Good bye, presidente Trump

 

Como cualquier ciudadano decente del mundo, quiero mostrar mi satisfacción por el resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas.

Con más dificultades de las previstas, tema que tendría que ser objeto de reflexión, la sociedad norteamericana ha expulsado de la Casa Blanca al que sin duda ha sido el presidente más nefasto de las últimas décadas, tanto para sus compatriotas, como para el resto de de los paiçíses del mundo.

Vistos des de España, los procesos electorales norteamericanos son muy sorprendentes. Tienen un sistema electoral mayoritario y de carácter confederal indirecto. Los ciudadanos de cada Estado eligen un número de "grandes electores" de acuerdo con su población y el candidato vencedor se los lleva todos con independencia de la diferencia que obtenga. Es un sistema profundamente desproporcionado que da lugar con facilidad, como ocurrió con Trump en 2016, que el nuevo presidente salga con un número de votos  sensiblemente inferior al candidato perdedor.

Este sistema electoral fue diseñado en el siglo XVIII, cuando EE.UU. era un enorme territorio rural con medios de comunicación muy limitados y, dada la gran inercia que tienen los sistemas electorales es muy difícil de modificar. Un ejemplo de esta inercia negativa la tenemos en España con el injusto, absurdo y poco operativo sistema electoral que utilizamos para elegir al Senado y que parece también imposible de cambiar.

Lo que es más incomprensible visto desde España, que tenemos los resultados electorales la misma noche electoral, es el largo proceso de muchos días que tardan en hacer el recuento de votos y lo complicado de los procesos de reclamación que, además, son diferentes en cada Estado.

Por último hay que resaltar el comportamiento de mal perdedor, más propio de un presidente de república bananera, del ya casi expresidente D. Trump que utiliza todo tipo de argumentos "legales" para intentar dar la vuelta a un resultado ya indiscutible.

Muchos miembros del Partido Republicano se están ya distanciando de su presidente, seguramente porque la sociedad norteamericana es más fuerte de lo que él  se cree y no se deja manipular facilmente de una forma tan grosera.

Parece ya imposible que los intentos desesperados por mantener la presidencia den resultado y no le va a quedar más remedio que aceptar la realidad aunque parece que haciendo el mayor daño posible a  su país a sus ciudadanos y a los habitantes de muchos países del mundo.

En cuanto al futuro político de D. Trump no parece muy brillante. Aunque pudiera presentarse a un segundo mandato, en 2024 tendría ya 78 años, una edad excesivamente alta para un presidente. Por otro lado en EE.UU. los expresidentes no tienen ninguna función política por lo que su proyección pública será escasa.

Se inicia un nuevo ciclo político y otros lideres republicanos con aspiraciones presidenciales adquirirán protagonismo en el Senado o en los gobiernos de los Estados, dejando al "Trumpismo" en un segundo plano, aunque no hay que infravalorar la fuerza que el populismo asociado al presidente ha adquirido una fuerza enorme que habrá que tener en cuenta en los próximos años.

Estado de Alarma 2

La negativa evolución de la pandemia del COVID 19 ha obligado al gobierno a decretar un segundo Estado de  Alarma para toda España, si no se cuenta el específico que se hizo para confinar algunos municipios de la Comunidad de Madrid.

Este 2º Estado de  Alarma se gestiona dentro de un modelo de cogobernanza en el que las CC.AA., que, si se excluye Madrid, parecen haber aparcado sus celos competenciales, están pidiendo la colaboración del Estado para aplicar medidas más eficaces.

Las medidas aprobadas: confinamiento perimetral de territorios, toque de queda nocturno y restricción de horarios, tienen carácter defensivo, orientadas a frenar la propagación del virus, tanto dentro como fuera de los territorios, pero incapaces, como se está demostrando por su aplicación en otros países europeos con mejor infraestructura sanitaria y que han movilizado más recursos que nosotros, de eliminarlo.

Algunas CC.AA. están pidiendo medidas aun más duras, pero el gobierno ha preferido aplazarlas hasta ver los resultados de las medidas ya promulgadas.

