Investiduras funcionales

Habitualmente, la investidura de un candidato, tanto en el parlamento español, como en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos,  se realiza con los votos favorables de sus partidarios y los contrarios de sus oponentes, con algunas abstenciones de otros partidos que apoyan de manera indirecta al  candidato. Últimamente, esta situación está dejando paso a otros modelos más complejos y menos claros.

En 2016 el candidato popular, Mariano Rajoy,  que tenía dificultades en obtener la mayoría para ser investido presidente del gobierno, pidió, y finalmente obtuvo, el apoyo del PSOE para alcanzar la presidencia, argumentando como razón evitar una posible nueva convocatoria electoral. Este atípico apoyo de la gestora socialista, tuvo como consecuencia la renuncia al escaño de Pedro Sanchez, cuya postura popularizada por el lema de "No es No", fue decisiva para su reelección como secretario general del partido.

Esa situación excepcional de 2016, vuelve ahora  con nuevo vigor en la nueva investidura del presidente del gobierno y de los presidentes de algunas comunidades autónomas.

No deja de ser sorprendente la insistencia de P. Sanchez en  pedir la abstención de la derecha. Si el objetivo fuera demostrar que los razonamientos de PP y Cs se invierten según las circunstancias, ya está conseguido, pero se insiste en demasía cuando los aliados naturales, los mismos que apoyaron la moción de censura, pueden constituir una mayoría suficiente. La obstinación de intentar prescindir del apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos no es otra cosa que aceptar las tesis de la derecha nacionalista. En relación con los independentistas catalanes el PSOE ha actuado siempre de forma correcta, tendiendo la mano para llegar a un acuerdo, respetando los limites constitucionales, al mismo tiempo que no se dudo en aplicar el articulo 155 cuando se consideró necesario. En relación con Bildu, al que se insiste en mantener en cuarentena, hay que recordar que hace ya diez años que el gobierno socialista de R. Zapatero negoció con los representantes de ETA el fin del terrorismo y que Bildu es mucho más que el sucesor de Herri Batasuna, pues incluye también militantes de Eusko Alkartasuna, escisión del PNV, de Alternatiba, originada en Izquierda Unida y de Aralar que nunca han tenido nada que ver con ETA. El tener los apoyos nacionalistas, aunque sea por la vía de la abstención puede facilitar las acciones posteriores en relación con  la crisis catalana y, en todo caso, si la situación se complicara cuando salga la sentencia, será el momento de adoptar las medidas oportunas. Como dice "el cholo" hay que ir partido a partido.

El problema de la investidura de P. Sanchez como presidente del gobierno no está en los nacionalistas sino en la insistencia de Pablo Iglesias en ser vicepresidente del gobierno, aspiración que está fuera de toda lógica tanto por la diferencia de los resultados electorales como por el riesgo de que el gobierno tenga dos cabezas.

El esquema de "investidura funcional" está siendo utilizado también en algunas autonomías, en este caso con mayorías de derechas, como Murcia y Madrid.

La cínica posición de Cs en relación con Vox, queriendo su apoyo sin aceptar un reconocimiento explicito de la existencia de un acuerdo con el partido ultra, les ha llevado a proponer una abstención del PSOE en los parlamentos de Murcia y Navarra, alegando que de esa manera se evitara la entrada de Vox en los gobiernos. Esa posición, que ya se verá hasta donde llega, ha llevado de momento a rechazar la investidura del candidato del PP en Murcia y a proponer una sesión de investidura sin candidato en Madrid.

Otro intento, en principio fallido, de hacer una investidura funcional, ha tenido lugar en Navarra donde la derecha foralista ha intentado evitar la candidatura del PSN por el procedimiento de rasgarse las vestiduras porque necesita la abstención de Bildu, que tiene una presencia importante de 8 parlamentarios. El PSN ha mantenido su candidatura a pesar de las fuertes  presiones que ha tenido desde Ferraz. Afortunadamente, la percepción de Bildu no es la misma  en Navarra o en Euskadi que en Madrid.

Hay que tener en cuenta que en el parlamento español, entre catalanes y vascos, hay 32 parlamentarios nacionalistas, casi un 10% de la cámara, que no se pueden ignorar sistemáticamente y menos cuando el parlamento está tan fragmentado como el español.  

