La herencia de FRA-CASADO

Pablo Casado ha pasado por la política española con mucha pena y ninguna gloria dejando casi cuatro años de ruido demagógico insoportable.

La efectividad real de su forma de hacer oposición ha sido mínima, salvo en el bloqueó de la renovación de los órganos constitucionales, que ha conseguido paralizar su funcionamiento durante mucho tiempo, y la del CGPJ todavía sigue pendiente.

Su herencia para España y sus ciudadanos es nula, pues es difícil encontrar ninguna iniciativa suya positiva digna de recordar; para su sucesor y para su partido deja en cambio una herencia complicada de gestionar si quieren que el PP vuelva a ser una alternativa creíble de gobierno.

El primer sapo que se tiene que comer N.Feijóo es el acuerdo de gobierno entre el PP y VOX en Castilla y León, que otorga a VOX la presidencia de las Cortes, y una vicepresidencia y tres consejerías en el próximo gobierno autonómico. Además de al próximo presidente popular,  este acuerdo no ha gustado ni al Partido Popular Europeo ni a Pablo Casado que, de forma sorprendente, se ha quitado de en medio y ha dejado solo ante el peligro al presidente castellano leonés.

La necesidad de seguir los pasos de otros países europeos y aplicar un cordón sanitario a los partidos ultraderechistas es cada vez más evidente pero el acuerdo de CyL es un precedente nefasto que no debería servir de modelo para el futuro.

El argumento de  VOX de pedir unas condiciones equivalentes a las del anterior pacto PP-Ciudadanos parte de la falsa hipótesis de que VOX fuera un partido homologable, con planteamientos admisibles en la comunidad política, pero eso no es así, sus propuestas y sus actuaciones demuestran que es un partido antisistema que utiliza las facilidades que le da la democracia para intentar que España vuelva a un régimen autoritario.

VOX tendría que tener el mismo nivel de aislamiento que tuvo Batasuna antes de la disolución de ETA, y que hoy, diez años después de su desaparición, no es necesario aplicarle. Como se hacía entonces con Batasuna, nadie pactará nada con ellos, no se les incluirá en ningún órgano, y solo tienen los derechos legales adquiridos por su resultado electoral. 

 

El cordón sanitario a VOX requiere en primer lugar, la voluntad del PP en aplicarlo y su renuncia a aprovecharse de los votos de VOX para formar gobiernos y aprobar propuestas, pero no basta con la voluntad del PP, requiere también el apoyo activo del PSOE que no puede ni debe limitarse a criticar esos gobiernos, tiene también que colaborar en el aislamiento de la ultraderecha y eso requiere también renuncias por su parte.

En el caso de CyL había dos opciones: Un gobierno de gran coalición o un gobierno del PP investido con la abstención del PSOE. En ambos casos sería necesario un acuerdo programático, de gobierno en caso de coalición  y de mínimos en caso de gobierno del PP en solitario.

El segundo gran problema del próximo presidente es el nombramiento de  su equipo  político. A nivel orgánico podrá formar el equipo que considere oportuno, esperemos que recuperando algunos de los dirigentes marginados por  Casado en  su negra etapa, pero, a nivel institucional tendrá que apoyarse en los diputados y senadores que fueron elegidos en 2019 a propuesta de P. Casado que, como se ha visto en estos años, es un equipo de segunda división con diputados y senadores con un perfil muy bajo.

El último punto que tiene que abordar, y para ello necesita gestionar bien a sus colaboradores, es el cambio de estrategia política:

•  Pasando del insulto y descalificación permanente a una posición de crítica constructiva con propuestas positivas,
•  evitando las continuas peregrinaciones a Europa para criticar y descalificar al gobierno y de rebote al país, 
•  no utilizando de forma demagógica los problemas económicos derivados de la guerra de Ucrania de la misma manera que lo hizo  Casado con la crísis sanitaria derivada de la pandemia,
•  facilitando, después de más de tres años de retraso, la renovación del CGPJ paralizada hasta ahora por P. Casado.

