Legislatura progresista: segunda parte

El gobierno de Pedro Sanchez inició su mandato al principio de 2020, un período que se ha caracterizado por la pandemia de la COVID 19 que ha trastocado todos sus planteamientos políticos  y no le ha dejado otro camino que aplicar una política defensiva para proteger lo más posible a la ciudadanía de los efectos más negativos de la epidemia. En ese sentido la mayor carga de trabajo ha recaído, en primer lugar, en Sanidad y, a continuación, para la puesta en marcha del escudo social de protección a la ciudadanía de los efectos económicos y sociales de la crisis, de forma prioritaria, en los Departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales, Economía y Seguridad Social.

Aunque ha habido algunas insuficiencias y sectores sociales marginales a los que no se ha llegado, lo que ha provocado colas en algunos barrios en demanda de ayuda básica que, ante la pasividad de  algunos  Ayuntamientos han atendido las asociaciones vecinales y las ONGs, el balance del Gobiernoha sido totalmente positivo.

Hay que hacer notar que en esta difícil situación social, la oposición de derechas se ha dedicado, con la inestimable colaboración de algunas CC.AA. como la de Madrid, a poner palos en las ruedas y a capitalizar políticamente de la forma mas demagógica posible las dificultades de la ciudadanía 

A punto de alcanzar el ecuador de la legislatura y teniendo en cuenta el rápido avance de la vacunación, ha llegado el momento de, sin descuidar las políticas de defensa pues la crisis no ha terminado, impulsar un cambio de ciclo hacia unas políticas mucho mas  ofensivas.

La apertura de las fronteras y el restablecimiento de la movilidad están ya impulsando la vuelta del turismo. Los planes de recuperación del gobierno y los fondos europeos que no tardaran en empezar a llegar deben ser una palanca decisiva para  volver con fuerza a la senda de desarrollo.

En este sentido tiene mucha lógica un cambio de gobierno, adaptando los perfiles de los ministros a la nueva situación. El previsible cambio de gobierno será analizado por la oposición de derechas y su Brunete mediática, como una rectificación y un castigo  pero, una vez más será fruto de su demagogia y  de sus ganas de derribar al gobierno y sustituirlo por ese equipo de 2ª  B que "dirige" P., Casado.

El cambio de gobierno no debe interpretarse como un castigo para el gobierno actual, que ha cumplido satisfactoriamente con su cometido, sino como la necesidad por un lado de impulsar  medidas económicas, industriales y de servicios y por otro de mejorar la comunicación a la ciudadanía pues en demasiadas ocasiones, los logros del gobierno no se han transmitido de forma convincente. En una situación de crisis como la que estamos sufriendo hay una cierta lógica en culpabilizar al gobierno, y la derecha lo sabe y lo utiliza de forma demagógica, por eso es necesario mejorar la política de comunicación.

Para impulsar las medidas económicas y de desarrollo tecnológico el gobierno tiene que disponer de los mejores gestores en departamentos, como Transporte, Defensa, Industria, Energía y Medioambiente  y  utilizar al máximo los recursos disponibles en empresas públicas, institutos de investigación, universidades etc. que, en demasiadas ocasiones están subutilizados.

La colaboración publico-privada será sin duda necesaria, pero el peso de la responsabilidad no puede delegarse en el sector privado, tiene que gestionarse desde el sector público y, para ello, es imprescindible movilizar todos los activos disponibles.

Estado de Alarma 2

La negativa evolución de la pandemia del COVID 19 ha obligado al gobierno a decretar un segundo Estado de  Alarma para toda España, si no se cuenta el específico que se hizo para confinar algunos municipios de la Comunidad de Madrid.

Este 2º Estado de  Alarma se gestiona dentro de un modelo de cogobernanza en el que las CC.AA., que, si se excluye Madrid, parecen haber aparcado sus celos competenciales, están pidiendo la colaboración del Estado para aplicar medidas más eficaces.

