Las razones de la Infanta

La decisión del Juez Castro de volver a imputar a la Infanta Cristina, con un demoledor auto de más de 200 páginas, ha provocado un cambio táctico en la estrategia de defensa.

El abogado penalista del equipo, el supuesto experto, empieza por hacer gracietas sobre la decisión del Juez, considerando un capricho para satisfacer su ego la imputación de la infanta y anunciando que es posible que no impugnen la imputación. A continuación hace un canto al amor conyugal, bastante machista, en la que la infanta aparece  como que no se entera de nada cegada por su amor al Sr. Duque.

Finalmente aparece un comunicado en el que se anuncia el interés de la infanta por colaborar con la justicia y su voluntad de declarar de forma voluntaria, olvidando la impugnación de la primera imputación y la resistencia numantina, con movilización general de fiscales y abogados del Estado, que se hizo para pararla.

La estrategia general de la defensa no ha cambiado y coincide con la que utilizó Urdangarin en la primera fase de la instrucción: hacerse pasar por tonto y echarle todas las culpas al socio.

El avance de la instrucción ha echado por tierra esta estrategia del duque y hay que esperar, dada la contundencia del auto del juez, que tampoco le sirva a la infanta y sea finalmente procesada.

La condición de hija del Rey de la infanta Cristina y, sobre todo, el tener un cargo oficial derivado de estar en la línea de sucesión de la corona, añade gravedad a lo que sería "simplemente" un caso más de corrupción y abuso de poder de personajes significativos de la sociedad española, sean o no políticos.

En términos globales, es muy  discutible que se pueda responsabilizar directamente a un padre por el comportamiento de sus hijos/as y es entendible que un padre apoye a sus hijos en situaciones comprometidas, aunque  tengan implicaciones delictivas, pero:

¿Se puede aplicar este criterio cuando el padre es el  Jefe de Estado, sea o no Rey, de un país?
¿Que limites tendría en un caso así la defensa de la hija para que fuera compatible con las obligaciones como Jefe de Estado?

Es bastante evidente que el comportamiento en estas situaciones tiene que ser mucho más riguroso, sobre todo cuando el presunto delito se ha cometido apoyándose en la posición del padre como Jefe de Estado.

La condición monárquica de nuestro país añade un elemento más: la infanta es una potencial sucesora al trono y su marido un posible  rey consorte y no es defendible bajo ningún punto de vista tener una posible sucesora a la corona imputada, probablemente procesada y tal vez condenada por corrupción.

Como la condición de sucesora se da de un modo similar ahora, siendo la infanta hija del Rey o,  cuando se produzca la sucesión, siendo su hermana, es necesario que, a la mayor brevedad posible, se excluya a la infanta de la línea sucesoria por el procedimiento  que corresponda.

En casos de implicación por corrupción en cargos públicos, hay  abierto un debate sobre el momento en que debe producirse la dimisión o el cese, si en el momento de la imputación o en el del procesamiento, o en el de la condena. En un caso como  este  habría que ser lo más riguroso posible.

La renuncia a la sucesión puede no ser suficiente para quitarle responsabilidad a  la corona, sea con D. Juan Carlos o con D. Felipe, pero es absolutamente imprescindible.

La imputación de la infanta es un factor de riesgo para la monarquía, que vendría a constituir un problema adicional para una sociedad ya agobiada con la crisis económica y sus derivados de miseria y desempleo. 

La situación no ha cambiado sustancialmente desde hace un año, salvo que  el paso del tiempo empeora todos los problemas, por ello, el análisis básico publicado hace casi un año sobre el agotamiento de la monarquía en España, sigue estando  vigente en lo fundamental.

Claro oscuro en la Administración de Justicia

En los últimos tiempos, la justicia tiene una gran presencia en los medios de comunicación, debido a la gran cantidad de asuntos que se están dilucidando en los tribunales y a que implican a personajes muy significativos de nuestro país.

