La
corrupción política que se ha instalado en España en el último
decenio, ha adquirido unos limites considerables hasta el punto de
que se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación de la
ciudadanía.
Lamentablemente,
el grado de corrupción existente es bastante más que un asunto
puntual, se trata de tramas organizadas que forzosamente tienen que
tener muchas complicidades en altos niveles de las administraciones
públicas afectadas y, por consiguiente, en los partidos políticos
que las sustentan. Muchos ciudadanos consideran que la corrupción es
generalizada y afecta a todas las instituciones del país, aunque no
comparto esa opinión si creo que la situación es extremadamente
grave.
Los
partidos políticos más significativos tienen sus propias tramas de
corrupción: En el PP, Gurtel, Barcenas, Palma Arena, Galicia..., en
CiU, el Palau, las comisiones históricas del 3%, los negocios de la
familia Pujol y ahora aparecen las cuentas en Suiza que propio Jordi
Pujol ha tenido ocultas durante más de 30 años. Pero no solo es la
derecha la que está inmersa en tramas de corrupción, el PSOE, para
vergüenza de los que somos socialistas, aparece también con la
estafa de los ERES de Andalucía y, más recientemente, con el fraude
de los fondos de formación en los que está implicado un antiguo
Consejero de Empleo de la propia Junta y su familia.
En
estas condiciones, debería aplicarse la norma bíblica de “el
que este libre de pecado que tire la primera piedra”, sin
embargo no es así, todos los partidos practican el irresponsable
deporte de tirarse piedras entre si, cuando sale la corrupción del
adversario y dar excusas de mal pagador como la proclamación de su
inocencia, la declaración de que la imputación no representa
culpabilidad, u otras parecidas, cuando aparecen temas de corrupción
propios.
La
corrupción implica en muchas ocasiones responsabilidades penales,
que deben tratarse en los juzgados, pero en prácticamente todas
ellas, existen responsabilidades políticas que tienen que resolverse
en el seno de los propios partidos.
Simplificando
el análisis, distinguiría tres niveles de corrupción:
El
alto cargo o dirigente político que se beneficia en provecho propio
de concursos o subvenciones públicas.
El
alto cargo que facilita la concesión de concursos o subvenciones en
beneficio de terceros.
El
dirigente que aunque ni se beneficie ni participe directamente en la
aprobación del gasto público correspondiente, tiene conocimiento
del mismo y no lo denuncia ni hace nada para evitarlo.
Estas
tres situaciones, con sus múltiples variantes, pueden tener o no
consecuencias penales pero siempre tienen responsabilidades
políticas.
Existiría
un cuarto supuesto, que no considero por inverosímil, sería lo que
podría llamarse supuesto “Infanta Cristina o Ministra Ana Mato”
consistente en que el dirigente declara que no se ha enterado
realmente de lo que está pasando. Si esto fuera cierto, como declara
la Infanta en relación con los negocios del duque o la Ministra con
los coches de lujo de su marido, no merecería ocupar un cargo
público y las responsabilidades políticas habría que exigírselas
a aquellos que los nombraron.
Las
propuestas de regeneración que los partidos han presentado se
limitan, en el mejor de los casos, a intentar regular problemas
importantes pero secundarios, como las puertas giratorias o la
transparencia, cuando para atacar los principales casos de
corrupción, bastaría con aplicar las leyes existentes ya que no hay
nada que permita robar a las Administraciones públicas o ser
cómplice de los robos de otros. En el peor caso, el PP utiliza la
necesidad de regeneración de la vida pública para promover cambios
en la ley electoral, que no responden a ningún problema existente y
solo favorecen sus propios intereses.
En
definitiva, los partidos deben demostrar una auténtica voluntad de
regeneración, pidiendo responsabilidades políticas en su propias
filas y limpiando los casos existentes que consiste en retirar la
confianza a los cargos públicos afectados, sean quienes sean,
exigiéndoles su dimisión e imponiendoles las sanciones
correspondientes, expulsión incluida. Las sanciones penales, si
existieran, correrían por cuenta de los jueces, a los que los
partidos deberían prestar su máxima colaboración.
La
asunción de responsabilidades tendría que completarse con los
cambios regulatorios que fueran necesarios, entre los que debería
figurar el dar mayor poder de control a la oposición que muchas
veces tiene dificultades en fiscalizar las acciones de gobierno. En
los Ayuntamientos, por ejemplo, existen habitualmente un número
excesivo de competencias delegadas en la Comisión de Gobierno y en
la Alcaldía que dificultan el trabajo de control de la oposición.
La
propuesta “regeneradora” del PP de posibilitar alcaldías sin
mayoría absoluta, reforzarían las posibilidades de concentración
de poder en los alcaldes y por tanto, daría más facilidades a la
corrupción.
La
“autodepuración” de los partidos tendría indudables costes
políticos que en la situación actual podrían ser compensados por
los beneficios que supondría para la democracia, y por consiguiente
para los propios partidos, una regeneración creíble que superará
la “prueba del algodón” de la ciudadanía, devolviéndole la
confianza en la política y en los políticos.
El
momento para hacer este movimiento puede ser adecuado por varias
razones.
En
primer lugar el desprestigio de los políticos, agravado por la
crisis económica, es tan alto, que poco más se podría perder
reconociendo, y corrigiendo, lo que casi todo el mundo denuncia.
En
segundo lugar la imputación de un personaje, que hasta ahora ha sido
considerado honorable más allá de los títulos oficiales y la alta
probabilidad de que dos ex-presidentes socialistas lo sean también,
junto con la ya antigua imputación de los tres últimos tesoreros
del PP y del yerno, ahora cuñado, del Rey, hacen que los
principales partidos, PP, PSOE y CiU y la propia Casa Real, estén
obligados a tomar medidas efectivas que incluyan a las personas
implicadas.
Para
la Casa Real y para el PSOE, el momento también es oportuno por el
reciente cambio de responsabilidades. La entronización del nuevo Rey
y el reciente relevo en la secretaría general del PSOE federal y el
cambio en la S.G. del PSA, sucedido hace menos de un año,
constituyen una buena oportunidad de iniciar una cuenta nueva,
preferiblemente sin ningún borrón.