Las medidas aprobadas: confinamiento perimetral de territorios, toque de queda nocturno y restricción de horarios, tienen carácter defensivo, orientadas a frenar la propagación del virus, tanto dentro como fuera de los territorios, pero incapaces, como se está demostrando por su aplicación en otros países europeos con mejor infraestructura sanitaria y que han movilizado más recursos que nosotros, de eliminarlo.

Algunas CC.AA. están pidiendo medidas aun más duras, pero el gobierno ha preferido aplazarlas hasta ver los resultados de las medidas ya promulgadas.

Solo algunos países asiáticos como China han sido capaces de parar la epidemia. Para ello han movilizado enormes recursos y han aplicado confinamientos muy duros, que se han apoyado en el comportamiento de una población mucho más disciplinada que la europea. Para evitar posibles rebrotes, estos países siguen manteniendo fuertes medidas de vigilancia sanitaria .

Cada día es más evidente que  para conseguir  parar la pandemia, a Europa solo le queda esperar la llegada de la vacuna y a que se desarrollen cuanto antes antivirales específicos y eficaces. Las medidas de contención que se están adoptando solo  van a servir para esperar ese momento con los menores daños posibles.

El confinamiento completo que se hizo en la primavera durante la primera ola de la pandemia, demostró su eficacia a pesar de los muchos fallos detectados. Sin embargo, factores como:

• La precipitación en terminar con el Estado de Alarma, impulsado por diversos partidos nacionalistas y de derechas, cada uno con sus argumentos específicos pero todos con el factor común de priorizar aspectos económicos, políticos o de identidad, sobre la salud pública.

• Los errores cometidos por las CC.AA. en el proceso de desescalada que no dieron la importancia necesaria a la contratación de rastreadores y al refuerzo de la atención primaria.

• La relajación de un sector significativo de la ciudadanía que ignoró con mucha frecuencia la necesidad de limitar los contactos sociales.

propiciaron que durante los meses de verano hubiera en nuestro país un incremento desmesurado de los contagios, que han continuado y se han incrementado en otoño con la segunda ola.

Desde un punto de vista político se ha producido alguna evolución desde  el primer Estado de  Alarma. Los gobiernos autonómicos apoyan en general las medidas adoptadas pero en el parlamento nacional, la derecha y la extrema derecha siguen instaladas  en la demagogia permanente mientras Cs mantiene un apoyo crítico dando una de cal y otra de arena.

Aunque el gobierno ha conseguido aprobar una duración de seis meses para el Estado de  Alarma, que permite asegurar una perspectiva temporal suficiente frente a la fragilidad de la etapa anterior que necesitaba  revisiones quincenales, no ha logrado un consenso mayor que podría haber alcanzado con una mayor flexibilidad en sus planteamientos.

La lucha contra la COVID19 necesita tener el máximo apoyo político y no lo está consiguiendo porque muchas veces se ponen por delante temas menores que deberían resolverse con cierta facilidad si los partidos políticos, y en este caso no hay más remedio que generalizar, se resistieran más a su tendencia genética de "marcar territorio".

España NO FUNCIONA

 

La gestión de la pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto un conjunto de debilidades  en  el funcionamiento del Estado que, en la mayor parte de los casos, tienen un origen estructural aunque la pandemia las haya agravado de forma importante. En primer lugar hay que mencionar el lamentable funcionamiento de los servicios de atención a los mayores, las residenciaras geriátricas, que escasas de personal y de recursos y en muchos casos mal gestionadas, fueron responsables del alto número de fallecimientos de personas mayores durante la primera ola de la pandemia.

Hay que  considerar también la situación de la sanidad pública que, sometida a recortes durante muchos años, con escasez de personal, que además tiene unas condiciones de trabajo muy precarias, no es capaz de dar una respuesta a las necesidades de la población en la segunda ola de la pandemia. Si en la primera ola el comportamiento del sector sanitario fue heroico, en esta segunda ni aplicando el mismo heroísmo y dedicación han podido atender las demandas de la sociedad.

