España NO FUNCIONA

 

La gestión de la pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto un conjunto de debilidades  en  el funcionamiento del Estado que, en la mayor parte de los casos, tienen un origen estructural aunque la pandemia las haya agravado de forma importante. En primer lugar hay que mencionar el lamentable funcionamiento de los servicios de atención a los mayores, las residenciaras geriátricas, que escasas de personal y de recursos y en muchos casos mal gestionadas, fueron responsables del alto número de fallecimientos de personas mayores durante la primera ola de la pandemia.

Hay que  considerar también la situación de la sanidad pública que, sometida a recortes durante muchos años, con escasez de personal, que además tiene unas condiciones de trabajo muy precarias, no es capaz de dar una respuesta a las necesidades de la población en la segunda ola de la pandemia. Si en la primera ola el comportamiento del sector sanitario fue heroico, en esta segunda ni aplicando el mismo heroísmo y dedicación han podido atender las demandas de la sociedad.

La estructura administrativa de nuestro país no resiste ninguna iniciativa nueva por importante que sea. El gobierno ha aprobado una serie de medidas sociales y económicas con objeto de paliar los efectos económicos  de la pandemia, pero estas iniciativas se  estrellan con la falta de recursos humanos y el exceso de burocracia.En tercer lugar hay que considerar al sector educativo que,  debido a su escasez de medios y recursos, tampoco puede ofrecer  las condiciones de seguridad sanitaria que  se necesitan en este curso 2020 2021.

Los ERTES han servido para preservar los puestos de trabajo de muchos asalariados pero el exceso de burocracia y la escasez de funcionarios para tramitarlos, han provocado retrasos  y complicaciones innecesarias.

Con las mismas trabas, pero con mayor gravedad está tropezando la implantación del Ingreso Mínimo Vital que avanza muy lentamente a pesar de la urgencia de su puesta en marcha.

El adelgazamiento sistemático del sector público impulsado especialmente por los gobiernos de la derecha, el exceso de burocracia, el teletrabajo  implantado en las administraciones públicas como consecuencia de la pandemia y la escasa cultura digital que dificulta el acceso a los servicios de muchos ciudadanos, está convirtiendo a España en un país que no funciona.

En pleno siglo XXI los servicios públicos tienen  que ser mucho más eficaces y para ello es imprescindible reducir la burocracia y generalizar las  tecnologías digitales sin que ello implique reducción de empleados públicos ya que la digitalización de los servicios no pueden sustituir en muchos casos la presencia directa de  profesionales  de especialidades como sanitarios, docentes, cuidadores, u otros muchos profesionales.

El fondo de recuperación de 740.000 M€ aprobado por la Unión Europea para los próximos  siete años del que España se beneficiará con 140.000 M€, incluye entre sus prioridades la digitalización y el refuerzo del número de empleados públicos. Hay que esperar que el gobierno responda positivamente y con decisión a este requisito y deje en el baúl de los recuerdos las sistemáticas y demagógicas reivindicaciones de conservadores y liberales de adelgazar al máximo las administraciones públicas, para impulsar la privatización  que en esta pandemia está demostrando su ineficacia en sectores como la sanidad o las residencias de la tercera edad.

Madrid NO se confina

 

En el debate del estado de la región de Madrid, celebrado los días 14 y 15 de septiembre, la presidenta regional Isabel Diaz Ayuso (IDA) sacó pecho por su brillante gestión, considerando que el suyo era el mejor gobierno posible del mundo mundial. Las críticas y propuestas de los tres partidos de izquierdas fueron rechazadas sin contemplaciones por IDA y por su vicepresidente de Ciudadanos, que no se decide a dar el paso de romper la coalición y se limita a justificar, aunque sea con la boca pequeña, la actuación de su presidenta.

Al día siguiente, miércoles, con un día de retraso, se publicaron los datos de contagio en Madrid que batieron todos los récords, hasta el punto que el viceconsejero de sanidad, Dr. Zapatero, anunció que se estaban estudiando medidas de confinamiento en Madrid.

Las declaraciones del doctor Zapatero fueron inmediatamente matizadas por la  presidencia que intentó hacerle rectificar, lo que, en un rasgo de dignidad, el viceconsejero no hizo. Tuvo que ser el siempre servil consejero de sanidad el que salió a rectificar  y a comunicar  que de confinamiento nada, solo "restricciones de movilidad", que se comunicarían en unos días.