Si se cumplieran estas condiciones se podría tener una segunda parte de la legislatura menos crispada y más racional pero, de momento, N. Feijóo va perdiendo 1-0 antes de salir al campo. 

FRA-CASADO, después de casi 4 años

En Julio de 2018, después de la moción de censura que destituyó a M. Rajoy, Pablo Casado fue elegido presidente del PP. La elección se realizó mediante unas semi primarias  que fueron ganadas inicialmente por Soraya S. de Santamaria pero, en un ultimo mal servicio a su partido, D. de Cospedal decidió apoyar en la segunda vuelta, en la que solo votaron los delegados, a este personaje menor para evitar que su eterna rival, seguramente uno de los activos mas valiosos que ha tenido el PP en los últimos tiempos, accediera a la presidencia del partido.

Los casi cuatro años de P.Casado difícilmente podrían haber sido peores, no por ser mas o menos de derechas, que eso hay que darlo por supuesto, sino por su absoluta incapacidad política, su recurso continuo a la demagogia, sus insultos y descalificaciones permanentes fuera cual fuera el tema que se estuviera tratando.

Durante este tiempo España ha pasado por una pandemia universal  que debiera  haber unido a todos los partidos, sin embargo este  personajillo ha utilizado una situación tan crítica para intentar hacer daño al gobierno con una descalificación permanente.

Un segundo hito en la carrera de este lider ha sido sus continuas  presiones a la Comisión Europea para boicotear la participación española en los programas económicos aprobados después de la pandemia.

El canto del cisne de P. Casado ha sido la estrategia de construir una autopista hacia La Moncloa apoyándose en unos supuestos grandes triunfos que iba a obtener en las elecciones autonómicas adelantadas primero en Castilla y León y después en  Andalucía.

En CyL hizo una campaña orientada a su promoción personal con ataques sistemáticos al gobierno de España en unos curiosos actos dirigidos a vacas, ovejas, cerdos y remolachas, que no tienen derecho a voto. El resultado fue una victoria pírrica del PP que acabó con Ciudadanos e impulsó a Vox, dejando a su partido en una difícil situación para poder gobernar, que todavía está pendiente de resolver. En Andalucía ha desaparecido cualquier intención de anticipar las elecciones.

Sin embargo, el final de Casado no ha sido provocado por sus  erráticas políticas o por sus exageradas previsiones electorales, sino por la forma de abordar los problemas internos del PP derivados de su absurda competencia con la presidenta de Madrid. Es difícil de entender que a una figura en ascenso dentro del PP como I.D. Ayuso, P. Casado le niegue el pan y la sal de la presidencia del PP de Madrid y la ataque públicamente en  su punto más débil, denunciando en una emisora de radio el trato de favor que Ayuso dió a su hermano en los contratos sanitarios del COVID. Para apoyar su acusación utilizó documentos confidenciales conseguidos por una "gestapillo" interna dirigida por  otro  genio de la política madrileña, el alcalde  M. Almeida. Cuando I.D.A hizo pública esa operación se produjo una rebelión interna de los barones del PP, que seguramente llevaba mucho tiempo larvada, que acabó con la carrera política de P. Casado.

El futuro del PP está por escribir, todo apunta a que el nuevo lider será Alberto Núñez Feijóo, que puede ser una nueva oportunidad para que el PP tenga un lider sólido que haga una oposición derechas solvente y responsable.

Creo que lo peor que le puede pasar a la política española es que la oposición este dirigida por, en palabras de E. Aguirre, unos chiquilicuatres como  Casado, T. Garcia Egea o Almeida.

N.Feijóo puede ser la oportunidad que necesita la derecha española para nombrar un lider solvente. Si en el 2018 las guerras internas no hubieran impendido que Soraya S. de Santamaría accediera a la presidencia del PP, seguramente la política española no hubiera tenido que sufrir la vergüenza de  soportar un lider tan inepto, desconsiderado y poco patriota como Casado, acompañado de un equipo acorde con sus características.