En España, la Administración de Justicia se ha caracterizado siempre por la lentitud en la instrucción de los procedimientos, de forma que pasan a veces muchos años desde que se inician hasta que se culminan con una sentencia firme. 

La popular sentencia de  "una justicia que es lenta no es justicia" está plenamente vigente en España. Las razones de esta lentitud son, probablemente, la excesiva burocracia, la falta de medios humanos y la fuerte protección garantista que tienen nuestros procedimientos penales. Los repetidos intentos de modernización de la Justicia, que se han  puesto en marcha en los últimos años, no han conseguido todavía resultados tangibles. 

Una de las consecuencias más graves de esa lentitud es que favorece a los grandes (presuntos) delincuentes que disponen de abogados hábiles capaces de exprimir el derecho procesal hasta el infinito, y consiguen retrasar años la instrucción de los procesos, las vistas y las sentencias. 

Las actuaciones de la Justicia en los últimos procesos de este tipo han sido contradictorias, como si hubiera una cierta pugna entre jueces y fiscales acomodaticios con el poder, frente a otros que intentan hacer realidad el principio de que la justicia es igual para todos.

Sobre la actuación de la Justicia se vierten algunas opiniones muy negativas y de carácter absoluto que tienden a simplificar el tema de forma muy negativa.

El análisis de algunos ejemplos de actualidad, considerando que la lentitud de la justicia es un dato inamovible, nos lleva a detectar comportamientos muy distintos y contradictorios.

La reciente imputación, esperemos que de forma definitiva, de la infanta  Cristina junto con su marido Iñaki Urdangarin; nos muestra a un juez que no se rinde, que ve los indicios de  posible responsabilidad con mucha claridad y  que a pesar de las presiones de la fiscalía y de la abogacía del Estado, que en este caso representan la otra cara de la moneda; y de que la Audiencia de Palma echó para atrás la primera imputación, ha seguido adelante.

En sentido contrario tenemos el "caso Blesa", en el que  aunque había indicios claramente  contrarios  a la gestión de este singular banquero, compañero de pupitre del presidente Aznar por mayor mérito; que llevaron al juez Silva a encarcelarle por dos veces, el proceso está paralizado y el juez de instrucción expedientado. El desarrollo de este procedimiento empieza a recordar al caso del Juez Garzón que finalmente pagó con la suspensión su forma positiva de entender la justicia.

Estos, y algunos otros casos de la actualidad, revelan, si los miramos de forma positiva, que en la Administración de Justicia hay una pugna por salir de una situación de sometimiento al poder político, que todavía tiene muchos elementos contradictorios  por lo que  sería muy conveniente que desde la sociedad se apoyará las situaciones más positivas, separando el grano de la paja, en vez de cargar siempre y de forma sistemática, contra todos los procedimientos judiciales.

Los gobernantes y sus aledaños siguen cayendo frecuentemente en la tentación de intentar utilizar la justicia como si fuera de su propiedad, aunque, afortunadamente, ya no les resulta tan fácil.

Recientemente la AVT y el portavoz del PP en el País Vaco reclamaron al juez Pedraz que prohibiera la reunión de Durango, el juez contestó de forma muy adecuada diciendo que el derecho de reunión era libre y no se podía desautorizar. No se puede prohibir una reunión de ciudadanos libres, porque ya han cumplido sus penas; porque el PP, o sus asociaciones afines, consideren  que pueda haber apología del terrorismo. Además de la miopía política que supone no darse cuenta del valor que estos actos tienen para la culminación del fin del terrorismo, es un intento de utilización de la justicia en favor de sus exclusivos planteamientos políticos.

La última moda de muchos de estos delincuentes es, una vez que han sido condenados con sentencia firme, pedir el indulto antes de ingresar en prisión; así lo han hecho Matas y Fabra, al primero ya le han concedido un aplazamiento hasta que el Consejo de Ministros decida.

