La derecha carga por los flancos

Las primeras medidas acordadas por el nuevo gobierno progresista:

• Subida de pensiones.
• Incremento del SMI
• Actualización de salarios a los empleados públicos
• ...

han sido tan evidentemente positivas que ni siquiera la triple derecha montaraz que tenemos en el parlamento español, se ha atrevido a oponerse y ha acabado convalidando  en el primer pleno celebrado los correspondientes decretos.

De momento, y ante las dificultades de atacar de frente, están cargando con toda su caballería por dos de los flancos más sensibles  que tiene el gobierno en estos momentos: Venezuela y Cataluña.

La compleja situación de Venezuela, un país cuya población está dividida en dos partes entre  los partidarios del gobierno populista y autoritario de Maduro y los de una curiosa figura, llamada presidente encargado, apoyada por EE.UU. y la Unión Europea incluido nuestro gobierno.

La inhibición de las Fuerzas Armadas Venezolanas, que no se deciden a acabar con el movimiento de Guaidó pero tampoco se pronuncia contra Maduro- el intento de movilización militar que hizo Guaidó hace unos meses fue un espantoso ridículo- hace que el país esté en un equilibrio inestable permanente en el que nada funciona y la población se empobrece cada día más. La única posición racional con Venezuela son los intentos de mediación, como lo que han hecho el presidente Zapatero y otros dirigentes internacionales, con escaso éxito, para devolver a este país a la normalidad institucional.

Sin embargo, la derecha española ha cogido a Venezuela como bandera, explotando, de forma distorsionada, la antigua relación que los fundadores de Podemos tuvieron hace unos años con el presidente Hugo Chavez y convirtiendo a  Podemos y por extensión al PSOE, en los responsables del actual desgobierno de Venezuela. El viaje de Guaidó a España, donde ha sido acogido como un héroe por la derecha española se ha intentado contraponer con un supuesto contacto clandestino en el aeropuerto de Barajas del gobierno con la vicepresidenta boliviana que hacía escala en Madrid. Ciertamente la escala de la vicepresidenta es extraña pues no tiene sentido que compartiese avión con su ministro de turismo cuando sus destinos eran muy diferentes. Parece posible que la vicepresidenta intentase entrar ilegalmente en España para contrarrestar el viaje de Guaidó y el gobierno lo evitó con un procedimiento un tanto artesanal que ha sido utilizado por la oposición como una grave traición. Afortunadamente todo ha quedado como una tormenta en un vaso de agua.

El segundo flanco que la derecha está atacando con mucha agresividad es Cataluña. Esta comunidad tiene también una situación muy delicada, como en el caso de Venezuela su población está dividida al 50%, en este caso entre nacionalistas-independentistas y partidarios de seguir formando parte de España. También en este caso la única alternativa es el dialogo, con la ventaja de que una parte de los independentistas, ERC, y de los no independentistas, PSC y Cataluña en Común, están en disposición de dialogar y constituyen más del 50% de la población.

La triple derecha está atacando con mucha violencia a Cataluña, considerándolos casi como enemigos y haciendo una pinza política con el independentismo más radical de JxSi y la CUP.

La próxima convocatoria de elecciones en Cataluña y  la nefasta influencia del "poder judicial ampliado", muy mediatizado por el PP, que ha conseguido quitarle a Torra e su acta de diputado, complican mucho más la situación.

La mayor diferencia entre estos dos flancos es que mientras Venezuela,aunque tenga muchos vínculos con España, no forma parte de su responsabilidad directa, resolver las relaciones entre Cataluña y el Estado forma parte fundamental de nuestras obligaciones y es totalmente inadmisible que partidos que se definen a si mismos como constitucionalistas se dediquen al cuanto peor mejor, atacando a Cataluña de una forma tan demagógica, consiguiendo así enfrentar más a Cataluña con otros pueblos del Estado y a los catalanes entre sí.

¿Poder judicial ampliado?

En 1748 el barón de Montesquieu definió en  su ensayo "El espíritu de las leyes" el principio de separación de poderes por el que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Este principio ha sido aceptado de diversas formas por los Estados modernos.

