¿Quien controla a los jueces?

En un Estado democrático los jueces  deben ser los máximos garantes del cumplimiento de las leyes, como último eslabón de la cadena de garantías de la sociedad.

Sin embargo, sentencias como la de "La Manada" y votos particulares como el del magistrado de Navarra que pedía su absolución, ponen en duda esta afirmación. Por ello la sentencia ha suscitado el rechazo generalizado de una buena parte de la sociedad española

La pregunta, de difícil respuesta  ¿Quien controla a los controladores?, en este caso ¿Quien controla  a los jueces?, es totalmente pertinente.

Como el derecho no es una ciencia exacta, el sistema judicial tiene un esquema de recursos sucesivos por el que tribunales de orden superior pueden reformar las sentencias. Por otro lado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) controla la actuación de los jueces desde un punto de vista meramente administrativo, pero no tienen capacidad de entrar en el contenido de las sentencias.

El rechazo que la sociedad  española está expresando contra esta sentencia, nos indica que la percepción social de estos delitos está a mucha distancia de la que ha tenido el tribunal que los ha juzgado.

La sola mención por el ministro de justicia, aunque lo haya hecho de forma inadecuada, de que el magistrado del voto particular pudiera tener algún "problema singular", ha despertado las iras de todas las asociaciones judiciales, tanto progresistas como conservadoras, por el atrevimiento del ministro de inmiscuirse en sus ámbitos exclusivos. Esta protesta, que tiene claros tintes corporativos, pretende que no se investiguen las circunstancias que han llevado a esta sentencia y a este voto particular.

Los recursos judiciales pueden acabar poniendo las cosas en su sitio y condenar a la manada por violación y agresión, pero los magistrados que han formado este tribunal y, especialmente, el autor de  tan lamentable voto particular, seguirán juzgando como si nada hubiera pasado los casos que se puedan presentar.

Si, por ejemplo, a un ingeniero se le cae un puente,  a un arquitecto un edificio, o se sospecha mala praxis en un médico se abre una investigación para analizar las causas y exigir responsabilidades que pueden acabar con su inhabilitación. A un juez parece que no, sea cual sea el resultado de los recursos, el juez seguirá  formando parte de los tribunales.

Se intenta explicar el fallo por dos razones que, aunque válidas, no llegan a explicar el fondo del tema.

La primera es la antigüedad y falta de concreción del articulo del código penal, el articulo 178 que tipifica  la agresión sexual habla de la utilización de "violencia o intimidación", considerar si el ataque de cinco individuos a una mujer encerrándola en un portal es o no violencia forma parte  de la interpretación del juez. Muchos juristas defienden que con la redacción actual  se podría haber condenado por violación y no por abuso, en cualquier caso la modificación de este articulo parece que sería conveniente.

La segunda razón es la escasa educación de los jueces en estas materias. Siendo positivo mejorar su formación, sorprende que cuando la sociedad española ha evolucionado positivamente en este tema en las últimas décadas, como demuestra la  gran movilización existente en protesta por esta sentencia, los jueces de Navarra parecen estar en otra época y no se han enterado de nada, deben haber vivido en Marte

Es necesario que la sociedad este protegida frente a estos lamentables criterios judiciales, para ello el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, debe dotarse de las competencias necesarias para poder valorar sentencias como las de la manada y adoptar las medidas disciplinarias necesarias.

La sociedad del siglo XXI no puede tener jueces del siglo XIX  y carecer de mecanismos de  corrección de situaciones como la de esta sentencia.

Presupuestos y pensiones

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), creado en 1978 a raíz de los pactos de la Moncloa  es el organismo encargado de la la administración del sistema de pensiones.

Sus fuentes de ingresos fundamentales son dos, la principal, las cotizaciones de empresarios y trabajadores,  corresponden  al concepto de salarios diferidos de los trabajadores. En segundo lugar están las aportaciones del Estado, dedicadas a complementos de mínimos y a pensiones no contributivas.

