España enmascarada

La pandemia del COVID 19 ha convertido a nuestro país y a casi todo el planeta, en una sociedad enmascarada.

La mascarilla quirúrgica se ha convertido en un elemento de uso obligado de protección de la infección. Aunque la mascarilla no sea el elemento fundamental de protección, lo son mucho más la higiene de manos y la distancia social, si es el más visible y por ello se ha convertido en símbolo de la defensa contra el virus. Su uso obligado en todos los lugares públicos nos obliga a reconocernos entre nosotros por el peinado o la calva, únicos rasgos visibles de nuestras caras.

Una vez levantado el pasado junio el Estado de Alarma, la responsabilidad de la gestión de la epidemia pasó íntegramente a las CC.AA., como por otra parte, habían pedido con insistencia en numerosas ocasiones.

Las recomendaciones en esta fase de relativa normalidad se resumían en tres ideas:

La primera seguir manteniendo la distancia social, especialmente en reuniones familiares y en el ocio nocturno, discotecas bares de copas o botellones callejeros que se han revelado como los agentes responsables en la transmisión de la pandemia.

La segunda recomendación es reforzar los servicios de atención primaria contratando más sanitarios.

La tercera recomendación, asociada con la anterior, es la creación de una potente red de rastreadores que permitiera identificar los contactos estrechos de las personas que hayan contraído el virus.

Lamentablemente, las CC.AA., responsables de estas actuaciones, han cumplido de forma poco eficiente,  con ellas, en algunos casos como en Madrid con un nivel mínimo.

Además de esta falta de cumplimiento ha habido otros comportamientos lamentables, como ha sido no prever la llegada de trabajadores temporeros para la recogida de fruta que han tenido, salvo excepciones, la misma situación de semi-esclavitud en sus condiciones de alojamiento que, lamentablemente, son habituales en muchas comarcas agrícolas y que en esta situación de epidemia son mucho más graves y han contribuido de forma importante a la propagación del COVID 19.

Si en la primera parte de la pandemia la gestión de las residencias de mayores fue el punto más negro de la gestión de las CC.AA., la contratación de los temporeros puede convertirse en el punto negro de este segundo período.

Un mes después de la entrada en la nueva normalidad, España ya encabeza el ranking de infecciones y las prisas que hubo para facilitar la llegada del turismo se han vuelto en contra y ahora España esta vetada para los turistas de los países que  aportan mayor número de visitantes.

Ante el incremento de los brotes, que en algunos casos tienen ya características de transmisión comunitaria, ha sido necesaria la convocatoria de una comisión sectorial de sanidad que ha acordado once medidas a nivel nacional para impulsar las medidas a tomar contra la pandemia.

Entre las medidas adoptadas hay que destaca

• En el área de residencias geriátricas, la obligación de hacer PCRs y la limitación de visitas. 
• En el área de reducción de los contactos sociales, la prohibición de las actividades de ocio nocturno y el adelanto de horarios de cierre en bares y restaurantes 
• En el área de control médico, la realización de PCRs masivos en los barrios y ciudades más afectados.

No figura en el acuerdo el incremento del número de rastreadores ni el aumento del personal.

Tampoco se menciona la utilización de la herramienta de comunicación entre móviles puesta en marcha por la Administración Central.

A primera vista la medida más potente para el control de la pandemia  es la  limitación y prohibición de las actividades de ocio nocturno.

Los PCRs masivos tienen una eficacia limitada si no se complementan con rastreos, además, aunque sean útiles para saber el grado de contaminación real de los distritos afectados, el número de casos que puedan detectarse incluyendo los rastreos no es suficiente. Si , por ejemplo, en un distrito como Carabanchel (Madrid), con aproximadamente 250.000 habitantes,  se hacen 1.000 PCRs y se detectan un 2% de infectados, se puede afirmar, pues la muestra es suficiente para ello, que hay 5.000 personas con coronavirus en el distrito pero como solo se han localizado 20, mas las que se deriven de los rastreos, la mayoría de los asintomáticos siguen circulando y propagando la infección.

La aplicación informática para móviles necesita para ser eficaz, que se descargue de forma generalizada y se complemente con un amplio sistema de rastreo.