En este contexto llegó la carta del presidente del gobierno ofreciendo su ayuda a la Comunidad de Madrid y proponiendo mantener una reunión con IDA en la sede de la propia Comunidad.

La carta de Pedro Sanchez (PS) es un documento excesivamente constructivo, que respeta las competencias de la Comunidad y evita las criticas a la gestión de IDA, con el animo de evitar polémicas y tomar decisiones positivas.

El viernes, después de varios retrasos, IDA, acompañada de un avergonzado vicepresidente y del siempre servil consejero de sanidad, nos dio una teórica sobre las medidas a tomar, volvió a responsabilizar al gobierno de la nación, aunque, dada su próxima entrevista con PS, evitó su tradicional agresividad. El vicepresidente  Aguado intervino para  manifestar su acuerdo  y dar imagen de unidad, aunque su tono fue bastante más moderado y finalmente, el consejero de sanidad  detalló las restricciones propuestas que se refieren a 37 zonas sanitarias, que corresponden a los barrios y municipios con mayor indice de infección y también de menor renta y peores condiciones de vida, y se limitan a recomendar, no tienen competencias para prohibir, restricciones de movilidad, reducción de horarios y aforos y bajar a seis el número de  personas por grupo familiar o social. Ni una palabra sobre refuerzo de centros de salud, incremento en el número de  rastreadores o aumento de los servicios de transporte de metro y autobús para reducir su masificación.

Las medidas son mucho más suaves que las promulgadas en otras comunidades con una incidencia vírica mucho menor y no convencen a ningun experto. Las protestas de la ciudadanía, sanitarios, docentes y asociaciones vecinales van en aumento y manifiestan su disconformidad diariamente. Los partidos de izquierdas del parlamento madrileño están llegando al limite de su paciencia y están a punto de presentar una moción de censura que cada día se ve más urgente.

El próximo acto tendrá lugar el próximo lunes con la visita de PS a la Puerta del Sol. Esta reunión tiene que ser determinante, el gobierno de España no puede limitarse a poner paños calientes y ofrecer su colaboración a la  Comunidad de Madrid. Es necesario que actúe con firmeza y determinación y haga uso de sus capacidades para obligar a que en Madrid se adopten las medidas necesarias con o sin la conformidad de la presidencia de la Comunidad, aplicando el Estado de  Alarma o el articulo 155 de la constitución si fuera necesario. Madrid no puede seguir en las manos exclusivas de IDA y sus colaboradores.

Hay que esperar que durante el fin de semana  se realicen las gestiones necesarias con el partido Ciudadanos para facilitar que la reunión del lunes tenga un resultado positivo.

Curso político 2020-2021

El final del mes de Agosto da la señal de salida para el comienzo del siguiente curso político, que esta vez se presenta muy complicado.

La pandemia del COVID 19, que se ha recrudecido en el mes de agosto, va a condicionar los primeros meses de este curso político o incluso el curso político entero. Aunque esta situación crítica debería en buena lógica propiciar el entendimiento de todas las fuerzas políticas para conseguir sacar a España tanto de la crisis sanitaria como de la subsiguiente crisis económica y social que el virus ha provocado, todo indica que es muy difícil que sea así y que los grupos políticos mantendrán sus comportamientos habituales.

El PP ha destituido a la marquesa de Casa Fuerte como portavoz parlamentario en lo que, en un primer momento, parecía ser un cambio de rumbo en la estrategia política del partido, pero las primeras actuaciones de la nueva portavoz, que no  pertenece a la nobleza, indican que el cambio se ha debido a pérdida de confianza por la falta de disciplina de la marquesa y no a un cambio de estrategia.

Antes del verano el gobierno propuso un pacto de Estado, con un formato parecido al de los Pactos de la Moncloa de 1976. El PP lo descafeinó convirtiéndolo en una comisión parlamentaria que, finalmente, no sirvió para nada.

