Un antiguo refrán aconseja lavar la ropa sucia en casa, indicando con ello la conveniencia de resolver los asuntos poco claros en el seno de la familia, el partido político o la institución que corresponda, antes de que trasciendan públicamente.
Si esto no se hace a tiempo se corre el riesgo de que la limpieza de las manchas no se pueda hacer o se haga de forma incompleta.
En esta situación se encuentra la monarquía española cuando ha trascendido la investigación de la fiscalía suiza sobre transferencias a paraísos fiscales de grandes sumas de dinero desde dos fundaciones, según parece relacionadas con nuestro Rey Emérito, a paraísos fiscales.
La trama arranca en 2011 con la adjudicación a un consorcio español liderado por OHL de la construcción del AVE Medina- La Meca, concurso en el que el entonces monarca español, tuvo una intervención determinante. Desde esa fecha empezaron a circular rumores sobre las posibles comisiones que el Rey habría cobrado por sus gestiones, estos rumores se concretaron en 2018 en la investigación de la fiscalía suiza sobre transferencias de capital de 100 M€ a una cuenta en un paraíso fiscal a favor de una Fundación que oculta al Rey Emérito como beneficiario final de esa cuenta.
La bola ha ido creciendo, la fiscalía anticorrupción española se ha interesado por el asunto y algunos partidos políticos de izquierdas han pedido una comisión parlamentaria de investigación que ha sido, hasta ahora, frenada por el PSOE y el PP en la mesa del congreso, alegando la inviolabilidad del monarca.
Aunque el parlamento haya parado la investigación, la Casa Real le ha visto las orejas al lobo y ha tomado la decisión de suspender al Rey Emérito de sueldo. El Rey Felipe ha comunicado también que hace un año renunció en privado a la herencia que en su momento pudiera corresponderle de esos fondos, con lo que ha dejado solo al monarca emérito.
Seguramente la retirada de los ingresos no sea suficiente y, como sucedió con los Duques de Cádiz, el Rey Juan Carlos tendría que ser suspendido también de empleo que, en su caso supondría la retirada del titulo de Rey Emérito y su consiguiente salida de la familia real. El Rey Felipe se encuentra en la tesitura de tener que elegir entre defender la monarquía o sostener a su padre, pues no parece que las dos cosas sean posibles simultáneamente y parece que, en este contexto, el monarca se inclina por proteger la monarquía.
El abuso de poder de un Jefe de Estado se ha dado muchas veces en la historia de España y de otros países, con Jefes de Estado de diferentes procedencias, no necesariamente reyes, pero este argumento va a ser muy difícil de sostener en la España de 2020 y la muy posible caída del Rey Emérito, podría arrastrar a la institución monárquica, de ahí la preocupación del rey Felipe.
El Rey Juan Carlos ha sido una figura histórica de primer orden que ha hecho grandes servicios a España como facilitar la llegada de la democracia después de 40 años de dictadura o contribuir a parar el golpe de Estado de 1981, pero estas actuaciones, que consiguieron que muchos republicanos nos convirtiéramos en Juan Carlistas, no pueden ser suficientes para perdonarle sus abusos.
Es urgente que el Gobierno y la Casa Real tomen medidas para cortar la crisis cuanto antes pues, aunque el Rey Emérito este blindado por la constitución española, parece posible que sea procesado por la justicia de otro país, situación que agravaría la crisis hasta limites muy peligrosos.
La trama arranca en 2011 con la adjudicación a un consorcio español liderado por OHL de la construcción del AVE Medina- La Meca, concurso en el que el entonces monarca español, tuvo una intervención determinante. Desde esa fecha empezaron a circular rumores sobre las posibles comisiones que el Rey habría cobrado por sus gestiones, estos rumores se concretaron en 2018 en la investigación de la fiscalía suiza sobre transferencias de capital de 100 M€ a una cuenta en un paraíso fiscal a favor de una Fundación que oculta al Rey Emérito como beneficiario final de esa cuenta.
La bola ha ido creciendo, la fiscalía anticorrupción española se ha interesado por el asunto y algunos partidos políticos de izquierdas han pedido una comisión parlamentaria de investigación que ha sido, hasta ahora, frenada por el PSOE y el PP en la mesa del congreso, alegando la inviolabilidad del monarca.
Aunque el parlamento haya parado la investigación, la Casa Real le ha visto las orejas al lobo y ha tomado la decisión de suspender al Rey Emérito de sueldo. El Rey Felipe ha comunicado también que hace un año renunció en privado a la herencia que en su momento pudiera corresponderle de esos fondos, con lo que ha dejado solo al monarca emérito.
Seguramente la retirada de los ingresos no sea suficiente y, como sucedió con los Duques de Cádiz, el Rey Juan Carlos tendría que ser suspendido también de empleo que, en su caso supondría la retirada del titulo de Rey Emérito y su consiguiente salida de la familia real. El Rey Felipe se encuentra en la tesitura de tener que elegir entre defender la monarquía o sostener a su padre, pues no parece que las dos cosas sean posibles simultáneamente y parece que, en este contexto, el monarca se inclina por proteger la monarquía.
El abuso de poder de un Jefe de Estado se ha dado muchas veces en la historia de España y de otros países, con Jefes de Estado de diferentes procedencias, no necesariamente reyes, pero este argumento va a ser muy difícil de sostener en la España de 2020 y la muy posible caída del Rey Emérito, podría arrastrar a la institución monárquica, de ahí la preocupación del rey Felipe.
El Rey Juan Carlos ha sido una figura histórica de primer orden que ha hecho grandes servicios a España como facilitar la llegada de la democracia después de 40 años de dictadura o contribuir a parar el golpe de Estado de 1981, pero estas actuaciones, que consiguieron que muchos republicanos nos convirtiéramos en Juan Carlistas, no pueden ser suficientes para perdonarle sus abusos.
Es urgente que el Gobierno y la Casa Real tomen medidas para cortar la crisis cuanto antes pues, aunque el Rey Emérito este blindado por la constitución española, parece posible que sea procesado por la justicia de otro país, situación que agravaría la crisis hasta limites muy peligrosos.