Solo algunos países asiáticos como China han sido capaces de parar la epidemia. Para ello han movilizado enormes recursos y han aplicado confinamientos muy duros, que se han apoyado en el comportamiento de una población mucho más disciplinada que la europea. Para evitar posibles rebrotes, estos países siguen manteniendo fuertes medidas de vigilancia sanitaria .

Cada día es más evidente que  para conseguir  parar la pandemia, a Europa solo le queda esperar la llegada de la vacuna y a que se desarrollen cuanto antes antivirales específicos y eficaces. Las medidas de contención que se están adoptando solo  van a servir para esperar ese momento con los menores daños posibles.

El confinamiento completo que se hizo en la primavera durante la primera ola de la pandemia, demostró su eficacia a pesar de los muchos fallos detectados. Sin embargo, factores como:

• La precipitación en terminar con el Estado de Alarma, impulsado por diversos partidos nacionalistas y de derechas, cada uno con sus argumentos específicos pero todos con el factor común de priorizar aspectos económicos, políticos o de identidad, sobre la salud pública.

• Los errores cometidos por las CC.AA. en el proceso de desescalada que no dieron la importancia necesaria a la contratación de rastreadores y al refuerzo de la atención primaria.

• La relajación de un sector significativo de la ciudadanía que ignoró con mucha frecuencia la necesidad de limitar los contactos sociales.

propiciaron que durante los meses de verano hubiera en nuestro país un incremento desmesurado de los contagios, que han continuado y se han incrementado en otoño con la segunda ola.

Desde un punto de vista político se ha producido alguna evolución desde  el primer Estado de  Alarma. Los gobiernos autonómicos apoyan en general las medidas adoptadas pero en el parlamento nacional, la derecha y la extrema derecha siguen instaladas  en la demagogia permanente mientras Cs mantiene un apoyo crítico dando una de cal y otra de arena.

Aunque el gobierno ha conseguido aprobar una duración de seis meses para el Estado de  Alarma, que permite asegurar una perspectiva temporal suficiente frente a la fragilidad de la etapa anterior que necesitaba  revisiones quincenales, no ha logrado un consenso mayor que podría haber alcanzado con una mayor flexibilidad en sus planteamientos.

La lucha contra la COVID19 necesita tener el máximo apoyo político y no lo está consiguiendo porque muchas veces se ponen por delante temas menores que deberían resolverse con cierta facilidad si los partidos políticos, y en este caso no hay más remedio que generalizar, se resistieran más a su tendencia genética de "marcar territorio".

VOX se estrella

La moción de censura presentada por VOX contra el gobierno progresista ha tenido un efecto  contrario al deseado por sus promotores. 

La intención de VOX era liderar la oposición de derechas, obligando al PP y a Cs a definirse votando a favor, o al menos, absteniéndose en la votación parlamentaria.

La  lógica política era evidente, si durante estos meses de gobierno progresista el PP, y en menor medida Cs, habían mantenido posiciones muy parecidas a las de VOX, no tenía sentido que se opusiesen a su moción de censura.

El resultado final de la votación dejando solo a VOX en la defensa de su moción y con un discurso claro y rotundo de Pablo Casado poniendo a la ultraderecha en su sitio, ha convertido por primera vez al Congreso de los Diputados en un parlamento  europeo en el que los neofascistas no son bienvenidos.

La posición del PP es un claro salto adelante en la vuelta hacia cierta  normalidad institucional, pero no es en absoluto suficiente y para que su cambio sea creíble, son necesarias otras actuaciones que lo confirmen, tanto en el parlamento nacional como en la Unión Europea y en las autonomías y ayuntamientos en las que gobierna apoyado por VOX.

En el parlamento nacional el PP debería hacer algunas cosas tan elementales como:

• Dejar de bloquear la renovación de las instituciones (CGPJ; TC; Defensor del Pueblo.....) 
• No utilizar sistemáticamente la pandemia para descalificar al gobierno y apoyar el Estado de Alarma.
• Dejar de hacer demagogia fácil en las sesiones de control  al gobierno.
• Hacer enmiendas constructivas en los PGE y en la gestión de los fondos europeos.