El gobierno vuelve otra vez a la carga, consciente de la importancia que tendría para la recuperación de la crisis económica y social un acuerdo de todas las fuerzas políticas, o, al menos, de una buena parte de ellas, focalizado en los presupuestos que están obligados a gestionar de la forma más eficiente posible, los acuerdos económicos adoptados en la Unión Europea.

El primer contacto con el presidente del PP ha resultado ser un fracaso absoluto y en él se ha constatado que el PP sigue instalado en la dureza extrema y la demagogia continua. Su mensaje simplón de que no puede pactar con los que quieren acabar con la monarquía y romper España es muy infantil, del tipo"yo con esos no me junto", lo coloca junto a VOX, en la marginalidad del sistema parlamentario.

Sorprende la errática propuesta que ha hecho el presidente popular al gobierno: Crear una gran Agencia económica para gestionar los fondos  que va a aportar la Unión Europea, es decir pretende que una supuesta agencia independiente gestiones ese instrumento fundamental para cualquier gobierno, además se apoya en una ley de 2006 que se hizo para otras cosas y que Rajoy derogó en 2015. O Pablo Casado nos quiere tomar el pelo a todos, o está asesorado por algún lunático que hace propuestas sin sentido.

La derecha debiera plantearse sustituir a su presidente por alguien que al menos, tenga una mínima talla intelectual.

El comportamiento de Ciudadanos fue mucho más constructivo. En su reunión con el presidente del gobierno, Inés Arrimadas se limitó a hacer unas cuantas propuestas genéricas con las que no se puede estar en desacuerdo y a manifestar su postura de  posible apoyo a pesar de sus diferencias con Bildu y ERC, que no parecen tan insalvables como en otras ocasiones.

El PNV se manifestó en su reunión proclive a negociar con el gobierno y ERC puso en primer plano la celebración de la reunión pendiente entre el gobierno  de España y el govern y luego filosofó sobre la imposibilidad de coincidir en votaciones con Ciudadanos aunque tampoco afirmó de forma rotunda que fuera imposible. Si la reunión con el govern se celebra finalmente, la posición de ERC será seguramente  más flexible.

Finalmente los "pequeños partidos regionales", que tuvieron un contacto telemático con el presidente parece  que tuvieron actitudes muy positivas.

En estas condiciones es muy probable que haya mayoría suficiente para aprobar los PGE a pesar de la fragmentación del parlamento.

Votarían a favor con seguridad los 155 diputados de PSOE y U.Podemos, a los que habría que añadir los 8 de los paridos regionales y los 6 del PNV. En total un bloque de 169, tal vez alguno menos si alguno de los partidos regionales decide abstenerse por algún motivo  de carácter local.

En contra estaría la derecha (VOX, PP, Foro y Navarra suma) y los nacionalistas radicales catalanes (JxCat y CUP) aunque, dada la situación de confusión que se ha creado entre JxCAT y el PDCAT, no sería extraño que alguno de estos últimos tuviera una posición diferente. En total el voto negativo  sumaría 153 escaños.

Quedan por tanto por determinar la posición de los nacionalistas de izquierdas, 18 de ERC y Bildu, que por ideología no  parece lógico que voten en el mismo sentido que la derecha y de los centristas de Ciudadanos que están  entre Pinto y Valdemoro.

Es muy probable que uno de estos dos bloques, o los dos, opten por la abstención.

El mejor caso sería que los 28 diputados  nacionalistas y de ciudadanos votaran a favor de los presupuestos, lo que daría una amplia mayoría de 187 votos y dejará aislada a la derecha.  

España enmascarada

La pandemia del COVID 19 ha convertido a nuestro país y a casi todo el planeta, en una sociedad enmascarada.

La mascarilla quirúrgica se ha convertido en un elemento de uso obligado de protección de la infección. Aunque la mascarilla no sea el elemento fundamental de protección, lo son mucho más la higiene de manos y la distancia social, si es el más visible y por ello se ha convertido en símbolo de la defensa contra el virus. Su uso obligado en todos los lugares públicos nos obliga a reconocernos entre nosotros por el peinado o la calva, únicos rasgos visibles de nuestras caras.

Una vez levantado el pasado junio el Estado de Alarma, la responsabilidad de la gestión de la epidemia pasó íntegramente a las CC.AA., como por otra parte, habían pedido con insistencia en numerosas ocasiones.

