Ruido de sables oxidados

En los últimos días de noviembre mas de 400 militares retirados, pertenecientes a la XIX promoción de la  Academia General del Aire, a la XXIII de la Academia General Militar y a otros grupos, han enviado un total de cuatro cartas al Jefe del Estado manifestando su preocupación por la gestión, según ellos inconstitucional y favorable al separatismo nacionalista, del gobierno de España

La última carta, después de hacer el correspondiente análisis sesgado y catastrofista, acaba con el siguiente texto:

Por último, al firmar esta declaración y comprometer nuestra contribución para revertir la peligrosa deriva en que se ha situado a nuestra Patria, no podemos dejar de renovar una vez más nuestra absoluta lealtad a nuestro Rey y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas con el mismo entusiasmo con que lo hicimos al despedirnos de la Bandera finalizado nuestro Servicio activo.

¡VIVA ESPAÑA!

En su chat de WhatsApp, los militares retirados de la XIX promoción incluían propuestas tan demenciales como la de bombardear la sede de la ANC o fusilar a 26 millones de ciudadanos para acabar con esa situación.

El complot de los "sables oxidados" tiene algunas similitudes con la operación Galaxia orquestada por Tejero en 1978, pocos días antes del referéndum constitucional. Aunque el espíritu es el mismo, acabar con la democracia en España, las diferencias son considerables, los conspiradores de 1978 eran militares en activo y no se limitaban a enviar cartas al Rey, sino que pretendían secuestrar al gobierno y boicotear la aprobación de la Constitución.

El contexto  social también era muy diferente, frente a la crispación actual, un tanto artificial, de las derechas, originada por los pactos presupuestarios del gobierno, la operación Galaxia se gestó durante los llamados años del plomo, en los que la actividad de ETA estaba en pleno apogeo. En 1978 ETA ocasionó 65 victimas mortales, muchas de ellas militares, unos años después se producía el intento golpista del 23F.

Aunque las circunstancias sociales no sean las mismas y resulte difícil concebir un golpe de estado en un país europeo en pleno siglo XXI, no parece sensato considerar como una simple pataleta de los manifiestos y los comentarios de estos militares, pues podría interpretarse también que, aunque los militares retirados no tienen mando operativo, si pueden tener una fuerte influencia con otros mandos en activo que en algún momento estuvieron bajo su mando. En este sentido se podría interpretar como un aviso hecho por la "vieja guardia", que tiene libertad de expresión,  como vanguardia de los que están en activo, que no la tienen. En consecuencia, es necesario que el gobierno tome las amenazas en consideración y adopte las medidas legales y políticas oportunas.

El gobierno ha puesto en manos de la fiscalía los contenidos del chat, lo que probablemente tenga poco recorrido si se considera, como en otras ocasiones, conversaciones privadas, pero no ha hecho lo propio con las cartas que pudieran interpretarse, los juristas tendrían que analizarlo, como una invitación al Rey a intervenir al margen de la constitución y aunque menos espectacular si podría tener una calificación penal de intento de sedición.

Un indicador importante de esta situación son las reacciones que han tenido los distintos actores políticos y sociales. El gobierno ha reaccionado positivamente por medio de la ministra de Defensa y el JEMAD, los partidos de izquierdas también han manifestado con contundencia su rechazo a estas actitudes.  Sin embargo las derechas han reaccionado de forma tibia, en el caso de Casado y lamentable en el caso de su actual ariete político, Isabel Diaz Ayuso, que ha justificado los hechos. La ultraderecha poco menos que ha apoyado el manifiesto y los de Ciudadanos, no saben no contestan. Lamentablemente tampoco han opinado los "jarrones chinos"  del PSOE y del PP, ni los barones autonómicos socialistas, que siempre tienen el verbo muy fácil para criticar al gobierno.

La reacción de los medios de comunicación también ha sido contradictoria y muchos de ellos, en su constante afán de equidistar, no han dudado en comparar las barbaridades dichas en el chat con algunas presuntas actitudes ilegales, reales o inventadas pero en todo caso no comparables, de algunos dirigentes de la izquierda.

Hay que mencionar también el silencio del Rey  y de la Casa Real. Aunque el Rey no sea responsable de las cartas que recibe, ante una clara invitación a intervenir fuera de la constitución, sería conveniente que se desmarcará de los firmantes y manifestara su apoyo al gobierno democráticamente elegido. Una declaración del Rey sería, además, una buena oportunidad para recuperar la imagen de la monarquía, muy tocada por los negocios y la posterior huida del Rey emérito.