Con estas consideraciones, las medidas adoptadas y la forma como se están aplicando no parecen suficientes para alcanzar el objetivo de frenar de forma eficiente la pandemia. No habría que descartar un nuevo estado de alarma que, aunque no llegue al nivel de confinamiento de los meses de Abril y Mayo, permita adoptar medidas más contundentes y mejor coordinadas.

El siguiente reto que se aproxima es el comienzo del curso escolar para el quetampoco se han tomado las medidas necesarias que, sea cual sea el escenario que se  presente, necesita mayores recursos de aulas y  personal y se ha alcanzado el tramo final de Agosto sin que la Administración educativa haga nada más que declaraciones voluntaristas. Todo indica que el curso va a comenzar como siempre, con algunas medidas marginales como mascarillas, geles hidro-alcohólicos o pegatinas en suelos y paredes. En estas condiciones parece muy probable que haya que volver a la opción telemática en pocas semanas.

.La deficiente gestión de la segunda parte de la epidemia y las negras perspectivas que hay sobre el comienzo del curso escolar, ponen en cuestión la capacidad de las CC.AA., aunque no todas sean iguales, para gestionar situaciones tan graves como la que estamos viviendo.

Habría que preguntarse que uso se ha hecho  de los 16.000 millones de  Euros transferidos por el gobierno central para apoyar medidas en las áreas de educación y sanidad.

Surge también la duda sobre el papel que tienen que jugar las CC.AA.: ¿Es el sistema autonómico el que no ha funcionado?, o  "simplemente" se trata de que muchos de los gobiernos autonómicos elegidos tienen un nivel político muy bajo, situación de la que habría que responsabilizar a los partidos políticos que han presentado candidatos de un nivel tan bajo. Me inclino por la segunda opción pues creo que el modelo federal, en su actual versión autonómica, es el más adecuado para nuestro país. En cualquier caso, España no puede permitirse el lujo de tener presidentes autonómicos como, ideologías aparte, Quim Torra o Isabel Diaz Ayuso por poner solo los últimos del ranking autonómico.

Jaque a la monarquía

El 18 de Junio del año 2014, el Rey Juan Carlos I abdicó del trono de España.

La abdicación fue consecuencia de un largo proceso que comenzó en 2008 con el caso Urdangarín, siguió en 2008 con la cacería y el accidente de Botsuana y siguió con el deterioro físico del Rey como consecuencia de complicaciones en sus operaciones de cadera y que se manifestó con mucha rotundidad en su penosa actuación en el discurso de la Pascua Militar de enero de 2014. Podría afirmarse que con su actitud D. Juan Carlos I se dio jaque mate a si mismo.

La crísis derivada de la difusión del asunto comisiones del AVE-regalos de los reyes del golfo pérsico, se está convirtiendo en otro órdago aunque esta vez no va solo contra el rey sino contra la monarquía como institución.

El presidente del gobierno y A.G. del PSOE ha afirmado en una carta a los militantes, que las responsabilidades penales por los actos cometidos son personales y no de las instituciones. Siendo totalmente correcta, en términos generales, esta afirmación, no se puede obviar que la institución monárquica está firmemente unida a la persona del rey y a la familia real y, en ese sentido, el Rey Felipe esta afectado por los actos del Rey emérito.

Si el Jefe del Estado fuera presidente de la República, no tendría ninguna responsabilidad por los posibles delitos que hubiera podido cometer su antecesor, pero,  al ser la monarquía hereditaria, la situación es muy diferente.

No hay razones directas para censurar a Felipe VI, durante sus seis años de reinado, el Rey ha cumplido a la perfección el papel de guinda del pastel que le otorga la constitución: Ha paseado por toda España, ha sonreído a todo el mundo, ha hecho discursos genéricos sobre lo que ha hecho falta, ha evitado, en general, meterse en conflictos, en los procesos post-electorales se ha limitado a tomar nota de las posiciones de todos los portavoces sin, al menos oficialmente, aportar ninguna iniciativa propia. En fin un Rey florero que cumple perfectamente su función constitucional.