Este esquema implica que los ingresos de los pensionistas son sufragados exclusivamente con las cuotas de los trabajadores activos, en un modelo de solidaridad intergenaracional. A causa de la disminución relativa del número de cotizantes sobre el número de pensionistas, este modelo está llegando a sus limites. El incremento del paro por un lado y el aumento de la esperanza de vida por otro,  contribuyen también al agotamiento del modelo. Por último, la precarización de los salarios y los contratos abusivos disminuyen todavía mas esta relación.

Para evitar el agotamiento del sistema de financiación hay dos salidas, una  reducir la cuantía de las pensiones, que es la que el gobierno adoptó en 2013 modificando los parámetros de revalorización de las pensiones de forma que es prácticamente imposible que se sobrepase el mínimo del 0,25 % anual, y reduciendo la cuantía de las nuevas pensiones, introduciendo el llamado factor de sostenibilidad en el método de calculo que es una forma de reducir su cuantía a largo plazo.

La segunda salida es mantener la revalorización de las pensiones complementando su financiación con recursos obtenidos de los presupuestos del Estado, como se hace en otros países avanzados de la Unión Europea. No es obligatorio que las pensiones contributivas se financien exclusivamente con las cotizaciones.

Si durante los años anteriores la reducción de las pensiones ha sido relativamente poco significativa debido a la baja inflación, este último año, con el inicio de la recuperación económica, la inflación ha subido y el deterioro de las pensiones empieza  a ser apreciable.

Las fuertes movilizaciones de los pensionistas han conseguido cambiar la actitud del gobierno, en una primera fase intentaron subir solo a viudas y pensiones mínimas, con la clara intención de dividir a los jubilados y reducir sus movilizaciones. Finalmente el PNV fue sensible a la presión y condicionó su  imprescindible apoyo a los PGE a que se subiesen las pensiones de acuerdo con el IPC en los años 2018 y 2019 y se aplazase la puesta en marcha del factor  de sostenibilidad hasta el año 2023. Esta solución responde a corto plazo, al 100 por 100 de las principales reivindicaciones de los pensionistas, pero deja el interrogante sobre el modelo futuro del sistema de pensiones.

A largo plazo sigue todavía la espada de Damocles de las siguientes revisiones y del factor de sostenibilidad. Es necesario garantizar para el futuro las revisiones según el IPC y anular el factor de sostenibilidad  y para conseguirlo, la herramienta que hay que utilizar no es otra que el Pacto de Toledo que lleva demasiado tiempo desactivado.

Un sector del movimiento de pensionistas se ha venido arriba con este triunfo, y aprovecha la coyuntura para pedir que los valores mínimos de las pensiones alcancen valores superiores incluso  en casi  un 50% al SMI. Desconfían también del Pacto de Toledo como cauce para asegurar el futuro de las pensiones.

Esta posición puede llegar a ser poco realista, los pensionistas hemos ganado una batalla muy importante y la siguiente es  consolidar para el futuro lo que hemos ganado para estos dos años. Una huida hacia adelante puede estallarnos en la cara y hacernos perder apoyo social.

Por otro lado, muchos pensionistas están teniendo que soportar cargas económicas de sus familiares que, en rigor, no les corresponden pues los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores tendrían que mejorar a corto plazo para que sean suficientes para poder afrontar de forma completa todas sus necesidades sin necesidad de tener que pedir apoyo a sus abuelos. La batalla social que ya están empezando a librar los sindicatos de clase deben tener como resultado una subida generalizada de salarios y una mejora de la negociación colectiva, que, de rebote, aliviara la presión económica osbre los pensionistas.

Desde un punto de vista político, los pensionistas tendríamos que analizar los planteamientos sociales de los partidos de la derecha española. El PP intentando engañarnos y dividirnos y Ciudadanos ignorando totalmente nuestras reivindicaciones.

Entre los partidos que finalmente van a apoyar los presupuestos,  solo el PNV  ha estado a la altura de las circunstancias siendo sensible a las movilizaciones. Confío en que se respeten los pactos y que la actualización de las pensiones llegue finalmente a buen puerto con los presupuestos.