En el parlamento europeo deberían abstenerse de conspirar contra España con los grupos mas reaccionarios del Parlamento Europeo.

En las CC.A donde gobiernan el PP(y también Cs) tienen un papel más difícil, pues son prisioneros del apoyo externo de VOX, que, además, tomará la iniciativa en ellas como respuesta a la bofetada que ha supuesto el NO, y el discurso del PP, en su moción de censura.

En los acuerdos de gobierno de las CC.AA de Andalucía, Murcia y Madrid y en el Ayuntamiento de la capital. VOX asumió el papel de "pagafantas" apoyando gobiernos en los que no participaba y aguantando, además, los gestos de asco de Ciudadanos.

En este contexto VOX podría limitarse a algunas "acciones menores" contra los gobiernos de derechas como:

• Hacer declaraciones críticas.
• Votar en contra de sus iniciativas.
• Presentar enmiendas a sus propuestas de ley.
• Hacer propuestas incomodas para ellos obligándoles a  tomar posición.
• Apoyar alguna iniciativa de los partidos de izquierdas.

Una vuelta más de tuerca podría ser:

• Rechazar sus presupuestos en un momento en que  son mas necesarios.
• Exigir la entrada de VOX en los gobiernos autonómicos.

Estas acciones pueden obligar al PP a convocar elecciones anticipadas o incluso a que pueda producirse un relevo en los gobiernos, aunque hay que suponer que VOX nunca favorecerá un gobierno de izquierdas.

La situación más crítica está sin duda en Madrid donde el PP tiene una presidenta totalmente inoperante que, además, tiene un enfrentamiento constante con su vicepresidente de Cs. Una posición activa de VOX en Madrid contra el gobierno PP-Cs, podría reventarlo  y abrir camino a una moción de censura contra el gobierno de la comunidad madrileña.

Las togas en pie de guerra

El poder judicial, igual que los otros poderes de un Estado democrático, depende del pueblo y debe ser elegido por él de una u otra forma.

También es necesario, y la Unión Europea está poniendo mucho énfasis en ello, que el poder judicial tenga la máxima independencia posible del poder político.

Esta doble condición no es fácil de conciliar en la práctica pues la especificidad del poder judicial hace inviable su elección directa y, al tener que elegir los jueces de forma indirecta, se produce una inevitable relación con el poder político.

En España, en forma similar a algunos otros países europeos, se ha creado un organismo especifico, el Consejo General del  Poder Judicial (CGPJ) para gobernar y administrar los tribunales con independencia del gobierno. El CGPJ, compuesto por  20 miembros más el presidente, se elige actualmente por las cámaras parlamentarias a razón de 8 miembros entre  juristas de reconocido prestigio y 12 entre jueces y magistrados, la mayoría necesaria es de 3/5 en ambos casos, aunque la Constitución solo obliga a esta mayoría en el caso de los 8 juristas.

El bloqueo sistemático del PP en la elección de estos vocales ha llevado a que lleven en funciones  más de  dos años. Este bloqueo es sistemático y responde a una estrategia política destructiva, pues afecta también a otros órganos importantes como Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE, y responde a una forma filibustera de hacer política de oposición que el PP esta poniendo en práctica desde que perdió el gobierno en la moción de censura.

Para salir de esta situación anómala, los grupos parlamentarios PSOE y UP han presentado una proposición de ley para cambiar la forma de  elección de los miembros del CGPJ consistente en hacer una segunda vuelta por mayoría absoluta si no se han obtenido 3/5 en la primera.

Aunque esta propuesta garantiza que se complete la elección de los miembros del CGPJ, aumenta la dependencia política pues con este sistema, los partidos que apoyan al gobierno pueden obtener con más facilidad los representantes de su preferencia.

La propuesta presentada incluye también la limitación de funciones del Consejo una vez terminado su mandato, lo mismo que sucede en cualquier otro órgano electivo. Es posible que la simple aprobación  de esta opción facilite el consenso sin necesidad de modificar las mayorías necesarias.