Por otro lado, el artículo 1.2 de la Constitución Española dice que que la soberanía reside en el pueblo, y añade: “del que emanan los poderes del Estado”, incluido también al poder judicial.

El poder legislativo se elige por sufragio universal y el ejecutivo por elección parlamentaria en segundo grado, sin embargo, la forma de elegir al poder judicial es más compleja porque los jueces no pueden ser elegidos entre todos los ciudadanos, sino solo entre los funcionarios que tienen conocimientos suficientes y han aprobado la correspondiente oposición. Para aplicar los criterios democráticos al poder judicial se ha creado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entidad formado por jueces y juristas,  elegidos por mayoría cualificada entre los representantes parlamentarios. Paradójicamente, el CGPJ no es, a pesar de su nombre, un organismo judicial sino una entidad con funciones de naturaleza administrativa-gubernativa y de régimen interior del poder judicial.

Desde el punto de vista de un observador interesado, pero no especialista en asuntos jurídicos, el CGPJ es una de esas entidades intermedias con funciones no estrictamente judiciales, que la derecha suele utilizar a su antojo para hacer la oposición destructiva y desleal a la que últimamente se ha abonado.
Otras instituciones que intentan utilizar con el mismo fin son la JEC, la fiscalía y la abogacía del Estado. 

La Junta Electoral Central tampoco tiene una función judicial sino solo de control y regulación de los procesos electorales, pero ha sido utilizada para destituir al president de la Generalitat fuera del período electoral.

La fiscalía por su parte, aunque forma parte del poder judicial, es un órgano independiente, de naturaleza jerárquica, siendo el Fiscal General nombrado a propuesta del gobierno entre juristas que reúnan determinados requisitos. El F.G. no responde, una vez nombrado, a los criterios del gobierno aunque la persona elegida siempre ha tenido la confianza del gobierno en el momento de su nombramiento. Si posteriormente actúa siguiendo instrucciones gubernativas es algo que es malicioso presuponer.

La abogacía del Estado es un cuerpo de altos funcionarios, que asesora jurídicamente al gobierno y le defiende en los pleitos que pueda tener.

La utilización como "Poder judicial ampliado" de estas instituciones se ha visto con claridad en los últimos tiempos.

La derecha se rasgó las vestiduras cuando se destituyó al abogado del estado Edmundo Bal como encargado del procés. Este funcionario, que ahora es diputado por  Ciudadanos, defendía que el Estado debía posicionarse en el procés con la misma  dureza que la fiscalía. La sentencia del procés le quitó la razón a él y a la F.G. al desestimar el posible delito de rebelión.

La JEC  actuó, según cualificados juristas, de forma incorrecta en la destitución de Torra como diputado antes de que la sentencia fuera firme, contribuyendo a enredar más el conflicto catalán.

En cuanto a la fiscalía, el gobierno tiene derecho a nombrar al F.G. que considere oportuno siempre que se cumplan los requisitos legales, y el CGPJ debería limitarse a comprobarlo, sin entrar en valoraciones subjetivas sobre su apariencia de independencia. Dado el papelón que hizo la fiscalía en el procés  no es sorprendente que el gobierno nombre a un Fiscal General con un  talante más abierto aunque tenga un cierto coste de imagen. La independencia y la neutralidad de sus criterios se demostrará en el ejercicio de sus funciones aunque la derecha, como cada vez es más habitual, confunda sus juicios de intenciones con datos objetivos.

La derecha siempre ha considerado al poder judicial y a sus organismos asociados como un cortijo particular que se resiste a perder.

Nuevo gobierno

Después de muchos meses de interinidad y de un largo proceso de negociación, ha sido posible formar gobierno en España.  

Se trata del primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española, formado por las dos fuerzas de izquierdas de ámbito estatal y apoyado, de una forma  o de otra, por el resto de las fuerzas progresistas.

El nuevo gobierno tiene una composición muy adecuada a la situación política actual, con mezcla perfiles técnicos, especialmente en el área económica, con otros más políticos correspondientes a dirigentes de los dos partidos que forman el gobierno.