No comparto la idea de cuanto peor mejor. Una derecha sólida dará mas posibilidades para que el PP mejore sus resultados, pero las ventajas que pudiera tener la izquierda con un lider tan irrelevante como Casado, no compensa el daño que su gestión ha hecho a nuestro país en estos  cuatro años.

Con la Iglesia hemos topado

En la larga historia de España, los privilegios de todo tipo que ha tenido la Iglesia Católica han sido muy relevantes, lo que ha dado lugar a múltiples abusos de distinto tipo que han permanecido mucho tiempo tapados y protegidos por el concordato y otros procedimientos.

Actualmente están saliendo a la luz algunos de los abusos  más significativos de los últimos años:

• Los  abusos sexuales a menores.
• La apropiación indebida de bienes inmuebles.

Los abusos a menores por miembros del clero no es exclusivo de España, se ha dado en muchos países católicos y en bastantes de ellos, la  iglesia ha hecho su propia investigación incluso en otros, han tenido que pagar cuantiosas indemnizaciones (4.000M$ en EE.UU.) Sin embargo en España la iglesia sigue escondiendo la cabeza bajo el ala, manifestando que son casos aislados o poniendo el ventilador para declarar que ellos no son los únicos en abusar de los menores, y que hay que incluir también otras instituciones.

Un aspecto sorprendente  de estos abusos, que reflejan el dominio que la  iglesia católica tenía de la sociedad española, son las reacciones de las familias afectadas y de los centros docentes implicados.

Cuando los padres del escritor Alejandro Palomas, que sufrió violaciones continuas por su profesor religioso durante mas de dos años, fueron a protestar al centro religioso, les pidieron discreción, pero permitieron que el profesor siguiera dando clase a niños, incluyendo a la propia victima, que, además, era objeto de burlas  y reproches por parte del violador. No se entiende en el siglo XXI que los padres no sacaran al niño del centro ni que los directivos del colegio no le retirasen, al menos, de la función docente.

Dada la  resistencia de la Iglesia española a realizar una investigación, las autoridades públicas deben tomar cartas en el asunto por lo que la iniciativa de comisión de investigación en el Congreso de los diputados, junto con la propuesta del gobierno de pedir la participación del Defensor del Pueblo en ella, deben salir adelante combinando la necesaria prudencia en el tratamiento de la información con, la obligación moral de la sociedad, representada por el Congreso de resarcir los daños causados. Cuando fuera legalmente posible debería intervenir también la fiscalía a efectos de determinar los aspectos penales que pudieran seguir vigentes. 

Otro abuso eclesiástico que está saliendo a la luz es la inmatriculación fraudulenta de mas de 30.000 inmuebles y parcelas. En un medio de fácil acceso como wikipedia se dice "Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2015 la Iglesia Católica en España ha inmatriculado diferentes inmuebles, suponiendo una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad, resultando 34 961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia Católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la ley de 2015, siendo 20.014 templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, ha precisado que 30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto.

El proceso de inmatriculación consiste en inscribir por primera vez en el Registro de la propiedad una finca. Para poder inmatricular es necesario  demostrar legalmente los títulos de propiedad que se acreditan como propietario para lo que existe el correspondiente procedimiento reglado.

Hasta 1998 los bienes inmuebles de dominio público, incluidos  los de la Iglesia no constaban en los registros la propiedad, pero los cambios en la Ley presupuestaria aprobados en tiempos de Aznar, considera inscribibles (art. 4 y 5) esos bienes  y, como ya en la versión original de la Ley (1946) los obispos tenían la condición de funcionarios públicos a efectos de inscribir dichos bienes, esa puerta semiclandestina, que tardó muchos años en descubrirse, permitió a la iglesia inmatricular a su nombre los 35.000 bienes inmuebles mencionados.

El tiempo  transcurrido ha consolidado esas inscripciones hace que revocar cada una de ellas necesite largos y costosos pleitos.