Algunos miembros del Consejo, algunos tribunales superiores las asociaciones de jueces y los partidos de derechas han expresado su oposición a esta reforma legal y, para limitar la dependencia política proponen una elección directa por los jueces, sin considerar que, de hacerse así, tendríamos una dependencia corporativa y tecnocrática con el consiguiente déficit democrático pues los jueces ya no dependerían del pueblo y sino de un grupo de funcionarios cualificados, no elegidos por nadie.

Las espadas siguen en alto y para salir del atolladero, el gobierno ha congelado su propuesta para intentar llegar a un acuerdo sobre la legislación actual de mayoría de 3/5, comprobando de paso si el reciente distanciamiento entre PP y VOX producido en la moción de censura de VOX, empieza a tener consecuencias positivas.

Gambito de Rey a Felipe VI

El gambito de rey es una jugada de  estrategia del  ajedrez, que consiste en ofrecer el sacrificio de una pieza a cambio de obtener ventaja posicional. La pieza que se ofrece para el sacrificio es el peón de rey.

El presidente, en funciones desde hace mas de  dos años, del CGPJ y del Tribunal Supremo ha inventado una nueva suerte de gambito de rey, ofreciendo el sacrificio no de un peón sino del propio Rey, con el objetivo aparente de mejorar su imagen, un tanto deteriorada por su prolongada situación de interinidad.

Afortunadamente el gobierno rehusó el gambito protegiendo con ello la figura del Rey.

La operación consistía en invitar al Rey a presidir un acto judicial de entrega de nombramientos haciendo coincidir su fecha con la de la promulgación de la sentencia contra el ex presidente Torra, aprovechando que el mismo controlaba las dos acciones.

El gobierno consideró la presencia del Rey en Barcelona en una fecha tan conflictiva innecesaria, pues podría dar lugar a manifestaciones importantes contra la monarquía que contribuirían al deterioro de la institución ya un tanto desprestigiada sobre todo en Cataluña. No se trata por tanto de la seguridad  física del Rey, que tiene que estar garantizada en cualquier circunstancia.

El acto sustitutivo programado por el gobierno, en mi opinión innecesario, para compensar la anterior ausencia del Rey, consistente en otra entrega de premios a no importa quien, dio lugar a manifestaciones independentistas contra la monarquía, seguramente menos numerosas que las que hubieran tenido lugar en el momento de la sentencia contra Torra.

La posterior disculpa del Rey por no asistir al acto, hecha publica por el presidente del CGPJ de forma imprudente, y quizá interesada, provocó la protesta de algunos ministros de Unidas Podemos, que consideraron que Felipe VI se había salido de su papel constitucional.

La tormenta siguió creciendo con el rasgado de vestidura de las derechas nacionales que consideran al Rey como una figura sagrada e intocable.

El resultado de esta controversia  es  un incremento del desprestigio de la monarquía en sentido contrario de las pretensiones de la derechas que, al considerar al Rey como de su propiedad, contribuyen a separarlo del conjunto de la población haciendo un flaco servicio a la monarquía.

En pleno siglo XXI, la institución monárquica, que atribuye la jefatura del Estado al heredero de una determinada familia por derecho divino, no tiene ninguna defensa teórica. Su única justificación es la inercia histórica que, a base de reducir su capacidad operativa y limitarse a funciones simbólicas, ha conseguido mantenerse en algunos países europeos.

En España la monarquía fue restaurada por el general Franco con objeto de perpetuar la dictadura, sin embargo, la actitud positiva del Rey Juan Carlos en los tiempos de la transición, consiguió que lo que en principio  fue una imposición del dictador, tuviera un importante apoyo popular.

Desde 1978 muchos ciudadanos nos convertimos en republicanos Juancarlistas, pues, aunque seguimos considerando que la república es el único modelo de Estado admisible, una monarquía parlamentaria puede ser un modelo aceptable por razones pragmáticas. 

Evidentemente hay muchos otros ciudadanos que no  comparten esta idea y siguen, con todo su derecho, reivindicando la necesidad de proclamar cuanto antes la tercera República.