La triple derecha marca territorio en Madrid

La triple derecha que gobierna Madrid: la derechita cobarde, la veleta naranja y la que va a caballo; no ha conseguido todavía ponerse de acuerdo sobre que es un gobierno municipal y quienes deben formar parte de él, pero eso no ha sido obstáculo para que empiecen a tomar medidas contundentes sobre algunos temas de fuerte carácter ideológico que la malvada Carmena había puesto en marcha.

La primera audaz y firme decisión, ha sido poner fin a la intolerable campaña que el equipo de gobierno anterior había diseñado para  la semana del orgullo LGTBI.

¿Como podía tolerarse que,  para conmemorar el 50 aniversario de las protestas de  "Stone Wall Inn" que la campaña homenajease a los más mayores con frases inadmisibles como:

• Nuestro Mayor Orgullo
• Quienes se mantuvieron firmes
• Quienes levantaron nuestros derechos

y otras similares del mismo estilo.

Era necesario  censurar esa  atroz campaña y se ha hecho de forma contundente, retirando las banderolas que tenían estos eslóganes.

Del mismo modo, era impresentable que la bandera Arco Iris estuviera en el centro de la fachada municipal, el gobierno de derechas en una atrevida decisión, la ha desplazado a su sitio: unos cuantos metros al lateral y en su lugar, ha colocado una enorme bandera española, justo debajo de la institucional que ondea habitualmente. Dos banderas españolas una debajo de la otra, parece un tanto redundante, pero no importa, más vale que sobre...

Estás contundentes medidas indican la fuerza que tiene la conmemoración del Orgullo a la que la triple derecha solo ha podido limitar con medidas ridículas que solo sirven para insultar a los colectivos convocantes.

La segunda gran medida de impacto de la triple derecha ha sido  dar una moratoria de 3 meses a las multas de Madrid Central.

Esta moratoria debería ser imprescindible para evaluar el impacto de Madrid Central en la ciudad pues el gobierno de Carmena, que promulgó la ordenanza hace siete meses, solo ha tenido 3,5 de prueba y otros tanto de aplicación práctica y, lógicamente, no es suficiente si tenemos en cuenta, además, la poca capacidad de la izquierda de sacar conclusiones. Volver al comienzo de la campaña y perder tres meses más parece  imprescindible  para que la derecha, que es quien sabe, saque las conclusiones pertinentes.

Lamentablemente, un reducido grupo de madrileños, unos 40.000 aproximadamente, no compartimos las  justas medidas adoptadas por el nuevo gobierno municipal y, desafiando las altas temperatura del día mas caluroso del año, hemos salido a protestar contra la moratoria decretada.

Es muy posible que en Septiembre, al final de la moratoria, volvamos otra vez pues no somos capaces de comprender las justas razones del nuevo gobierno municipal.

La lenta investidura de P. Sanchez

Los resultados de las elecciones generales del 28A permitían pronosticar una investidura relativamente fácil  para Pedro Sanchez:

• El PSOE obtuvo 123 escaños
• U.Podemos, aunque recibió un fuerte  castigo, todavía mantiene una representación de 42 diputados.
• Con estos resultados, mas los dos diputados regionalistas de Cantabria y Valencia, y la previsible incorporación del PNV, podría sumarse una mayoría simple de 173 diputados, suficiente para una investidura en segunda vuelta.
• Los tres partidos de derechas con Navarra más y Coalición Canaria, solo suman 151 escaños.
• El resto, los 26 representantes de los nacionalistas catalanes y Bildu, irían previsiblemente a la abstención.

¿Que ha pasado para que, después de dos meses, esta investidura todavía no se haya producido, y España siga sin gobierno?

En primer lugar, Pablo Iglesias, que ha tenido un doble y fuerte descalabro electoral, quiere fortalecer su posición proponiendo un  gobierno de coalición  en el que pretende ser vicepresidente, una repetición con menos "performance", pero el mismo sentido, que el intento de 2016 cuando presentó a su medio gobierno en una rueda de prensa, mientras P. Sanchez estaba todavía en consultas con el Rey

Como respuesta al órdago podemíta, el presidente del gobierno y sus asesores de cabecera, han entrado en una larga jugada táctica con un posible doble propósito, un tanto confuso: explorar las posibilidades de una abstención de la derecha para facilitar la investidura y presionar  al mismo tiempo a Podemos para que se apee del órdago. La maniobra no ha tenido éxito, la derecha sigue en su voto negativo y P. Iglesias ha intensificado su órdago.