La estructura administrativa de nuestro país no resiste ninguna iniciativa nueva por importante que sea. El gobierno ha aprobado una serie de medidas sociales y económicas con objeto de paliar los efectos económicos  de la pandemia, pero estas iniciativas se  estrellan con la falta de recursos humanos y el exceso de burocracia.En tercer lugar hay que considerar al sector educativo que,  debido a su escasez de medios y recursos, tampoco puede ofrecer  las condiciones de seguridad sanitaria que  se necesitan en este curso 2020 2021.

Los ERTES han servido para preservar los puestos de trabajo de muchos asalariados pero el exceso de burocracia y la escasez de funcionarios para tramitarlos, han provocado retrasos  y complicaciones innecesarias.

Con las mismas trabas, pero con mayor gravedad está tropezando la implantación del Ingreso Mínimo Vital que avanza muy lentamente a pesar de la urgencia de su puesta en marcha.

El adelgazamiento sistemático del sector público impulsado especialmente por los gobiernos de la derecha, el exceso de burocracia, el teletrabajo  implantado en las administraciones públicas como consecuencia de la pandemia y la escasa cultura digital que dificulta el acceso a los servicios de muchos ciudadanos, está convirtiendo a España en un país que no funciona.

En pleno siglo XXI los servicios públicos tienen  que ser mucho más eficaces y para ello es imprescindible reducir la burocracia y generalizar las  tecnologías digitales sin que ello implique reducción de empleados públicos ya que la digitalización de los servicios no pueden sustituir en muchos casos la presencia directa de  profesionales  de especialidades como sanitarios, docentes, cuidadores, u otros muchos profesionales.

El fondo de recuperación de 740.000 M€ aprobado por la Unión Europea para los próximos  siete años del que España se beneficiará con 140.000 M€, incluye entre sus prioridades la digitalización y el refuerzo del número de empleados públicos. Hay que esperar que el gobierno responda positivamente y con decisión a este requisito y deje en el baúl de los recuerdos las sistemáticas y demagógicas reivindicaciones de conservadores y liberales de adelgazar al máximo las administraciones públicas, para impulsar la privatización  que en esta pandemia está demostrando su ineficacia en sectores como la sanidad o las residencias de la tercera edad.

Curso político 2020-2021

El final del mes de Agosto da la señal de salida para el comienzo del siguiente curso político, que esta vez se presenta muy complicado.

La pandemia del COVID 19, que se ha recrudecido en el mes de agosto, va a condicionar los primeros meses de este curso político o incluso el curso político entero. Aunque esta situación crítica debería en buena lógica propiciar el entendimiento de todas las fuerzas políticas para conseguir sacar a España tanto de la crisis sanitaria como de la subsiguiente crisis económica y social que el virus ha provocado, todo indica que es muy difícil que sea así y que los grupos políticos mantendrán sus comportamientos habituales.

El PP ha destituido a la marquesa de Casa Fuerte como portavoz parlamentario en lo que, en un primer momento, parecía ser un cambio de rumbo en la estrategia política del partido, pero las primeras actuaciones de la nueva portavoz, que no  pertenece a la nobleza, indican que el cambio se ha debido a pérdida de confianza por la falta de disciplina de la marquesa y no a un cambio de estrategia.

Antes del verano el gobierno propuso un pacto de Estado, con un formato parecido al de los Pactos de la Moncloa de 1976. El PP lo descafeinó convirtiéndolo en una comisión parlamentaria que, finalmente, no sirvió para nada.

El gobierno vuelve otra vez a la carga, consciente de la importancia que tendría para la recuperación de la crisis económica y social un acuerdo de todas las fuerzas políticas, o, al menos, de una buena parte de ellas, focalizado en los presupuestos que están obligados a gestionar de la forma más eficiente posible, los acuerdos económicos adoptados en la Unión Europea.