Listas electorales

Aunque todavía falta más de un año para las elecciones municipales y autonómicas, algunos partidos, seguramente aplicándose el refrán de "al que madruga Dios le ayuda" ya están empezando a elaborar sus listas.

El pistoletazo de salida lo ha dado Cs con la propuesta-espectáculo de ofrecer la cabeza de lista por Barcelona al antiguo primer ministro francés, Manuel Valls, haciendo valer su origen barcelonés y obviando sus recientes fracasos en su propio país.

Esta estrategia de poner un candidato reclamo, aunque no tenga ningun arraigo en la ciudad, tiene el riesgo de dejar la candidatura descabezada si, el  supercandidato no logra el objetivo ser alcalde y dimite tras perder las elecciones. Los socialistas madrileños tenemos amargas experiencias con supercandidatos como Trinidad Jimenez o Miguel Sebastian.

El cabeza de lista de una candidatura tiene que cumplir dos condiciones: ser politicamente sólido y tener el compromiso de permanecer en el puesto toda la legislatura, si además tiene un nombre conocido que pueda atraer al electorado, mejor. El hecho que sea mujer o varón o tenga más o menos años son factores de relevancia relativa que no deben condicionar la elección.  Pero no basta con la capacidad y solidez del cabeza de lista, es necesario disponer también de un equipo solvente capaz de llevar el día a día de un Ayuntamiento en sus múltiples facetas, el ejempla madrileño de Manuela Carmena, una alcaldesa muy solida y brillante, acompañada de un equipo muy mediocre, obligada por tanto a pasar buena parte de su tiempo deshaciendo entuertos y rectificando errores.

Los métodos de confección de las listas electorales favorecen estas situaciones. Aunqie poco a poco se van imponiendo las primarias para elegir al cabeza de lista, con censo cerrado porque los partidos no se deciden todavía a hacerlas abiertas. Por el contrario, los miembros de la lista siguen nombrándose en oscuras comisiones electorales en las que dirimen sus diferencias los distintos lobbies internos que existen en todos los partidos y cuyos resultados son manifiestamente mejorables a la vista de la cantidad de representantes poco competentes que acaban formando parte de las instituciones. Los partidos tienen que modificar sus métodos de selección de representantes para que los criterios de mérito y capacidad,predominen sobre los de capacidad de influencia y número de amigos, en la selección de candidatos.

Uno de los lugares en los que se prevé una interesante batalla es la Comunidad de Madrid. La forzada dimisión de Cristina Cifuentes, ha dejado descabezado al PP, que parece quiere recurrir a algun miembro destacado del gobierno para tapar el hueco, Podemos ya ha designado como candidato a Iñigo Errejon,  quizá su dirigente mas solvente. Cs parece que quiere importar y parachutar en Madrid otro supercandidato similar al de Barcelona. Frente a este equipo de figuras importadas, ajenas hasta ahora a la Comunidad de Madrid, el PSOE dispone de un candidato especialmente solvente que, además, conoce perfectamente la institución pues, este si, ha aguantado cuatro años en la oposición. Esperemos que los socialistas madrileños, al menos por esta vez, dejemos de buscar a parientes, amigos y conocidos de unos y de otros y somos capaces de configurar una candidatura competente a la Asamblea de Madrid, que apoye eficientemente a Ángel Gabilondo.

Daños colaterales del master de C. Cifuentes

El máster fraudulento obtenido por la todavía presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, con métodos reprobables que incluyen el tráfico de influencias y la falsificación de documentos públicos con la connivencia de algún departamento de la URJC y que con toda probabilidad le va a costar la presidencia y, seguramente, su carrera política, sea por su dimisión forzada o a consecuencia de la moción de censura socialista, está teniendo otras consecuencias, daños colaterales, que también tienen bastante trascendencia.

Uno de estos daños colaterales es la mala imagen de la URJC ha adquirido y que deberá tener consecuencias en su administración y gestión como se ha indicado en un articulo anterior.