Los cambios de la estructura del gobierno en relación al gobierno anterior se sintetizan en la existencia de cuatro vicepresidencias en vez de una, que dan más énfasis a algunas áreas de gobierno que se pretende priorizar e indican al mismo tiempo una voluntad de coordinación horizontal entre departamentos,  siempre tendentes a un funcionamiento excesivamente vertical y en la ampliación del número de ministerios, una necesidad propia de los gobiernos de coalición tanto de izquierdas como de derechas  como sucede en la Comunidad de Madrid.

P. Sanchez accedió a la presidencia del gobierno con 167 votos positivos, 165 en contra y 18 abstenciones. Esta diferencia de solo dos votos ha sido considerado por la derecha y su entorno mediático como un síntoma de debilidad y de  gobierno de corta duración, sin embargo aunque existen obstáculos importantes, el gobierno puede durar una legislatura completa pues las 18 abstenciones y al menos dos votos negativos, Coalición Canaria y PRC, de la investidura podrían ser positivos en  los presupuestos y en muchas de las medidas que se propongan, especialmente las  sociales. Los 187 votos que pueden llegar a sumar muchas de estas propuestas son un colchón suficiente para permitir la gobernabilidad. Aunque las propuestas de cambio constitucional, nombramientos de órganos u otras que requieren mayorímas cualificada de 3/5, 210 votos, tendrán muchas dificultades para aprobarse.

Los obstáculos que va a encontrarse el nuevo gobierno se concentran en tres aspectos:

1. Las contradicciones inherentes a un gobierno de coalición entre dos  partidos que en un pasado reciente  han manifestado serias discrepancias en algunos temas importantes. Aunque en el acuerdo y en manifestaciones  posteriores se ha declarado la voluntad de lealtad mutua y se han definido órganos de control para dilucidar posibles discrepancias, no es imposible que en algún momento salte algún conflicto que la derecha estará atenta para capitalizar. hasta ahora, la lealtad mutua se ha puesto de manifiesto en los  pactos, en la configuración del gobierno y en los primeros nombramientos un tanto delicados, lo que es un muy buen comienzo.
2. La feroz oposición de la triple derecha que no admite su derrota y que está dispuesta a disparar contra todo lo que se mueve. Las duras descalificaciones que han hecho a temas anecdóticos como la dimensión del gobierno, a que sean ministros una pareja o, a que se haya cambiado a los martes  los Consejos de Ministros, revela una intención de oposición feroz que puede volverse en su contar cuando la ciudadanía se aburra de tanta apocalipsis y empiece a retirarles su apoyo.
3. La delicada situación de Cataluña puede poner en cuestión el pacto firmado entre ERC y el PSOE. Aunque hasta ahora se está demostrando que los dos partidos tienen voluntad de seguir adelante tanto en el apoyo al gobierno como en el avance hacia la resolución del conflicto catalán, las posiciones intransigentes de los separatistas catalanes radicalizados de JxCat y la CUP por un lado y las tres derechas nacionales por otro, pueden hacer  naufragar la recondución del proceso catalán que es la base del acuerdo firmado. La situación de los dirigentes catalanes presos y la actitud beligerantes de algunos órganos judiciales son factores que también pueden influir de forma muy negativa.

Con el nuevo gobierno progresista se abre una nueva etapa ilusionante para muchos ciudadanos que creemos que, a pesar de las dificultades, será posible mantener el gobierno toda la legislatura y provocar un cambio total en el funcionamiento de nuestra sociedad.

Pactos de investidura

La fragmentación del parlamento español después del 10N ha dificultado la  formación de mayorías y ha hecho necesario  que el PSOE formalice numerosos pactos para alcanzar la investidura.

El pacto más relevante es el firmado con UP que plantea un programa de gobierno progresista para la próxima legislatura. Se trata de un programa muy extenso que trata casi todos los temas de gobierno, algunos de ellos con un amplio nivel de detalle.

Se han firmado también pactos con partidos nacionalistas como PNV o BNG y de carácter regional como Compromis, PNC o Teruel Existe. En todos ellos se detallan distintas demandas especificas relacionadas  con infraestructuras y otras materias.

Un pacto similar se  firmó con el PRC de M. Angel Revilla pero, dado el incomprensible cambio de criterio de este partido, pasando del Si al No en la investidura, por una sorprendente y sesgada interpretación del acuerdo con ERC, es muy probable que este  pacto quede en segundo plano.