El primer contacto con el presidente del PP ha resultado ser un fracaso absoluto y en él se ha constatado que el PP sigue instalado en la dureza extrema y la demagogia continua. Su mensaje simplón de que no puede pactar con los que quieren acabar con la monarquía y romper España es muy infantil, del tipo"yo con esos no me junto", lo coloca junto a VOX, en la marginalidad del sistema parlamentario.

Sorprende la errática propuesta que ha hecho el presidente popular al gobierno: Crear una gran Agencia económica para gestionar los fondos  que va a aportar la Unión Europea, es decir pretende que una supuesta agencia independiente gestiones ese instrumento fundamental para cualquier gobierno, además se apoya en una ley de 2006 que se hizo para otras cosas y que Rajoy derogó en 2015. O Pablo Casado nos quiere tomar el pelo a todos, o está asesorado por algún lunático que hace propuestas sin sentido.

La derecha debiera plantearse sustituir a su presidente por alguien que al menos, tenga una mínima talla intelectual.

El comportamiento de Ciudadanos fue mucho más constructivo. En su reunión con el presidente del gobierno, Inés Arrimadas se limitó a hacer unas cuantas propuestas genéricas con las que no se puede estar en desacuerdo y a manifestar su postura de  posible apoyo a pesar de sus diferencias con Bildu y ERC, que no parecen tan insalvables como en otras ocasiones.

El PNV se manifestó en su reunión proclive a negociar con el gobierno y ERC puso en primer plano la celebración de la reunión pendiente entre el gobierno  de España y el govern y luego filosofó sobre la imposibilidad de coincidir en votaciones con Ciudadanos aunque tampoco afirmó de forma rotunda que fuera imposible. Si la reunión con el govern se celebra finalmente, la posición de ERC será seguramente  más flexible.

Finalmente los "pequeños partidos regionales", que tuvieron un contacto telemático con el presidente parece  que tuvieron actitudes muy positivas.

En estas condiciones es muy probable que haya mayoría suficiente para aprobar los PGE a pesar de la fragmentación del parlamento.

Votarían a favor con seguridad los 155 diputados de PSOE y U.Podemos, a los que habría que añadir los 8 de los paridos regionales y los 6 del PNV. En total un bloque de 169, tal vez alguno menos si alguno de los partidos regionales decide abstenerse por algún motivo  de carácter local.

En contra estaría la derecha (VOX, PP, Foro y Navarra suma) y los nacionalistas radicales catalanes (JxCat y CUP) aunque, dada la situación de confusión que se ha creado entre JxCAT y el PDCAT, no sería extraño que alguno de estos últimos tuviera una posición diferente. En total el voto negativo  sumaría 153 escaños.

Quedan por tanto por determinar la posición de los nacionalistas de izquierdas, 18 de ERC y Bildu, que por ideología no  parece lógico que voten en el mismo sentido que la derecha y de los centristas de Ciudadanos que están  entre Pinto y Valdemoro.

Es muy probable que uno de estos dos bloques, o los dos, opten por la abstención.

El mejor caso sería que los 28 diputados  nacionalistas y de ciudadanos votaran a favor de los presupuestos, lo que daría una amplia mayoría de 187 votos y dejará aislada a la derecha.  

España enmascarada

La pandemia del COVID 19 ha convertido a nuestro país y a casi todo el planeta, en una sociedad enmascarada.

La mascarilla quirúrgica se ha convertido en un elemento de uso obligado de protección de la infección. Aunque la mascarilla no sea el elemento fundamental de protección, lo son mucho más la higiene de manos y la distancia social, si es el más visible y por ello se ha convertido en símbolo de la defensa contra el virus. Su uso obligado en todos los lugares públicos nos obliga a reconocernos entre nosotros por el peinado o la calva, únicos rasgos visibles de nuestras caras.

Una vez levantado el pasado junio el Estado de Alarma, la responsabilidad de la gestión de la epidemia pasó íntegramente a las CC.AA., como por otra parte, habían pedido con insistencia en numerosas ocasiones.