El segundo daño colateral es el afloramiento una vez más de una mala práctica que parece está bastante extendida desde la época de Luis Roldán, que consiste en engordar los curricula con títulos de grado o de postgrado que no se poseen.

El Partido Popular, en su intento desesperado de defender a su presidenta, ha puesto en marcha el ventilador y ha denunciado la existencia en todos los partidos de la oposición, PSOE, Cs y Podemos de curricula falsos, obviando el hecho de que en el PP también existen, seguramente en grado mucho mayor que en otros partidos.

Lamentablemente, este comportamiento se ha convertido en costumbre entre algunos representantes públicos de todos los partidos políticos, tanto de los antiguos, PSOE y PP, como de los nuevos Cs y Podemos que se autoproclamaban los máximos regeneradores de la vida pública.

Aunque los casos de curriculos hinchados no son todos iguales, unos son antiguos y corregidos hace mucho tiempo mientras que otros han estado a la vista hasta ahora y, seguramente, habrá alguno que todavía no se haya corregido, todos tienen la misma componente de engaño a los ciudadanos que no es tolerable en una sociedad democrática. 

Está mala práctica, que aunque seguramente no constituya delito y está muy alejada de las trampas y falsificaciones de Cristina Cifuentes, contribuye de forma muy negativa a la credibilidad de nuestros representantes públicos de la que últimamente no andan sobrados.

Erradicar esta costumbre no parece ser una tarea muy difícil, bastaría de que en primer lugar figure expresamente en los códigos éticos de los partidos políticos siendo además necesario un control externo:  Certificación por los servicios jurídicos de los Parlamentos, nacional y regionales, y de los Ayuntamientos, de los títulos acreditados antes de que se publiquen.

Si cuando se solicita un puesto de trabajo en cualquier empresa o se concurre a una oposición pública, se pide que se acrediten los títulos que se poseen, del mismo modo debería pedirse esta acreditación a los representantes públicos pues, lamentablemente, en muchos casos, su palabra no parece ser suficiente. 

Censura a una época

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) de la Asamblea de Madrid ha presentado una moción de censura contra Cristina Cifuentes (CC), presidenta de la Comunidad, a causa del master  fraudulento  que ha conseguido utilizando influencias ilegales, con la colaboración  de algunos profesores y directivos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La prensa progresista (eldiario.es) y la posterior investigación que se vio obligada a hacer la URJC, han aportado datos incuestionables sobre el fraude cometido y han demostrado de forma indiscutible que C. Cifuentes nunca cursó ese master, ni presentó la memoria final del mismo.

La moción del GPS ha obligado a posicionarse a los otros grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Podemos ha manifestado  su acuerdo con la moción, en principio sin condiciones que la puedan dificultar. El PP, que contra toda evidencia sigue negando el caso, parece decidido a resistir aunque todo indica que esa resistencia no durará demasiado. Siguiendo su costumbre ha intentado alguna maniobra sucia como matar al mensajero o poner en marcha el ventilador, acusando a otros representantes de otros grupos. Cs es quien tiene la papeleta más difícil de resolver, por un lado, si no consigue que CC dimita, incumple lo que ha sido hasta ahora su bandera más firme, no apoyar ningún gobierno que tenga indicios de corrupción y el caso de CC  atenta directamente a uno de los puntos clave de su pacto de gobierno, por otro lado, si apoya la moción, marca un giro a la izquierda que le dificulta su estrategia de ser la alternativa al PP, es decir la nueva referencia de la derecha, en Madrid y en todo el territorio nacional. Su primer intento, crear una comisión ad-hoc, fue torpeado por el PP que pretendía convertir esa comisión en una de carácter general que diluyera el tema del master de CC.

Aunque lo mas probable es que el PP acabe cediendo y deje caer a CC, la posibilidad de que Angel Gabilondo pueda ser presidente, abre un nuevo tiempo y hace visible una alternativa diferente tras los 23 años consecutivos de gobierno del PP, que empezaron con Ruiz Gallardón en Junio de 1995,  siguieron con Esperanza Aguirre (EA) en 2003, tras el tamallazo,  Ignacio Gonzalez (IG) en 2012 y culminaron con Cristina Cifuentes que ahora está a punto de ser expulsada. Un bonito poker de ases que ha ido degradando de forma continua la Comunidad de Madrid.