La constitución, que blindó las responsabilidades penales del Rey, blindó también al gobierno para evitar los "borboneos" de sus antepasados anteriores a la II República y lo convirtió en un adorno cuya principal función era no interferir o hacerlo lo menos posible, aunque hay que admitir que el rey J.Carlos asumió un papel activo positivo en situaciones tan críticas como el 23F, utilizando su condición de comandante en jefe de las FF.AA.

Si fuera posible, aspiraría a un modelo de Estado del tipo República parlamentaria que tuviera un presidente elegido que hiciera, con mayor profesionalidad y mayores competencias, un papel de arbitro activo y no de mero observador privilegiado como el que tiene ahora Felipe VI.

El actual jaque al rey no es un jaque mate como el de 2014 sino simplemente un jaque intermedio de media partida cuyo valor depende de como  se desarrolle el juego a continuación. Hay otra importante diferencia sobre el ataque de 2014: En aquella ocasión el rey emérito se ahorcó el solo pero en esta, todos los partidos republicanos, excepto el PSOE, están utilizando el tema de la corrupción de J. Carlos I para lanzar una ofensiva contra la monarquía.

Creo que los socialistas, salvo alguna excepción, somos republicanos, aunque por razones pragmáticas, aceptamos en el 78 la monarquía parlamentaria y ahora, más de 40 años más tarde, no parece oportuno cuestionarla en medio de una pandemia y la correspondiente crísis social y económica asociada a ella.

Siempre va a ser complicado encontrar un momento oportuno para plantear una reforma constitucional con referéndum incluido de estas características, sobre todo mientras las derechas consideren la monarquía como un derecho divino que no se puede cuestionar.

Tampoco sería positivo que el resultado de ese referéndum, caso de celebrarse, fuera muy ajustado en uno u otro sentido, por lo que no queda otra que esperar que el conjunto de la población vaya cambiando su sentimiento hacia la monarquía, lo que da una oportunidad a la cas real para recuperar el prestigio perdido. 

Elecciones 2020: Galicia, Euskadi ¿Cataluña?

El 5 de Julio se han podido celebrar las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi, a pesar de los brotes de la pandemia ocurridos en esos días. En Cataluña, con una situación política cada día más complicada, siguen sin convocarse.

Los resultados electorales han sido, en linea con las encuestas, los esperados aunque con una rotundidad mayor.

En Euskadi se ha producido un  triunfo del PNV, mayor que el esperado y unos resultados de EH Bildu también muy elevados, el  PSE ha mantenido sus posiciones ligeramente al alza, mientras que U.Podemos ha perdido la mitad de su representación.

El PP se ha quedado bajo mínimos y además, en una genial operación de su lamentable lider, ha tenido que compartir sus 6 escaños con Ciudadanos que consigue  por este procedimiento aunque sea por la puerta trasera, acceder por primera vez al parlamento vasco con dos escaños. VOX, con una triple carambola derivada de la ley electoral vasca y de la abstención consigue un escaño por Alava, con solo 4.000 votos.

El gobierno PNV-PSOE, que con toda probabilidad se volverá a formar, conseguiría en esta ocasión mayoría absoluta lo que dará mayor tranquilidad en Euskadi y más garantías en Madrid.  

En cuanto a Galicia, la victoria de Nuñez Feijoó ha sido más contundente de lo que se esperaba. El Bloque  se ha disparado y ha recogido todos los votos de las mareas, que se han quedado fuera del parlamento, lo mismo que Cs y VOX.

Si consideramos a Feijoó un  galleguista moderado, se podría establecer ciero paralelismo entre ambos resultados: 

• Triunfo del nacionalismo moderado.
• Avance importante de los nacionalismos radicales de izquierda
• Mantenimiento del PSOE
• Caída importante de Unidas Podemos
• Hundimiento de la derecha y la ultraderecha españolista.

Los triunfos de Urqullu y Feijoó, mas contundentes que lo esperado  se deben a la gestión realizada en la legislatura anterior, pus, seguramente son los dos presidentes más efectivos de los 17 existentes entre los que lamentablemente abundan muchas mediocridades.

Loa nacionalistas radicales han conseguido buenos resultados con un discurso sólido y atractivo para muchos sectores de la población, y unos liderazgos potentes.

El PSOE ha capitalizado su buena gestión en Madrid pero sus dos lideres regionales no son demasiado atractivos. 