El gobierno ha iniciado una negociación con la conferencia episcopal que ha conseguido la reversión de unos 1.000 inmuebles, cantidad mínima en relación con el volumen existente. Este procedimiento puede ser el camino si se acelera de forma sensible y si la Iglesia no lo utiliza como táctica dilatoria para quedarse con la inmensa mayoría de los bienes incautados por la inmatriculación.

Si este procedimiento no resulta efectivo el gobierno no tendrá otro remedio que aprobar una legislación especifica, siguiendo  el estilo de la desamortización de Mendizábal,1836-1837, y siguientes ministros de hacienda de los gobiernos liberales del siglo XIX, que consiguieron subastar 2 millones de lotes y obtuvieron, a pesar de la picaresca existente en aquella época, 14.000 millones de reales para las arcas públicas.

Si los abusos cometidos por la iglesia, basados en los excesivos privilegios que disfrutan hasta ahora, no son justificables desde ningun punto de vista, en pleno siglo XXI cuando, según datos del CIS de Julio 2021, el número de católicos practicantes en España es solo  del 16,7% mientras los  no practicantes ascienden al 39,9% y los no Creyentes (incluidos  ateos y agnósticos) al 38,6%, no tienen ningún sentido.

Es urgente revocar el concordato firmado antes de la transición para  eliminar las privilegios de la iglesia católica y convertirla en una  institución con los mismos derechos y deberes que cualquier otra institución social o religiosa.

Ucrania y la OTAN

De forma aparentemente súbita, la crisis de Ucrania se ha introducido en el escenario político y parece que en Europa y en España tenemos un grave riesgo de participar en una guerra.

Para entender mínimamente lo que está pasando, conviene recordar los acontecimientos que han sucedido en esta territorio en los últimos años.

El 8 de diciembre de 1991, el tratado de Belavezha firmado  por los presidentes de la RSFS de Rusia, RSS de Ucrania y RSS de Bielorrusia (Borís Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkévich,) oficializó el fin  de la URSS y estableció estados soberanos en las antiguas Repúblicas de la Unión Soviética.

Como consecuencia de la disolución del estado socialista más grande del mundo también se puso fin al pacto de Varsovia, firmado en 1955 por la URSS y siete países de la Europa del este como "Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua" frente Tratado de Washington, más conocido como OTAN, que fue constituida el 4 de abril de 1949, por los países occidentales encabezados por EE.UU.

La disolución de la URSS y del pacto de Varsovia marcaron el fin de la Guerra Fría​ y debieran haber tenido como consecuencia lógica la disolución progresiva de la OTAN, sin embargo, sucedió todo lo contrario, la OTAN aprovechó la debilidad política de Rusia derivada del fin de la URSS para expandirse por el este de Europa incorporando a su estructura militar a los países del antiguo pacto de Varsovia lo que Rusia interpreta, y tiene razones para ello, como una amenaza.

Tras la desaparición de la URSS, el Estado soberano de Ucrania, con una importante  población de origen ruso, pasó por diferentes vicisitudes:

• En 2004 el primer ministro Yanukovich (pro-ruso) fue destituido por las protestas populares y sustituido en la llamada revolución naranja por los pro europeos Víktor Yúshchenko como presidente y  Yulia Timoshenko  como primera ministra.
• Entre 2006 y 2010 se suceden  varios cambios de gobierno entre el pro-ruso Yanukóvich  y la pro-occidental  Timoshenko.
• En 2013 se producen las protestas del Euromaidan por la negativa de  Yanukóvich, otra vez presidente, a ratificar el acuerdo de asociación con la Unión Europea
• En 2014 Ucrania elige un presidente nacionalista (Poroschenko).
• En medio de un clima de violencia, el expresidente Yanukóvich promueve un referéndum de independencia en Crimea, que gana por amplia mayoría. A continuación Crimea pide su incorporación a Rusia que es aceptada inmediatamente.
• Las regiones del Donbás (este de Ucrania) también intentan  proclamar su independencia lo que produce fuertes enfrentamientos militarse, en los que los independentistas cuentan con el apoyo de las tropas rusas que se han ido acumulando en la frontera.
• La  Asamblea General de NN.UU. rechaza la independencia  de Crimea lo que no tiene ningún efecto
• En 2015, se firma el acuerdo de Minsk II impulsado por el cuarteto de Normandía (Francia, Alemania, Ucrania y Rusia), que consigue frenar el enfrentamiento militar militar en el este de Ucrania pero no de forma suficiente para estabilizar el conflicto.
• En la primavera de 2021 se  incrementa la concentración de tropas rusas en el este y norte de Ucrania, que tras una cierta desescalada, vuelven a movilizarse a final del año 21.
• Como respuesta a los movimientos militares rusos, la OAN moviliza también fuerzas militares navales, terrestre y aéreas. 

La situación actual, después de estos acontecimientos, es de  amenaza de guerra pues las concentraciones de tropas rusas se mantienen en el este, Bielorrusia también amenaza por el norte, la flota rusa se despliega en el Mar Negro mientras por el lado occidental también se movilizan las fuerzas de la OTAN.

Además de los movimientos de tropas se están anunciando amenazas de occidente de aplicar sanciones económicas y rusas de cortar el suministro de gas por oleoducto de ucrania, mientras el oleoducto del Báltico se paraliza, con graves consecuencias para las necesidades energéticas de la Europa occidental.

Como contrapartida positiva hay que poner en valor las declaraciones de los gobiernos rusos  y norteamericano de que en ningún caso van a ocupar Ucrania y las gestiones diplomáticas que se están realizando por los miembros del grupo Normandía y por las conversaciones Ruso Norteamericanas aunque estas últimas parecen mas encaminadas a las amenazas que a la búsqueda de soluciones.

Hay que esperar que una vez que los dos bandos hayan mostrado sus fuerzas, empiecen las conversaciones para buscar una salida real  al conflicto que tendrían que contemplar estas prioridades:

1. Reducción de la presión militar mediante la retirada de tropas, reducción de maniobras navales y terrestres y de vuelos en espacios nacionales.
2. Supresión de las amenazas de guerra comercial tanto del embargo de productos occidentales como en relación con el suministro de gas natural.
3. Inicio de negociaciones con participación rusa, norteamericana, ucraniana y europea sobre los problemas de fondo del conflicto:
• Inclusión de Ucrania en la OTAN y UE
• Reducción de los despliegues militares occidentales en los países bálticos y los antiguos miembros del pacto de Varsovia.
• Retirada de los efectivos militares rusos de las fronteras ucranianas.
• Definición del estatus de Crimea y del Donbás entre Ucrania y Rusia.
• Garantía de suministro de gas a Europa y Ucrania.
• Retirada de las amenazas de sanciones comerciales.

El conflicto en Ucrania pone de manifiesto que la presencia de la OTAN en Europa como estructura de defensa colectiva es una reminiscencia de los tiempos de la guerra fría que no tiene razón de ser en el siglo XXI y no conviene ni a Europa ni a Rusia, solo a algunos intereses militares  norteamericanos.

En consecuencia La Unión Europea tiene que acelerar sus esfuerzos para la construcción de sus propias estructuras defensivas como confederación de estados que sustituyan progresivamente a la OTAN.

La UE tiene que intensificar al máximo sus esfuerzos diplomáticos  para  reducir los riesgos de un conflicto militar. España, como miembro de la OTAN y de la U.E tiene la obligación de mantener sus compromisos, apoyando en la medida de sus posibilidades los movimientos diplomáticos  pero adoptando un perfil bajo pues nuestro pías no es, ni debe ser, protagonista principal en este conflicto.   

 

Reforma laboral 2022

La reforma laboral ha sido convalidada por el Congreso de los diputados por un solo voto  de diferencia y con más suspense del necesario.