La huida del Rey emérito a un país feudal después de que haya salido a la luz su implicación en negocios de muchos millones de  euros impropios de su posición, está consiguiendo que los antiguos republicanos Juancarlistas nos estemos quedando sin argumentos y nos sintamos más cerca de los republicanos radicales.

Surge entonces la siguiente pregunta ¿Sigue siendo la monarquía una institución que hay que defender a toda costa?

Hace unos años la respuesta hubiera sido claramente positiva, pues los costes sociales y políticos que  supondría ese intento serían superiores a los beneficios de  una república parlamentaria sobre la actual monarquía, y el referéndum asociado a ese cambio constitucional se resolvería con toda probabilidad de forma favorable a la monarquía.

A fecha de hoy después de conocerse los negocios del rey emérito, y del procesamiento anterior por corrupción de su hija y de su yerno, la respuesta no está tan clara.

El gobierno está obligado a seguir protegiendo la institución monárquica pero tiene que ser consciente, y también la casa real, de que el apoyo no puede ser eterno y que es necesario extremar la prudencia para  evitar que la institución siga deteriorándose.

Madrid en la encrucijada

El voto en contra de la Comunidad de Madrid, con reclamación judicial incluida, al acuerdo adoptado por  la Comisión intersectorial de sanidad de restringir la movilidad en las ciudades de mas de 100.000 habitantes que tengan una incidencia de infectados por coronavirus superior a 500 por cada  100.000 habitantes, ha llevado a esta comunidad a una encrucijada de complicada salida.

La posición adoptada por la presidenta IDA (Isabel Diaz Ayuso) no ha tenido el apoyo de Cs cuyo máximo dirigente y vicepresidente de la comunidad, celebró primero el acuerdo con el gobierno central y  se manifestó a continuación contrario a la reclamación judicial. Posteriormente dimitió el consejero de políticas sociales, también de Cs, que ya había tenido diferencias profundas con IDA por la gestión de las residencias de mayores.

La desautorización pública de IDA y sus edecanes a la postura del vicepresidente anuncia una crisis en el gobierno de Madrid que en lógica política elemental, debiera suponer la dimisión de Ignacio Aguado (IAG) e incluso extenderse a todos los consejeros de Cs.

Si IAG no dimite quedaría en una posición política humillante y Ciudadanos como un partido sin valor en la comunidad madrileña.

Si IAG dimite se abriría una profunda crisis política cuya salida es compleja. Una autentica encrucijada.

Las opciones podrían ser las siguientes:

• PP y Cs recomponen sus diferencias, incluso con intervención de sus dirigentes nacionales y IAG reconsidera su posición de dimitir.
• IAG mantiene su dimisión y es sustituido por otro diputado/a de Cs.
• Cs sale del gobierno de Madrid pero mantiene su apoyo parlamentario negociando los puntos conflictivos con el PP.
• Ruptura total entre PP y Cs que abre  la opción de la moción de censura.
• Con independencia de la posición que finalmente adopte IAG, podría producirse la rebelión de un sector de Cs  que  se uniría  a la izquierda para impulsar la moción de censura.
• IDA convoca elecciones anticipadas para evitar la moción de censura.

La encrucijada política que se ha producido en Madrid afecta a todos los grupos políticos de la Asamblea.

• El PP tiene que decidir si mantiene su postura de oposición total al gobierno nacional arriesgando su pacto con Cs y poniendo en riesgo los acuerdos suscritos en otras CC.AA. y Ayuntamientos.
• Cs tiene que decidir entre aceptar las humillaciones continuas de IDA, que le están convirtiendo en un partido irrelevante o completar el giro al centro que, con muchas dudas y contradicciones, ha iniciado en el parlamento nacional.
• El PSOE tiene que decidir si mantenerse como hasta ahora como un simple espectador de primera o dar un paso hacia la moción de censura incluyendo la posibilidad de que sea fallida o que tenga que apoyarse en el sector crítico de Cs.
• Más Madrid y Unidas Podemos tienen que evitar posturas maximalistas y no dificultar el posible acuerdo con Cs.