Por otro lado se comprende mal que P. Sanchez, que en  2016 acuño el lema "No es No" y dimitió como diputado para evitar apoyar al gobierno de Rajoy, utilice ahora los mismos argumentos para pedir la abstención de las derechas.

Es evidente que existe un plan B de algunos poderes fácticos para evitar un gobierno de izquierdas y sustituirlo por un gobierno PSOE-Cs y parece que alguien en Moncloa está favoreciendo esa maniobra, sin darse cuenta de que es imposible, aunque Cs esté empezando a desangrarse perdiendo algunos de sus cuadros mas relevantes.

El persistente órdago Podemíta favorece también esta operación pues lo que pretende P. Iglesias, con buena parte de ego, es un gobierno bicéfalo en el que él se atribuye el papel de segunda cabeza que, en determinadas circunstancias, podría  tener la tentación, nada extraña en un personaje como Iglesias, de actuar por su cuenta desde esa supuesta  vicepresidencia.

Un gobierno tiene que ser un equipo de trabajo solvente y homogéneo y no puede permitirse versos sueltos en puestos de vicepresidente.

La oferta de P. Sanchez de puestos de segundo nivel, Secretarías de Estado y Direcciones Generales, es un buen comienzo que debería ser suficiente para satisfacer las aspiraciones de Podemos y que, en el transcurso de las negociaciones, podría extenderse a algún ministerio que tendría que ser ocupado por alguna persona con el perfil adecuado. Un ministro tiene que dedicarse a atender el departamento que se le asigne y no puede estar en temas de política general. Por este motivo difícilmente puede ser ministro P. Iglesias cuyo papel, como lider de su partido, debería ser ocuparse de la política general, cosa que desde el gobierno, solo puede hacer su presidente sin rivalidades internas.

Finalmente el presidente del gobierno ha decidido presentarse a la investidura en los primeros días de Julio, con o sin acuerdo con Podemos. Es la última oportunidad para que P. Iglesias apague el farol, no repita la, para él, nefasta maniobra de 2016 y acabe  apoyando un gobierno de izquierdas. 

Alcaldes Ilegitimos

El pasado 15 de junio se eligieron los alcaldes de los más de 8.000 municipios españoles. Sin duda todos los alcaldes nombrados  han sido nombrados de forma legal, pues todos han sido elegido por uno de los dos procedimientos existentes: Lista más votada o mayoría absoluta de la  corporación, sin embargo se han dado algunos casos en los que la legalidad no coincide con la legitimidad.

No parece ilegitimo llegar a la alcaldía apoyándose en votos de Vox, pues se trata de un partido legal y sus electores tienen los mismos derechos de ser representados que los demás partidos. Colaborar con Vox tiene una interpretación política pues implica asociarse con un partido de ultra-derecha y compartir por tanto sus planteamientos, la ilegitimidad está en aquellos partidos que pactan con Vox, negando al mismo tiempo que lo hacen.

Tampoco es ilegitimo que las derechas pacten la alcaldía de Madrid o que Ada Colau, con los mismos concejales que ERC,,  renueve la alcaldía de Barcelona. Son decisiones políticas de carácter democrático que nos parecerán mejor o peor, que pueden revelar una evolución estratégica o ideológica, pero que en ningún caso, traicionan a sus votantes 

La ilegitimidad está en no respetar la voluntad de los ciudadanos, interpretándola de  forma fraudulenta y comerciando con los resultados como si fueran propiedad privada de los partidos. Si en Palencia los resultados fueron: PSOE 11 concejales: PP 9; Cs 3; Vox 1 y GP 1, puede interpretarse que los palentinos querían  un alcalde socialista (fuerza más votada) o un alcalde del PP (segunda fuerza) si consigue los apoyos suficientes, pero no es legítimo elegir un alcalde de Cs que solo obtuvo tres concejales, eso es una burla para la ciudadanía. Esa misma situación se dio en Granada y en Melilla, aquí con el PSOE en vez de con el PP y se ha frustrado  por concejales que no han respetado ese "acuerdo comercial", en Huesca y Burgos. Las razones últimas de estos pactos están en cambiar votos en autonomías o presidencias de diputación a cambio de alcaldías en municipios.

