Sube el Nivel de Corrupción

Llevo bastante tiempo intentando evitar escribir sobre este tema porque me resisto a admitir que España es un País corrupto, como parece desprenderse de la información persistente de los medios de comunicación, de los comentarios de muchos compañeros y amigos, de la proliferación de culebrones de Email que circulan en la red en los que se mezclan hechos, inventos y medias verdades.

Estoy cansado de que se vea casi siempre la botella medio vacía de que se enfoque cualquier cosa por el lado más negativo o de que el éxito que pueda tener cualquiera en cualquier situación se acompañe de sospechas, aunque no haya ningún motivo para ello. La sociedad se está instalando en una desconfianza y un pesimismo inaguantable.

En un articulo que publiqué en este mismo blog el pasado mes de Septiembre,  Ofensiva para debilitar nuestra democracia, explicaba las razones por las que creía que España no era un pais corrupto basándome en los datos ofrecidos por Tranparencia Internacional (TI) 2011. El informe de TI 2012 acaba de hacerse público y la posición de España es la misma que en el del año anterior, incluso mejora ligeramente pues está en el puesto 30, de 174 países con 65 puntos, en 2011 nos situábamos en el puesto nº 31 con 63 puntos. Los informes de TI se hacen utilizando 13 encuestas internacionales de reconocido prestigio, en el caso de España se han utilizado los datos de 7 de estas encuestas, por lo que la fiabilidad es bastante alta.

Con estos datos tengo que ratificarme en mi posición anterior, aunque sea minoritaria, España NO es un país corrupto. Otra cosa es que el nivel de corrupción haya subido de grado en los últimos tiempos y no haya más remedio que tomar medidas para controlarlo.

Sin duda hay que atacar a la corrupción en todas sus manifestaciones, pero es necesario decir a continuación que no todos los tipos de corrupción son iguales, como no es lo mismo robar una cartera que atracar un banco aunque seamos contrarios a ambos tipos de robo.

El nivel de corrupción que se ha descubierto en al caso Bárcenas supera todo lo conocido hasta ahora y solo acaba de empezar.

• En primer lugar el carácter institucional de la trama corrupta. No se trata de la aparición de un sinvergüenza, que puede surgir en cualquier parte, en la misma Casa Real con el Duque de Palma o en la Fundación Ideas del PSOE como en el caso Amy Martin.
• En segundo lugar por el montante de la trama. Han aflorado 22.000.000 de Euros en una cuenta en Suiza controlada por el recaudador. Si la comisión del recaudador son 22M€. ¿Cual será el valor total de lo ocultado?
• En tercer lugar por su duración. Es una trama de corrupción permanente, pues han sido 18 años, desde 1990 hasta 2008.
• En cuarto lugar por la extensión y la calidad de las personas presuntamente implicadas: la cúpula nacional del Partido Popular de varios años, incluyendo al parecer a varios ministros y al actual presidente del gobierno.
• En quinto lugar porque abarca prácticamente todos los formatos de la corrupción: Prevaricación cohecho, pago de comisiones, financiación ilegal de partidos, donaciones ilegales, ocultación de fondos en paraísos fiscales, blanqueo de dinero...

Antes del caso Bárcenas, la corrupción institucional había afectado a Ayuntamientos como Majadahonda, Las Rozas o Pozuelo, Áreas enteras de Comunidades Autónomas como Madrid, Catalunya o Andalucia, afectando incluso a presidentes autonómicos como los de Baleares o Valencia pero las connotaciones del caso Bárcenas que toca a las últimas direcciones nacionales del partido del gobierno, el PP, supera cualquier comparación.

Aunque la corrupción institucional está varios peldaños por encima de la corrupción individual, o matrimonial, no por ello son menos significativos algunos casos de corrupción individual, que afectan a instituciones muy significativas.

El caso Amy Martin, aunque limitado en su importe comparado con todos los demás, supone la estafa a una institución progresista, que tendría que ser mucho más cuidadosa, la Fundación Ideas del PSOE, que ha pecado de imprudencia e ingenuidad al poner al frente de esta institución a un personaje que barría para dentro y que acabó, junto con su mujer, justificando la estafa con una película delirante. Nos roba y luego nos quiere tomar por idiotas. Afortunadamente la reacción de partido ha sido rápida y eficaz despidiendo de forma fulminante al estafador y exigiendo la devolución de lo estafado.