Las recomendaciones en esta fase de relativa normalidad se resumían en tres ideas:

La primera seguir manteniendo la distancia social, especialmente en reuniones familiares y en el ocio nocturno, discotecas bares de copas o botellones callejeros que se han revelado como los agentes responsables en la transmisión de la pandemia.

La segunda recomendación es reforzar los servicios de atención primaria contratando más sanitarios.

La tercera recomendación, asociada con la anterior, es la creación de una potente red de rastreadores que permitiera identificar los contactos estrechos de las personas que hayan contraído el virus.

Lamentablemente, las CC.AA., responsables de estas actuaciones, han cumplido de forma poco eficiente,  con ellas, en algunos casos como en Madrid con un nivel mínimo.

Además de esta falta de cumplimiento ha habido otros comportamientos lamentables, como ha sido no prever la llegada de trabajadores temporeros para la recogida de fruta que han tenido, salvo excepciones, la misma situación de semi-esclavitud en sus condiciones de alojamiento que, lamentablemente, son habituales en muchas comarcas agrícolas y que en esta situación de epidemia son mucho más graves y han contribuido de forma importante a la propagación del COVID 19.

Si en la primera parte de la pandemia la gestión de las residencias de mayores fue el punto más negro de la gestión de las CC.AA., la contratación de los temporeros puede convertirse en el punto negro de este segundo período.

Un mes después de la entrada en la nueva normalidad, España ya encabeza el ranking de infecciones y las prisas que hubo para facilitar la llegada del turismo se han vuelto en contra y ahora España esta vetada para los turistas de los países que  aportan mayor número de visitantes.

Ante el incremento de los brotes, que en algunos casos tienen ya características de transmisión comunitaria, ha sido necesaria la convocatoria de una comisión sectorial de sanidad que ha acordado once medidas a nivel nacional para impulsar las medidas a tomar contra la pandemia.

Entre las medidas adoptadas hay que destaca

• En el área de residencias geriátricas, la obligación de hacer PCRs y la limitación de visitas. 
• En el área de reducción de los contactos sociales, la prohibición de las actividades de ocio nocturno y el adelanto de horarios de cierre en bares y restaurantes 
• En el área de control médico, la realización de PCRs masivos en los barrios y ciudades más afectados.

No figura en el acuerdo el incremento del número de rastreadores ni el aumento del personal.

Tampoco se menciona la utilización de la herramienta de comunicación entre móviles puesta en marcha por la Administración Central.

A primera vista la medida más potente para el control de la pandemia  es la  limitación y prohibición de las actividades de ocio nocturno.

Los PCRs masivos tienen una eficacia limitada si no se complementan con rastreos, además, aunque sean útiles para saber el grado de contaminación real de los distritos afectados, el número de casos que puedan detectarse incluyendo los rastreos no es suficiente. Si , por ejemplo, en un distrito como Carabanchel (Madrid), con aproximadamente 250.000 habitantes,  se hacen 1.000 PCRs y se detectan un 2% de infectados, se puede afirmar, pues la muestra es suficiente para ello, que hay 5.000 personas con coronavirus en el distrito pero como solo se han localizado 20, mas las que se deriven de los rastreos, la mayoría de los asintomáticos siguen circulando y propagando la infección.

La aplicación informática para móviles necesita para ser eficaz, que se descargue de forma generalizada y se complemente con un amplio sistema de rastreo.

Con estas consideraciones, las medidas adoptadas y la forma como se están aplicando no parecen suficientes para alcanzar el objetivo de frenar de forma eficiente la pandemia. No habría que descartar un nuevo estado de alarma que, aunque no llegue al nivel de confinamiento de los meses de Abril y Mayo, permita adoptar medidas más contundentes y mejor coordinadas.

El siguiente reto que se aproxima es el comienzo del curso escolar para el quetampoco se han tomado las medidas necesarias que, sea cual sea el escenario que se  presente, necesita mayores recursos de aulas y  personal y se ha alcanzado el tramo final de Agosto sin que la Administración educativa haga nada más que declaraciones voluntaristas. Todo indica que el curso va a comenzar como siempre, con algunas medidas marginales como mascarillas, geles hidro-alcohólicos o pegatinas en suelos y paredes. En estas condiciones parece muy probable que haya que volver a la opción telemática en pocas semanas.