La apuesta del gobierno, priorizando el acuerdo social con patronal y sindicatos sobre una reforma mas profunda sin acuerdo social, introdujo una serie de condicionantes que en buena parte explican lo sucedido en el pleno del Congreso del 3 de febrero.

La aceptación de los agentes sociales de negociar la reforma con el gobierno incluía necesariamente la necesidad de que el acuerdo quedase cerrado pues, de otro modo, las modificaciones que se pudieran introducir en el Congreso podrían no ser coherentes con los contenidos acordados en el pacto social.

El Congreso por su parte tiene derecho a introducir los cambios que considere en cualquier Proyecto de Ley. Esta contradicción solo se hubiera resuelto si el gobierno hubiese defendido en la mesa social las reivindicaciones pactadas con los socios del gobierno antes de cerrar el acuerdo con los agentes sociales, en definitiva un acuerdo en dos mesas. 

Si tenemos en cuenta las consideraciones que hizo el portavoz del PNV en el pleno, esta acuerdo político no se hizo, o no se hizo de forma suficiente, por lo que los socios habituales del gobierno, PNV, ERC y Bildu, estando seguramente de acuerdo con buena parte de la reforma no se sintieron representados por el texto presentado. Otros factores que pudieron influir  fueron la ausencia de representantes de los sindicatos vascos en la mesa social y la consideración política  de grupos como ERC o Bildu, que hubieran preferido una reforma mas profunda aun a costa del descuelgue  de la patronal.

Esta situación limite obligaba al gobierno a activar un plan B con el riesgo de poner la aprobación de la reforma al borde del abismo. El plan B incluía a Ciudadanos y se completaba con UPN. Ciudadanos, seguramente presionado por la patronal, aprovecho esta vez la oportunidad de desmarcarse de las otras dos derechas pero en el caso de UPN fue necesario un pacto poco estético, pero bastante  habitual en política, de negociar su apoyo a cambio de no votar a favor de la revocación del alcalde de  Pamplona (de UPN).

Este equilibrio inestable lo intentó romper el PP organizando lo que ya empieza  a ser una perversa costumbre, un Tamayazo, ahora a la Navarra, siguiendo la estela del de Madrid que permitió gobernar a Esperanza  Aguirre o el mas reciente de Murcia que sirvió para parar la moción de censura e imponer un gobierno de retales tránsfugas en esa comunidad.

Las malas artes del PP fueron  compensadas por uno de sus propios diputados que  votando "con las zarpas" fue incapaz de acertar en varias de las votaciones que tenía que hacer de forma telemática, entre ellas la Reforma Laboral.

El PP no reconoce errores y la culpa siempre es de otro, en este caso de l sistema informático, que según las técnicos del congreso  ha funcionado correctamente.

Hay que esperar que tanto el gobierno como sus apoyos habituales, PNV, ERC y Bildu, hayan aprendido la lección y eviten en el futuro llegar a esos limites en las votaciones pues las derechas están al acecho y no pierden ocasión de utilizar cualquier medio para  conseguir derribar al gobierno.

Castilla y León es mas que una etapa hacia La Moncloa

El lider del PP, Pablo Casado, tiene una urgencia obsesiva por llegar cuanto antes a la presidencias del gobierno y para ello utiliza todos los medios  posibles, excepto el de ser un político competente y tener una alternativa de derechas creíble, pues para esos menesteres no está capacitado ni él ni su equipo.

La estrategia general del PP es descalificar con cualquier pretexto cualquier iniciativa del gobierno o recurrirlo ante el tribunal supremo al que lleva tres años  bloqueando su renovación.

Después de la victoria de I.D. Ayuso en la Comunidad de Madrid, el PP le ha cogido gusto al procedimiento de romper sus propias alianzas y anticipar elecciones y pretende repetirlo en otras Comunidades autónomas, ahora  en Castilla León y, si sale bien, en  Andalucía.