Otro caso de carácter individual, o matrimonial, con un importe y una duración considerable, es el del duque de Palma que aprovechándose de su relación con la casa Real ha sangrado económicamente de forma inmisericorde a instituciones y empresas. También en este caso la reacción de la Casa Real ha sido relativamente contundente, dentro del contexto delicado de esta situación, con un apartamiento progresivo de este personaje del entorno familiar después de intentar, en este caso de forma poco eficiente, de apartarle de sus actividades delictivas.

El PP anda empeñado en un pacto anticorrupción que sea capaz de cortar de raíz la corrupción política, el PSOE debería entrar en ese pacto pero siendo consciente que su proyección es de futuro, por lo que es imprescindible que antes, sin perjuicio de las responsabilidades penales, se hayan pagado políticamente de forma eficiente, con las dimisiones ceses que fueren necesarios, las responsabilidades políticas..

La Ciudad y los Niños, premio Habitat de la ONU

La agencia de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, ONU-HABITAT, tiene el mandato de la Asamblea General de promover pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles.

ONU-HABITAT tiene 154 programas técnicos y proyectos en 61 países de todo el mundo, la mayoría de ellos en los menos desarrollados, entre los que está el Programa de Mejores Prácticas y Liderazgo Local .

Como parte de este programa, la ciudad de Dubái promueve con periodicidad bianual, un premio para las doce mejores prácticas de desarrollo urbano. Una de las propuestas premiadas por el jurado internacional, entre las 360 presentadas, ha sido: La Ciudad de los Niños, basada en la participación de los niños en la ciudad como base para la ciudadanía.

Esta propuesta es fruto del trabajo constante y sistemático de un equipo formado en el seno del Movimiento de Renovación Pedagógica Acción Educativa, que lleva muchos años trabajando directamente con los niños a los que empieza por considerar ciudadanos de pleno derecho.

Hay que felicitar a este equipo por el premio concedido, que supone un importante reconocimiento internacional por parte de Naciones Unidas cuando en España su trabajo se conoce muy poco aunque lleven ya muchos años con este programa.

El proyecto de la ciudad de los niños se basa en considerarlos ciudadanos con todos los derechos, y por tanto, contando con su opinión y pidiendo su participación.

Para ello proponen iniciativas, en colaboración con los Ayuntamientos, como la creación de los Consejos Municipales de niños, donde debaten proyectos municipales que les afectan como pueden ser la construcción y equipamiento de parques infantiles o zonas deportivas, y de paso aprenden en la práctica a discutir, dialogar, votar, y llegar a acuerdos en definitiva practican la Educación para la Ciudadanía, esa materia nefasta tan repudiada por los gobiernos del PP.

Otro programa que desarrollan es el de la escuela a pie para que los niños vayan caminando a su escuela sin miedos adicionales. Primero se diseñan con ellos las rutas más adecuadas y luego se buscan puntos de apoyo en los policías municipales y en los comercios de la zona que quieran colaborar.

Estos y otros programas se exponen públicamente, con la colaboración de los propios niños, en los encuentros que se celebran anualmente, que ya van por la séptima edición.

Este tipo de proyectos orienta la educación desde un punto de vista activo muy diferente del que, cada vez más, propone el sistema educativo español totalmente pasivo que pretende que grupos de niños cada vez más numerosos se limiten a escuchar como en la Edad Media las lecciones magistrales que les imparten sus profesores.

Un sistema educativo que está sometido además a una profunda degradación debido por un lado a los recortes presupuestarios que le están aplicando los gobiernos populares y por otro a la absurda batalla por el bilingüismo en la que nos han embarcado, que es cara, está mal planteada y es finalmente inútil y contraproducente, pues no se puede hacer bilingüe a una población a base de profesores que solo tienen nociones básicas del idioma inglés, con el coste adicional de deteriorar la enseñanza de las demás materias.

Un sistema educativo que quieren convertir en el saco sin fondo que ampare todo lo que se pierde: religión, educación vial, educación financiera, e incluso, últimamente, fiscal. Cada uno de estos temas será una asignatura con lecciones magistrales y fichas dirigidas pues no saben hacer otra cosa.

Esperemos que el reconocimiento internacional que se les ha dado en Naciones Unidas, sirva para que los Ayuntamientos, al menos los de carácter progresista, cuenten con equipos como el de La Ciudad y los Niños para mejorar la educación de nuestros hijos y hacer las ciudades más habitables para los propios niños y para los que ya no lo somos tanto.

