En las últimas
semanas, ha habido en España grandes manifestaciones y protestas ciudadanas
contra las políticas restrictivas del gobierno del PP, que recortan derechos
ciudadanos y crean desempleo y pobreza, todo ello adobado con una corrupción
muy extendida, que desborda todo lo conocido anteriormente.
Estas
grandes movilizaciones han conseguido grandes éxitos, como la paralización de
la privatización de la sanidad en Madrid. Otras
movilizaciones, convocadas de forma menos general, han alcanzado también
algunos resultados, aunque de carácter parcial; la Plataforma
Antidesahucios, por ejemplo, ha conseguido evitar algunos desalojos, aunque no
ha podido conseguir una paralización generalizada de los mismos. Hay que constatar,
por otro lado, que sí han conseguido aumentar la conciencia social sobre este
asunto; teniendo también, un efecto indirecto en la reducción de las decisiones
de desahucio de algunos bancos.
Todas estas
experiencias demuestran una vez más, que cuando gobierna la derecha, las
movilizaciones son fundamentales para defender los derechos adquiridos, o al
menos, acotar los limites de su degradación, pero sin embargo, no son
suficientes para proponer soluciones alternativas y volver a la senda de los
avances sociales. Para ello es imprescindible LA ACCIÓN POLÍTICA.
Durante muchos
años, la estrategia clave de la socialdemocracia fue poner en primera línea la
acción reivindicativa de los sindicatos para defender los derechos de los
trabajadores, mientras gobernaba la derecha, para, una vez alcanzado el poder,
proseguir los avances sociales con la acción política de los gobiernos
socialistas.
En la España del
siglo XXI la situación es mucho más compleja pues la derecha gobernante, con la
excusa adicional de la crisis económica, no solo ataca los derechos de los
trabajadores sino, también, los de todos los ciudadanos en cualquiera de sus
áreas de interés, educación, sanidad, medioambiente, derechos de las mujeres,
discapacitados, etc. Por ello, en los últimos meses los sindicatos han estado
acompañados por muchos movimientos sociales, algunos de ellos surgidos en los
últimos tiempos como consecuencia de la indignación ciudadana.
Se han dado
algunos pasos para definir algunos planteamientos comunes, los más relevantes
han sido en el propio congreso de los diputados en relación a la
derogación de la ley Wert y de la
Reforma Laboral, consenso que proseguirá sin duda, sobre la vuelta a una ley de
plazos en relación con el aborto, si finalmente se consuma la aprobación de la
ley Gallardón.
Hay algunos otros
acuerdos que se podrían dar fácilmente, al menos en términos generales, son los
relativos a la transparencia de instituciones y partidos políticos o las
medidas económicas tendentes a cambiar la estructura fiscal, en el sentido de
que paguen más las empresas y los que más tienen y a que se dicten medidas
eficientes contra el fraude y la fuga de capitales. Si bien en estos temas pueden
aparecer discrepancias significativas.
Todos los partidos
progresistas se encuentran con un obstáculo fundamental: el escepticismo y la
desconfianza de los ciudadanos hacia la, política que muestran todos los
indicadores sociales. Esta desconfianza puede provocar un alto grado de
abstención cuyas consecuencias pueden ser nefastas y permitir que vuelva a
ganar la derecha si los electores de izquierdas deciden quedarse masivamente en
su casa.
Por tanto, la
primera tarea que tenemos todos los que nos consideramos progresistas es luchar
contra la abstención y eso incluye también a los medios de comunicación
supuestamente progresistas que muchas veces parece que disfrutan poniendo de
relieve, a veces exagerándolos e incluso inventándolos, los problemas que puedan existir en la
izquierda.
Los ciudadanos
progresistas tienen que acudir a votar a los partidos de izquierdas y, a
continuación, exigirles que no se pierdan en cuitas internas y aspectos
secundarios y se centren en buscar acuerdos que permitan empezar recuperar todo
lo que estos cuatro años de gobierno de derechas nos está haciendo retroceder.