La moción de censura presentada más que a CC, es a toda una época de  mal gobierno que se disparó con EA, alcanzó sus mayores cotas con IG y esperemos que culmine con la regeneradora frustrada CC.

Angel Gabilondo aparece en este contexto como la gran esperanza para la comunidad madrileña, aunque de momento se presente con un programa provisional de perfil bajo que pueda tener el consenso de Cs y Podemos, que debe servir  para corregir algunas de las mayores barbaridades cometidas en este período que espero que termine pronto.

Un "daño colateral" de esta crisis ha sido el descubrimiento dentro de la URJC, de una estructura mafiosa de compra venta de títulos y otras influencias, que ha sido permitida y potenciada por los gobiernos del PP, con una lista  creciente de  altos cargos y otros enchufados que han tenido grandes facilidades para conseguir los títulos universitarios que adornan sus curricula. Hay que esperar que la propia investigación de la URJC y la de la fiscalía sean capaces de poner orden en esta universidad.

Desbandada nacionalista

El procesamiento por el Tribunal Supremo (TS) de 25 dirigentes independentistas catalanes, 13 de ellos por el delito de rebelión,  ha desconcertado a los partidos independentista.

Al grito de sálvese quien pueda, dirigentes de los partidos nacionalistas catalanes han iniciado una desbandada que se manifiesta de diversas formas.

Esta segunda desbandada, la primera la protagonizaron el president y algunos de sus consejeros cuando se aplicó el articulo 155,  la inició  el breve pre candidato a la presidencia Jordi Sanchez, que renunció a su candidatura justo antes de su supuesta investidura, para intentar obtener una decisión más favorable del juez Llanera. 

Para cubrir esta baja, que como viene siendo habitual en el mundo independentista se hizo sin aviso pevio, los nacionalistas intentaron, por la vía exprés, la investidura de otro candidato también imputado, Jordi Turull, con la intención de que al día siguiente el TS se viera en la tesitura de tener que encarcelar a un president electo, con lo que el victimismo endémico subiría algunos puntos más. La maniobra salió mal porque la CUP no quiso apoyar a un candidato con un curriculum muy ligado al periodo mas negro de Convergencia i Unio.

El procesamiento de los 25 dirigentes fue también el motivo de la desbandada de tres diputados más, que renunciaron a su acta y una de ellas, la S.G. de ERC, tomó además el camino del exilio. Por supuesto siguiendo el método ya habitual de no avisar a nadie y dejar a sus compañeros perplejos.

El proceso de desmantelamiento del nacionalismo se incrementó  con  la detención en Alemania del ex president Puigdemont al que la citación del juez Llanera pilló de gira por los países nórdicos, en los que estaba promocionando internacionalmente el procés en algunas universidades de segundo orden. Su intento de evitar la euro-orden, volviendo por un camino alternativo, no consiguió despistar a la policía que le detuvo en Alemania donde las condiciones para la extradición parecen ser favorables que en Bélgica. Le salió el tiro por la culata.

El balance final en el parlament después de estos acontecimientos  es:

• 8 parlamentarios nacionalistas dimitidos.
• 4 parlamentarios nacionalistas encarcelados.
• 2 parlamentarios nacionalistas fugados.
• 1 parlamentario nacionalista en libertad provisional.

Es muy probable que los siete diputados no dimitidos sean inhabilitados en poco tiempo.

Después de la desbandada la primera reacción del nacionalismo ha sido, una vez más, la huida hacia adelante, volviendo a plantear de nuevo la investidura imposible de C. Puigdemont, J. Sanchez o J. Turrull. Hay que suponer que el presidente del parlament parará esta iniciativa para evitar nuevos procesamientos y todo quedará en los derechos simbólicos aprobados  el día de la no investidura.