El origen de esta estrategia hay que buscarla en la fallida moción de censura de Murcia, presentada por Cs y PSOE en Marzo de 2021, en la que las contradicciones de Ciudadanos y las malas artes del S.G. del PP consiguieron mantener un gobierno de parches formado por PP y tránsfugas de diversos colores (VOX y Cs). Un segundo intento de moción de censura, un tanto precipitado, en Castilla y León también fracasó por la lealtad, un tanto ingenua, de Cs al PP.

El primer escalón de este movimiento fue la repetición de las elecciones en Madrid, en las que Diaz Ayuso consiguió eliminar a Ciudadanos y dejar al PSOE en situación precaria. Aunque la contundente victoria del PP en Madrid sigue sorprendiendo, no parece probable que las circunstancias que se dieron en ella sean facilmente replicables y eso garantice  la victoria en otros sitios, por otro lado la posición de  ventaja que le otorgan las encuestas de la "señorita Pepis" hechas con muy poco rigor por sus medios afines tampoco ofrecen una garantía sólida.

El PP comenzó su campaña en estas elecciones con una defensa a ultranza de las macro granjas que confundió intencionadamente como apoyo al sector ganadero. Esta posición que pretende  culpabilizar al gobierno de un supuesto abandono de la ganadería puede volvérsele en contra  porque las  macro granjas tampoco son muy bien vistas en muchas zonas rurales por los riesgos y las molestia que conllevan.

No obstante sería una simplificación reducir toda la campaña al sector ganadero y a las diatribas  tradicionales del PP contra el gobierno, pues existe un nuevo factor que seguramente tenga gran importancia en estas elecciones: Las reivindicaciones de la España vaciada.

La pérdida de población continua en la España interior afecta de forma importante a las 9 provincias castellano leonesas, que desde el año 2.000 han perdido 221.000 habitantes, el 9% de su población, mientras que en el mismo período la población española se ha incrementado en un 17%, y ello redunda en la pérdida de todo tipo de servicios tanto de gestión pública: sanidad educación, vías de transporte por carretera y ferrocarril, como de gestión privada: telecomunicaciones, servicios financieros o farmacias. Esta situación y el ejemplo histórico de los nacionalismos catalán y vasco o el mas reciente de partidos  de Valencia, Cantabria, Galicia o Teruel, ha  permitido el convencimiento de que es necesario y eficaz una actuación política directa pues, de otro modo, los grandes partidos nacionales relegan las necesidades de estos territorios a un nivel bajo de prioridad.

El programa de la España Vaciada se resume en un conjunto de reivindicaciones que pretenden dotar a la población de la España  interior, junto con una apoyo  a su desarrollo económico, industrial y y tecnológico con un nivel de servicios  similar al que tenemos los ciudadanos del resto del país. Estas reivindicaciones, presentadas en el parlamento por el diputado de Teruel existe T. Guitarte se resumen en el llamado Plan 100 30 30, que, en resumen, consiste en que todo el territorio español  debe tener 100 Mbytes simétricos de banda ancha, 30 Km. de distancia a una vía de comunicación principal y 30 minutos para acceder a los servicios básicos.

La Comunidad de Castilla y León ha estado gobernada desde 1987 (presidente J. Mª Aznar)  por el P.P. y durante estos 34 años no ha hecho mas que perder población por lo que el P.P. no parece el partido más indicado para gestionar la recuperación que necesita este territorio, la opción mas efectiva sería una alianza del PSOE con las distintas plataformas provinciales que bajo la denominación común España Vaciada  se presentan a estas elecciones.

El PSOE tiene que ser sensible a las reivindicaciones de estos colectivos, formar una alianza con ellos  y utilizar su posición en el gobierno de la nación y la coyuntura favorable del Plan de Recuperación de País  con una utilización eficaz de los fondos europeos, para impulsar su desarrollo industrial, económico  y de servicios a todos los niveles.

