Los gobiernos autonómicos que se están formando en estos días, empiezan a indicar que las CC.AA. van a gobernarse de una forma muy distinta.
El primer indicador ha sido el cambio del color político del gobierno de muchas de ellas, que han pasado, de estar gobernadas por el PP, a tener un presidente socialista, con un gobierno también socialista o de coalición, apoyado en casi todos los casos por otros partidos progresistas principalmente Podemos.
El acuerdo PSOE-Podemos no es ninguna novedad, pues básicamente, repite el esquema del histórico acuerdo municipal IU-PSOE que ha estado vigente desde 1979. Las diferencias están en que Podemos tiene una presencia mucho mayor de la que tuvo IU en otras legislaturas, lo que ha permitido extender el pacto de gobierno a las CC.AA.
Los acuerdos PSOE-Podemos no han estado exentos de dificultades, en cualquier caso no muy diferentes de las que hubo con IU en muchas otras ocasiones. Podemos surgió con un espíritu muy crítico, considerando casta a todos los partidos anteriores, PSOE incluido, y obsequiándonos con descalificaciones de diverso tipo. Desde el PSOE se reaccionó tildándolos de populistas y afirmando que nunca se pactaría con ellos. Unos y otros nos hemos tenido que tragar nuestras posiciones, PSOE y Podemos son dos expresiones diferentes de la izquierda y necesariamente tenían que entenderse, al menos en los ámbitos municipales y autonómicos. En el ámbito nacional las posibilidades de acuerdo están por ver pues dependen de muchos otros factores, las relaciones con IU, por ejemplo, siempre han sido más distantes en el Parlamento de la nación.
Seguramente por falta de experiencia, Podemos ha intentado hacer algunas operaciones de apalancamiento con otras fuerzas progresistas, más propias de la "vieja política" que de las nuevas formas que tanto predican, para que el PSOE, fuerza mayoritaria de la izquierda, renunciase a su legitimo derecho de optar por la presidencia y se la cediese a ellos o a otro partido regional como Compromis, finalmente en Valencia, y presumiblemente también en Aragón y Asturias, las aguas volverán a su cauce y se constituirán gobiernos regionales progresistas sin operaciones extrañas.
Las CC.AA. que mantienen presidente popular, han tenido que buscar el apoyo de C´s, la segunda fuerza emergente en España, esta vez en el campo del Centro-Derecha. Para este apoyo C´s ha obligado a firmar largos catálogos de condiciones formales, orientados a acabar con la corrupción, aumentar la transparencia y mejorar la calidad de nuestra democracia.
Más allá de los compromisos que tanto C´s como Podemos han propuesto, la principal palanca del cambio, ha sido la decisión de C´s de no apoyar ninguna candidatura que mantuviese imputados en sus listas. Esta circunstancia ha obligado a salir de la primera línea política a diputados, consejeros e incluso algunos presidentes de las CC.AA. del PP, lo que ha producido unos efectos muy saludables.
El PSOE solo ha recibido el apoyo de C´s en Andalucía y ha tenido que firmar los mismos compromisos, incluidos el cese de los imputados que tuvieran puesto en el parlamento nacional. Cuando, finalmente, el TS ha imputado formalmente a cuatro de los cinco afectados por los ERES, su dimisión como parlamentarios es una obligación inexcusabe. J.A. Griñan ya lo ha hecho, M. Chaves y G. Zarrias se han comprometido a hacerlo, aunque se han retrasado por razones un tanto confusas, y el quinto, J. A. Viera ha preferido, defendiendo su interés personal, entregar su carnet del partido antes que su acta de diputado por considerar más favorable el TS que la Audiencia de Sevilla. La estética de las dimisiones no ha sido nada brillante, aunque hay que esperar que finalmente sea efectiva. En cualquier caso Susana Diaz ha cumplido su compromiso de que no haya imputados en las listas socialistas.
Estos cambios de marcha en la gobernanza de las CC.AA tienen que abrir realmente un tiempo nuevo en nuestras instituciones.
El siguiente paso debería ser que los partidos apliquen también algunos de estos criterios a su funcionamiento interno y empiecen a desaparecer los "sindicatos de intereses" que existen en casi todos ellos, para dar un mayor protagonismo a sus militantes y al conjunto de la ciudadanía.