  

LOMLOE, Con la Iglesia hemos topado

El preámbulo de la LOMLOE se inicia con una justificación histórica de su necesidad. Algunos argumentos, sacados del propio preámbulo de la Ley, se exponen a continuación:

"La universalización de la enseñanza primaria ya se había alcanzado en algunos países a finales del siglo XIX. En el siglo XX se planteó y extendió el acceso generalizado de la población a la educación secundaria y, a finales de este, se convirtió en objetivo prioritario que la educación para todos fuera de calidad." 

Mas adelante se detallan los principales hitos legislativos de los últimos años:

• Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE).
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

Ambas leyes declararon la educación como servicio público, posibilitando su generalización. Posteriormente:

• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que estableció́ en diez años el periodo de obligatoriedad escolar e impulsó la formación profesional.
• Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) proclamaba desde su título el propósito de lograr una educación de calidad, planteando una serie de medidas que fueron objeto de polémica y discusión.

Desde esos años, la sociedad española ha asumido de modo decidido que es necesario mejorar la calidad de la educación, pero también que la calidad y la equidad son dos principios indisociables, como han señalado las más importantes evaluaciones internacionales.

• Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, que hizo suyo el objetivo irrenunciable de proporcionar una educación de calidad a toda la ciudadanía en todos los niveles del sistema educativo; es decir, una educación basada en la combinación de los principios de calidad y equidad.
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE, tambien llamada Ley Wert) que representó una ruptura del equilibrio que se había alcanzado en la LOE entre diferentes visiones y planteamientos acerca de la educación que deben necesariamente convivir en un sistema democrático y plural.

La LOMCE propuso una ordenación académica que configuraba trayectorias o itinerarios de desigual valor educativo para los estudiantes de educación secundaria obligatoria y que además conducían a títulos diferentes, tras la realización de unas evaluaciones externas de fin de etapa asociadas a esa diversidad de itinerarios. 

En relación con la autonomía y gobierno de los centros, la LOMCE limitó la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, reduciendo las competencias de los órganos colegiados y transfiriendo parte de ellas a una dirección escolar sobre cuya selección adquiría un mayor grado de control la Administración educativa.

Así pues, la finalidad de esta Ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos.

Las diferentes propuestas legislativas de los últimos años no pueden despacharse simplemente con el argumento, ampliamente utilizado por los medios de comunicación, de que los partidos políticos son incapaces de consensuar una ley de educación válida para todos y para siempre. La historia de nuestra democracia ilustra los intentos de avance propuestos por los gobiernos socialistas : LGE, LODE, LOGSE Y LOE y los retrocesos educativos de las leyes aprobadas por los gobiernos del PP: LOCE y LOMCE.

La LOMLOE no es más que la vuelta actualizada a los criterios educativos de la LOE, mejorados con algunos cambios relativos a otros puntos del máximo interés: la convivencia de los centros concertados con los públicos y el papel secundario de la asignatura de Religión. Otros argumentos utilizados contra esta ley, como el supuesto ataque a la libertad de enseñanza, la supresión de los centros especiales o la marginación del español en las CC.AA. con lengua propia, no son más que cortinas de humo para ocultar las verdaderas intenciones de los principales promotores de la protesta: las ordenes religiosas que gestionan el 88% de los conciertos educativos.

Los conciertos educativos  se pusieron en marcha en 1985, con el gobierno socialista de Felipe González (LODE). En un primer momento, las subvenciones a centros privados mediante estos conciertos se justificaron por la imposibilidad de la red pública de cubrir una creciente demanda de plazas escolares debida al fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria.

Los centros concertados eran también gratuitos en 1985, pero la transferencias a las autonomías permitió que poco a poco se fueran imponiendo "cuotas voluntarias" que actualmente están en torno a los 200€/mes.

La LOMLOE suprime estas cuotas, prohíbe que las materias complementarias se impartan dentro del horario escolar, y da prioridad a las familias con menos recursos y proximidad a los centros en la solicitud de plazas. También prohíbe la cesión se suelo público para la construcción de nuevos centros concertados.

Con estas limitaciones el negocio de los centros concertados queda muy tocado y con el fomento simultaneo de la construcción de centros públicos se pretende restablecer el equilibrio diseñado en 1985.