Mas difusión ha tenido el acuerdo con ERC, aunque solo se hayan comprometido a la abstención. ERC ha utilizado la investidura para lanzar una iniciativa negociadora sobre la situación política y social en Cataluña que permita salir de la parálisis provocada por el fallido proceso de independencia unilateral. El texto del acuerdo, necesariamente muy abierto, ha provocado los comentarios demagógicos  tanto de la derecha, que no ve más solución al conflicto que la rendición incondicional de Cataluña y de los separatistas radicales de JxCat y de la CUP que solo quieren la independencia sin matices. Esta coincidencia se ha materializado en una curiosa pinza Ultraderechistas - Independentistas que pretende bloquear la investidura de P. Sanchez.

Aunque sea muy difícil que un pacto entre el gobierno español y el catalán llegue a buen puerto en una legislatura, su sola firma representa un avance muy importante, pues el dialogo es la única forma de empezar a resolver este conflicto endémico.

Estas lineas se redactan después de la primera sesión de investidura, que ha terminado con una victoria mínima a favor del candidato. La derecha ha mostrado en esta primera sesión su peor cara abroncando continuamente a los intervinientes y haciendo intentos de romper la disciplina de voto socialista y de obligar a cambiar de posición a los partidos minoritarios que han anunciado su apoyo.

El cambio de posición de última hora, de Coalición Canaria y del Partido Regionalista de Cantabria lleva a la investidura a una situación crítica. No sería de extrañar que estos cambios de posición respondan también a las presiones de la derecha, aunque formalmente hayan sido decisión propia de cada uno de ellos.

Si no ocurren más incidentes insospechados, tendremos presidente del gobierno con todas sus atribuciones el próximo martes  7 de enero.

España necesita echar a andar cuanto antes con un gobierno progresista después de muchos meses de bloqueo.

La derecha ataca de nuevo

La prácticamente segura formación de un gobierno progresista encabezado por P. Sanchez, constituido por PSOE y U. Podemos y apoyado por el resto de la  izquierda española, ha puesto de los nervios a todos los partidos de derechas que se dedican a disparar contra todo lo que se mueve para intentar evitar que se forme ese gobierno.

La sentencia del TJUE ha dado oportunidad al PSOE de encontrar una salida a la situación de O. Junqueras. Las alegaciones de la Abogacía del Estado (AE), que ERC identifica con la posición del gobierno, es un elemento clave para favorecer la abstención de los nacionalistas. La  AE es un órgano de la  Administración General del Estado, dependiente por tanto, siempre sujeto a los criterios jurídicos del cuerpo, de la posición del gobierno, que debe orientarse a favorecer los intereses del Estado.

La AE ha sido el primer objetivo de la derecha intentando presentar a este cuerpo como poder judicial inmaculado no sujeto más que a su divino criterio. La derecha intenta influir de este modo sobre la AE invirtiendo el argumento, considerando que es el pérfido Sánchez quien quiere instrumentarlos.

Como complemento a la ofensiva contra la AE, se aprovecha cualquier circunstancia para atacar ferozmente al gobierno, recuperando las formas demagogias de Aznar contra F. Gonzalez.

Todo vale:

• La descalificación sistemática de ERC llamándolos  "los que quieren  destruir España", y de Podemos que ya son solo comunistas  populistas.
• Las referencias fuera de lugar a los amigos de ETA
• Las críticas desaforadas a  temas como el retraso - mínimo- en la actualización de las pensiones o del SMI que un gobierno en funciones no puede hacer.
• Las críticas furibundas a cualquier decisión de carácter administrativo como el retraso en explicar unas negociaciones no terminadas todavía.
• La apelación al apoyo de los sectores socialistas  críticos con socialista, los paleosocialistas de Aragón y Castilla la Mancha.
•  .....

Es evidente que el tiempo excesivamente largo en presentar las alegaciones de la AE y en culminar las negociaciones con ERC, está siendo aprovechado a tope por los partidos de derechas para desgastar a un gobierno, que estando en funciones, tiene poca capacidad de reacción aunque, el dar sistemáticamente la callada por respuesta, no parece tampoco el mejor método de responder.