Las recomendaciones en esta fase de relativa normalidad se resumían en tres ideas:

La primera seguir manteniendo la distancia social, especialmente en reuniones familiares y en el ocio nocturno, discotecas bares de copas o botellones callejeros que se han revelado como los agentes responsables en la transmisión de la pandemia.

La segunda recomendación es reforzar los servicios de atención primaria contratando más sanitarios.

La tercera recomendación, asociada con la anterior, es la creación de una potente red de rastreadores que permitiera identificar los contactos estrechos de las personas que hayan contraído el virus.

Lamentablemente, las CC.AA., responsables de estas actuaciones, han cumplido de forma poco eficiente,  con ellas, en algunos casos como en Madrid con un nivel mínimo.

Además de esta falta de cumplimiento ha habido otros comportamientos lamentables, como ha sido no prever la llegada de trabajadores temporeros para la recogida de fruta que han tenido, salvo excepciones, la misma situación de semi-esclavitud en sus condiciones de alojamiento que, lamentablemente, son habituales en muchas comarcas agrícolas y que en esta situación de epidemia son mucho más graves y han contribuido de forma importante a la propagación del COVID 19.

Si en la primera parte de la pandemia la gestión de las residencias de mayores fue el punto más negro de la gestión de las CC.AA., la contratación de los temporeros puede convertirse en el punto negro de este segundo período.

Un mes después de la entrada en la nueva normalidad, España ya encabeza el ranking de infecciones y las prisas que hubo para facilitar la llegada del turismo se han vuelto en contra y ahora España esta vetada para los turistas de los países que  aportan mayor número de visitantes.

Ante el incremento de los brotes, que en algunos casos tienen ya características de transmisión comunitaria, ha sido necesaria la convocatoria de una comisión sectorial de sanidad que ha acordado once medidas a nivel nacional para impulsar las medidas a tomar contra la pandemia.

Entre las medidas adoptadas hay que destaca

• En el área de residencias geriátricas, la obligación de hacer PCRs y la limitación de visitas. 
• En el área de reducción de los contactos sociales, la prohibición de las actividades de ocio nocturno y el adelanto de horarios de cierre en bares y restaurantes 
• En el área de control médico, la realización de PCRs masivos en los barrios y ciudades más afectados.

No figura en el acuerdo el incremento del número de rastreadores ni el aumento del personal.

Tampoco se menciona la utilización de la herramienta de comunicación entre móviles puesta en marcha por la Administración Central.

A primera vista la medida más potente para el control de la pandemia  es la  limitación y prohibición de las actividades de ocio nocturno.

Los PCRs masivos tienen una eficacia limitada si no se complementan con rastreos, además, aunque sean útiles para saber el grado de contaminación real de los distritos afectados, el número de casos que puedan detectarse incluyendo los rastreos no es suficiente. Si , por ejemplo, en un distrito como Carabanchel (Madrid), con aproximadamente 250.000 habitantes,  se hacen 1.000 PCRs y se detectan un 2% de infectados, se puede afirmar, pues la muestra es suficiente para ello, que hay 5.000 personas con coronavirus en el distrito pero como solo se han localizado 20, mas las que se deriven de los rastreos, la mayoría de los asintomáticos siguen circulando y propagando la infección.

La aplicación informática para móviles necesita para ser eficaz, que se descargue de forma generalizada y se complemente con un amplio sistema de rastreo.

Con estas consideraciones, las medidas adoptadas y la forma como se están aplicando no parecen suficientes para alcanzar el objetivo de frenar de forma eficiente la pandemia. No habría que descartar un nuevo estado de alarma que, aunque no llegue al nivel de confinamiento de los meses de Abril y Mayo, permita adoptar medidas más contundentes y mejor coordinadas.