Las puertas giratorias

La práctica de la puerta giratoria, trasvase de personajes relevantes desde la función pública al sector privado y viceversa, está siendo objeto últimamente de algunas críticas.

Esta práctica no es en si misma censurable, cuando se trata de aprovechar los valores y el talento de dirigentes valiosos que previamente han tenido una actuación relevante en uno u otro ámbito.

El paso de líderes empresariales, catedráticos universitarios, profesionales relevantes, etc., a ocupar cargos políticos suele verse de forma positiva, contraponiéndolo a la práctica, últimamente excesivamente extendida, de los profesionales de la política que acceden a puestos de responsabilidad desde muy jóvenes y sin pasar antes por una experiencia profesional.

El paso de políticos relevantes, entendiendo por tales a los Presidentes del Gobierno, Ministros, Presidentes de CC.AA, Consejeros de Gobierno Autónomo y algún caso más, a la actividad privada es juzgado en cambio con mucha severidad. El famoso problema de que hacer con los jarrones chinos que planteaba Felipe González no parece tener solución, según los supercríticos, por esta vía.

Por otro lado es bastante evidente que cuando se llama a un ex-alto cargo a formar parte de alguna gran empresa no se hace solo por su valía y experiencia, sino también por sus contactos y su capacidad de influencia. Distinguir que parte de cada elemento predomina en cada caso es una tarea casi imposible.

Por último indicar que no todo ex es un jarrón chino en el sentido que decía Felipe González, algunos ex son realmente poco valiosos y parecen botijos más que jarrones chinos, si se colocan en un puesto de representación es casi solo por su capacidad de influencia.

Hay que intentar analizar esta situación evitando la demagogia fácil, pues, como en tantas otras ocasiones, se corre el riesgo de tirar al niño junto con el agua sucia.

Empezando por los tres ex-presidentes del gobierno que tenemos actualmente, encontramos que Felipe González, que dejo el cargo en 1996, ha desempeñado diversas responsabilidades de carácter institucional en España y Unión Europea, actividades que compatibiliza actualmente con un puesto en el Consejo de Administración de Gas Natural.

J. M. Aznar mantiene su actividad política pontificando desde su fundación política, la FAES, no tiene casi ninguna proyección internacional, seguramente porque casi nadie cuenta con él. A nivel de empresas lo contrataron casi inmediatamente en el grupo Murdoch, uno de los mayores grupos mundiales de medios de comunicación, con orientación, como puede imaginarse, muy conservadora y tiene también un puesto de asesor en Endesa.

J.L. Rodríguez Zapatero se mantiene en un discreto segundo plano político ocupando el puesto que le corresponde en el Consejo de Estado.

Otros ex-ministros han seguido sendas parecidas y ocupan cargos de representación en las grandes empresas nacionales, que hasta hace poco fueron públicas, mientras que muchos otros se han retirado sin más a su vida privada.

El hecho de que ex cargos públicos ocupen puestos en los Consejos de Administración o de asesores en las grandes empresas españolas, que hasta hace poco eran públicas, es una tradición antigua y no necesariamente negativa, pues, si se hace de manera discreta, puede ser beneficiosa para las empresas españolas además de contribuir a resolver con cierta eficacia el problema de los jarrones chinos que planteaba Felipe González.

No creo por tanto que haya que rasgarse las vestiduras con la práctica de la puerta giratoria siempre que se respeten unos criterios mínimos, que no siempre se cumplen con el rigor suficiente, como el escrupuloso respeto a los dos años de espera antes de ocupar un puesto relacionado de una forma o de otra con el cargo ocupado, circunstancia que últimamente se ha incumplido en algún caso.

Debería revisarse también la compatibilidad de la pensión que reciben los ex presidentes con otros ingresos derivados de los cargos para los que son nombrados posteriormente.

Relacionados con esta práctica están algunos casos, de alguna manera similares pero no idénticos.

El nombramiento de Rodrigo Rato como asesor de Telefónica podría ser un caso habitual de puerta giratoria si no fuera por su imputación penal en el caso Bankia, por ello creo que Telefónica ha fichado más que a un ex vicepresidente del gobierno, a un ciudadano imputado por graves irregularidades financieras. Deberían haber aprendido de su experiencia con el Duque de Palma.