Las elecciones  en C y L no  pueden ni deben ser un escalón mas  en la carrera de Pablo Casado, deben ser la gran oportunidad para que despegue el  desarrollo regional

El ataque de la derecha carnívora

Desde que en junio de 2018, P. Sanchez ganó la moción de censura a M. Rajoy, la derecha considera que se le ha robado su derecho divino a gobernar y ataca continuamente de forma desesperada aprovechando cualquier pretexto.

Aunque las derechas disparan contra todo lo que se mueve, tienen tres objetivos favoritos, que luego asocian al gobierno:

• Los terroristas bildu-etarras (EH BILDU)
• Los que quieren romper España (ERC)
• Los comunistas - bolivarianos (Unidos Podemos)

Cualquier tema por pequeño o puntual que sea relacionado con estos objetivos es motivo de una bronca monumental y una descalificación absoluta. 

Hace unas semanas una familia de Canet de Mar ganó una demanda judicial al gobierno catalán en la que se reclamaba aumentar el número de  horas de clase en español para su hijo. Esta sentencia levantó una indignación enorme en los tres partidos de derechas, que la consideraron casus belli hasta tal punto que llegaron a pedir al gobierno la aplicación del articulo 155.

Aunque la sentencia es importante, pues pone en cuestión la política de inmersión lingüística de la Generalitat, su importancia política se circunscribe a Cataluña pues es su gobierno quien tiene que ejecutarla. La sentencia ha provocado en Cataluña una reacción masivamente favorable a la política de inmersión, mientras que en el sector españolista la respuesta ha sido muy minoritario. El gobierno de España  ha tenido la prudencia de mantener un perfil bajo en este asunto, limitándose  a apoyar, en terminos genéricos, la obligación de acatar y cumplir las sentencias.

El último ataque feroz de las derechas ha tenido como origen una entrevista al ministro Garzón en el periódico británico The Guardian, en ella el ministro de consumo ponía el énfasis en su preocupación  por la excesiva proliferación en España de macro granjas con criterios de producción industrial de carne que tenían un enorme impacto ambiental, además de otras consecuencias negativas. Estas afirmaciones que son compartidas totalmente por la Comisión Europea, el gobierno de España, y al menos teóricamente, por muchos gobiernos autonómicos, fueron interpretados a posteriori de forma tendenciosa y falsa como un ataque a los ganaderos españoles, a la marca España, y demostraban una vez mas lo anti patrias que son los ministros comunistas.

Este ataque de la "derecha carnívora" hubiera sido una tormenta mas en un vaso de agua si no se hubiese unido a las criticas y con los mismos argumentos, el sector socialista contrario a los pactos de la izquierda, Lamban y García Page, que han aprovechado la situación para tirar contra el ministro Garzón y el gobierno progresista de coalición, arropados, además, por dos ministras del gobierno, casualmente  aragonesa y manchega, que han sido mas leales a sus jefes autonómicos que al gobierno de España.

Esa actitud lamentable de los responsables autonómicos ha obligado al  presidente del gobierno a hacer equilibrios para evitar desautorizar claramente a su ministro o a sus compañeros de partido. Aunque la reacción de Pedro Sanchez lamentando la "polémica de las macro granjas" se ha interpretado como una crítica al ministro Garzón, podría interpretarse también como una crítica mas amplia que incluye también a los dos dirigentes autonómicos socialistas, pues no hubiera habido ninguna polémica si  no hubieran entrado al trapo de forma tan abrupta. El comentario del presidente es mas bien una posición salomónica para  evitar criticar públicamente a sus compañeros de partidos lo que hay que esperar haga en privado.

En cualquier caso hay que saludar que el tema de la necesidad de limitar la ganadería intensiva y sus efecto perniciosos se haya puesto sobre la mesa en la campaña electoral de Castilla y León  y hasta Pablo Casado ha salido, intentando confundir o confundiéndose  el mismo, a hacer campaña electoral apoyando la ganadería extensiva, exactamente la misma que defiende Garzón y el gobierno socialista.

 ¿Le volverá a salir el tiro por la culata?