 

En Galicia, la personalidad y el galleguismo de Feijoó compensa la nefasta gestión nacional de P. Casado.

Con estos resultados, el presidente gallego se convierte en una  reserva espiritual del PP, disponible para el momento en que Casado se de el batacazo final, probablemente en Cataluña. En Euskadi se ha visto con claridad la marginalidad del PP en muchos territorios.

En cuanto a Unidas Podemos, paga en Galicia la falta de consolidación de su "confluencia" gallega, que se ha presentado dividida a las elecciones.

La contradicción entre estar en el gobierno mientras se mantiene un discurso radical ha empujado a muchos antiguos electores de Podemos a votar a los partidos realmente radicales, BNG o BILDU.

Las perspectivas en Cataluña, si finalmente se convocan las elecciones, son bastante más confusas por el barullo existente entre el procés, la mala gestión de la pandemia y la errática gestión del dúo  Torra - Puigdemont.

Además de la fractura entre ERC y JxCAT, el independentismo de derechas aparece dividido entre los partidarios de Pugdemont y el núcleo del PDCAT, con el añadido de Marta Pascal, antigua coordinadora del PDCAT que ha montado un nuevo partido o los miembros de la antigua UDC que también puede jugar un papel en las próximas elecciones.

Ciudadanos y el PP tienen que decidir después del fracaso en Euskadi, si van a concurrir en coalición, o iran cada uno por su cruenta. Cs tiene, además, la amenaza de Manuel Valls que podría también presentarse.

La confluencia Catalana de Podemos, Barcelona en común, IU y otros grupos, tiene  también que resolver sus problemas internos y decidir si mantienen la coalición o van cada uno por su lado.

La complejidad de Cataluña se completa con dos outsiders de diferentes características: La CUP que esta contribuyendo en la actual legislatura a aumentar el barullo catalán y VOX que podría entrar en el parlamente para incrementar el ruido de la derecha.

Como únicos partidos libres de conflictos solo quedan ERC y el PSC que, si los resultados lo permiten, podrían formar gobierno con los Comunes y sacar a Cataluña de la penosa situación a la que la ha llevado el gobierno de Torra.

El avispero de la monarquía española

La constitución de 1978 se hizo con un difícil consenso y con la espada de Damocles de la dictadura amenazando una vuelta atrás,  el resultado fue un modelo de estado que ratificaba la monarquía impuesta por Franco  y la dotaba de un fuerte blindaje que la hacía intocable apoyado por un complicado y difícil proceso de modificación: mayoría reforzada seguida de referéndum y nueva convocatoria electoral.

En aquellos años, muchos ciudadanos de ideas democráticas y republicanas, nos convertirnos en "Juancarlistas" reconociendo el positivo papel del Rey en  la transición.

El papel jugado por el Rey Juan Carlos en el golpe de Estado de 1982 reforzó su imagen positiva.

Más de cuarenta años después  sale  a plena luz, impulsado por la justicia suiza y con todo lujo de detalles, lo que era un secreto a voces en la sociedad: El Rey Juan Carlos cobraba cuantiosas comisiones y recibía esplendidos regalos de monarcas árabes enriquecidos por el petroleo. El Rey que había contribuido tan positivamente en la transición, se había convertido en un  personaje corrupto .

Lo fiscalía del TS debate ahora si el superblindaje del ex-Rey le sigue cubriendo de la misma forma después de su abdicación en 2014. Si la respuesta fuera positiva, se le podría acusar de algún delito desde 2014, probablemente un delito fiscal o de movimiento ilegal de capitales a paraísos fiscales, si fuera negativa  el emérito quedaría impune antes y después de la abdicación. 

Si finalmente el ex Rey fuera procesable, el modelo a aplicar podría ser similar al uilizado con Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, incluyendo la condena a titulo de beneficiario al Rey Felipe y al resto de la famila real, si se llegase a demostrar que  una parte de los ingresos fraudulentos obtenidos se utilizaron, como se ha declarado en Suiza, en beneficio de su familia.

El segundo  paso, independiente del primero, depende de la Casa Real, con acuerdo del gobierno, y consiste en la retirada del titulo de Rey Emérito del mismo modo que se retiró el de Duques de Palma.