En cuanto a la enseñanza de la Religión, impuesta por el concordato firmado justo antes de aprobarse la Constitución de 1978, el hecho de que no compute para la nota media y que no tenga asignatura alternativa debería tener un efecto disuasorio para los estudiantes pues supondrá tener mas horas de clase sin ningun beneficio académico. Solo los chicos/as que tengan una fuerte motivación religiosa asistirán a estas clases.

Apoyos presupuestos 2021

Los presupuestos del Estado todavía vigentes fueron aprobados por el gobierno de M.Rajoy el 23 de  Mayo de 2018, pocos días antes de la moción de censura (1 de Junio) que dio la presidencia del gobierno a Pedro Sanchez.

El rechazo por una amplia mayoría (198 votos) de las enmiendas a la totalidad del proyecto de PGE 2021, anticipan casi con total seguridad que no habrá una tercera prorroga y se aprobaran unos nuevos presupuestos para 2021.

Los 198 votos que aprobaron la tramitación de los PGE corresponden, además de a los miembros del gobierno PSOE y Unidas Podemos, a otros partidos tan contradictorios entre sí como Ciudadanos por un lado y ERC y Bildu por otro, que han declarado reiteradamente la imposibilidad de votar conjuntamente los mismos presupuestos.

La postura a adoptar sobre los PGE, especialmente en una situación tan crítica como la actual, debería depender principalmente de sus contenidos y no de quien los apoya, pues las causas de unos y otros pueden ser muy diferentes. Sin embargo, tanto los dos partidos nacionalistas de izquierdas como Cs se han mostrado incompatibles entre sí mediante un argumento aparentemente infantil del tipo "yo con ese niño no juego".

Aunque el argumento en si mismo es muy débil, esconde una estrategia a largo plazo sobre los apoyos que puede esperar el gobierno durante el resto de legislatura.

Los tres partidos implicados en esta polémica tienen una circunstancia en común:  vienen de una posición política marginal y parecen decididos a integrarse  en "la normalidad democrática", cada uno a su ritmo y con sus contradicciones.

BILDU lleva diez años  de peregrinación desde que ETA decidió dejar la violencia y disolverse y poco a poco va buscando un equilibrio para compatibilizar su independentismo  con una actuación política positiva.

ERC, después del fracaso del procés, busca otro camino para desarrollar su política sin renunciar por ello a la independencia de Cataluña.

En definitiva, aunque Bildu y ERC mantienen la reivindicación independentista de ambos territorios, que es legítima, se están orientando hacia vías democráticas compatibles con la participación activa en las instituciones del Estado.

Cs por su parte tiene una situación formalmente similar. Después del estrepitoso fracaso de A. Rivera en su intento de ser el lider de la derecha española, Cs pretende salirse del trio de Colón y vuelve a reivindicar el centro liberal.

Aunque U. Podemos no ha ocultado su preferencia por evitar  la participación de Cs, el gobierno ha estado intentando la cuadratura del circulo de pretender conseguir simultáneamente el apoyo de la izquierda independentista y el del "centro liberal", 

Finalmente, Bildu culmina la operación dando un apoyo total a los presupuestos con una declaración de Otegui, refrendada por el 90% de sus militantes, que fue seguida inmediatamente después por una declaración similar de ERC y obligó al PNV a hacer lo mismo.

Cs que había arrancado alguna pequeña concesión del gobierno, que en su exageración habitual intentó vender como "grandes líneas naranjas presupuestarias", no pudo aguantar el envite y anuncio su rechazo a los presupuestos por incompatibilidad ideológica.

La aritmética parlamentaria ha jugado un papel importante en este proceso. Si el gobierno se hubiera decidido por un pacto con Cs habría perdido 18 votos de la izquierda y puesto en riesgo algunos otros de Más País, Compromis o Nueva Canarias, y hubiera dejado la mayoría en solo 180 votos, de los que los 10 de Cs tendrían un valor determinante, un riesgo inasumible para el gobierno.

No ha sido suficiente para alcanzar un acuerdo con la derecha el apoyo mediático, de la patronal, de algunos barones socialistas y de algunos lideres del socialismo (pre)histórico.

Afortunadamente estamos en otra época en la que hay que esperar que Bildu y ERC sigan con su evolución  positiva y Cs siga con su camino hacia el centro liberal y evite volver al bunquer del trifachito. La apuesta que ha hecho Cs en esta ocasión ha sido demasiado ambiciosa y aunque la hubiesen defendido con más inteligencia, era muy difícil que prosperara.