¿Se atreverá Gallardón a proponer el indulto de J. Matas? Hay que esperar que la escandalera levantada indultando a un conductor suicida, sin causa justificada aunque con fuertes sospechas de tráfico de influencias, le sirva de escarmiento.

Si el PP quiere que las medidas anticorrupción tengan credibilidad, es imprescindible que todos estos personajes paguen con la prisión sus delitos.

Empiezan a caer los caciques

Hoy, después de más de diez años de instrucción, empieza el juicio contra el gran cacique de Castellón, Carlos Fabra, eterno presidente de su diputación, gran hacedor de favores de todo tipo, y asiduo acertante de la lotería con fines de blanqueo, además de impulsor de un aeropuerto, que todavía no ha tenido un solo vuelo.

Para instruir el sumario han hecho falta nueve jueces y cuatro fiscales, pues este personaje ha hecho siempre todo lo posible para promover cambios en el juzgado de Nules que retrasaran su procesamiento.

Fabra es uno de los muchos caciques de la Comunidad Valenciana que es, junto con Madrid, uno de los centros más emblemáticos de los chanchullos del Partido Popular.

El procesamiento de Fabra, que hay que esperar acabe en condena, sigue al anterior de Camps, por el caso de los trajes, aunque para el antiguo presidente del gobierno valenciano no será el último. Todavía puede ser procesado y condenado por alguno de los asuntos que tiene pendientes.

En la misma fecha que empieza el juicio de Fabra, se produce la caída del gran cacique de la política europea: Silvio Berlusconi.

Berlusconi ha sido condenado a cuatro años de carcel por el fraude fiscal de Mediaset (Telecinco) uno de los múltiples procesos que tiene abiertos el político italiano. Por peculiaridades de la justicia italiana, ampliamente manipulada por este personaje durante muchos años, esta condena no lleva necesariamente asociada la de inhabilitación de cargo público, aunque existe la posibilidad de que el Senado pueda expulsarle de su escaño y quitarle de una vez la inmunidad parlamentaria.

Al lado de Berlusconi, Carlos Fabra es un principiante. El dirigente de la derecha italiana tiene abiertos procesos por casi todo, desde corrupción de menores e incitación a la prostitución, hasta delitos económicos de todo tipo, y ha hecho toda clase de maniobras políticas para librarse de la condena.

La última operación ha sido poner en riesgo el precario gobierno italiano, fruto de un sistema electoral imposible, que el mismo impulsó para perpetuar su poder, que dificulta enormemente la solución lógica que serían las elecciones anticipadas.

La moción de confianza, presentada por el Primer Ministro italiano Enrico Letta, ha triunfado finalmente y ha contado hasta con los votos del Cavallieri que ha tenido que dar marcha atrás en su boicot, ante las deserciones que había en su propio grupo.

Lamentablemente el M5S, versión italiana del 15M, se ha vuelto a estrellar votando en contra de la moción de confianza, como si la cosa no fuera con ellos.

Tesoreros independientes

En su intervención en el Congreso de los Diputados del pasado 1 de agosto, para dar “su versión” de las cuentas del caso Bárcenas, el Presidente del Gobierno hizo algunas afirmaciones bastante sorprendentes.

La primera fue deja caer, como si fuera normal, que la administración de las cuentas del PP es cosa exclusiva de su tesorero que, abusando de la confianza en él depositada, hizo de su capa un sayo con ellas y las gestionó a su favor.

En cualquier partido político o en cualquier otro tipo de organización, la administración de las cuentas las hace el tesorero o figura equivalente, pero el presidente o el secretario general en su caso, ejerce un control directo sobre ellas y el órgano de dirección tiene conocimiento puntual de las mismas. Las cuentas nunca son responsabilidad exclusiva de un tesorero

Ninguna operación económica importante puede hacerse en ninguna organización, desde la simple Agrupación de base hasta los órganos de dirección, con la sola firma del tesorero, siempre existe un mecanismo de seguridad que garantiza la validez de la operación.