Con esta medida, el ex Rey dejaría de ser, al menos de facto, miembro de la familia real. Si Juan Carlos acepta sin protestas esta situación la salida de la situación será notablemente más fácil.

La solución al  problema de fondo: limitar el superaforamiento real, quedará seguramente para otro momento, pues requiere la modificación del título primero de la constitución. Cualquier  propuesta de modificar el titulo primero llevaría inevitablemente incorporado que algunos partidos pidieran la supresión de la monarquía pues por mucho que se quiera argumentar, la corrupción del  Rey J. Carlos no puede desligarse de la institución monárquica, que quedaría inevitablemente tocada.

Parece probable una salida blanda, que suponga la salida del Emérito del escenario público español con, posible autoexlio incluído

Al actual  monarca le queda un  largo camino  para  recuperar su  imagen  perdida que ya ha iniciado con  el tour nacional que esta realizando  actualmente.                 

     

Los derechos de los mayores

En tiempos antiguos se valoraba de forma muy especial la experiencia y sabiduría de las personas mayores, hasta el punto que los Consejos de Ancianos tenían un papel trascendental en muchas sociedades primitivas.

Actualmente la situación es muy diferente, las personas mayores suelen estar subvaloradas, y muchas veces arrinconadas, como trastos inútiles.

El termino edadismo, recientemente acuñado, hace referencia a todos los comportamientos inadecuados y prejuiciosos hacia las personas vinculados a su edad avanzada.

Una de las manifestaciones más extendidas del edadismo es la discriminación laboral que prescinde de los trabajadores mayores, y muchas veces se consideran mayores a los que han cumplido 50 años, sustituyéndolos por personas más jóvenes, y de menor coste, o directamente por máquinas. En algunas ocasiones esa precipitada sustitución ha hecho fracasar importantes proyectos al jubilar anticipadamente  técnicos con mucha experiencia y sustituirlos por otros más jóvenes que no tenían capacidad suficientes.

La renovación generacional es imprescindible pero hay que hacerla de manera ordenada, respetando los derechos de los trabajadores de distintas edades. En una época en la que se ha prolongado la esperanza de vida  en unas condiciones  físicas y mentales muy buenas, es un desperdicio inadmisible prescindir de los más veteranos de forma sistemática.

En la situación de pandemia por el COVID19 que estamos  padeciendo, la discriminación por edad ha adquirido cotas totalmente inadmisibles para nuestra sociedad que ha supuesto decenas de miles de fallecimientos de personas mayores en las residencias de la tercera edad, especialmente en Madrid y Barcelona.

No voy a entrar en la falta de recursos, la imprudencia y la mala gestión de de las Comunidades autónomas o su falta de sensibilidad, temas que se están debatiendo en muchos medios y que  en un futuro acabaran con toda seguridad en los tribunales. Me preocupa  lo que considero una de las claves del tema, la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las personas mayores que se encuentra detrás de todas estas malas prácticas.

Todo ciudadano, con independencia de su edad, tiene derecho a sus libertades individuales, entre ellas la de  decidir sobre la asistencia sanitaria que necesita. Si un ciudadano, o en su caso sus familiares más próximos, considera que necesita  acudir a un hospital para ser examinado, ningún director de residencia ni ninguna autoridad sanitaria tiene derecho a impedírselo. No es de recibo que  las autoridades sanitarias prohíban llamar a ambulancias para atender a los residentes y no es de recibo que no puedan llamar a su médico cuando lo consideren necesario.

La decisión de a quien se asignan los recursos  médicos disponibles en cada momento (UCIs, respiradores o camas hospitalarias) corresponde a los equipos médicos, no a las autoridades autonómicas.

Se han dado también discriminaciones en función del origen laboral de los jubilados. Los beneficiarios del régimen general de la seguridad social no han sido atendidos mientras que los funcionarios, que tienen su sanidad pública concertada con entidades privadas, si han podido serlo. 

Tampoco es de recibo, en pleno siglo XXI en el que el uso de teléfonos móviles está generalizado, que los familiares no hayan podido comunicarse con los residentes y hayan tenido que recibir información discrecional por parte de la dirección de las residencias, en muchas ocasiones solo para comunicarles su fallecimiento.