Good bye, presidente Trump

 

Como cualquier ciudadano decente del mundo, quiero mostrar mi satisfacción por el resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas.

Con más dificultades de las previstas, tema que tendría que ser objeto de reflexión, la sociedad norteamericana ha expulsado de la Casa Blanca al que sin duda ha sido el presidente más nefasto de las últimas décadas, tanto para sus compatriotas, como para el resto de de los paiçíses del mundo.

Vistos des de España, los procesos electorales norteamericanos son muy sorprendentes. Tienen un sistema electoral mayoritario y de carácter confederal indirecto. Los ciudadanos de cada Estado eligen un número de "grandes electores" de acuerdo con su población y el candidato vencedor se los lleva todos con independencia de la diferencia que obtenga. Es un sistema profundamente desproporcionado que da lugar con facilidad, como ocurrió con Trump en 2016, que el nuevo presidente salga con un número de votos  sensiblemente inferior al candidato perdedor.

Este sistema electoral fue diseñado en el siglo XVIII, cuando EE.UU. era un enorme territorio rural con medios de comunicación muy limitados y, dada la gran inercia que tienen los sistemas electorales es muy difícil de modificar. Un ejemplo de esta inercia negativa la tenemos en España con el injusto, absurdo y poco operativo sistema electoral que utilizamos para elegir al Senado y que parece también imposible de cambiar.

Lo que es más incomprensible visto desde España, que tenemos los resultados electorales la misma noche electoral, es el largo proceso de muchos días que tardan en hacer el recuento de votos y lo complicado de los procesos de reclamación que, además, son diferentes en cada Estado.

Por último hay que resaltar el comportamiento de mal perdedor, más propio de un presidente de república bananera, del ya casi expresidente D. Trump que utiliza todo tipo de argumentos "legales" para intentar dar la vuelta a un resultado ya indiscutible.

Muchos miembros del Partido Republicano se están ya distanciando de su presidente, seguramente porque la sociedad norteamericana es más fuerte de lo que él  se cree y no se deja manipular facilmente de una forma tan grosera.

Parece ya imposible que los intentos desesperados por mantener la presidencia den resultado y no le va a quedar más remedio que aceptar la realidad aunque parece que haciendo el mayor daño posible a  su país a sus ciudadanos y a los habitantes de muchos países del mundo.

En cuanto al futuro político de D. Trump no parece muy brillante. Aunque pudiera presentarse a un segundo mandato, en 2024 tendría ya 78 años, una edad excesivamente alta para un presidente. Por otro lado en EE.UU. los expresidentes no tienen ninguna función política por lo que su proyección pública será escasa.

Se inicia un nuevo ciclo político y otros lideres republicanos con aspiraciones presidenciales adquirirán protagonismo en el Senado o en los gobiernos de los Estados, dejando al "Trumpismo" en un segundo plano, aunque no hay que infravalorar la fuerza que el populismo asociado al presidente ha adquirido una fuerza enorme que habrá que tener en cuenta en los próximos años.

Estado de Alarma 2

La negativa evolución de la pandemia del COVID 19 ha obligado al gobierno a decretar un segundo Estado de  Alarma para toda España, si no se cuenta el específico que se hizo para confinar algunos municipios de la Comunidad de Madrid.

Este 2º Estado de  Alarma se gestiona dentro de un modelo de cogobernanza en el que las CC.AA., que, si se excluye Madrid, parecen haber aparcado sus celos competenciales, están pidiendo la colaboración del Estado para aplicar medidas más eficaces.

Las medidas aprobadas: confinamiento perimetral de territorios, toque de queda nocturno y restricción de horarios, tienen carácter defensivo, orientadas a frenar la propagación del virus, tanto dentro como fuera de los territorios, pero incapaces, como se está demostrando por su aplicación en otros países europeos con mejor infraestructura sanitaria y que han movilizado más recursos que nosotros, de eliminarlo.

Algunas CC.AA. están pidiendo medidas aun más duras, pero el gobierno ha preferido aplazarlas hasta ver los resultados de las medidas ya promulgadas.