Sorprende que esta práctica tan elemental no se utilice en el Partido Popular, pues la falta de control de las cuentas, si fuera cierta, sería también de una irresponsabilidad política monumental.

Quizá mi sorpresa sea excesiva pues esta forma de llevar las cuentas no parece ser exclusiva del PP. Coincidiendo en el tiempo, por lo que ha pasado bastante desapercibido, el presidente de CDC, Artur Mas, ha justificado de forma parecida sus problemas de falta de claridad en las cuentas: exceso de confianza en el tesorero, esa coincidencia puede explicar también la sorprendente benevolencia que tuvo Duran Lleida con el Presidente del Gobierno en el debate parlamentario del 1 de Agosto.

Es posible que los socialistas seamos unos antiguos y todavía controlemos las cuentas, desde la última Agrupación de base, con procedimientos sencillos pero eficaces, por ejemplo la doble firma, que ponen fuertes trabas a las consecuencias de los “excesos de confianza” que puedan tener los tesoreros.

Relacionado con el punto anterior, hay un segundo elemento también sorprendente, el Presidente del Gobierno y del PP, desconoce cual es la situación financiera de su partido y no parece disponer de ninguna información sobre la forma en que su tesorero ha podido acumular más de 48 millones de Euros, equivalentes a 8.000.000.000 de las antiguas pesetas, procedentes presuntamente de las arcas del Partido Popular.

Se podría admitir que cualquier tesorero, y más uno con tan amplios poderes como parecía tener Luis Bárcenas, podría tener ocasión, siempre que fuera suficientemente golfo para ello, de desviar una parte de los fondos que gestiona hacia su propio patrimonio, se supone que con el suficiente cuidado para que semejante operación pasase inadvertida.

Si consideramos la hipótesis de que los fondos descubiertos en Suiza son realmente capital privado de Luis Bárcenas, producto de las “sisas” que le hizo a su partido durante veinte años.

¿Qué dimensión tiene que tener el patrimonio del PP para que el escamoteo de 48 M€ haya podido pasar inadvertido durante mucho tiempo?

¿Dónde se oculta entonces el grueso de este patrimonio?

La segunda hipótesis, seguramente la más probable, es que los fondos descubiertos en Suiza a nombre de Barcenas o sociedades patrimoniales suyas, sean de hecho la Caja B, o parte de ella, del PP.

Todo parece indicar que el modo de operar del “tesorero independiente” consistía en recoger las donaciones de los empresarios favorecidos por los concursos públicos, blanquear una parte mediante fraccionamientos o cualquier otro procedimiento, pagar en negro las facturas y sobresueldos que considerase conveniente e ingresar el resto del dinero negro en alguna de sus cuentas suizas o de cualquier otro paraíso fiscal.

¿Podía confesar Rajoy algo parecido en su comparecencia sin tener que dimitir a continuación? Seguramente no, por eso se ha limitado a reconocer algunos de los hechos “menos graves”, como su ingenuidad al confiar tanto tiempo en él, me he equivocado dijo parafraseando al Rey, aunque este reconocimiento le haga parecer un tanto bobo.

El segundo reconocimiento fue la admisión del cobro de sobresueldos por altos dirigentes del PP, como si esto fuera una práctica normal en los partidos políticos y obviando especificar si los pagos eran en blanco o en negro, dejándolo a la voluntad de la declaración fiscal a cada receptor, obviando que la obligación del pagador, en este caso el PP, es efectuar la retención fiscal correspondiente.

En los partidos de izquierdas los cargos públicos no cobran sobresueldos, pagan habitualmente una cuota adicional a la ordinaria.

Es prácticamente imposible que el asunto Bárcenas haya quedado cerrado con esta comparecencia y a la vuelta de vacaciones, si no antes, volverá de nuevo a aparecer en el escenario político.

Después de esta comparecencia se ratifica mucho más la debilidad de Rajoy y las dificultades que va a tener para acabar la legislatura como Presidente del Gobierno.