Las personas mayores que viven en su propio domicilio han tenido la oportunidad de requerir los servicios médicos u hospitalarios cuando lo han considerado necesario. No hay razón para que los mayores que residen en un centro geriátrico no tengan los mismos derechos.

Hay que cambiar el modelo de residencias y, además de dotarles de más recursos económicos y de  un mejor acceso a los servicios médicos, hay que quitarles esa capacidad que se arrogan de restringir derechos a los mayores que hace que algunas residencias se asemejen más a centros penitenciarios que a lugares donde vivir bien atendido y con todos los derechos.

Después de la epidemia

El Estado de alarma ha terminado, aunque  desde un punto de vista estrictamente sanitario, hubiera sido conveniente  prolongarlo algún tiempo más, pues los territorios más poblados, Madrid y Barcelona, no reunían todavía los requisitos sanitarios necesarios para acceder a la movilidad total. 

En cualquier caso todo el país ha accedido a la "nueva normalidad", una especie de libertad con limitaciones para evitar la propagación del virus que permite desplazamientos por todo el país.

El grado de infección existente en España, después de los primeros 15 días de "nueva normalidad", es estable, aunque se hayan contabilizado 58 brotes en distintos territorios como consecuencia de los rastreos efectuados. La existencia de brotes locales en familias, grupos de trabajadores, residencias u otros lugares, hay que considerarlo como parte de la nueva normalidad y tiene el aspecto positivo de demostrar que los seguimientos de los contactos próximos a los infectados, realizados por los equipos de rastreadores, han funcionado.

Mas preocupante resulta que en territorios muy castigados por el virus, como la Comunidad de Madrid, no se haya detectado ningún foco, pues puede ser un indicio de que no se están haciendo suficientes rastreos o se están haciendo mal.

También es preocupante la situación de Madrid porque todavía permanecen cerrados varios centros de salud  y el déficit de sanitarios sigue siendo alto. Las manifestaciones continuas de los sanitarios madrileños, promovidas por plataformas como la marea blanca o sanitarios necesarios, son un buen indicador de la precaria  situación de los profesionales de la salud. En un reciente manifiesto por la sanidad pública,todos los colectivos sanitarios denunciaban que Madrid solo gasta en sanidad el 3,6% de su PIB mientras que la media nacional de todas las CC.AA. es del 5,5%, un 35,5% menos en terminos de PIB que  el conjunto de todas las CC.AA.

Las últimas noticias indican que, en contra de todas las recomendaciones sanitarias,  la Comunidad de Madrid tiene la intención de cerrar camas hospitalarias en el período estival. Una razón mas para la moción de censura a Isabel Diaz Ayuso. 

La inminente apertura de fronteras, tanto para los países de la Unión Europea como para algunos otros  considerados de baja incidencia del virus, son una fuente adicional de preocupación por las posibilidades de importar contagios. Aunque se van a tomar algunas precauciones para controlar los viajeros que llegan a los aeropuertos, puede que no sean suficientes.

En todo caso parece inevitable correr un cierto riesgo para equilibrar el control de la pandemia con iniciar el proceso de recuperación económica y social. Mientras no aparezca una vacuna no hay más remedio que convivir con el COVID19.

Por otro lado, las redes de defensa social y económica promulgadas por el gobierno están empezando a ofrecer resultados positivos:

Según datos del SEPE

El número inicial de beneficiarios de prestaciones por desempleo por ERTES del COVID 19 concedidos en Abril y Mayo era: 3.758.431 trabajadores.

A estas cifras habría que  agregar aproximadamente un millón más de beneficiarios entre autónomos y empleadas de hogar.

El número de beneficiarios en Mayo era de  2.661.678

A final de junio se pagaron 1.466.173  prestaciones, lo que indica que 2.300.000 trabajadores habrían salido de los ERTES antes de su final teórico del 30 de junio.

Por acuerdo con los agentes sociales los ERTES se han prorrogado hasta el 31 de septiembre, y son previsibles prorrogas adicionales hasta fin de año en algunos sectores.