Otro caso reciente es el de J.J. Güemes que paso a ocupar un puesto en el Consejo de Administración de una Empresa a la que él mismo había concedido una buena parte de los servicios sanitarios privatizados durante su gestión. Sin duda habían transcurrido más de los dos años preceptivos pero la colisión de intereses era tan patente que la rápida dimisión era casi la única salida.

Debido a que aparentemente se están realizando algunos abusos en la utilización de estas practicas, la reacción inmediata de una sociedad cada vez más afectada por la crisis, y por los casos de corrupción que están aflorando en los últimos tiempos y la incapacidad de los gobiernos para salir de ella y acabar con la corrupción, es de indignación y de critica feroz y finalmente de intento de prohibición, que seguramente es imposible.

No se puede encerrar a los ex-presidentes y ex-ministros en un convento.

Derecho a Elegir y Derecho a Decidir

La Constitución Española incorpora a la sociedad civil un completo conjunto de derechos políticos: asociación, reunión, manifestación, opinión, sindicación, huelga, etc. definidos en su Titulo II.

Siendo muy importantes todos estos derechos, los más característicos en democracia son el derecho a elegir representantes y el derecho a adoptar decisiones políticas.

El derecho a elegir representantes se cumple periódicamente en todos los procesos electorales de ámbito municipal, autonómico o nacional.

El derecho a decidir es, en la mayoría de los casos, un derecho que los ciudadanos delegamos en los representantes elegidos en las elecciones, sean estas del tipo que sean, para que adopten decisiones políticas en nuestro nombre.

Pero la constitución española regula también la opción del Referéndum para que los ciudadanos podamos tomar directamente, sin la intermediación directa de nuestros representantes, decisiones políticas relevantes que afectan a cuestiones de primer orden, por medio de un Referéndum.

Estas decisiones relevantes se refieren a la modificación de determinados aspectos constitucionales, relacionados con los derechos fundamentales y con la corona, incluidos en los títulos preliminar, primero y segundo pero no incluyen el derecho a decidir sobre temas territoriales que se está demandando ahora desde Catalunya.

El titulo octavo, relativo a la organización territorial del Estado, no prevé mecanismos legales para cambiar la organización estatal una vez que han sido establecido las Comunidades Autónomas. En el titulo octavo, los artículos 148 y 151, establecen los procedimientos para la redacción y aprobación de los estatutos de autonomía, sin embargo no existe ninguna previsión para los posibles cambios territoriales una vez establecidos, es más algunos artículos incluyen restricciones a acuerdos entre comunidades. Todo indica que el legislador quería impedir cualquier facilidad para cambiar el esquema territorial del país.

• El artículo 145 prohíbe la federación de CC.AA. y limita mucho las posibilidades de colaboración entre ellas.
• El artículo 150 deja en manos del Estado todo lo referente a transferencia de competencias y permite la intervención del mismo en cualquier materia cuando lo requiera algo tan difuso como el interés general.

En definitiva, la constitución de 1978 define los requisitos necesarios para crear las Comunidades Autónomas pero no hace ninguna previsión sobre los posibles cambios que pudieran plantearse en el futuro. Las CC.AA. quedarían con su estructura "disecada", sin posibilidades de cambios territoriales.

Un ejemplo claro de estas dificultades es la situación del condado de Treviño, enclave territorial de 280 km2 y 2.000 habitantes situado dentro de la provincia de Alava pero perteneciente a Burgos. Este enclave ha solicitado en siete ocasiones su dependencia de Alava, la primera en 1.646, hace 387 años y la última en 1.998, ya con la constitución vigente. A pesar de la posición mayoritaria de los vecinos, del carácter meramente funcional del cambio y del acuerdo de los gobernantes vascos, no ha sido posible cambiar su situación administrativa.

Si La Constitución no es capaz de resolver temas menores, en términos generales no para los ciudadanos afectados, es impensable que pueda permitir el derecho a decidir en el sentido que se está pidiendo en Catalunya: la posibilidad de la separación de España del territorio catalán.

Si propugnamos un cambio constitucional en un sentido federalista, no queda más remedio que incluir en él la opción de cambios territoriales que permita, de un forma o de otra, el derecho de autodeterminación de los pueblos de España.

Utilizando una definición convencional (ref. wikipedia), el derecho de autodeterminación es el derecho de un  pueblo  a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.

La primera definición consolidada del término pueblo, está en la resolución 1541 de la XV Asamblea de Naciones Unidas en 1960, un grupo humano puede considerarse pueblo en situación colonial en función de dos criterios básicos: la separación geográfica entre la colonia y la metrópoli y la existencia de diferencias étnicas y/o culturales. En este contexto el derecho de autodeterminación se aplicaría solo a situaciones coloniales, en las que no están incluidas ni Catalunya, ni Euskadi, ni Galicia.