.La deficiente gestión de la segunda parte de la epidemia y las negras perspectivas que hay sobre el comienzo del curso escolar, ponen en cuestión la capacidad de las CC.AA., aunque no todas sean iguales, para gestionar situaciones tan graves como la que estamos viviendo.

Habría que preguntarse que uso se ha hecho  de los 16.000 millones de  Euros transferidos por el gobierno central para apoyar medidas en las áreas de educación y sanidad.

Surge también la duda sobre el papel que tienen que jugar las CC.AA.: ¿Es el sistema autonómico el que no ha funcionado?, o  "simplemente" se trata de que muchos de los gobiernos autonómicos elegidos tienen un nivel político muy bajo, situación de la que habría que responsabilizar a los partidos políticos que han presentado candidatos de un nivel tan bajo. Me inclino por la segunda opción pues creo que el modelo federal, en su actual versión autonómica, es el más adecuado para nuestro país. En cualquier caso, España no puede permitirse el lujo de tener presidentes autonómicos como, ideologías aparte, Quim Torra o Isabel Diaz Ayuso por poner solo los últimos del ranking autonómico.

Jaque a la monarquía

El 18 de Junio del año 2014, el Rey Juan Carlos I abdicó del trono de España.

La abdicación fue consecuencia de un largo proceso que comenzó en 2008 con el caso Urdangarín, siguió en 2008 con la cacería y el accidente de Botsuana y siguió con el deterioro físico del Rey como consecuencia de complicaciones en sus operaciones de cadera y que se manifestó con mucha rotundidad en su penosa actuación en el discurso de la Pascua Militar de enero de 2014. Podría afirmarse que con su actitud D. Juan Carlos I se dio jaque mate a si mismo.

La crísis derivada de la difusión del asunto comisiones del AVE-regalos de los reyes del golfo pérsico, se está convirtiendo en otro órdago aunque esta vez no va solo contra el rey sino contra la monarquía como institución.

El presidente del gobierno y A.G. del PSOE ha afirmado en una carta a los militantes, que las responsabilidades penales por los actos cometidos son personales y no de las instituciones. Siendo totalmente correcta, en términos generales, esta afirmación, no se puede obviar que la institución monárquica está firmemente unida a la persona del rey y a la familia real y, en ese sentido, el Rey Felipe esta afectado por los actos del Rey emérito.

Si el Jefe del Estado fuera presidente de la República, no tendría ninguna responsabilidad por los posibles delitos que hubiera podido cometer su antecesor, pero,  al ser la monarquía hereditaria, la situación es muy diferente.

No hay razones directas para censurar a Felipe VI, durante sus seis años de reinado, el Rey ha cumplido a la perfección el papel de guinda del pastel que le otorga la constitución: Ha paseado por toda España, ha sonreído a todo el mundo, ha hecho discursos genéricos sobre lo que ha hecho falta, ha evitado, en general, meterse en conflictos, en los procesos post-electorales se ha limitado a tomar nota de las posiciones de todos los portavoces sin, al menos oficialmente, aportar ninguna iniciativa propia. En fin un Rey florero que cumple perfectamente su función constitucional.

La constitución, que blindó las responsabilidades penales del Rey, blindó también al gobierno para evitar los "borboneos" de sus antepasados anteriores a la II República y lo convirtió en un adorno cuya principal función era no interferir o hacerlo lo menos posible, aunque hay que admitir que el rey J.Carlos asumió un papel activo positivo en situaciones tan críticas como el 23F, utilizando su condición de comandante en jefe de las FF.AA.

Si fuera posible, aspiraría a un modelo de Estado del tipo República parlamentaria que tuviera un presidente elegido que hiciera, con mayor profesionalidad y mayores competencias, un papel de arbitro activo y no de mero observador privilegiado como el que tiene ahora Felipe VI.

El actual jaque al rey no es un jaque mate como el de 2014 sino simplemente un jaque intermedio de media partida cuyo valor depende de como  se desarrolle el juego a continuación. Hay otra importante diferencia sobre el ataque de 2014: En aquella ocasión el rey emérito se ahorcó el solo pero en esta, todos los partidos republicanos, excepto el PSOE, están utilizando el tema de la corrupción de J. Carlos I para lanzar una ofensiva contra la monarquía.

