El final del mes de Agosto da la señal de salida para el comienzo del siguiente curso político, que esta vez se presenta muy complicado.
La pandemia del COVID 19, que se ha recrudecido en el mes de agosto, va a condicionar los primeros meses de este curso político o incluso el curso político entero. Aunque esta situación crítica debería en buena lógica propiciar el entendimiento de todas las fuerzas políticas para conseguir sacar a España tanto de la crisis sanitaria como de la subsiguiente crisis económica y social que el virus ha provocado, todo indica que es muy difícil que sea así y que los grupos políticos mantendrán sus comportamientos habituales.
El PP ha destituido a la marquesa de Casa Fuerte como portavoz parlamentario en lo que, en un primer momento, parecía ser un cambio de rumbo en la estrategia política del partido, pero las primeras actuaciones de la nueva portavoz, que no pertenece a la nobleza, indican que el cambio se ha debido a pérdida de confianza por la falta de disciplina de la marquesa y no a un cambio de estrategia.
Antes del verano el gobierno propuso un pacto de Estado, con un formato parecido al de los Pactos de la Moncloa de 1976. El PP lo descafeinó convirtiéndolo en una comisión parlamentaria que, finalmente, no sirvió para nada.
El gobierno vuelve otra vez a la carga, consciente de la importancia que tendría para la recuperación de la crisis económica y social un acuerdo de todas las fuerzas políticas, o, al menos, de una buena parte de ellas, focalizado en los presupuestos que están obligados a gestionar de la forma más eficiente posible, los acuerdos económicos adoptados en la Unión Europea.
El primer contacto con el presidente del PP ha resultado ser un fracaso absoluto y en él se ha constatado que el PP sigue instalado en la dureza extrema y la demagogia continua. Su mensaje simplón de que no puede pactar con los que quieren acabar con la monarquía y romper España es muy infantil, del tipo"yo con esos no me junto", lo coloca junto a VOX, en la marginalidad del sistema parlamentario.
Sorprende la errática propuesta que ha hecho el presidente popular al gobierno: Crear una gran Agencia económica para gestionar los fondos que va a aportar la Unión Europea, es decir pretende que una supuesta agencia independiente gestiones ese instrumento fundamental para cualquier gobierno, además se apoya en una ley de 2006 que se hizo para otras cosas y que Rajoy derogó en 2015. O Pablo Casado nos quiere tomar el pelo a todos, o está asesorado por algún lunático que hace propuestas sin sentido.
La derecha debiera plantearse sustituir a su presidente por alguien que al menos, tenga una mínima talla intelectual.
El comportamiento de Ciudadanos fue mucho más constructivo. En su reunión con el presidente del gobierno, Inés Arrimadas se limitó a hacer unas cuantas propuestas genéricas con las que no se puede estar en desacuerdo y a manifestar su postura de posible apoyo a pesar de sus diferencias con Bildu y ERC, que no parecen tan insalvables como en otras ocasiones.
El PNV se manifestó en su reunión proclive a negociar con el gobierno y ERC puso en primer plano la celebración de la reunión pendiente entre el gobierno de España y el govern y luego filosofó sobre la imposibilidad de coincidir en votaciones con Ciudadanos aunque tampoco afirmó de forma rotunda que fuera imposible. Si la reunión con el govern se celebra finalmente, la posición de ERC será seguramente más flexible.
Finalmente los "pequeños partidos regionales", que tuvieron un contacto telemático con el presidente parece que tuvieron actitudes muy positivas.
En estas condiciones es muy probable que haya mayoría suficiente para aprobar los PGE a pesar de la fragmentación del parlamento.
Votarían a favor con seguridad los 155 diputados de PSOE y U.Podemos, a los que habría que añadir los 8 de los paridos regionales y los 6 del PNV. En total un bloque de 169, tal vez alguno menos si alguno de los partidos regionales decide abstenerse por algún motivo de carácter local.
En contra estaría la derecha (VOX, PP, Foro y Navarra suma) y los nacionalistas radicales catalanes (JxCat y CUP) aunque, dada la situación de confusión que se ha creado entre JxCAT y el PDCAT, no sería extraño que alguno de estos últimos tuviera una posición diferente. En total el voto negativo sumaría 153 escaños.
Quedan por tanto por determinar la posición de los nacionalistas de izquierdas, 18 de ERC y Bildu, que por ideología no parece lógico que voten en el mismo sentido que la derecha y de los centristas de Ciudadanos que están entre Pinto y Valdemoro.
Es muy probable que uno de estos dos bloques, o los dos, opten por la abstención.
El mejor caso sería que los 28 diputados nacionalistas y de ciudadanos votaran a favor de los presupuestos, lo que daría una amplia mayoría de 187 votos y dejará aislada a la derecha.