La segunda RED de defensa económica ha sido la linea de avales COVID19 financiada por el ICO,  dotada con 100.000 millones de € y complementada por otros 1.200 M€ dedicados a  financiar alquileres para autónomos y PYMES.

Estos avales han beneficiado, a 15 de junio, a 400.000 autónomos y PYMES.

El gobierno ha aprobado también otros programas de apoyo de menor impacto económico pero de gran valor social.

A pesar de este importante esfuerzo, los sectores más vulnerables  de la ciudadanía han tenido que buscar el apoyo de ONGs, AA.VV, y otras entidades  sociales que han jugado un papel muy importante en esta  pandemia.

Para cubrir también  a  estos colectivos se ha aprobado  recientemente el Ingreso Minino Vital  que se estima afectará a 850.000 personas en riesgo extremo de pobreza.

Empieza ahora el proceso de reconstrucción que tiene varios frentes:

• El frente político que se está materializando en un comisión parlamentaria de reconstrucción que acaba de aprobar sus  primeras conclusiones, salvo en Sanidad, la aprobación se ha limitado a los partidos del gobierno y el apoyo, excepto en los aspectos sociales, de Ciudadanos que sigue desmarcándose de las derechas extremas. Hay que esperar que en el debate en plenario puedan ampliarse los acuerdos
• En el frente social, los acuerdos entre gobierno, patronal y sindicatos, transitan con mejores perspectivas. La firma primero del acuerdo de salario mínimo, la prolongación de los ERTEs hasta final de septiembre después y finalmente el pacto genérico de recuperación, son sus hitos más relevantes.
• Las CC.AA. y los ayuntamientos  están también en proceso de firmar sus propios acuerdos territoriales. Aquí la situación es muy variable, aunque  seguramente se podrá llegar a acuerdos significativos en algunos territorios.
• Por último queda el frente europeo que ha suprimido temporalmente sus políticas anti déficit y va a liberar importantes ayudas para salir de la crisis en unas condiciones mucho más favorables que en 2008. La concreción de estas ayudas se acordará en la próxima cumbre del Consejo a mediados de julio.

La crisis está siendo muy profunda y va a dejar huella en todos los países, tres meses de inactividad no pasan en vano y tienen inevitables repercusiones sobre los indicadores macro económicos de desempleo y PIB.

Esta situación está siendo aprovechada por los agoreros habituales para anunciar poco menos que el apocalipsis y la necesidad de tomar la medidas habituales de ajuste y recorte de derechos. Las medidas que se han tomado y las que están en marcha proporcionan garantías razonables de que se puede salir incluso con más fuerza de esta situación.

Para ello es necesario evitar que una posible segunda oleada del COVID 19 tenga efectos similares a la primera y para ello hay que reforzar al máximo nuestros puntos más débiles: recursos sanitarios y residencias de mayores. No parece que todas las CC.AA. responsables de la gestión de estos recursos, estén en la misma línea.

Madrid necesita una Moción de censura

Una vez terminado el Estado de  Alarma que ha tenido paralizado el país durante tres meses, España tiene que iniciar su proceso de reconstrucción a todos los niveles: Estado, CC.AA. y Entidades locales. Este proceso tiene fundamentalmente un aspecto económico y social, pues es necesario recuperar la actividad económica y el empleo pero, tan importante como este, es lo que podríamos considerar como aspecto defensivo. El COVID 19 puede estar controlado, pero no erradicado y las posibilidades de que reaparezca con fuerza dentro de unos meses son, a juicio de los epidemiologos y como se está observando en China o Corea, muy considerables. La pandemia ha puesto de manifiesto muchas debilidades en nuestro sistema sanitario y, en la forma como se han gestionado las residencias geriátricas que han sufrido el golpe más duro de la pandemia.

La Comunidad de Madrid encabeza el ranking de mala gestión en la sanidad y en las residencias de la tercera edad y, ya al final de la desescalada, siguen faltando sanitarios y sigue habiendo centros de salud cerrados y los familiares de las personas fallecidas en las residencias siguen sin tener las explicaciones necesarias y están planteando diversas querellas contra la  Administración  Autonómica.

La posibilidad de un nuevo rebrote de la pandemia en una comunidad presidida por Isabel Diaz Ayuso (IDA), provoca una situación de miedo adicional que los ciudadanos de Madrid no tendríamos que soportar.