Creo que los socialistas, salvo alguna excepción, somos republicanos, aunque por razones pragmáticas, aceptamos en el 78 la monarquía parlamentaria y ahora, más de 40 años más tarde, no parece oportuno cuestionarla en medio de una pandemia y la correspondiente crísis social y económica asociada a ella.

Siempre va a ser complicado encontrar un momento oportuno para plantear una reforma constitucional con referéndum incluido de estas características, sobre todo mientras las derechas consideren la monarquía como un derecho divino que no se puede cuestionar.

Tampoco sería positivo que el resultado de ese referéndum, caso de celebrarse, fuera muy ajustado en uno u otro sentido, por lo que no queda otra que esperar que el conjunto de la población vaya cambiando su sentimiento hacia la monarquía, lo que da una oportunidad a la cas real para recuperar el prestigio perdido. 

Elecciones 2020: Galicia, Euskadi ¿Cataluña?

El 5 de Julio se han podido celebrar las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi, a pesar de los brotes de la pandemia ocurridos en esos días. En Cataluña, con una situación política cada día más complicada, siguen sin convocarse.

Los resultados electorales han sido, en linea con las encuestas, los esperados aunque con una rotundidad mayor.

En Euskadi se ha producido un  triunfo del PNV, mayor que el esperado y unos resultados de EH Bildu también muy elevados, el  PSE ha mantenido sus posiciones ligeramente al alza, mientras que U.Podemos ha perdido la mitad de su representación.

El PP se ha quedado bajo mínimos y además, en una genial operación de su lamentable lider, ha tenido que compartir sus 6 escaños con Ciudadanos que consigue  por este procedimiento aunque sea por la puerta trasera, acceder por primera vez al parlamento vasco con dos escaños. VOX, con una triple carambola derivada de la ley electoral vasca y de la abstención consigue un escaño por Alava, con solo 4.000 votos.

El gobierno PNV-PSOE, que con toda probabilidad se volverá a formar, conseguiría en esta ocasión mayoría absoluta lo que dará mayor tranquilidad en Euskadi y más garantías en Madrid.  

En cuanto a Galicia, la victoria de Nuñez Feijoó ha sido más contundente de lo que se esperaba. El Bloque  se ha disparado y ha recogido todos los votos de las mareas, que se han quedado fuera del parlamento, lo mismo que Cs y VOX.

Si consideramos a Feijoó un  galleguista moderado, se podría establecer ciero paralelismo entre ambos resultados: 

• Triunfo del nacionalismo moderado.
• Avance importante de los nacionalismos radicales de izquierda
• Mantenimiento del PSOE
• Caída importante de Unidas Podemos
• Hundimiento de la derecha y la ultraderecha españolista.

Los triunfos de Urqullu y Feijoó, mas contundentes que lo esperado  se deben a la gestión realizada en la legislatura anterior, pus, seguramente son los dos presidentes más efectivos de los 17 existentes entre los que lamentablemente abundan muchas mediocridades.

Loa nacionalistas radicales han conseguido buenos resultados con un discurso sólido y atractivo para muchos sectores de la población, y unos liderazgos potentes.

El PSOE ha capitalizado su buena gestión en Madrid pero sus dos lideres regionales no son demasiado atractivos. 

 

En Galicia, la personalidad y el galleguismo de Feijoó compensa la nefasta gestión nacional de P. Casado.

Con estos resultados, el presidente gallego se convierte en una  reserva espiritual del PP, disponible para el momento en que Casado se de el batacazo final, probablemente en Cataluña. En Euskadi se ha visto con claridad la marginalidad del PP en muchos territorios.

En cuanto a Unidas Podemos, paga en Galicia la falta de consolidación de su "confluencia" gallega, que se ha presentado dividida a las elecciones.

La contradicción entre estar en el gobierno mientras se mantiene un discurso radical ha empujado a muchos antiguos electores de Podemos a votar a los partidos realmente radicales, BNG o BILDU.

Las perspectivas en Cataluña, si finalmente se convocan las elecciones, son bastante más confusas por el barullo existente entre el procés, la mala gestión de la pandemia y la errática gestión del dúo  Torra - Puigdemont.