Pero hay definiciones más amplias del concepto pueblo, la resolución 2625 de la XXV Asamblea de Naciones Unidas (1970) define también como pueblos a aquellos grupos que poseen características que los identifican y los diferencian del resto de habitantes del Estado al que pertenecen.

Los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos, aprobados por Naciones Unidas en 1966 reconocen en su artículo primero que estos colectivos son sujetos del derecho de libre determinación, lo que es sin duda un argumento de mucho peso en favor de este derecho.

Este reconocimiento es sin embargo muy polémico, pues más del noventa por ciento de los Estados actuales son plurinacionales desde un punto de vista sociológico, por lo que la aplicación del derecho sin límites ni condiciones produciría un contexto de inestabilidad y fragmentación excesivo.

La solución generalmente aceptada recomienda aplicar a estos pueblos, lo que se denomina derecho de autodeterminación interno en toda su extensión, limitando a casos muy estrictos el ejercicio de la autodeterminación externa, la soberanía plena. En la práctica este derecho de autodeterminación interna coincidiría en España con un amplio desarrollo de la autonomía política ya existente.

Si apostamos en España por una reforma constitucional de carácter federal, como estructura final del estado autonómico y como solución política que de cabida de forma cómoda a todos los pueblos de España, habría que plantearse la inclusión del derecho o no de autodeterminación, que aunque no está generalizado en todos los estados federales, si está legislado en bastantes de ellos.

En cualquier caso y considerando que la unidad del Estado Español es un valor importante a preservar, no tiene porque ser necesariamente contradictorio con el reconocimiento del derecho a la secesión, que no tendría que ser fácil de ejercer, y que , de producirse, debiera garantizar que se hace con la garantía explicita de que la mayoría de los ciudadanos, no de los votantes, son partidarios de la separación 

Ceses y Dimisiones

En España está muy poco extendida la costumbre de presentar la dimisión cuando se han cometido errores serios de gestión o, lo que es más grave, se han producido situaciones irregulares desde el punto de vista administrativo e incluso penal.

Tampoco es muy frecuente que se cese al responsable de la mala gestión si la dimisión no se produce

La destitución del vicealcalde de Madrid, M. A. Villanueva y su posterior dimisión como concejal, la seudodimisión de ningún sitio del cacique gallego J.L. Baltar y la negativa a dimitir de sus cargos del presidente de la Unión Democrática de Catalunya(UDC), J. A. Duran Lleida, ponen en primer plano de la actualidad estos asuntos.

Aunque no soy nada fundamentalista con las dimisiones, pues considero que no es el ungüento amarillo que todo lo cura y que se abusa en demasiadas ocasiones en pedir dimisiones, si creo que en determinadas circunstancias una dimisión o un cese, a tiempo es una medida muy higiénica desde el punto de vista democrático.

El esquema es en principio sencillo: todo responsable político que cometa un error grave o se vea inmerso de forma fehaciente en una situación legal irregular, debería dimitir o ser cesado. El problema aparece cuando se intentan definir los límites de error grave o situación legal irregular.

Analicemos los últimos casos.

El cese del Sr. Villanueva era prácticamente inevitable, dado que los datos que han ido apareciendo sobre la tragedia del primero de noviembre, revelaban tal cumulo de errores, mala gestión, imprudencias, favoritismos, e irregularidades de todo tipo, que obligaban a una depuración de responsabilidades, que no se podían quedar, ni siquiera para el PP, simplemente en sacrificar una pieza menor, como el responsable del Madrid Arena, sino que tenían que ir más arriba, hasta llegar al vicealcalde, si el gobierno del Ayuntamiento de Madrid quería que el conflicto no se le fuera del todo de las manos. La dimisión posterior de M.A. Villanueva como concejal, cargo del que no le pueden cesar, es un acto complementario sin mayor trascendencia.

La pregunta que surge ahora es si es suficiente con esta destitución o es imprescindible llagar hasta la máxima autoridad municipal: la alcaldesa.

La dimisión de la alcaldesa sería el reconocimiento explícito del fracaso del gobierno municipal y el PP va resistirse a hacerlo con uñas y dientes, por otro lado las responsabilidades las tenía delegadas por lo que, en rigor, no se le puede atribuir una responsabilidad directa, lo lógico es que intenten aguantar el chaparrón con el cese de Villanueva.