El primer indicador ha sido el cambio del color político del gobierno de muchas de ellas, que han pasado, de estar gobernadas por el PP, a tener un presidente socialista, con un gobierno también socialista o de coalición, apoyado en casi todos los casos por otros partidos progresistas principalmente Podemos.
El acuerdo PSOE-Podemos no es ninguna novedad, pues básicamente, repite el esquema del histórico acuerdo municipal IU-PSOE que ha estado vigente desde 1979. Las diferencias están en que Podemos tiene una presencia mucho mayor de la que tuvo IU en otras legislaturas, lo que ha permitido extender el pacto de gobierno a las CC.AA.
Los acuerdos PSOE-Podemos no han estado exentos de dificultades, en cualquier caso no muy diferentes de las que hubo con IU en muchas otras ocasiones. Podemos surgió con un espíritu muy crítico, considerando casta a todos los partidos anteriores, PSOE incluido, y obsequiándonos con descalificaciones de diverso tipo. Desde el PSOE se reaccionó tildándolos de populistas y afirmando que nunca se pactaría con ellos. Unos y otros nos hemos tenido que tragar nuestras posiciones, PSOE y Podemos son dos expresiones diferentes de la izquierda y necesariamente tenían que entenderse, al menos en los ámbitos municipales y autonómicos. En el ámbito nacional las posibilidades de acuerdo están por ver pues dependen de muchos otros factores, las relaciones con IU, por ejemplo, siempre han sido más distantes en el Parlamento de la nación.
Seguramente por falta de experiencia, Podemos ha intentado hacer algunas operaciones de apalancamiento con otras fuerzas progresistas, más propias de la "vieja política" que de las nuevas formas que tanto predican, para que el PSOE, fuerza mayoritaria de la izquierda, renunciase a su legitimo derecho de optar por la presidencia y se la cediese a ellos o a otro partido regional como Compromis, finalmente en Valencia, y presumiblemente también en Aragón y Asturias, las aguas volverán a su cauce y se constituirán gobiernos regionales progresistas sin operaciones extrañas.
Las CC.AA. que mantienen presidente popular, han tenido que buscar el apoyo de C´s, la segunda fuerza emergente en España, esta vez en el campo del Centro-Derecha. Para este apoyo C´s ha obligado a firmar largos catálogos de condiciones formales, orientados a acabar con la corrupción, aumentar la transparencia y mejorar la calidad de nuestra democracia.
Más allá de los compromisos que tanto C´s como Podemos han propuesto, la principal palanca del cambio, ha sido la decisión de C´s de no apoyar ninguna candidatura que mantuviese imputados en sus listas. Esta circunstancia ha obligado a salir de la primera línea política a diputados, consejeros e incluso algunos presidentes de las CC.AA. del PP, lo que ha producido unos efectos muy saludables.
El PSOE solo ha recibido el apoyo de C´s en Andalucía y ha tenido que firmar los mismos compromisos, incluidos el cese de los imputados que tuvieran puesto en el parlamento nacional. Cuando, finalmente, el TS ha imputado formalmente a cuatro de los cinco afectados por los ERES, su dimisión como parlamentarios es una obligación inexcusabe. J.A. Griñan ya lo ha hecho, M. Chaves y G. Zarrias se han comprometido a hacerlo, aunque se han retrasado por razones un tanto confusas, y el quinto, J. A. Viera ha preferido, defendiendo su interés personal, entregar su carnet del partido antes que su acta de diputado por considerar más favorable el TS que la Audiencia de Sevilla. La estética de las dimisiones no ha sido nada brillante, aunque hay que esperar que finalmente sea efectiva. En cualquier caso Susana Diaz ha cumplido su compromiso de que no haya imputados en las listas socialistas.
Estos cambios de marcha en la gobernanza de las CC.AA tienen que abrir realmente un tiempo nuevo en nuestras instituciones.
El siguiente paso debería ser que los partidos apliquen también algunos de estos criterios a su funcionamiento interno y empiecen a desaparecer los "sindicatos de intereses" que existen en casi todos ellos, para dar un mayor protagonismo a sus militantes y al conjunto de la ciudadanía.
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