Estado Federal

La deriva del gobierno catalán hacia la independencia, con Euskadi seguramente a la expectativa para incorporarse al proceso en el momento que considere oportuno, hace que se ponga en cuestión el modelo de Estado que actualmente tenemos en España.

Frente a las veleidades independentistas anunciadas por los partidos catalanistas y la recentralización que apoya el PP, surge una tercera alternativa: el federalismo, defendida por el PSOE.

La opción federalista del PSOE no es una posición oportunista, definida como reacción al reciente independentismo catalán, es una idea antigua que necesita concretarse para poder empezar realmente a construir un Estado Federal, partiendo del modelo actual de las autonomías.

El modelo autonómico actual es una aproximación imperfecta al sistema federal hecha por agregación en distintas fases y basada en cesiones de competencias del gobierno central.

En este modelo, el Estado cede a las autonomías la gestión de dos temas sociales básicos: la educación y la sanidad, y posteriormente en el último gobierno socialista, el tercer pilar del Estado de Bienestar, el apoyo a los dependientes que solo ha podido iniciar su gestión pues los gobiernos regionales populares han puesto todos los impedimentos posibles para impedir su despliegue y en buena parte parece que lo han conseguido.

La financiación de las CC.AA. se realiza por medio de impuestos cedidos por el Estado, que, salvo en los casos de los regímenes forales de Euskadi y Navarra, se ocupa también de la recaudación.

Hasta hace pocos años, las CC.AA. disponían del control de las Cajas de Ahorro que utilizaban como fuentes de financiación de inversiones. El abuso y la mala gestión que muchas CC.AA. han hecho de las Cajas, utilizándolas por una parte como elementos para premiar a sus fieles con cargos muy bien remunerados, a pesar de que en muchos casos eran personas con escasa o ninguna preparación financiera, y por otra como fuentes de financiación de proyectos lamentables como los aeropuertos sin aviones o las autopistas radiales de Madrid que no utiliza nadie y están en la ruina, hechos a la mayor gloria del presidente autonómico de turno, han contribuido de forma decisiva al hundimiento de las Cajas y llevado a la ruina a muchos ahorradores.

La crisis económica está poniendo en evidencia al Estado Autonómico, pues las CC.AA. que no tienen las opciones mínimas necesarias para tomar decisiones ni políticas ni económicas ,con independencia de los criterios que le marque el gobierno central.

En los últimos meses, desde que gobierna el PP, se han tomado algunas decisiones que limitan seriamente la capacidad de actuación de las Autonomías, como ejemplos significativos cito los siguientes.

• El gobierno central decide aumentar la ratio de alumnos en los colegios públicos y, en consecuencia, las CC.AA. ven reducidos sus presupuestos en este área y se ven obligados a reducir el número de profesores y tienen que subir la ratio.
• Bruselas permite al Estado Español relajar un poco los objetivos de déficit. El gobierno central no permite que las CC.AA. se beneficien de ello.
• Madrid decide suprimir la paga extra de Navidad para funcionarios y empleados públicos. Algunas CC.AA. intentan mantenerla, en supuesto uso de su autonomía y el gobierno recurre y gana en el TC, impidiendo el abono de dicha paga, lo que les obliga a emplear astucias de ingeniería administrativa y adelantar la paga de verano.
• Extremadura primero y Catalunya después deciden poner un impuesto a los depósitos bancarios. La Administración Central les sale al paso en un recurso al TC y acaba impone ella la tasa, al tipo cero, ni come ni deja, para impedir el impuesto autonómico.

Estas situaciones, no exhaustivas, muestras que las CC.AA. tienen unas capacidades de actuación muy limitadas en la práctica, pues sus competencias son cedidas, la capacidad normativa, y no solo la básica, la retiene el gobierno central, y la capacidad recaudatoria prácticamente no existe.

En términos generales puede considerarse que se ha hecho un reparto de competencias muy importante en favor de las CC.AA., pero este proceso es muy poco más que una simple descentralización administrativa que se desmorona en situaciones de crisis como la actual.

Por todas estas razones tiene sentido la propuesta de avanzar hacia un Estado Federal que podría facilitar la resolución de algunos problemas planteados, excluyendo desde luego los derivados de la mala gestión, que no se resuelven con cambios estructurales.

El proceso de convertir a España en un Estado Federal deberá aportar, en primer lugar, racionalidad para que quede claro cuales son las competencias de cada una de las partes.

En segundo lugar deberá aportar claridad en la financiación y en la asignación de los recursos económicos. Es muy difícil y seguramente inviable desde el punto de vista económico, que pueda generalizarse una situación de fuero como la que tienen ahora Euskadi y Navarra por lo que habrá que buscar otras soluciones, nada fáciles, más operativas y que satisfagan al mismo tiempo los requisitos de las Autonomías y del Estado Central.

El nuevo Estado Federal debería tener una cámara territorial, el Senado, que tendrá redefinir sus competencias actuales y la forma de elegir los senadores, actualmente muy desproporcionada y favorable a las zonas de menor población.

La federalización debería incluir también un cambio de la ley electoral, especialmente en lo que se refiere a la elección de senadores, yendo a un modelo proporcional basado en los nuevos estados federados y no mayoritario basado en las provincias, que probablemente tendrían que ser sacadas  de la constitución, pues la distribución territorial en provincias no deja de ser un resto de organización administrativa del siglo XIX, que aunque pueda seguir siendo válido en algunas zonas, no tiene porque ser general para todo el Estado

Mayor complicación tendría incluir en la Constitución  la posibilidad de cambiar la estructura territorial del Estado, desde el cambio de comarcas o municipios de unas CC.AA. a otras, como podría ser el caso del condado de Treviño, hasta la fusión de CC.AA., Navarra con Euskadi, o la inclusión del derecho de autodeterminación que ahora pide Catalunya y en otros momentos Euskadi.

Cualquier cambio en este sentido, que es muy difícil de implementar, debería ser en todo caso extensible a todo el Estado y no limitarse a solo una parte del mismo.

La propuesta federal que está preparando el PSOE deberá dar respuesta adecuada a estos temas y a algunos otros más que no se han incluido en esta nota, que se ha hecho desde el punto de vista de un ciudadano medianamente ilustrado, no de un especialista.

El objetivo es conseguir un Estado en el que nos podamos sentir cómodos todos los ciudadanos, en el que se alivien las tensiones territoriales y exista un cauce ordenado para la resolución de problemas entre territorios sin necesidad del recurso continuo al Tribunal Constitucional.