El caso del cacique gallego, uno de los históricos presidentes de diputación del PP gallego, que hacía y deshacía a su antojo, es totalmente distinto.

Este personaje, que fue presidente de la diputación de Orense durante 22 años, enchufó a medio partido en ella y es ahora, cuando ya se ha jubilado, y a modo de virrey, ha cedido el cargo a su hijo, cuando se ha conseguido por fin instruir un sumario contra él, que esperemos acabe con sus huesos en la cárcel.

La dimisión en este caso es una broma pues dimite como militante del PP, lo que a los ciudadanos les importa más bien nada, y si lo que pretende como dice, es proteger al PP de las consecuencias, la broma es doble pues justamente la imputación es por favorecer de forma fraudulenta a los militantes de dicho partido. El comportamiento de este y otros presidentes de diputación es una variante, en interpretación libre, de lo que se conoce en biología como simbiosis parasitaria, por la cual el presidente se beneficia con el cargo y los militantes, que le facilitan el nombramiento, se benefician a su vez de los enchufes del presidente. La parasitada en este caso sería la sociedad gallega, que es quien paga las facturas. En estos casos el cese no es posible y la dimisión es una caricatura y solo queda el juzgado.

El último ejemplo está relacionado con el presidente de UDC, J.A. Durán Lleida, que no piensa dimitir por las responsabilidades del llamado caso Pallerols, desvío de fondos públicos de la Unión Europea por el procedimiento de que un contratista amigo (el tal Pallerols) hinchase las facturas de formación relativas a la concesión que le habían hecho previamente desde el gobierno catalán (de CiU) de la época, que finalmente acabaron financiando UDC.

Se ha producido un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio pero por el mismo UDC se ve obligada a reconocer el desvío de fondos, es decir el reconocimiento de su culpabilidad. Aunque Duran Lleida niega estar personalmente imputado, tiene responsabilidades civiles "in vigilando", que parece asumir devolviendo las cantidades desviadas, pero también políticas que requerirían la dimisión de su cargo, como por otro lado se había comprometido a hacer hace unos años, cuando el proceso estaba comenzando. La simple petición de perdón por los hechos parece una salida demasiado suave.

La circunstancia de que los hechos juzgados daten de 1994 es un indicador más de la poca de la eficiencia de la justicia española en estos casos.

Estado Federal

La deriva del gobierno catalán hacia la independencia, con Euskadi seguramente a la expectativa para incorporarse al proceso en el momento que considere oportuno, hace que se ponga en cuestión el modelo de Estado que actualmente tenemos en España.

Frente a las veleidades independentistas anunciadas por los partidos catalanistas y la recentralización que apoya el PP, surge una tercera alternativa: el federalismo, defendida por el PSOE.

La opción federalista del PSOE no es una posición oportunista, definida como reacción al reciente independentismo catalán, es una idea antigua que necesita concretarse para poder empezar realmente a construir un Estado Federal, partiendo del modelo actual de las autonomías.

El modelo autonómico actual es una aproximación imperfecta al sistema federal hecha por agregación en distintas fases y basada en cesiones de competencias del gobierno central.

En este modelo, el Estado cede a las autonomías la gestión de dos temas sociales básicos: la educación y la sanidad, y posteriormente en el último gobierno socialista, el tercer pilar del Estado de Bienestar, el apoyo a los dependientes que solo ha podido iniciar su gestión pues los gobiernos regionales populares han puesto todos los impedimentos posibles para impedir su despliegue y en buena parte parece que lo han conseguido.

La financiación de las CC.AA. se realiza por medio de impuestos cedidos por el Estado, que, salvo en los casos de los regímenes forales de Euskadi y Navarra, se ocupa también de la recaudación.

Hasta hace pocos años, las CC.AA. disponían del control de las Cajas de Ahorro que utilizaban como fuentes de financiación de inversiones. El abuso y la mala gestión que muchas CC.AA. han hecho de las Cajas, utilizándolas por una parte como elementos para premiar a sus fieles con cargos muy bien remunerados, a pesar de que en muchos casos eran personas con escasa o ninguna preparación financiera, y por otra como fuentes de financiación de proyectos lamentables como los aeropuertos sin aviones o las autopistas radiales de Madrid que no utiliza nadie y están en la ruina, hechos a la mayor gloria del presidente autonómico de turno, han contribuido de forma decisiva al hundimiento de las Cajas y llevado a la ruina a muchos ahorradores.