El siguiente reto que se aproxima es el comienzo del curso escolar para el quetampoco se han tomado las medidas necesarias que, sea cual sea el escenario que se  presente, necesita mayores recursos de aulas y  personal y se ha alcanzado el tramo final de Agosto sin que la Administración educativa haga nada más que declaraciones voluntaristas. Todo indica que el curso va a comenzar como siempre, con algunas medidas marginales como mascarillas, geles hidro-alcohólicos o pegatinas en suelos y paredes. En estas condiciones parece muy probable que haya que volver a la opción telemática en pocas semanas.

.La deficiente gestión de la segunda parte de la epidemia y las negras perspectivas que hay sobre el comienzo del curso escolar, ponen en cuestión la capacidad de las CC.AA., aunque no todas sean iguales, para gestionar situaciones tan graves como la que estamos viviendo.

Habría que preguntarse que uso se ha hecho  de los 16.000 millones de  Euros transferidos por el gobierno central para apoyar medidas en las áreas de educación y sanidad.

Surge también la duda sobre el papel que tienen que jugar las CC.AA.: ¿Es el sistema autonómico el que no ha funcionado?, o  "simplemente" se trata de que muchos de los gobiernos autonómicos elegidos tienen un nivel político muy bajo, situación de la que habría que responsabilizar a los partidos políticos que han presentado candidatos de un nivel tan bajo. Me inclino por la segunda opción pues creo que el modelo federal, en su actual versión autonómica, es el más adecuado para nuestro país. En cualquier caso, España no puede permitirse el lujo de tener presidentes autonómicos como, ideologías aparte, Quim Torra o Isabel Diaz Ayuso por poner solo los últimos del ranking autonómico.

Los derechos de los mayores

En tiempos antiguos se valoraba de forma muy especial la experiencia y sabiduría de las personas mayores, hasta el punto que los Consejos de Ancianos tenían un papel trascendental en muchas sociedades primitivas.

Actualmente la situación es muy diferente, las personas mayores suelen estar subvaloradas, y muchas veces arrinconadas, como trastos inútiles.

El termino edadismo, recientemente acuñado, hace referencia a todos los comportamientos inadecuados y prejuiciosos hacia las personas vinculados a su edad avanzada.

Una de las manifestaciones más extendidas del edadismo es la discriminación laboral que prescinde de los trabajadores mayores, y muchas veces se consideran mayores a los que han cumplido 50 años, sustituyéndolos por personas más jóvenes, y de menor coste, o directamente por máquinas. En algunas ocasiones esa precipitada sustitución ha hecho fracasar importantes proyectos al jubilar anticipadamente  técnicos con mucha experiencia y sustituirlos por otros más jóvenes que no tenían capacidad suficientes.

La renovación generacional es imprescindible pero hay que hacerla de manera ordenada, respetando los derechos de los trabajadores de distintas edades. En una época en la que se ha prolongado la esperanza de vida  en unas condiciones  físicas y mentales muy buenas, es un desperdicio inadmisible prescindir de los más veteranos de forma sistemática.

En la situación de pandemia por el COVID19 que estamos  padeciendo, la discriminación por edad ha adquirido cotas totalmente inadmisibles para nuestra sociedad que ha supuesto decenas de miles de fallecimientos de personas mayores en las residencias de la tercera edad, especialmente en Madrid y Barcelona.

No voy a entrar en la falta de recursos, la imprudencia y la mala gestión de de las Comunidades autónomas o su falta de sensibilidad, temas que se están debatiendo en muchos medios y que  en un futuro acabaran con toda seguridad en los tribunales. Me preocupa  lo que considero una de las claves del tema, la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las personas mayores que se encuentra detrás de todas estas malas prácticas.

Todo ciudadano, con independencia de su edad, tiene derecho a sus libertades individuales, entre ellas la de  decidir sobre la asistencia sanitaria que necesita. Si un ciudadano, o en su caso sus familiares más próximos, considera que necesita  acudir a un hospital para ser examinado, ningún director de residencia ni ninguna autoridad sanitaria tiene derecho a impedírselo. No es de recibo que  las autoridades sanitarias prohíban llamar a ambulancias para atender a los residentes y no es de recibo que no puedan llamar a su médico cuando lo consideren necesario.