PP y Cs están mostrando su poca responsabilidad y su falta de alternativas, echándose la pelota el uno al otro  con propuestas curiosas para evitar el malvado a poyo de ERC: EL  PP propone que apoye Cs y Navarra Unida mientras que  Cs ofrece una mayoría de 221 diputados, que son casi todos del PP. Luego está la letra pequeña de esos  supuestos apoyos  que no serían gratis en ningún momento. En este contexto VOX, seguramente más inteligente, se mantiene al margen con tan solo apariciones puntuales.

Es necesario cambiar la forma de investir al presidente del gobierno para evitar estas peticiones, en mi opinión contra natura, de que sea la oposición quien complete los apoyos necesarios. Ni fue adecuado cuando el PSOE apoyó a Rajoy ni lo es ahora en sentido contrario. No hay que olvidar que el apoyo a Rajoy se produjo en medio de una batalla interna del PSOE, que la gestora que dirigía entonces el partido aprovechó para forzar la salida de P. Sanchez.

Espero que la AE emita un dictamen en linea con la sentencia del TJUE que permita constituir un gobierno a la mayor brevedad posible, y salir cuanto antes de esta lamentable situación, aunque, por lo que se está viendo, la legislatura se presenta muy bronca. 

El TJUE da una oportunidad a la investidura

El tribunal de Luxemburgo (TJUE) ha aceptado el recurso de Oriol Junqueras (OJ) y le ha reconocido su condición de eurodiputado. Esta decisión responde a una pregunta previa del TS español, al que obliga a revisar su sentencia sobre OJ para  que tenga en cuenta esta circunstancia.

El TJUE deja al tribunal español la forma en la que debe reconocer los derechos de OJ lo que significa que debe incluir en la revisión el derecho a que tome posesión de su cargo, pueda ejercer como diputado europeo y  aceptar que para poder procesarle debe pedir un suplicatorio a la cámara europea.

ERC ya ha manifestado la posición de la defensa y pedirá la nulidad de todo el proceso mientras que la fiscalía sigue en plan duro y, en una primera valoración, dice que no se puede corregir nada pues se está fuera de tiempo al no estar ya OJ en prisión provisional.

La Abogacía del Estado (AE) ha sido requerida como parte del proceso a fijar su posición que no tiene porque coincidir con la de la fiscalía. Esta discrepancia ya se produjo en la calificación del proceso en la que, mientras la fiscalía consideraba  que había un delito de rebelión, la AE lo dejaba en sedición. La sentencia condenó finalmente por sedición desestimando los criterios de la fiscalía.

En todo caso la AE no es poder judicial, es un cuerpo jerárquico de la Administración y, por ello ,el gobierno tiene derecho a participar en la posición que finalmente se adopte.

La AE debería alegar que se cumpla literalmente la sentencia del TJUE para lo cual tendría que proponer una formula que permita a OJ la toma de posesión  y el ejercicio de su cargo de euro-parlamentario.

Seguramente en derecho puedan existir varias formulas que cumplan  esos requisitos: nulidad del juicio, suspensión de la condena, prisión atenuada como el tercer grado o cualquier otra. Si se tiene en cuenta que el interés nacional es contribuir lo máximo posible  a normalizar la situación política en Cataluña, cualquiera de esas formulas podría ser adecuada.

Si el TS aceptara la propuesta de dejarlo todo igual, como propone la fiscalía, no se cumplirían los requisitos de la sentencia europea y daría lugar a nuevos recursos de OJ y a perpetuar el conflicto jurídico con el tribunal europeo y, desde un punto de vista político, en vez de contribuir a la normalización de Cataluña, se añadiría un elemento más de confrontación.

La sentencia del TJUE ha permitido de forma indirecta el reconocimiento de Puigdemont como eurodiputado por lo que, con toda probabilidad, en un tiempo breve podrá circular por  toda la Unión Europea incluida España.

En todo caso  el TS decidirá lo que estime oportuno pero la AE, que defiende la posición del gobierno deber´ñia mantener una  posición constructiva.