Solo algunos países asiáticos como China han sido capaces de parar la epidemia. Para ello han movilizado enormes recursos y han aplicado confinamientos muy duros, que se han apoyado en el comportamiento de una población mucho más disciplinada que la europea. Para evitar posibles rebrotes, estos países siguen manteniendo fuertes medidas de vigilancia sanitaria .

Cada día es más evidente que  para conseguir  parar la pandemia, a Europa solo le queda esperar la llegada de la vacuna y a que se desarrollen cuanto antes antivirales específicos y eficaces. Las medidas de contención que se están adoptando solo  van a servir para esperar ese momento con los menores daños posibles.

El confinamiento completo que se hizo en la primavera durante la primera ola de la pandemia, demostró su eficacia a pesar de los muchos fallos detectados. Sin embargo, factores como:

• La precipitación en terminar con el Estado de Alarma, impulsado por diversos partidos nacionalistas y de derechas, cada uno con sus argumentos específicos pero todos con el factor común de priorizar aspectos económicos, políticos o de identidad, sobre la salud pública.

• Los errores cometidos por las CC.AA. en el proceso de desescalada que no dieron la importancia necesaria a la contratación de rastreadores y al refuerzo de la atención primaria.

• La relajación de un sector significativo de la ciudadanía que ignoró con mucha frecuencia la necesidad de limitar los contactos sociales.

propiciaron que durante los meses de verano hubiera en nuestro país un incremento desmesurado de los contagios, que han continuado y se han incrementado en otoño con la segunda ola.

Desde un punto de vista político se ha producido alguna evolución desde  el primer Estado de  Alarma. Los gobiernos autonómicos apoyan en general las medidas adoptadas pero en el parlamento nacional, la derecha y la extrema derecha siguen instaladas  en la demagogia permanente mientras Cs mantiene un apoyo crítico dando una de cal y otra de arena.

Aunque el gobierno ha conseguido aprobar una duración de seis meses para el Estado de  Alarma, que permite asegurar una perspectiva temporal suficiente frente a la fragilidad de la etapa anterior que necesitaba  revisiones quincenales, no ha logrado un consenso mayor que podría haber alcanzado con una mayor flexibilidad en sus planteamientos.

La lucha contra la COVID19 necesita tener el máximo apoyo político y no lo está consiguiendo porque muchas veces se ponen por delante temas menores que deberían resolverse con cierta facilidad si los partidos políticos, y en este caso no hay más remedio que generalizar, se resistieran más a su tendencia genética de "marcar territorio".

VOX se estrella

La moción de censura presentada por VOX contra el gobierno progresista ha tenido un efecto  contrario al deseado por sus promotores. 

La intención de VOX era liderar la oposición de derechas, obligando al PP y a Cs a definirse votando a favor, o al menos, absteniéndose en la votación parlamentaria.

La  lógica política era evidente, si durante estos meses de gobierno progresista el PP, y en menor medida Cs, habían mantenido posiciones muy parecidas a las de VOX, no tenía sentido que se opusiesen a su moción de censura.

El resultado final de la votación dejando solo a VOX en la defensa de su moción y con un discurso claro y rotundo de Pablo Casado poniendo a la ultraderecha en su sitio, ha convertido por primera vez al Congreso de los Diputados en un parlamento  europeo en el que los neofascistas no son bienvenidos.

La posición del PP es un claro salto adelante en la vuelta hacia cierta  normalidad institucional, pero no es en absoluto suficiente y para que su cambio sea creíble, son necesarias otras actuaciones que lo confirmen, tanto en el parlamento nacional como en la Unión Europea y en las autonomías y ayuntamientos en las que gobierna apoyado por VOX.

En el parlamento nacional el PP debería hacer algunas cosas tan elementales como:

• Dejar de bloquear la renovación de las instituciones (CGPJ; TC; Defensor del Pueblo.....) 
• No utilizar sistemáticamente la pandemia para descalificar al gobierno y apoyar el Estado de Alarma.
• Dejar de hacer demagogia fácil en las sesiones de control  al gobierno.
• Hacer enmiendas constructivas en los PGE y en la gestión de los fondos europeos.

En el parlamento europeo deberían abstenerse de conspirar contra España con los grupos mas reaccionarios del Parlamento Europeo.

En las CC.A donde gobiernan el PP(y también Cs) tienen un papel más difícil, pues son prisioneros del apoyo externo de VOX, que, además, tomará la iniciativa en ellas como respuesta a la bofetada que ha supuesto el NO, y el discurso del PP, en su moción de censura.