Este vodevil parlamentario está acompañado de acciones en la calle más de "guerrilla urbana" de los CDR, tipo corte de carreteras con neumáticos ardiendo, que de grandes manifestaciones, que en un contexto de violencia callejera son más difíciles de convocar con el nivel de asistencia que tuvieron las anteriores.

La pregunta sobre que salida tiene a corto plazo la situación  catalana, solo tiene  una respuesta si  los nacionalistas no quieren la repetición de elecciones:

Dimisión de los siete parlamentarios procesados por personas sin cargos penales, con lo que el nacionalismo recuperaría la mayoría sin tener que contar con la CUP y propuesta de un nuevo president que pueda  constituir un gobierno efectivo.

Los intentos, tímidos por otro lado, del PSC por una parte y los Comunes por otra,  de buscar soluciones transversales, han tenido muy poco eco en las filas nacionalistas pues el ambiente no está para esos experimentos. Tal vez a largo plazo, cuando se tranquilicen las aguas, pueda plantearse alguna opción en ese sentido.

La estrategia política que siga ese, casi seguro, gobierno nacionalista, continuar con el procés o aparcarlo y dedicarse a gobernar y a tender puentes con otras fuerzas catalanas y estatales, determinará la vida política catalana de los próximos años.

Tienen hasta mediados de Mayo para tomar una decisión, aunque es muy probable que agoten el plazo hasta ese limite y, entretanto, sigan mareando la perdiz, con declaraciones, manifestaciones, cortes de carretera, etc.

Vanidad curricular

Hace 50 años, en mi época de estudiante universitario, solo había dos opciones de titulación: la licenciatura y el doctorado, no había, salvo contadas excepciones muy especificas,  ningún máster que pudiera complementar tus conocimientos.

La inmensa mayoría de los universitarios nos conformábamos con obtener una licenciatura, solo unos cuantos, habitualmente porque querían dedicarse a la docencia o a la investigación, optaban por seguir los cursos de doctorado. 

En los últimos años ha aparecido una gran oferta de títulos de master para completar los estudios de grado (la antigua licenciatura). Las razones de esta oferta son variadas y de distinto tipo.

• La diversidad de conocimientos que no se pueden abarcar en una licenciatura típica.
• La necesidad de mejorar el curriculum para obtener mejores ofertas de empleo.
• La búsqueda de financiación por las universidades publicas y privadas.

Si se presenta un titulo universitario o un master en una oferta de empleo o en una oposición, se tiene que presentar también la documentación que acredita que han realizado los correspondientes estudios pero si, como parece cada vez mas frecuente en algunos responsables políticos, el interés del titulo es solo adornar el curriculum, puede caerse en la tentación de auto adjudicarse un titulo que no se posee pensando que nadie se va a tomar la molestia de comprobarlo.

El primer caso que tuvo notoriedad fue el de Luis Roldan, que antes de que empezaran sus aventuras por el mundo con el dinero robado, se adjudicó en su curriculum un titulo de Ingeniero Industrial que nunca había obtenido.

Recientemente el periódico Infolibre publicaba algunos casos de personajes relevantes que  habían engordado su curriculum con titulaciones que no poseían.

No es facil descubrir estos engaños, si no se filtra la información por algún medio, un chivatazo, normalmente de "fuego amigo" originado en las propias filas. En alguna otra ocasión, "por la boca muere el pez" como fue el caso de un responsable político local que, después de tener publicado durante varios años que poseía un titulo universitario, confesó en una entrevista de prensa que no ha terminado sus estudios.

El caso de Cristina Cifuentes, que todas las informaciones apuntan a que es una falsedad, no es por tanto en si mismo extraordinario aunque si lo es  el hecho de que no se haya limitado a inventarse el master sino que, además, parece que ha contado con la complicidad de algunas autoridades académicas de la Universidad Rey Juan Carlos y eso es mucho más que un engaño, es un fraude y quizá un delito que, de no dar explicaciones convincentes debe acabar con su dimisión, arrastrando de paso a sus cómplices académicos.