Los ex duques de Palma procesados

Hace no muchos años hubiera sido impensable que se procesase por corrupción a dos miembros de la familia real, pero hoy finalmente ha sido posible: La infanta Cristina y su marido I Urdangarin, han sido procesados por corrupción en relación con algunos negocios oscuros realizados con el gobierno de Mallorca, utilizando de forma abusiva su relación de parentesco con el Rey

Siendo muy positivo que este procesamiento haya sido realidad, no puede decirse que se haya cumplido la afirmación del Rey Felipe de que la justicia sea igual para todos, en todo caso, parece que algunos son más iguales que otros.

Como era de esperar, la infanta ha estado protegida en todo momento por la Agencia Tributaria, el abogado del Estado y el propio fiscal, de forma que solo ha sido acusada de "beneficiarse a titulo lucrativo" pues, según esta teoría,  ni participó ni se enteró de nada, siguiendo la tradición de mujer florero que inauguró la ex ministra Ana Mato, que también ha sido utilizada por los abogados  de la Infanta y admitida como buena por las magistradas. El feminismo conviene poco en estos casos, aunque se trate de mujeres bien preparadas y que ocupan puestos de responsabilidad.

Urdangarin ha sido quien ha pagado los platos rotos pero, aún así, ha habido una estrategia de limitar los daños todo lo posible, de esta forma, la condena ha sido finalmente lo más reducida posible. Los 19 años de la petición fiscal inicial, han quedado reducidos a solo 6 por un procedimiento sorprendente: Las imputaciones que tenía el ex-duque por negocios similares con la Comunidad de Valencia y el Ayuntamiento de Madrid, no se han considerado porque la parte contratante no era una institución pública sino un ente distinto, organismo o empresa publica, que, al parecer según la ley vigente en aquel momento no podía prevaricar, y por tanto esa figura no era aplicable.

Ese curioso argumento no fue tenido en cuenta ni por el fiscal, ni por el juez instructor en los tres años de tramitación y aparece a última hora para liberar al ex duque de las dos terceras partes de su condena. Habría que esperar que el fiscal recurriera este hecho, pero dado que la fiscalía es jerárquica y el fiscal general fue en su momento el autor en una sentencia de ese precedente hay que ponerlo en duda.

No cabe duda de que el ex-duque va a recurrir la sentencia y ahí se verá si la condena se le rebaja aun mas. Habría que confiar que cuando se resuelva el recurso el Sr. Urdangarin acabe una temporada en prisión que, aunque se atenúe por todos los beneficios penitenciaron habidos y por haber, servirá de indicador de que algo está cambiando en nuestro país para que un familiar del rey,  acabe pasando una temporada en prisión. De todos modos un buen aviso para navegantes.

Las razones de la Infanta

La decisión del Juez Castro de volver a imputar a la Infanta Cristina, con un demoledor auto de más de 200 páginas, ha provocado un cambio táctico en la estrategia de defensa.

El abogado penalista del equipo, el supuesto experto, empieza por hacer gracietas sobre la decisión del Juez, considerando un capricho para satisfacer su ego la imputación de la infanta y anunciando que es posible que no impugnen la imputación. A continuación hace un canto al amor conyugal, bastante machista, en la que la infanta aparece  como que no se entera de nada cegada por su amor al Sr. Duque.

Finalmente aparece un comunicado en el que se anuncia el interés de la infanta por colaborar con la justicia y su voluntad de declarar de forma voluntaria, olvidando la impugnación de la primera imputación y la resistencia numantina, con movilización general de fiscales y abogados del Estado, que se hizo para pararla.

La estrategia general de la defensa no ha cambiado y coincide con la que utilizó Urdangarin en la primera fase de la instrucción: hacerse pasar por tonto y echarle todas las culpas al socio.

El avance de la instrucción ha echado por tierra esta estrategia del duque y hay que esperar, dada la contundencia del auto del juez, que tampoco le sirva a la infanta y sea finalmente procesada.

La condición de hija del Rey de la infanta Cristina y, sobre todo, el tener un cargo oficial derivado de estar en la línea de sucesión de la corona, añade gravedad a lo que sería "simplemente" un caso más de corrupción y abuso de poder de personajes significativos de la sociedad española, sean o no políticos.

En términos globales, es muy  discutible que se pueda responsabilizar directamente a un padre por el comportamiento de sus hijos/as y es entendible que un padre apoye a sus hijos en situaciones comprometidas, aunque  tengan implicaciones delictivas, pero:

¿Se puede aplicar este criterio cuando el padre es el  Jefe de Estado, sea o no Rey, de un país?
¿Que limites tendría en un caso así la defensa de la hija para que fuera compatible con las obligaciones como Jefe de Estado?

Es bastante evidente que el comportamiento en estas situaciones tiene que ser mucho más riguroso, sobre todo cuando el presunto delito se ha cometido apoyándose en la posición del padre como Jefe de Estado.

La condición monárquica de nuestro país añade un elemento más: la infanta es una potencial sucesora al trono y su marido un posible  rey consorte y no es defendible bajo ningún punto de vista tener una posible sucesora a la corona imputada, probablemente procesada y tal vez condenada por corrupción.

Como la condición de sucesora se da de un modo similar ahora, siendo la infanta hija del Rey o,  cuando se produzca la sucesión, siendo su hermana, es necesario que, a la mayor brevedad posible, se excluya a la infanta de la línea sucesoria por el procedimiento  que corresponda.

En casos de implicación por corrupción en cargos públicos, hay  abierto un debate sobre el momento en que debe producirse la dimisión o el cese, si en el momento de la imputación o en el del procesamiento, o en el de la condena. En un caso como  este  habría que ser lo más riguroso posible.

La renuncia a la sucesión puede no ser suficiente para quitarle responsabilidad a  la corona, sea con D. Juan Carlos o con D. Felipe, pero es absolutamente imprescindible.

La imputación de la infanta es un factor de riesgo para la monarquía, que vendría a constituir un problema adicional para una sociedad ya agobiada con la crisis económica y sus derivados de miseria y desempleo. 

La situación no ha cambiado sustancialmente desde hace un año, salvo que  el paso del tiempo empeora todos los problemas, por ello, el análisis básico publicado hace casi un año sobre el agotamiento de la monarquía en España, sigue estando  vigente en lo fundamental.