El final de la vista confirma las primeras impresiones obtenidas cuando comenzó el juicio en Febrero: Las sesiones se han desarrollado con el máximo respeto a procesados y testigos, con un presidente que ha sabido estar a la altura de su difícil tarea, equilibrando con maestría la autoridad y la flexibilidad necesarias con procesados, abogados, fiscales y testigos. Si la instrucción dejo muchas dudas, la vista pública nos reconcilia con el funcionamiento de la Justicia en España.
En cuanto a las conclusiones del proceso después de las 52 sesiones, tanto la fiscalía como la abogacía del Estado han mantenido sus consideraciones preliminares, mientras que las defensas solo han admitido el delito de desobediencia, que no implica penas de prisión.
En sus intervenciones finales los acusados han mantenido un discurso político reivindicativo, con la dosis de victimismo habitual, sin entrar más que de forma marginal, en su defensa sobre el contenido de las acusaciones.
Desde el punto de vista de un ciudadano no jurista, no parece acreditada la acusación de rebelión, existen serias dudas sobre la de malversación, según consta en su declaración, el ministro de hacienda con las cuentas de la Generalitat intervenidas no había detectado nada. En cuanto al delito de sedición, es evidente que hubo una Declaración Unilateral de Independencia, pero la forma en que se hizo, con un grado de oficialidad un tanto confuso, obligará al tribunal a valorar su importancia, y probablemente, a rebajar el grado de la pena.
Recordando la proclamación por Companys del Estado Catalán en 1934 en el contexto de una huelga general en toda España, que acabó con los miembros del govern en prisión, condenados a muerte o a largas penas de prisión y afortunadamente amnistiados posteriormente por el gobierno del Frente Popular en febrero de 1936, no se puede imaginar un escenario peor que el encarcelamiento de los actuales procesados por un largo periodo de tiempo.
Cabe por tanto la esperanza de que las penas finales sean sensiblemente inferiores a las solicitadas por la fiscalía y por la abogacía del Estado, lo que desde un punto de vista político, sería una buena noticia que permitiría iniciar un proceso de recuperación de la normalidad en Cataluña. En todo caso, una vez dictada la sentencia, siempre queda la posibilidad de aplicar medidas de gracia a los procesados.
Los acusados tienen razón en que el procés debe salir de los tribunales y volver a la política, pero deben ser conscientes también de que ha sido su imprudencia, por su decisión de "interpretar de forma creativa" la legislación vigente, lo que les ha llevado a esa situación. La sentencia, aunque fuera relativamente benévola, no puede arreglarlo todo. Hace falta una importante dosis de política constructiva que sea capaz de administrar el proceso catalán después del juicio.