La crisis económica está poniendo en evidencia al Estado Autonómico, pues las CC.AA. que no tienen las opciones mínimas necesarias para tomar decisiones ni políticas ni económicas ,con independencia de los criterios que le marque el gobierno central.

En los últimos meses, desde que gobierna el PP, se han tomado algunas decisiones que limitan seriamente la capacidad de actuación de las Autonomías, como ejemplos significativos cito los siguientes.

• El gobierno central decide aumentar la ratio de alumnos en los colegios públicos y, en consecuencia, las CC.AA. ven reducidos sus presupuestos en este área y se ven obligados a reducir el número de profesores y tienen que subir la ratio.
• Bruselas permite al Estado Español relajar un poco los objetivos de déficit. El gobierno central no permite que las CC.AA. se beneficien de ello.
• Madrid decide suprimir la paga extra de Navidad para funcionarios y empleados públicos. Algunas CC.AA. intentan mantenerla, en supuesto uso de su autonomía y el gobierno recurre y gana en el TC, impidiendo el abono de dicha paga, lo que les obliga a emplear astucias de ingeniería administrativa y adelantar la paga de verano.
• Extremadura primero y Catalunya después deciden poner un impuesto a los depósitos bancarios. La Administración Central les sale al paso en un recurso al TC y acaba impone ella la tasa, al tipo cero, ni come ni deja, para impedir el impuesto autonómico.

Estas situaciones, no exhaustivas, muestras que las CC.AA. tienen unas capacidades de actuación muy limitadas en la práctica, pues sus competencias son cedidas, la capacidad normativa, y no solo la básica, la retiene el gobierno central, y la capacidad recaudatoria prácticamente no existe.

En términos generales puede considerarse que se ha hecho un reparto de competencias muy importante en favor de las CC.AA., pero este proceso es muy poco más que una simple descentralización administrativa que se desmorona en situaciones de crisis como la actual.

Por todas estas razones tiene sentido la propuesta de avanzar hacia un Estado Federal que podría facilitar la resolución de algunos problemas planteados, excluyendo desde luego los derivados de la mala gestión, que no se resuelven con cambios estructurales.

El proceso de convertir a España en un Estado Federal deberá aportar, en primer lugar, racionalidad para que quede claro cuales son las competencias de cada una de las partes.

En segundo lugar deberá aportar claridad en la financiación y en la asignación de los recursos económicos. Es muy difícil y seguramente inviable desde el punto de vista económico, que pueda generalizarse una situación de fuero como la que tienen ahora Euskadi y Navarra por lo que habrá que buscar otras soluciones, nada fáciles, más operativas y que satisfagan al mismo tiempo los requisitos de las Autonomías y del Estado Central.

El nuevo Estado Federal debería tener una cámara territorial, el Senado, que tendrá redefinir sus competencias actuales y la forma de elegir los senadores, actualmente muy desproporcionada y favorable a las zonas de menor población.

La federalización debería incluir también un cambio de la ley electoral, especialmente en lo que se refiere a la elección de senadores, yendo a un modelo proporcional basado en los nuevos estados federados y no mayoritario basado en las provincias, que probablemente tendrían que ser sacadas  de la constitución, pues la distribución territorial en provincias no deja de ser un resto de organización administrativa del siglo XIX, que aunque pueda seguir siendo válido en algunas zonas, no tiene porque ser general para todo el Estado

Mayor complicación tendría incluir en la Constitución  la posibilidad de cambiar la estructura territorial del Estado, desde el cambio de comarcas o municipios de unas CC.AA. a otras, como podría ser el caso del condado de Treviño, hasta la fusión de CC.AA., Navarra con Euskadi, o la inclusión del derecho de autodeterminación que ahora pide Catalunya y en otros momentos Euskadi.

Cualquier cambio en este sentido, que es muy difícil de implementar, debería ser en todo caso extensible a todo el Estado y no limitarse a solo una parte del mismo.

La propuesta federal que está preparando el PSOE deberá dar respuesta adecuada a estos temas y a algunos otros más que no se han incluido en esta nota, que se ha hecho desde el punto de vista de un ciudadano medianamente ilustrado, no de un especialista.