En los acuerdos de gobierno de las CC.AA de Andalucía, Murcia y Madrid y en el Ayuntamiento de la capital. VOX asumió el papel de "pagafantas" apoyando gobiernos en los que no participaba y aguantando, además, los gestos de asco de Ciudadanos.

En este contexto VOX podría limitarse a algunas "acciones menores" contra los gobiernos de derechas como:

• Hacer declaraciones críticas.
• Votar en contra de sus iniciativas.
• Presentar enmiendas a sus propuestas de ley.
• Hacer propuestas incomodas para ellos obligándoles a  tomar posición.
• Apoyar alguna iniciativa de los partidos de izquierdas.

Una vuelta más de tuerca podría ser:

• Rechazar sus presupuestos en un momento en que  son mas necesarios.
• Exigir la entrada de VOX en los gobiernos autonómicos.

Estas acciones pueden obligar al PP a convocar elecciones anticipadas o incluso a que pueda producirse un relevo en los gobiernos, aunque hay que suponer que VOX nunca favorecerá un gobierno de izquierdas.

La situación más crítica está sin duda en Madrid donde el PP tiene una presidenta totalmente inoperante que, además, tiene un enfrentamiento constante con su vicepresidente de Cs. Una posición activa de VOX en Madrid contra el gobierno PP-Cs, podría reventarlo  y abrir camino a una moción de censura contra el gobierno de la comunidad madrileña.

Las togas en pie de guerra

El poder judicial, igual que los otros poderes de un Estado democrático, depende del pueblo y debe ser elegido por él de una u otra forma.

También es necesario, y la Unión Europea está poniendo mucho énfasis en ello, que el poder judicial tenga la máxima independencia posible del poder político.

Esta doble condición no es fácil de conciliar en la práctica pues la especificidad del poder judicial hace inviable su elección directa y, al tener que elegir los jueces de forma indirecta, se produce una inevitable relación con el poder político.

En España, en forma similar a algunos otros países europeos, se ha creado un organismo especifico, el Consejo General del  Poder Judicial (CGPJ) para gobernar y administrar los tribunales con independencia del gobierno. El CGPJ, compuesto por  20 miembros más el presidente, se elige actualmente por las cámaras parlamentarias a razón de 8 miembros entre  juristas de reconocido prestigio y 12 entre jueces y magistrados, la mayoría necesaria es de 3/5 en ambos casos, aunque la Constitución solo obliga a esta mayoría en el caso de los 8 juristas.

El bloqueo sistemático del PP en la elección de estos vocales ha llevado a que lleven en funciones  más de  dos años. Este bloqueo es sistemático y responde a una estrategia política destructiva, pues afecta también a otros órganos importantes como Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE, y responde a una forma filibustera de hacer política de oposición que el PP esta poniendo en práctica desde que perdió el gobierno en la moción de censura.

Para salir de esta situación anómala, los grupos parlamentarios PSOE y UP han presentado una proposición de ley para cambiar la forma de  elección de los miembros del CGPJ consistente en hacer una segunda vuelta por mayoría absoluta si no se han obtenido 3/5 en la primera.

Aunque esta propuesta garantiza que se complete la elección de los miembros del CGPJ, aumenta la dependencia política pues con este sistema, los partidos que apoyan al gobierno pueden obtener con más facilidad los representantes de su preferencia.

La propuesta presentada incluye también la limitación de funciones del Consejo una vez terminado su mandato, lo mismo que sucede en cualquier otro órgano electivo. Es posible que la simple aprobación  de esta opción facilite el consenso sin necesidad de modificar las mayorías necesarias.

Algunos miembros del Consejo, algunos tribunales superiores las asociaciones de jueces y los partidos de derechas han expresado su oposición a esta reforma legal y, para limitar la dependencia política proponen una elección directa por los jueces, sin considerar que, de hacerse así, tendríamos una dependencia corporativa y tecnocrática con el consiguiente déficit democrático pues los jueces ya no dependerían del pueblo y sino de un grupo de funcionarios cualificados, no elegidos por nadie.

Las espadas siguen en alto y para salir del atolladero, el gobierno ha congelado su propuesta para intentar llegar a un acuerdo sobre la legislación actual de mayoría de 3/5, comprobando de paso si el reciente distanciamiento entre PP y VOX producido en la moción de censura de VOX, empieza a tener consecuencias positivas.