El gobierno de la comunidad de Madrid no es solo de derechas, que lo es, es sobre todo totalmente inoperante e incapaz, los errores cometidos son impresionantes, las circulares enviadas a las residencias para no derivar a los enfermos residentes  violan de forma ostensible el derecho a la salud que tiene cualquier ciudadano, las explicaciones dadas y la forma de culpar a otros de sus insuficiencias, impresentable.

Si la moción de censura que permitió a Pedro Sanchez acceder al gobierno tenía una componente ética para impedir tener un presidente del gobierno implicado directamente en temas de corrupción, mantener en la presidencia de Madrid a una persona responsable de estas actuaciones, no es un problema menor y por tanto merece también una moción de censura.

Hay que evitar a toda costa que el PP de IDA siga gobernando y para ello es necesario que el PSOE asuma su responsabilidad política y presente la moción de censura proponiendo a Ángel Gabilondo como nuevo presidente.

La aritmética de la asamblea de Madrid es muy complicada, la izquierda tiene 64 diputados, la derecha extrema y la extrema derecha, PP+ Vox, 42, que con los  26 de Ciudadanos, suman los 68 que forman la mayoría  que apoya al gobierno.

Una moción de censura del PSOE no tendría fácil prosperar pues necesitaría 67 votos que no tiene, aunque en estas circunstancias habría que arriesgarse a perder y presentar la moción por razones de higiene democrática.

Sin embargo el reglamento de la cámara ofrece otra posibilidad: la presentación de un segundo candidato que compita con el primero. En condiciones normales esa opción sería imposible pero, en la situación actual de guerra abierta entre los dos socios de gobierno PP y Cs, con un consejero de asuntos sociales de Cs enfrentado de forma pública con el consejero de sanidad del PP por la gestión de las residencias y con un vicepresidente de Cs que convoca por su cuenta a los portavoces de los partidos de izquierdas al margen de la presidenta, esa posibilidad puede abrirse camino. Si además añadimos la estrategia de desmarque de las dos derechas que está practicando Cs en las últimas semanas, acercándose al gobierno en el Congreso de los Diputados, las posibilidades son todavía mayores

En el hipotético caso que finalmente hubiera dos mociones con dos candidatos, es muy posible que terminara en un acuerdo programático que diese la presidencia a uno de los dos y cumpliese el objetivo principal de desalojar a IDA de la presidencia de Madrid.

La lógica aritmética de los votos tendería a dar la presidencia al candidato socialista, pero la lógica política da más opciones al candidato de Cs. Desde un punto de vista político, Ciudadanos daría un gran salto cualitativo si obtuviera la presidencia de Madrid, la primera presidencia en su historia.

Fuera cual fuera el resultado, la operación tendría un gran beneficiario: la ciudadanía madrileña que se libraría de tener como presidenta a un personaje tan nefasto como I. Diaz Ayuso.

También habría otro componente político positivo: alejar a Cs de las derechas extremas y acercarlos al gobierno, facilitando mayorías en el parlamento nacional y unas consecuencias colaterales en los gobiernos de centro derechas de Andalucía, Murcia y Castilla y León.

El movimiento es complejo y arriesgado y requiere mucho valor por parte de todos:

• Cs ganaría una posición política importante pero tendría que dar un salto estratégico, casi definitivo, alejándose de las derechas.
• El PSOE quedaría en Madrid en una situación secundaria, aunque no mucho más que la que tiene actualmente. A nivel nacional ganaría en estabilidad.
• La maniobra necesitaría el apoyo de uno al menos de los dos grupos de izquierdas, Más Madrid o Unidas Podemos, pues los 63 votos de PSOE y Cs no son suficientes. Este apoyo también es arriesgado para estos partidos, aunque UP, como miembro del gobierno, obtendría los mismos beneficios de estabilidad que el PSOE

En unos momentos tan difíciles como los que vivimos, sería una forma inteligente de hacer política de Estado, mas allá de aspectos tácticos de corto plazo. Madrid saldría del agujero negro en que nos  ha metido el gobierno de Diaz Ayuso y la gobernabilidad del Estado se vería muy reforzada.