Desde que el rey J. Carlos I asumió la jefatura del Estado, en España hemos tenido tres modos distintos de entender la monarquía.
El primer modo es el de la transición y la proclamación de la constitución en 1978. En los primeros años de su reinado, Juan Carlos I tuvo una participación muy activa en la política española que contribuyó de forma decisiva a la implantación de la democracia en nuestro país después de 40 años de dictadura franquista,
En el intento de golpe de estado del 23F, el rey también participó activamente, aunque con una actuación contradictoria y confusa. Después del 23F J. Carlos I adquirió un perfil mas bajo y se fue convirtiendo progresivamente en un elemento decorativo de la democracia hasta llegar a serlo casi totalmente desde que Felipe VI ocupa el trono.
El papel de ser simple figura decorativa, es la segunda cara de la monarquía española y supone que el rey solo es protagonista en algunos actos marcados en el calendario, como el mensaje de Navidad, el desfile de las FF.AA, la pascua militar o los premios princesa de Asturias y en la entrega de galardones y títulos a algunos colectivos civiles y militares. En la vida política cotidiana se limita, aparentemente, a tener un papel de espectador de primera fila.
La tercera cara de la monarquía española actual es la continuación de una tradición de los Borbones desde, al menos, la época de Isabel II: su afición a utilizar sus privilegios como monarcas para su beneficio económico personal.
Desde el comienzo de su reinado se conocía esta faceta del rey Juan Carlos que finalmente, junto con su otra afición a meterse en camas ajenas, le llevó a la abdicación. Investigaciones periodistas, declaraciones de espías y policías corruptos y las investigaciones de las fiscalías suiza, británica y española, han revelado la enorme dimensión de han llegado a alcanzar los negocios privados del rey emérito.
Afortunadamente para él, la constitución del 78 le ha proporcionado un blindaje inexpugnable que ha podido parar las actuaciones de las tres fiscalías, además, todos los gobiernos democráticos han protegido al ex monarca para evitar poner en peligro el sistema democrático apoyado en la monarquía.
Para distanciarse socialmente del escándalo, J. Carlos I se exilio voluntariamente en agosto de 2020 en Abu Dhabi, capital de una monarquía autoritaria en la que ha estado protegido de cualquier interferencia pública.
Una vez que los diligencias de las fiscalías se han archivado, o están a punto de hacerlo, el emérito ha manifestado su deseo de volver a España, aparentemente como si nada hubiera pasado. Este deseo del ex rey plantea importantes problemas a la institución monárquica en un momento que debido a sus negocios y a los de su yerno Urdangarin, su grado de aceptación ha perdido muchos puntos.
La Casa Real tiene que dar muchas explicaciones a la ciudadanía sobre las actividades del anterior Jefe de Estado y sobre el papel que va a tener en el futuro, más allá de la suspensión de "empleo y sueldo" que le aplicó el pasado año.
Además de explicaciones, la Casa Real tendría que buscar un procedimiento para devolver al patrimonio del Estado los bienes obtenidos de forma irregular por el rey emérito.
El futuro de la monarquía en España depende en primer lugar de estas explicaciones y, en segundo término, de que se realicen cambios constitucionales que rebajen sustancialmente el fuero del Rey de forma que no sea inviolable legalmente por actividades ajenas a su función de gobierno. Una ley de la corona, que delimite con claridad las funciones y derechos del rey, también es necesaria para el mantenimiento futuro de la monarquía.
De cara al futuro sería conveniente avanzar hacia un modelo de monarquía próximo al de "Republica Coronada" en la que, además de tener limitado su fuero, el rey tuviera las funciones de arbitrajes propias de un presidente de republica parlamentaria.
