El
intento de golpe de Estado del Teniente Coronel Tejero es el hecho mas
significativo del 23 de febrero de 1981, pero la situación previa al golpe,
directamente relacionado con las causas que lo produjeron, presenta algunas analogías con la
situación que vivimos en España 32 años después, a pesar de los grandes
cambios sociales acaecidos en estos años.
Las
diferencias están, en primer lugar, en el desarrollo económico y social alcanzado
por España en los últimos treinta años y en la pertenencia a la Unión Europeas
frente a un país que acababa de salir de una larga dictadura.
Otra
diferencia fundamental está en la enorme actividad terrorista de aquellos años.
En 1980 ETA causó, aproximadamente pues es difícil encontrar referencias
exactas, un centenar de muertos, mientras que actualmente el terrorismo
puede considerarse casi totalmente desaparecido, aunque queden todavía
muchas heridas difíciles de restañar.
La
última gran diferencia está en la actitud de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Mientras actualmente nuestras FF.AA. están totalmente integradas
en la sociedad, y tienen una función admirable por su continua participación
en operaciones de paz auspiciadas por Naciones Unidas y en operaciones
nacionales de protección civil en incendios forestales y otras situaciones
catastróficas, en los años ochenta el ejercito tenía todavía mucho poder
político derivado de la etapa franquista y tenía tentaciones intervencionistas, como
finalmente acabó haciendo el 23 F de 1981.
Las
analogías tienen también un carácter político y social. La sociedad civil del año 1981
estaba, como ahora, convulsionada aunque por causas muy diferentes. La inflación
aunque se había contenido después de los pactos de La Moncloa, alcanzaba todavía
cifras superiores al 15%. La primera fase de la reconversión industrial
estaba provocando fuertes protestas sindicales en sectores como el naval y el siderúrgico
entre otros. El terrorismo etarra provocaba un gran malestar social que
culpaba al gobierno, sobre todo los sectores más duros, de no ser
suficientemente contundente, y cada entierro y cada funeral por las victimas
del terrorismo suponían fuertes protestas, sobre todo de los sectores
militares, todavía muy influyentes socialmente.
Políticamente,
la situación era teóricamente muy favorable para la gobernabilidad del país. La
UCD había ganado las primeras elecciones generales después de la
Constitución por una mayoría muy confortable de 168 escaños, muy cerca de la
absoluta, y también las primeras elecciones
municipales de la democracia aunque sus resultados en las grandes
ciudades no fueron excesivamente buenos.
Sin
embargo la situación social brevemente apuntada en los párrafos anteriores causó
mella en el partido que sustentaba al gobierno, la UCD, un partido con una
estructura frágil por la forma como se había constituido y por la poca
tradición de partidos democráticos en España. Esta fractura en el partido del
gobierno supuso, de hecho, la perdida de la mayoría de Adolfo Suarez que se vio obligado
a dimitir y a ceder la presidencia del gobierno a otro miembro de su
partido: Leopoldo Calvo Sotelo. Como es sabido fue en la investidura de Calvo
Sotelo cuando se produjo el intento de golpe de Estado.
La
situación actúa se caracteriza también por una gran crisis social y política definida
específicamente por la cifra de parados, que alcanza los seis millones
equivalentes al 26% de los trabajadores activos, causada por la
crisis económica y la explosión de la burbuja inmobiliaria, caracterizada
por los recortes económicos y de derechos sociales y agravada por determinados
comportamientos sociales como la actitud de la banca con los créditos y
con las hipotecas y sobre todo la corrupción de ejecutivos, empresarios,
personajes ligados a la realeza y algunos políticos que son finalmente el
blanco de todas las miradas.
La
corrupción política ha tenido en los últimos tiempos episodios de diferente
naturaleza, desde actitudes meramente puntuales de algunos responsables hasta tramas
organizadas que afectan a sectores enteros de algunas Administraciones
Publicas.
Sin
embargo la trama Gürtel-Barcenas tiene unas características y está alcanzando
unas dimensiones insospechadas hasta hace poco tiempo Una trama de
corrupción que lleva veinte años de actividad y afecta al núcleo dirigente del partido
del gobierno, incluido su presidente, supone un salto cualitativo y
supera todo lo conocido hasta el momento.
Si
finalmente se demuestra que, como apuntan todos los datos, el actual presidente
del gobierno ha cobrado sobresueldos en dinero negro, y ese dinero negro estaba
originado, además, en comisiones ilegales de la Gürtel y otras operaciones, ese
presidente debe dejar su cargo inmediatamente.
Si
Adolfo Suarez pudo dimitir y dejar paso a Leopoldo Calvo Soltelo, Mariano
Rajoy puede y debe hacer lo mismo y dejar su puesto a otro dirigente
que no este implicado en las comisiones ilegales de Bárcenas.
Aunque
el
Partido Popular del año 2013 tenga una solidez mucho mayor que la UCD
de los años ochenta, no puede ser inmune al desgaste que está
teniendo su presidente y se verá obligado a tomar una decisión en el
sentido de propiciar un cambio en el gobierno incluyendo su presidente.