Cobos como jefe de la comandancia de Madrid.
• El 26 de Mayo dimite el DAO de la G.C. en solidaridad con P. de los Cobos. Le faltaban solo unos días para la jubilación.
• El 27 de Mayo aparece en la prensa el informe de la operación sanitario, supuestamente secreto. 
• El 2 de junio se publica una nota interna enviada el 24 de Mayo por la D.G. de la G.C. al Secretario de Estado de  Seguridad proponiendo el cese de P. de los Cobos  por "pérdida de confianza" por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de policía judicial, con fines de conocimiento"

Desde el momento en que se conoció la destitución del coronel de los Cobos, los coros y danzas mediáticos, periodistas y tertulianos, y parlamentarios, PP, VOX y Cs, empezaron a rasgarse las vestiduras por el escándalo que según ellos suponía el intento del ministro del interior de interferir en una investigación judicial, intentando obligar a un guardia civil a revelar información secreta. El argumento se cae por su propio peso pues el coronel no podía desvelar un informe al que no tenía acceso y la obligación de informar sobre el estado  de las actuaciones le viene obligado por la negativa vigente.

Todas las protestas corales se han focalizado en las formas del cese, obviando el contenido del informe que es una autentica chapuza tan plagado de errores, manipulaciones y falsedades, que no hay por donde cogerlo.

La "operación 8M" tiene algunos detalles poco habituales que la hacen sospechosa:

• Tocó por reparto al juzgado 51, seguramente cualquier otro juzgado hubiera archivado la demanda pero el 51 era sensible a ella. Parece muy probable que el denunciante conociera los turnos de guardia de los juzgados.
• Se activaron diligencias cuando el tema era no urgente  y en condiciones de Estado de Alarma solo se podían tramitar las demandas urgentes.
• La jueza del 51 encargó las diligencias a la comandancia de la G. Civil de Madrid, cuando parecía más lógico recurrir a la policía nacional pues los hechos se produjeron en una zona urbana.
• El contenido del informe presentado no es nada objetivo, está plagado de inexactitudes y parece orientado a demostrar que hubó un delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M
• Todos los informes se filtraron a la prensa poco después de ser entregados al juzgado y sin que el ministerio del interior tuviera conocimiento de su existencia.

Todos estos datos son claros indicios de una operación preparada para imputar al Delegado del Gobierno y al propio Gobierno por la propagación del coronavirus dándole, además, un signo ideológico pues supuestamente se hizo para favorecer el acto feminista, olvidando otros acontecimientos masivos; Congreso de Vox, Partidos de fútbol, etc. que tuvieron lugar en esas mismas fechas y que la manifestación del 8M se celebró en todo el planeta, amenazado por la misma pandemia.

No es el primer intento de desestabilización del gobierno apoyándose en supuestas irregularidades: Dimisión del ministro  Maxim Huerta, tesis de Pedro Sanchez, grabaciones clandestinas a Dolores Delgado, patrimonio de Pedro Duque, caso del ministro Ábalos  con Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela...., pero está operación 8M  ha tenido una elaboración más complicada aunque su ejecución ha sido  un tanto chapucera.

El "lawfare", definido como un intento de golpe de Estado utilizando una combinación de magistrados, policías, periodistas  y políticos, que triunfó en países como Brasil, propiciando la caída de Lula da Silva y Dilma Russell o Bolivia con la destitución de Evo Morales, para dar paso a gobiernos de derechas, no parece haber tenido éxito en España, seguramente por la poca pericia de los conspiradores y, sobre todo, porque la sociedad española es mucho más madura y avanzada que las sudamericanas y, aunque existan elementos en España en esos sectores claves capaces de embarcarse en  este tipo de aventuras, nuestra sociedad en su inmensa mayoría no respalda estos movimientos.