Estas maniobras acaban mal con mucha frecuencia, puedo aportar una experiencia personal. En Majadahonda en 1987 en el que formaba parte de la corporación municipal, el resultado electoral fue AP 9, PSOE 7, CDS 4, IU 1. Hubo pacto PSOE-CDS cediendo la alcaldía al CDS. El pacto se rompió y el CDS estuvo enrocado varios meses en la alcaldía, al no ser posible una moción de censura, y el funcionamiento del Ayuntamiento se paralizó. Finalmente el alcalde dimitió y el PP accedió a la alcaldía, hasta ahora. En la siguiente convocatoria el CDS quedó fuera de la corporación.

Otra maniobra diferente, pero igual de ilegitima, ha sido la perpetrada por el peculiar S.G. del PSOE en Castilla la Mancha, pactando alcaldías rotatorias con el Cs en Ciudad Real y Albacete, seguramente trataba de evitar acuerdos con Podemos a los que este personaje tiene cierta alergia. El PP no nos ha querido dejar solos a los socialistas en esta operación y ha pactado alcalde rotatorio con el Cs en Badajoz.

Estos "acuerdos comerciales" aunque, afortunadamente, son muy pocos en el conjunto nacional, son significativos en la medida en que los partidos usurpan la propiedad de los resultados que corresponden a la ciudadanía. El balance de alcaldías en las 200 principales ciudades es coherente con el resultado de las elecciones municipales: El PSOE gobierna en 104 ayuntamientos , 13 más que en 2015, mientras el PP se queda en 40, perdiendo 12, Cs consigue gobernar en 6 ciudades por los acuerdos  ilegítimos comentados, cuando en 2015 no tenía ninguna.

Los acuerdos post-electorales tienen sus límites y deben ser coherentes con los votos recibidos de los ciudadanos con los que no es licito comerciar.

Visto para sentencia

Después de 52 sesiones, la causa 20907/2019, relativa al procés de Cataluña, ha quedado vista para sentencia.

El final de la vista confirma las primeras impresiones obtenidas cuando comenzó el juicio en Febrero: Las sesiones se han desarrollado con el máximo respeto a procesados y testigos, con un presidente que ha sabido estar a la altura de su difícil tarea, equilibrando con maestría la autoridad y la flexibilidad necesarias con procesados, abogados, fiscales y testigos. Si la instrucción dejo muchas dudas, la vista pública nos reconcilia con el funcionamiento de la Justicia en España.

En cuanto a las conclusiones del proceso después de las 52 sesiones, tanto la fiscalía como la abogacía del Estado han mantenido sus consideraciones preliminares, mientras que las defensas solo han admitido el delito de desobediencia, que no implica penas de prisión.

En sus intervenciones finales los acusados han mantenido un discurso político reivindicativo, con la dosis de victimismo habitual, sin entrar más que de forma marginal, en  su defensa sobre el contenido de las acusaciones.

Desde el punto de vista de un ciudadano no jurista, no parece acreditada la acusación de rebelión, existen serias dudas sobre la de malversación, según consta en su declaración, el ministro de hacienda con las cuentas de la Generalitat intervenidas no había detectado nada. En cuanto al delito de sedición, es evidente que hubo una Declaración Unilateral de Independencia, pero la forma en que se hizo, con  un grado de oficialidad un tanto confuso, obligará al tribunal a valorar su importancia, y probablemente, a rebajar el grado de la pena.

Recordando la proclamación por Companys del Estado Catalán en 1934 en el contexto de una huelga general en toda España, que acabó con los miembros del govern en prisión, condenados a muerte o a largas penas de prisión y afortunadamente amnistiados posteriormente por el gobierno del Frente Popular en febrero de 1936, no se puede imaginar un escenario peor que el encarcelamiento de los actuales procesados por un largo periodo de tiempo.


Cabe por tanto la esperanza de que las penas finales sean sensiblemente inferiores a las solicitadas por la fiscalía y por la abogacía del Estado, lo que desde un punto de vista político, sería una buena noticia que permitiría iniciar un proceso de recuperación de la normalidad en Cataluña.  En todo caso, una vez dictada la sentencia, siempre queda la posibilidad de aplicar medidas de gracia a los procesados.