Con el reconocimiento de la condición de diputados de O. Junqueras y C. Puigdemont, el TJUE ha ofrecido una oportunidad para distender la situación en Cataluña y permitir de paso la investidura de Pedro Sanchez.

Sería un error muy grave desperdiciar esta oportunidad.

La derecha no para de meter ruido con afirmaciones interesadas que están fuera de la realidad. La sentencia se basa en protección de la inmunidad de los eurodiputados, con independencia de que sean catalanes o de cualquier otro origen y no suponen ninguna injerencia en nuestra soberanía. Por otro lado pretenden convencer a la ciudadanía de que la AE es una institución independiente y el gobierno debería abstenerse de intervenir. Como en cualquier procedimiento judicial, el abogado no toma decisiones por su propia iniciativa sino con la colaboración de la parte que le contrata, en este caso el gobierno que actúa en nombre del Estado.

Las bases queremos un gobierno de progreso

El PSOE ha hecho una consulta a sus bases para la aprobación del pacto de gobierno firmado por Pedro Sanchez y Pablo Iglesias. Del mismo modo Podemos, Izquierda Unida, el  PSC y Cataluya en Comú-Podém han hecho una consulta similar. En todos los casos la participación ha sido muy amplia y la aprobación de la propuesta masiva.

Con estos resultados se puede afirmar  que  ya no se trata de un pacto entre las direcciones de dos partidos políticos de izquierdas, se trata de un acuerdo entre los militantes políticos organizados de  los partidos progresistas más relevantes de todo el país.

En consecuencia los  acuerdos están blindados por la militancia y las direcciones del PSOE y UP no tienen ya ninguna autoridad para modificarlos, por mucho que algún "barón rampante", de los que estarían mucho mejor callados, insista en la conveniencia de pactar con el PP.

Para aprobar la investidura es necesario contar, además, con al menos la abstención de otros grupos, el más probable, Esquerra Republicana de Catalunya. Aunque ERC ha tenido una actuación muy positiva en la última fase de la legislatura anterior, la compleja situación que vive Catalunya hace que llegar a un acuerdo con ellos no sea tarea fácil.

El electorado nacionalista catalán parece estar muy movilizado en favor del procés y un viraje demasiado profundo hacia el pragmatismo, buscando soluciones más realistas que contribuyan a que Catalunya salga de la inoperancia política, se corten las perdidas económicas y se normalice la vida  ciudadana, provoque una pérdida de apoyos que quite votos a ERC en las próximas elecciones catalanas.

Los militantes de ERC también han aprobado no apoyar la investidura si no se convoca una mesa de negociación entre los gobiernos estatal y catalán para abordar la situación política y social de Catalunya.

La propuesta en su formulación literal, no debería tener mayores problemas a no ser que el compromiso escrito que reclaman los republicanos incluya algún concepto que se considere inviable.

A falta de la letra pequeña, la propuesta tiene dificultades en si misma pues la mesa de negociación entre gobiernos requiere la existencia de un gobierno en plenitud de  funciones en Madrid y para ello es necesario la investidura.

En consecuencia la propuesta de ERC necesita dos tiempos:

• Un acuerdo  previo que facilite la investidura y que garantice la mesa de negociación posterior.
• La formalización de la mesa de negociación una vez constituido el gobierno de Madrid.

Cumplidas estas condiciones surge un segundo problema de carácter político: El interlocutor catalán.

El actual gobierno de Torra y Puigdemont está en estado comatoso y parece evidente  la celebración de elecciones autonómicas en un plazo de tiempo muy corto. Sería este nuevo gobierno catalán quien tendría que establecer la negociación con el nuevo gobierno del Estado.

En esta escenario, la probabilidad de que la  mesa de negociación avance de forma positiva, depende del resultado electoral, si JxCat, con las posiciones extremistas que mantiene, vuelve a ser la fuerza dominante y forma gobierno, la negociación será muy difícil. Si, por el contrario la fuerza dominante es ERC y puede formar gobierno apoyándose en el PSC y en los Comunes, la negociación, sin ser fácil, tendrá mayores probabilidades de éxito.

Podría haber una opción intermedia de gobierno nacionalista con mayoría de ERC que seguramente mejoraría también la situación actual.