Una vez superado el pico de la pandemia, comienza lo que seguramente será la parte más complicada, aunque también la más optimista, pues empieza a vislumbrarse la vuelta a la normalidad, aunque sea una normalidad relativa.
El proceso de desescalada en España se va a realizar en varias fases, dependiendo de evolución de los indicadores sanitarios definidos por el gobierno; de forma asimétrica pues la incidencia de la epidemia ha sido muy diferente en cada territorio.
Para la gestión de la desescalada se utilizará un modelo de cogobernanza, Gobierno Central, que tendrá la última palabra, y CC.AA que harán las propuestas iniciales y gestionaran posteriormente las medidas que se decida adoptar.
Es imprescindible que el proceso de desescalada se realice dentro del Estado de Alarma, pues la restricción de los derechos de movilidad y reunión imprescindibles en el proceso, solo pueden activarse si el país está en una situación crítica que necesita un gobierno central con plenos poderes. La sustitución del Estado de Alarma por un conjunto complejo de leyes ordinarias, como proponen algunos partidos de la oposición, son solo reticencias interesadas que quieren limitar las capacidades del gobierno por razones políticas de carácter táctico. Esa compleja sustitución no podría conseguir los mismos efectos de limitación de derechos fundamentales que produce el Estado de Alarma y arriesgaría los avances conseguidos durante estos meses de confinamiento. En todo caso y dado que la situación del Estado de Alarma limita inevitablemente las capacidades de actuación de los gobiernos autonómicos, el gobierno de España esta obligado a gestionarlo con la máxima prudencia, dando a las CC.AA. las máximas garantías en el proceso de cogobernanza de la epidemia.
Para la gestión de la desescalada se utilizará un modelo de cogobernanza, Gobierno Central, que tendrá la última palabra, y CC.AA que harán las propuestas iniciales y gestionaran posteriormente las medidas que se decida adoptar.
Es imprescindible que el proceso de desescalada se realice dentro del Estado de Alarma, pues la restricción de los derechos de movilidad y reunión imprescindibles en el proceso, solo pueden activarse si el país está en una situación crítica que necesita un gobierno central con plenos poderes. La sustitución del Estado de Alarma por un conjunto complejo de leyes ordinarias, como proponen algunos partidos de la oposición, son solo reticencias interesadas que quieren limitar las capacidades del gobierno por razones políticas de carácter táctico. Esa compleja sustitución no podría conseguir los mismos efectos de limitación de derechos fundamentales que produce el Estado de Alarma y arriesgaría los avances conseguidos durante estos meses de confinamiento. En todo caso y dado que la situación del Estado de Alarma limita inevitablemente las capacidades de actuación de los gobiernos autonómicos, el gobierno de España esta obligado a gestionarlo con la máxima prudencia, dando a las CC.AA. las máximas garantías en el proceso de cogobernanza de la epidemia.
Los dos primeros movimientos hacia la Fase 1 del proceso de desescalada, que implica el cumplimento de determinadas condiciones sanitarias en los territorios que aspiraban a cambiar de fase, ha traído algunos conflictos de competencias que deberían haberse evitado.
En el primer movimiento (11 de Mayo) pasaron a Fase 1 casi todas las CC.AA., con un 50% de la población con la excepción de una parte de Cataluña y Castilla y León, que no lo habían solicitado porque consideraban que no reunían las condiciones necesarias, y una parte de Valencia, dos provincias andaluzas, tres provincias de C. La Mancha y Madrid al completo que aunque si lo habían solicitado, el gobierno central no lo consideró aceptable.
Este rechazo produjo algunas protestas en las CC.AA. a las que no se aceptó su petición. Andalucía y C. La Mancha manifestaron su desacuerdo con los criterios del gobierno de forma moderada mientras Valencia estuvo bastante más agresiva, pues estaban convencidos de que iban a pasar. El gobierno de Madrid, como ya es habitual, siguió en su papel de ariete del PP frente al gobierno de España, manifestando de forma demagógica que había sido discriminada por razones políticas sin tener en cuenta que:
Estas circunstancias si las apreció la Directora General de Salud de la Comunidad de Madrid, que dimitió de su cargo en desacuerdo con la petición de cambio de fase.
En la segunda convocatoria (18 de Mayo) han pasado de fase todas las CC.AA. que lo han pedido (70% de la población) excepto Madrid. Cataluña y C. León siguen con el mismo criterio de prudencia y solo han pedido el paso a Fase1 en las zonas más rurales, dejando fuera a Barcelona y su área metropolitana y a las ciudades mas pobladas de C. Y León.
El gobierno de Madrid sigue en su papel de Pepito grillo, con proclamas de victimismo y argumentando la ruina económica que va a suponer para Madrid la no apertura de bares y terrazas, pues al comercio se le permite una mayor flexibilidad aunque sea en fase 0. La argumentación de I Díaz Ayuso (IDA) y de su cómplice de Ciudadanos, a favor del cambio de fase se apoya cada vez más en argumentos económicos olvidándose de la prioridad que tiene la defensa de la salud sobre los problemas económicos.