Además de la fractura entre ERC y JxCAT, el independentismo de derechas aparece dividido entre los partidarios de Pugdemont y el núcleo del PDCAT, con el añadido de Marta Pascal, antigua coordinadora del PDCAT que ha montado un nuevo partido o los miembros de la antigua UDC que también puede jugar un papel en las próximas elecciones.

Ciudadanos y el PP tienen que decidir después del fracaso en Euskadi, si van a concurrir en coalición, o iran cada uno por su cruenta. Cs tiene, además, la amenaza de Manuel Valls que podría también presentarse.

La confluencia Catalana de Podemos, Barcelona en común, IU y otros grupos, tiene  también que resolver sus problemas internos y decidir si mantienen la coalición o van cada uno por su lado.

La complejidad de Cataluña se completa con dos outsiders de diferentes características: La CUP que esta contribuyendo en la actual legislatura a aumentar el barullo catalán y VOX que podría entrar en el parlamente para incrementar el ruido de la derecha.

Como únicos partidos libres de conflictos solo quedan ERC y el PSC que, si los resultados lo permiten, podrían formar gobierno con los Comunes y sacar a Cataluña de la penosa situación a la que la ha llevado el gobierno de Torra.

El avispero de la monarquía española

La constitución de 1978 se hizo con un difícil consenso y con la espada de Damocles de la dictadura amenazando una vuelta atrás,  el resultado fue un modelo de estado que ratificaba la monarquía impuesta por Franco  y la dotaba de un fuerte blindaje que la hacía intocable apoyado por un complicado y difícil proceso de modificación: mayoría reforzada seguida de referéndum y nueva convocatoria electoral.

En aquellos años, muchos ciudadanos de ideas democráticas y republicanas, nos convertirnos en "Juancarlistas" reconociendo el positivo papel del Rey en  la transición.

El papel jugado por el Rey Juan Carlos en el golpe de Estado de 1982 reforzó su imagen positiva.

Más de cuarenta años después  sale  a plena luz, impulsado por la justicia suiza y con todo lujo de detalles, lo que era un secreto a voces en la sociedad: El Rey Juan Carlos cobraba cuantiosas comisiones y recibía esplendidos regalos de monarcas árabes enriquecidos por el petroleo. El Rey que había contribuido tan positivamente en la transición, se había convertido en un  personaje corrupto .

Lo fiscalía del TS debate ahora si el superblindaje del ex-Rey le sigue cubriendo de la misma forma después de su abdicación en 2014. Si la respuesta fuera positiva, se le podría acusar de algún delito desde 2014, probablemente un delito fiscal o de movimiento ilegal de capitales a paraísos fiscales, si fuera negativa  el emérito quedaría impune antes y después de la abdicación. 

Si finalmente el ex Rey fuera procesable, el modelo a aplicar podría ser similar al uilizado con Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, incluyendo la condena a titulo de beneficiario al Rey Felipe y al resto de la famila real, si se llegase a demostrar que  una parte de los ingresos fraudulentos obtenidos se utilizaron, como se ha declarado en Suiza, en beneficio de su familia.

El segundo  paso, independiente del primero, depende de la Casa Real, con acuerdo del gobierno, y consiste en la retirada del titulo de Rey Emérito del mismo modo que se retiró el de Duques de Palma.

Con esta medida, el ex Rey dejaría de ser, al menos de facto, miembro de la familia real. Si Juan Carlos acepta sin protestas esta situación la salida de la situación será notablemente más fácil.

La solución al  problema de fondo: limitar el superaforamiento real, quedará seguramente para otro momento, pues requiere la modificación del título primero de la constitución. Cualquier  propuesta de modificar el titulo primero llevaría inevitablemente incorporado que algunos partidos pidieran la supresión de la monarquía pues por mucho que se quiera argumentar, la corrupción del  Rey J. Carlos no puede desligarse de la institución monárquica, que quedaría inevitablemente tocada.

Parece probable una salida blanda, que suponga la salida del Emérito del escenario público español con, posible autoexlio incluído

Al actual  monarca le queda un  largo camino  para  recuperar su  imagen  perdida que ya ha iniciado con  el tour nacional que esta realizando  actualmente.