Sin duda volverán a intentarlo con cualquier otro pretexto, para evitarlo es necesario:

1. La reestructuración de la Secretaria de Estado de Seguridad, renovando los mandos que haya que renovar, labor en la que ya está actuando el Ministro del Interior.
2. La renovación del CGPJ que lleva ya mucho tiempo en funciones con mayoría conservadora, y que es el que decide los destinos de los jueces.
3. El  cambio de estrategia del P.P., cada vez está más cerca de las posiciones y estrategias de VOX.
4. El cambio de actitud de algunos medios de comunicación, que hasta hace pocos años eran considerados como prensa progresista y que han girado hacia posiciones de derechas entrando en competencia ideológica con la "Brunete mediática 2.0", formada por ABC, La Razón, El Mundo, OK diario, la COPE ....

El punto primero es responsabilidad del gobierno que, por lo que se ha declarado, ya está actuando.

Los puntos 2, 3 y 4 dependen, en última instancia de la ciudadanía, pues con el PP actual no parece posible que se produzca un cambio de postura y es necesario que el PP cambie. Para ello, el apoyo de los ciudadanos hacia este partido tiene que reducirse significativamente para obligares a cambiar de dirigentes. Las próximas elecciones autonómicas de Euskadi y Galicia serán una oportunidad, aunque incompleta, de medir el apoyo que mantiene el PP. 

8M > Igualdad

Por segundo año consecutivo, las calles de España se han llenado con centenares de miles de mujeres y hombres reivindicando lo que cada vez es más evidente en el siglo XXI: 

MÁS IGUALDAD

Si en 2018 se batieron todos los récords de participación, este año han vuelto a pulverizarse.

Las reivindicaciones feministas del siglo XXI incluyen bajo el paraguas de la igualdad, un amplio catálogo de reivindicaciones sociales y laborales, entre las que está en primera línea, la lucha contra la violencia de género, que es una muestra lamentable de la consideración machista que algunos hombres, siempre demasiados, tienen sobre las mujeres a las que consideran prácticamente objetos de su propiedad.

La naturaleza ha concedido a la mujer el monopolio de la maternidad y esta situación, ha sido utilizada históricamente como pretexto para mantenerla en una posición secundaria. La maternidad tiene sin duda algunos condicionantes no delegables para las mujeres: El embarazo, el parto y la lactancia, pero no hay razón, más allá de la inercia social de muchos siglos, que obligue a completar estas obligaciones con la atención preferente y continua a los menores o las tareas del hogar, que son tareas totalmente compatibles y compartibles en el seno de la familia.

La atención a las nuevas generaciones no debe ser exclusiva de los padres, sino que afecta a toda la sociedad, que tiene que colaborar de una manera cada vez más intensa en los costes sociales y económicos asociados a ella. 

Del mismo modo que la sociedad pone los medios para el acceso a la educación y a la sanidad de los menores, debe hacerlo para darles la mejor atención posible de su padre y de su madre en los primeros meses de su vida. En este sentido, la igualación progresiva de los permisos de paternidad con los de maternidad, recientemente aprobada por el gobierno socialista, va en la línea de  facilitar ese derecho de los menores, al mismo tiempo que iguala los "costes" que tienen hasta ahora los permisos de maternidad para los empresarios y contribuye a la igualdad de oportunidades en la oferta de empleo.

El siglo XXI tiene que ser el siglo de la igualdad de la mujer y en ese sentido, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proclamados en la agenda 2030 de Naciones Unidas, figura en lugar preferente, junto con la lucha contra el hambre, la pobreza o el cambio climático.

Indicar por último, que la lucha por la igualdad de género ha trascendido ya hace tiempo de los foros feministas más militantes y tiene un carácter transversal reconocido por el conjunto de la sociedad pero ese carácter no le quita ni un gramo de su  valor político. La política progresista ha influido de forma decisiva en el avance del feminismo y la derecha y la iglesia, que siempre han sido un lastre para su desarrollo, empiezan ahora a sumarse al carro introduciendo matices como feminismo liberal, que tienden a descafeinar al movimiento.

Que la derecha empiece a reivindicar el movimiento es un triunfo histórico, pero no hay que permitir que lo desnaturalicen, lo integren y lo conviertan en otra cosa.