Los acusados tienen razón en que el procés debe salir de los tribunales y volver a la política, pero deben ser conscientes también de que ha sido su imprudencia,  por su decisión de "interpretar de forma creativa" la legislación vigente, lo que les ha llevado a esa situación. La sentencia, aunque fuera relativamente benévola, no puede arreglarlo todo. Hace falta una importante dosis de política constructiva que sea capaz de administrar el proceso catalán después del juicio.

PSOE sin complejos

El PP presume desde hace unos meses de ser un partido sin complejos, lo que en la práctica, supone que  no tienen remilgos en considerar a Vox un partido  constitucionalista y pactar con él cuando sea necesario. A Cs  todavía debe quedarle algún complejo y solo pacta con Vox de forma indirecta y por debajo de la mesa.

Esta falta de complejos del PP contrasta con la excesiva prudencia del PSOE a plantear algunos pactos en algunos territorios en los que los resultados electorales permiten buscar acuerdos  de  gobierno con otras fuerzas.

El excesivo temor a que nos consideren demasiado cercanos a  populistas y nacionalistas y las tradicionales presiones de los sectores más retardatarios del partido, siempre proclives a acuerdos  con Cs y otras fuerzas conservadoras y a evitar compromisos con partdos nacionalistas, son seguramente las causas de este exceso de prudencia.

Si consideramos que el PSOE ha ganado con mucha solvencia las elecciones generales, las europeas, las municipales y las autonómicas, salvo en Madrid, y que las encuestas posteriores  consideran que seguimos gozando del apoyo ciudadano, no tiene sentido andarnos con tantos remilgos.

Por otro lado Cs, el deseado partenaire de algunos compañeros, ha manifestado sus preferencias en llegar a  acuerdos con el PP, sin especificar la forma con la que va a tragarse el sapo de VOx.

El PSOE por su parte tiene como socio preferente a U. Podemos, con el que solo está pendiente la  concreción de su partipación en el futuro gobierno, asunto puede tener  solución seleccionando adecuadamete los temas  en los que U.P puede aportar algún valor añadido, uno de ellos podría ser vivienda. Se les podría ofrecer, por ejemplo, la Secretaría de Estado de vivienda o, incluso, convertirla en Ministerio como se hizo en otras legislaturas.

Estas consideraciones vienen a cuento por los pactos de gobierno que hay que realizar tanto en el Estado como en los territorios.

Para el pacto prioritario, el de investidura de Pedro Sanchez, hay que contar con seguridad casi absoluta con U. Podemos y con los dos diputados cantabro y valenciano en total 167 votos, incluyendo el grupo socialista. Para completar la mayoría es necesario contar con el apoyo de  grupos nacionalistas o regionalistas. 

Mientras no se resuelva el proceso de la declaración de independencia catalana, no es nada fiable contar con el apoyo de los nacionalistas catalanes, tal vez en el futuro, según evolucionen el procés, sea posible buscar acuerdos con ERC. pero actualmente no es prudente llegar a ningún acuerdo con ellos.

El apoyo de los nacionalistas vascos (6 del PNV y 4 de Bildu) daría mayoría absoluta en la investidura. Con el PNV no parece haber ningún problema, pero Bildu sigue sometido a un cordón sanitario que probablemente  sea el momento de revisar. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el fin de la lucha armada y hace poco más de un año su disolución definitiva, en estas condiciones, por mucho que las derechas  agiten el espantajo del terrorismo, no se puede considerar que Bildu sea el brazo  politico de ninguna organización armada y merece que se le de una oportunidad. En 2011 Zapateroo, Rubalcaba y Eguiguren, tuvieron la valentía de abrir un proceso de negociación con Otegi que terminó fructificando, es el momento de dar un paso adelante  siguiendo los pasos del anterior gobierno socialista. Se puede considerar a Bildu como un partido similar a ERC, sin la hipoteca del procés de autodeterminación.

Frente  a esta opción se está planteando lo que a mi juicio sería una "investidura Frankestein", chalaneando los apoyos de partidos de dereha como Coalición Canaria o de extrema derecha como UPN que nos ofrecen abstenciones en la segunda vuelta a cambio de que les regalemos los gobiernos de  Canarias y Navarra, en las que nos hemos ganado el derecho a gobernar.

