En estos días se está celebrando en el Tribunal Supremo, la vista del proceso por el procés de independencia de Cataluña, que encausa al anterior govern de la Generalitat y a algunos dirigentes sociales de las organizaciones más representativas de Cataluña.
Dependiendo de las responsabilidades de cada uno, se les acusa de los delitos de: Rebelión, Sedición, Malversación de fondos públicos y Desobediencia.
La instrucción del proceso suscitó en su momento muchas dudas, que posteriormente se agrandaron con la desestimación de las peticiones de extradicción del president Puigdemont, de los gobiernos Belga y Alemán. Las deficiencias de las actuaciones de la fiscalía y la abogacía del estado en las primeras sesiones del juicio tienen que ver con las insuficiencias de la instrucción realizada por el juez Llarena.
Por el contrario, las dudas que pudieran existir sobre el presidente de la sala, debido a su fallido nombramiento como presidente del CGPJ, han quedado sin fundamento pues el comportamiento del juez Marchena está resultando ejemplar.
En las primeras sesiones de la vista, han prestado testimonio todos los procesados, que han desarrollado estrategias diversas.
El Vicepresidente Oriol Junqueras, que solo ha ha permitido ser interrogado por su abogado, ha utilizado su turno para defender políticamente el derecho de autodeterminación de Cataluña sin entrar en los detalles de la acusación. O. Junqueras se ha presentado como el lider más solido del independentismo catalán frente a la mediocridad a que nos tienen acostumbrados Torra y Puigdemont. En un futuro no muy lejano Junqueras será sin duda el interlocutor imprescindible para negociar con el sector independentista de Cataluña.
Los restantes procesados, que si han aceptado preguntas de la fiscalía y la abogacía del Estado pero no del abogado de Vox, han combinado en su defensa las reivindicaciones políticas con la refutación de los argumentos acusatorios, poniendo especial énfasis en la negativa a que se promoviera la violencia, la única violencia que reconocen es la de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y manifestando total desconocimiento sobre el uso ilícito de fondos públicos para financiar los gastos del referéndum.
En el turno de testigos empezaron declarando el Presidente y la Vicepresidenta del gobierno y sus ministros de Hacienda e Interior.
Rajoy estuvo en su estilo habitual: difuso y confuso, sin acordarse de casi nada mientras que Soraya hizo una declaración bastante más solvente. Cristobal Montoro admitió que, a pesar de tener intervenido al Govern catalán, no podía certificar que se hubieran desviado fondos públicos para el pago de gastos del referéndum, aunque dejo la puerta abierta a la posibilidad de que hubieran podido hacerlo de forma que no habían detectado. El ministro de interior declaró que no tenía responsabilidad de nada, aunque no llego a dudar de que el fuera el ministro del interior, lamentable lo de este ministro.
De los siguientes testigos, la declaración más interesante, más desde el punto de vista político que jurídico, fue la del lehendakari I. Urkullu que describió con todo tipo de detalles, su papel de mediación entre los gobiernos español y catalán que Rajoy solo recordaba de forma difusa, mezclado con otro tipo de gestiones.
A estas alturas del proceso el punto más cuestionado sigue siendo la presencia o no de violencia, que determina si hubo delito de rebelión que es el que tiene mayores penas.
La instrucción del proceso suscitó en su momento muchas dudas, que posteriormente se agrandaron con la desestimación de las peticiones de extradicción del president Puigdemont, de los gobiernos Belga y Alemán. Las deficiencias de las actuaciones de la fiscalía y la abogacía del estado en las primeras sesiones del juicio tienen que ver con las insuficiencias de la instrucción realizada por el juez Llarena.
Por el contrario, las dudas que pudieran existir sobre el presidente de la sala, debido a su fallido nombramiento como presidente del CGPJ, han quedado sin fundamento pues el comportamiento del juez Marchena está resultando ejemplar.
En las primeras sesiones de la vista, han prestado testimonio todos los procesados, que han desarrollado estrategias diversas.
El Vicepresidente Oriol Junqueras, que solo ha ha permitido ser interrogado por su abogado, ha utilizado su turno para defender políticamente el derecho de autodeterminación de Cataluña sin entrar en los detalles de la acusación. O. Junqueras se ha presentado como el lider más solido del independentismo catalán frente a la mediocridad a que nos tienen acostumbrados Torra y Puigdemont. En un futuro no muy lejano Junqueras será sin duda el interlocutor imprescindible para negociar con el sector independentista de Cataluña.
Los restantes procesados, que si han aceptado preguntas de la fiscalía y la abogacía del Estado pero no del abogado de Vox, han combinado en su defensa las reivindicaciones políticas con la refutación de los argumentos acusatorios, poniendo especial énfasis en la negativa a que se promoviera la violencia, la única violencia que reconocen es la de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y manifestando total desconocimiento sobre el uso ilícito de fondos públicos para financiar los gastos del referéndum.
En el turno de testigos empezaron declarando el Presidente y la Vicepresidenta del gobierno y sus ministros de Hacienda e Interior.
Rajoy estuvo en su estilo habitual: difuso y confuso, sin acordarse de casi nada mientras que Soraya hizo una declaración bastante más solvente. Cristobal Montoro admitió que, a pesar de tener intervenido al Govern catalán, no podía certificar que se hubieran desviado fondos públicos para el pago de gastos del referéndum, aunque dejo la puerta abierta a la posibilidad de que hubieran podido hacerlo de forma que no habían detectado. El ministro de interior declaró que no tenía responsabilidad de nada, aunque no llego a dudar de que el fuera el ministro del interior, lamentable lo de este ministro.
De los siguientes testigos, la declaración más interesante, más desde el punto de vista político que jurídico, fue la del lehendakari I. Urkullu que describió con todo tipo de detalles, su papel de mediación entre los gobiernos español y catalán que Rajoy solo recordaba de forma difusa, mezclado con otro tipo de gestiones.
A estas alturas del proceso el punto más cuestionado sigue siendo la presencia o no de violencia, que determina si hubo delito de rebelión que es el que tiene mayores penas.