La decisión de a quien se asignan los recursos  médicos disponibles en cada momento (UCIs, respiradores o camas hospitalarias) corresponde a los equipos médicos, no a las autoridades autonómicas.

Se han dado también discriminaciones en función del origen laboral de los jubilados. Los beneficiarios del régimen general de la seguridad social no han sido atendidos mientras que los funcionarios, que tienen su sanidad pública concertada con entidades privadas, si han podido serlo. 

Tampoco es de recibo, en pleno siglo XXI en el que el uso de teléfonos móviles está generalizado, que los familiares no hayan podido comunicarse con los residentes y hayan tenido que recibir información discrecional por parte de la dirección de las residencias, en muchas ocasiones solo para comunicarles su fallecimiento.

Las personas mayores que viven en su propio domicilio han tenido la oportunidad de requerir los servicios médicos u hospitalarios cuando lo han considerado necesario. No hay razón para que los mayores que residen en un centro geriátrico no tengan los mismos derechos.

Hay que cambiar el modelo de residencias y, además de dotarles de más recursos económicos y de  un mejor acceso a los servicios médicos, hay que quitarles esa capacidad que se arrogan de restringir derechos a los mayores que hace que algunas residencias se asemejen más a centros penitenciarios que a lugares donde vivir bien atendido y con todos los derechos.

Después de la epidemia

El Estado de alarma ha terminado, aunque  desde un punto de vista estrictamente sanitario, hubiera sido conveniente  prolongarlo algún tiempo más, pues los territorios más poblados, Madrid y Barcelona, no reunían todavía los requisitos sanitarios necesarios para acceder a la movilidad total. 

En cualquier caso todo el país ha accedido a la "nueva normalidad", una especie de libertad con limitaciones para evitar la propagación del virus que permite desplazamientos por todo el país.

El grado de infección existente en España, después de los primeros 15 días de "nueva normalidad", es estable, aunque se hayan contabilizado 58 brotes en distintos territorios como consecuencia de los rastreos efectuados. La existencia de brotes locales en familias, grupos de trabajadores, residencias u otros lugares, hay que considerarlo como parte de la nueva normalidad y tiene el aspecto positivo de demostrar que los seguimientos de los contactos próximos a los infectados, realizados por los equipos de rastreadores, han funcionado.

Mas preocupante resulta que en territorios muy castigados por el virus, como la Comunidad de Madrid, no se haya detectado ningún foco, pues puede ser un indicio de que no se están haciendo suficientes rastreos o se están haciendo mal.

También es preocupante la situación de Madrid porque todavía permanecen cerrados varios centros de salud  y el déficit de sanitarios sigue siendo alto. Las manifestaciones continuas de los sanitarios madrileños, promovidas por plataformas como la marea blanca o sanitarios necesarios, son un buen indicador de la precaria  situación de los profesionales de la salud. En un reciente manifiesto por la sanidad pública,todos los colectivos sanitarios denunciaban que Madrid solo gasta en sanidad el 3,6% de su PIB mientras que la media nacional de todas las CC.AA. es del 5,5%, un 35,5% menos en terminos de PIB que  el conjunto de todas las CC.AA.

Las últimas noticias indican que, en contra de todas las recomendaciones sanitarias,  la Comunidad de Madrid tiene la intención de cerrar camas hospitalarias en el período estival. Una razón mas para la moción de censura a Isabel Diaz Ayuso. 

La inminente apertura de fronteras, tanto para los países de la Unión Europea como para algunos otros  considerados de baja incidencia del virus, son una fuente adicional de preocupación por las posibilidades de importar contagios. Aunque se van a tomar algunas precauciones para controlar los viajeros que llegan a los aeropuertos, puede que no sean suficientes.