El objetivo es conseguir un Estado en el que nos podamos sentir cómodos todos los ciudadanos, en el que se alivien las tensiones territoriales y exista un cauce ordenado para la resolución de problemas entre territorios sin necesidad del recurso continuo al Tribunal Constitucional.

La Venezuela de Hugo Chavez

La figura del presidente de Venezuela Hugo Chávez, no es fácil de analizar desde una perspectiva de izquierda europea y desde la distancia cultural, social y geográfica que existe entre Venezuela y España.

Su carrera política comenzó en 1992, siendo coronel de las FF.AA. venezolanas, cuando protagonizó un intento de golpe de Estado, encabezando el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200), contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó y Chávez estuvo encarcelado durante dos años, hasta que fue indultado por el presidente Rafael Caldera.

Una vez indultado, Chávez se presentó y venció en las elecciones presidenciales de 1998 con el apoyo del Movimiento Quinta República (MVR), y desde entonces es el presidente de Venezuela.

Su planteamiento político teórico es la Revolución Bolivariana, que pretende ser un proyecto de socialismo del siglo XXI.

El estilo caribeño de Chávez, que utiliza un discurso un tanto populista y demagógico, con unas formas  muy barrocas con menciones continuas a Dios y la iglesia, no es el estilo de dirigente de izquierdas a que estamos acostumbrados en Europa. Por estas razones, y por su origen golpista, cuesta acercarse a una visión positiva del presidente de Venezuela.

Para analizar de la forma más objetiva posible la gestión de los 14 años de gobierno bolivariano, conviene tener en cuenta la evolución de algunos indicadores sociales significativos.

El salario mínimo ha pasado del equivalente a 180$ USA de 1998 a 475 en 2012, lo que equivale a decir que se ha multiplicado por más de 2,5 en 14 años. Si a esto se le añade, los subsidios en especie que los venezolanos reciben: red de supermercados con precios muy bajos en las zonas de menor renta, servicios subvencionado de agua, electricidad, gas, salud, educación universitaria gratuita, y sistemas de transporte, se puede afirmar que las condiciones salariales de Venezuela están entre las mejores de Sudamérica.

El índice de analfabetismo es muy bajo, el desempleo está en torno al 8%, por otro lado el sistema de seguridad social que gestiona el gobierno de Venezuela cubre, entre otros, accidentes laborales, enfermedades y pensiones, por lo que su nivel social parece ser bastante satisfactorio.

Las debilidades están, por un lado, en el alto índice de inflación, uno de los mayores del mundo, que obligará a corto plazo a hacer una nueva devaluación de la moneda debido al alto diferencial existente entre el precio oficial del dólar y el que tiene en la calle.

Por otra parte, Venezuela ocupa uno de los últimos lugares de la tabla de índices de percepción de la corrupción, que publica Transparencia Internacional.

A nivel de relaciones internacionales, el eje Cuba Venezuela, lidera un grupo de países como Ecuador, Bolivia, Perú o Nicaragua, en los que también gobierna opciones de izquierdas de un estilo similar al de Chávez. Este núcleo de países está empezando a jugar un importante papel en una zona que hasta hace muy poco era, simplemente, el patio trasero de EE.UU.

En este panorama, y a pesar de su grave enfermedad, Chávez logró la reelección como presidente en Octubre de 2012, con un 10% de diferencia sobre una oposición que, por primera vez, había conseguido unirse en su contra y la ratifico en Diciembre consiguiendo 20 de los 23 gobiernos regionales.

La grave enfermedad del presidente venezolano está propiciando todo tipo de especulaciones sobre los grandes males que vendrán sobre Venezuela si finalmente se produce el fallecimiento o la incapacidad del presidente, se amplifican, o se inventan, disensiones en el seno del partido del gobierno, la oposición actúa en plan carroñero especulando, con interpretaciones burocráticas sesgadas de la Constitución venezolana, sobre la legitimidad o no del presidente, obviando el hecho evidente de que arrasó por dos veces en las urnas en unas elecciones que fueron calificadas como limpias por todos los observadores.

El final de este proceso está en manos de los médicos y puede acabar con la recuperación o no del presidente pero, en cualquier caso, hay que dejar que el proceso siga su curso y mientras tanto respetar el resultado de las urnas sin interpretaciones sesgadas.

El mejor escenario es la recuperación de Chávez y que vuelva a asumir su puesto, pero sea cual sea el desenlace final, hay que esperar que el proceso democrático siga su curso. Los países sudamericanos deben tener la libertad de poder seguir su propio camino.