Todos los grupos tienen que tomar decisiones arriesgadas pero, por encima de las estrategias políticas están las necesidades de los ciudadanos madrileños que son  el territorio europeo más afectado por la pandemia y si no se cambia la política que se está haciendo en la Comunidad, es muy probable que la situación sanitaria de Madrid empeore más todavía. 

Si queda alguien sensato en la derecha que crea que con el gobierno de IDA Madrid puede salir de forma positiva de esta encrucijada, debería reflexionar seriamente. Está reflexión tendrían que hacerla principalmente en la dirección nacional del PP,  pues mantener su apoyo incondicional a IDA puede suponer el hundimiento del PP en Madrid, en beneficio de la ultraderecha de VOX y en perjuicio del conjunto de la ciudadanía.

España NO FUNCIONA

 

La gestión de la pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto un conjunto de debilidades  en  el funcionamiento del Estado que, en la mayor parte de los casos, tienen un origen estructural aunque la pandemia las haya agravado de forma importante. En primer lugar hay que mencionar el lamentable funcionamiento de los servicios de atención a los mayores, las residenciaras geriátricas, que escasas de personal y de recursos y en muchos casos mal gestionadas, fueron responsables del alto número de fallecimientos de personas mayores durante la primera ola de la pandemia.

Hay que  considerar también la situación de la sanidad pública que, sometida a recortes durante muchos años, con escasez de personal, que además tiene unas condiciones de trabajo muy precarias, no es capaz de dar una respuesta a las necesidades de la población en la segunda ola de la pandemia. Si en la primera ola el comportamiento del sector sanitario fue heroico, en esta segunda ni aplicando el mismo heroísmo y dedicación han podido atender las demandas de la sociedad.

La estructura administrativa de nuestro país no resiste ninguna iniciativa nueva por importante que sea. El gobierno ha aprobado una serie de medidas sociales y económicas con objeto de paliar los efectos económicos  de la pandemia, pero estas iniciativas se  estrellan con la falta de recursos humanos y el exceso de burocracia.En tercer lugar hay que considerar al sector educativo que,  debido a su escasez de medios y recursos, tampoco puede ofrecer  las condiciones de seguridad sanitaria que  se necesitan en este curso 2020 2021.

Los ERTES han servido para preservar los puestos de trabajo de muchos asalariados pero el exceso de burocracia y la escasez de funcionarios para tramitarlos, han provocado retrasos  y complicaciones innecesarias.

Con las mismas trabas, pero con mayor gravedad está tropezando la implantación del Ingreso Mínimo Vital que avanza muy lentamente a pesar de la urgencia de su puesta en marcha.

El adelgazamiento sistemático del sector público impulsado especialmente por los gobiernos de la derecha, el exceso de burocracia, el teletrabajo  implantado en las administraciones públicas como consecuencia de la pandemia y la escasa cultura digital que dificulta el acceso a los servicios de muchos ciudadanos, está convirtiendo a España en un país que no funciona.

En pleno siglo XXI los servicios públicos tienen  que ser mucho más eficaces y para ello es imprescindible reducir la burocracia y generalizar las  tecnologías digitales sin que ello implique reducción de empleados públicos ya que la digitalización de los servicios no pueden sustituir en muchos casos la presencia directa de  profesionales  de especialidades como sanitarios, docentes, cuidadores, u otros muchos profesionales.

El fondo de recuperación de 740.000 M€ aprobado por la Unión Europea para los próximos  siete años del que España se beneficiará con 140.000 M€, incluye entre sus prioridades la digitalización y el refuerzo del número de empleados públicos. Hay que esperar que el gobierno responda positivamente y con decisión a este requisito y deje en el baúl de los recuerdos las sistemáticas y demagógicas reivindicaciones de conservadores y liberales de adelgazar al máximo las administraciones públicas, para impulsar la privatización  que en esta pandemia está demostrando su ineficacia en sectores como la sanidad o las residencias de la tercera edad.