El apoyo de Bildu en la investidura y en Navarra puede tener como contrapartida el apoyo socialista a los nacionalistas en el Ayuntamiento de Pamplona. No parece haber mayor inconveniente en negociar con Bildu esa alcaldía, teniendo en cuenta que las competencias de un alcalde no van más alládel ámbito local y que bildu ya  ha ocupado alcaldías como la de S.Sebastian sin que haya pasado nada.

Con Cs podría haber un acuerdo susbsidiario en Madrid, Castilla y León o Murcia si su supuesta negativa a tener acuerdos con Vox se mantiene y es algo más que un postureo. Las contradicciones de Cs en este tema son cada vez más evidentes pero nada garantiza que no vayan a tragarse el sapo como en Andalucía.

Queda por último como plaza importante el Ayuntamiento de Barcelona en el que no es admisible apoyar a Maragall que quiere utilizar el  Ayuntamiento como bandera nacionalista. En Barcelona quien tiene que resolver sus contrdicciones es Ada Colau.

Pactos y cordones sanitarios

Después de las elecciones llega el momento de constituir gobiernos y, como en muchas ocasiones no hay mayorías claras que permitan gobernar en solitario, es necesario suscribir pactos de gobierno, de legislatura o simplemente de investidura. Los elementos que hay que considerar en un pacto son, en primer lugar la ideología de cada formación, en segundo los programas electorales y en tercero los resultados obtenidos.

El primer elemento considerado, la ideología, viene en esta ocasión muy contaminado por los cordones sanitarios o lineas rojas que los partidos se han puesto entre si.

Es evidente que existen lineas rojas naturales entre partidos antagónicos, PP y PSOE, por ejemplo que hace casi imposible un pacto entre ellos, salvo en situaciones muy especiales.

En España ha existido durante mucho tiempo un cordón sanitario entre todos los partidos y Herri Batasuna y sus herederos ,por ser el brazo político de una organización terrorista, cordón que se ha empezado a suavizar en algunos casos  después de que ETA haya dejado las armas. En muchos países europeos y en la propia UE existe  también un cordón sanitario en torno a los partidos de ultra derecha o filo fascistas por considerarlos contrarios a la cultura democrática, pero fuera de estos casos son posibles y necesarios los pactos a distintos niveles entre formaciones políticas distintas.

Durante la campaña electoral se han producido muchas descalificaciones mutuas, que suponen en muchos casos manifestar un criterio ideológico muy intransigente, que obstaculiza e incluso impide cualquier posible pacto.

Aunque de una forma o de otra todos los grupos han jugado a poner cordones sanitarios, el campeón de ellos ha sido sin ninguna duda Ciudadanos, que ha marcado lineas rojas con ERC por ser independentistas, con Podemos por ser populistas, con el PSOE por ser Sanchista y hablar con populistas y separatistas. Curiosamente no ha puesto más que una tenue línea roja de puntos con el parido ultraderechista Vox, con quien parece estar dispuesto a pactar de forma indirecta, tirando la piedra y escondiendo la mano, como hicieron en Andalucía.

Hay que considerar que, en materia de pactos cada Ayuntamiento o CC.AA. es un mundo diferente. No parece tener mucho sentido intentar condicionar un pacto en Castilla y León a que se pida la aplicación inmediata del art 155 en Cataluña, pero tiene todo el sentido político el hecho de que Manuel Valls ofrezca sus votos a Ada Colau para impedir que los independentistas hagan bandera del Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau y los comunes están siendo obligados en este caso a definirse de forma clara entre apoyar o no explicitamente y sin ambigüedades al independentismo.

Del mismo modo Cs tiene que definirse entre  admitir explicitamente el apoyo de la ultraderecha  o volver al centro como le piden muchos de sus afiliados. La estrategia andaluza  no es facil de repetri y el mismo Vox la rechaza, al menos de momento.

Las posiciones previas a los pactos revelan otro aspecto interesante: los partidos que más votantes han perdido, Podemos y Vox, quieren compensar sus perdidas con entradas en gobiernos de coalición que oculten sus debilidades y en ese sentido Madrid, en sus dos vertientes de Ayuntamiento y Comunidad va  a ser la piedra de toque de Ciudadanos.

En cualquier caso los pactos van  a poner a cada uno en su lugar entre ser una organización sectaria e intolerante o ser un partido que está sobre el terreno, al servicio de los ciudadanos y favoreciendo la gobernabilidad de las instituciones.