En todo caso parece inevitable correr un cierto riesgo para equilibrar el control de la pandemia con iniciar el proceso de recuperación económica y social. Mientras no aparezca una vacuna no hay más remedio que convivir con el COVID19.

Por otro lado, las redes de defensa social y económica promulgadas por el gobierno están empezando a ofrecer resultados positivos:

Según datos del SEPE

El número inicial de beneficiarios de prestaciones por desempleo por ERTES del COVID 19 concedidos en Abril y Mayo era: 3.758.431 trabajadores.

A estas cifras habría que  agregar aproximadamente un millón más de beneficiarios entre autónomos y empleadas de hogar.

El número de beneficiarios en Mayo era de  2.661.678

A final de junio se pagaron 1.466.173  prestaciones, lo que indica que 2.300.000 trabajadores habrían salido de los ERTES antes de su final teórico del 30 de junio.

Por acuerdo con los agentes sociales los ERTES se han prorrogado hasta el 31 de septiembre, y son previsibles prorrogas adicionales hasta fin de año en algunos sectores.

La segunda RED de defensa económica ha sido la linea de avales COVID19 financiada por el ICO,  dotada con 100.000 millones de € y complementada por otros 1.200 M€ dedicados a  financiar alquileres para autónomos y PYMES.

Estos avales han beneficiado, a 15 de junio, a 400.000 autónomos y PYMES.

El gobierno ha aprobado también otros programas de apoyo de menor impacto económico pero de gran valor social.

A pesar de este importante esfuerzo, los sectores más vulnerables  de la ciudadanía han tenido que buscar el apoyo de ONGs, AA.VV, y otras entidades  sociales que han jugado un papel muy importante en esta  pandemia.

Para cubrir también  a  estos colectivos se ha aprobado  recientemente el Ingreso Minino Vital  que se estima afectará a 850.000 personas en riesgo extremo de pobreza.

Empieza ahora el proceso de reconstrucción que tiene varios frentes:

• El frente político que se está materializando en un comisión parlamentaria de reconstrucción que acaba de aprobar sus  primeras conclusiones, salvo en Sanidad, la aprobación se ha limitado a los partidos del gobierno y el apoyo, excepto en los aspectos sociales, de Ciudadanos que sigue desmarcándose de las derechas extremas. Hay que esperar que en el debate en plenario puedan ampliarse los acuerdos
• En el frente social, los acuerdos entre gobierno, patronal y sindicatos, transitan con mejores perspectivas. La firma primero del acuerdo de salario mínimo, la prolongación de los ERTEs hasta final de septiembre después y finalmente el pacto genérico de recuperación, son sus hitos más relevantes.
• Las CC.AA. y los ayuntamientos  están también en proceso de firmar sus propios acuerdos territoriales. Aquí la situación es muy variable, aunque  seguramente se podrá llegar a acuerdos significativos en algunos territorios.
• Por último queda el frente europeo que ha suprimido temporalmente sus políticas anti déficit y va a liberar importantes ayudas para salir de la crisis en unas condiciones mucho más favorables que en 2008. La concreción de estas ayudas se acordará en la próxima cumbre del Consejo a mediados de julio.

La crisis está siendo muy profunda y va a dejar huella en todos los países, tres meses de inactividad no pasan en vano y tienen inevitables repercusiones sobre los indicadores macro económicos de desempleo y PIB.

Esta situación está siendo aprovechada por los agoreros habituales para anunciar poco menos que el apocalipsis y la necesidad de tomar la medidas habituales de ajuste y recorte de derechos. Las medidas que se han tomado y las que están en marcha proporcionan garantías razonables de que se puede salir incluso con más fuerza de esta situación.

Para ello es necesario evitar que una posible segunda oleada del COVID 19 tenga efectos similares a la primera y para ello hay que reforzar al máximo nuestros puntos más débiles: recursos sanitarios y residencias de mayores. No parece que todas las CC.AA. responsables de la gestión de estos recursos, estén en la misma línea.