Como acompañamiento de las posiciones del gobierno de Madrid, se están produciendo caceroladas "de marca" en algunos barrios de Madrid, que intentan crear un caldo de cultivo contra el gobierno progresista al que empiezan a culpabilizar de todos los males sanitarios económicos y sociales de la epidemia.
Madrid no se merece estar gobernada por un personaje de estas características. Si es comprensible la prudencia del gobierno en evitar polémicas con el gobierno de IDA, no lo es tanto la pasividad que están demostrando los partidos de izquierdas de la comunidad, PSOE, U.Podemos y Mas Madrid, que deberían presentar batalla al gobierno madrileño de PP-Cs que de momento campa por sus respetos.
El proceso de desescalada, junto con el cumplimiento efectivo de las redes de apoyo a trabajadores, Pymes y autónomos, aprobadas por el gobierno, que se llegue a un acuerdo en el plan de Recuperación Nacional que esta empezando a debatirse en el parlamento son, junto a las ayudas económicas que se aprueben en Europa, las bases para que España salga de la crisis sanitaria de la mejor manera posible.
En el primer movimiento (11 de Mayo) pasaron a Fase 1 casi todas las CC.AA., con un 50% de la población con la excepción de una parte de Cataluña y Castilla y León, que no lo habían solicitado porque consideraban que no reunían las condiciones necesarias, y una parte de Valencia, dos provincias andaluzas, tres provincias de C. La Mancha y Madrid al completo que aunque si lo habían solicitado, el gobierno central no lo consideró aceptable.
Este rechazo produjo algunas protestas en las CC.AA. a las que no se aceptó su petición. Andalucía y C. La Mancha manifestaron su desacuerdo con los criterios del gobierno de forma moderada mientras Valencia estuvo bastante más agresiva, pues estaban convencidos de que iban a pasar. El gobierno de Madrid, como ya es habitual, siguió en su papel de ariete del PP frente al gobierno de España, manifestando de forma demagógica que había sido discriminada por razones políticas sin tener en cuenta que:
- Madrid es el epicentro de la pandemia y el territorio con mayor número de afectados,
- Tiene cerrados muchos centros de salud,
- Escasez de personal estructural, agravado por las bajas habidas en las últimas semanas,
- Todavía está empezando a montar el sistema de rastreadores, que está muy en precario,
- Las residencias de la tercera edad no reúnen las condiciones de seguridad necesarias
- y los sindicatos sanitarios y los colegios profesionales de médicos y enfermería consideran que no se cumplen las condiciones necesarias.
Estas circunstancias si las apreció la Directora General de Salud de la Comunidad de Madrid, que dimitió de su cargo en desacuerdo con la petición de cambio de fase.
En la segunda convocatoria (18 de Mayo) han pasado de fase todas las CC.AA. que lo han pedido (70% de la población) excepto Madrid. Cataluña y C. León siguen con el mismo criterio de prudencia y solo han pedido el paso a Fase1 en las zonas más rurales, dejando fuera a Barcelona y su área metropolitana y a las ciudades mas pobladas de C. Y León.
El gobierno de Madrid sigue en su papel de Pepito grillo, con proclamas de victimismo y argumentando la ruina económica que va a suponer para Madrid la no apertura de bares y terrazas, pues al comercio se le permite una mayor flexibilidad aunque sea en fase 0. La argumentación de I Díaz Ayuso (IDA) y de su cómplice de Ciudadanos, a favor del cambio de fase se apoya cada vez más en argumentos económicos olvidándose de la prioridad que tiene la defensa de la salud sobre los problemas económicos.
Como acompañamiento de las posiciones del gobierno de Madrid, se están produciendo caceroladas "de marca" en algunos barrios de Madrid, que intentan crear un caldo de cultivo contra el gobierno progresista al que empiezan a culpabilizar de todos los males sanitarios económicos y sociales de la epidemia.
Madrid no se merece estar gobernada por un personaje de estas características. Si es comprensible la prudencia del gobierno en evitar polémicas con el gobierno de IDA, no lo es tanto la pasividad que están demostrando los partidos de izquierdas de la comunidad, PSOE, U.Podemos y Mas Madrid, que deberían presentar batalla al gobierno madrileño de PP-Cs que de momento campa por sus respetos.
El proceso de desescalada, junto con el cumplimiento efectivo de las redes de apoyo a trabajadores, Pymes y autónomos, aprobadas por el gobierno, que se llegue a un acuerdo en el plan de Recuperación Nacional que esta empezando a debatirse en el parlamento son, junto a las ayudas económicas que se aprueben en Europa, las bases para que España salga de la crisis sanitaria de la mejor manera posible.
#quedatencasa
