El avispero de la monarquía española

La constitución de 1978 se hizo con un difícil consenso y con la espada de Damocles de la dictadura amenazando una vuelta atrás,  el resultado fue un modelo de estado que ratificaba la monarquía impuesta por Franco  y la dotaba de un fuerte blindaje que la hacía intocable apoyado por un complicado y difícil proceso de modificación: mayoría reforzada seguida de referéndum y nueva convocatoria electoral.

En aquellos años, muchos ciudadanos de ideas democráticas y republicanas, nos convertirnos en "Juancarlistas" reconociendo el positivo papel del Rey en  la transición.

El papel jugado por el Rey Juan Carlos en el golpe de Estado de 1982 reforzó su imagen positiva.

Más de cuarenta años después  sale  a plena luz, impulsado por la justicia suiza y con todo lujo de detalles, lo que era un secreto a voces en la sociedad: El Rey Juan Carlos cobraba cuantiosas comisiones y recibía esplendidos regalos de monarcas árabes enriquecidos por el petroleo. El Rey que había contribuido tan positivamente en la transición, se había convertido en un  personaje corrupto .

Lo fiscalía del TS debate ahora si el superblindaje del ex-Rey le sigue cubriendo de la misma forma después de su abdicación en 2014. Si la respuesta fuera positiva, se le podría acusar de algún delito desde 2014, probablemente un delito fiscal o de movimiento ilegal de capitales a paraísos fiscales, si fuera negativa  el emérito quedaría impune antes y después de la abdicación. 

Si finalmente el ex Rey fuera procesable, el modelo a aplicar podría ser similar al uilizado con Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, incluyendo la condena a titulo de beneficiario al Rey Felipe y al resto de la famila real, si se llegase a demostrar que  una parte de los ingresos fraudulentos obtenidos se utilizaron, como se ha declarado en Suiza, en beneficio de su familia.

El segundo  paso, independiente del primero, depende de la Casa Real, con acuerdo del gobierno, y consiste en la retirada del titulo de Rey Emérito del mismo modo que se retiró el de Duques de Palma.

Con esta medida, el ex Rey dejaría de ser, al menos de facto, miembro de la familia real. Si Juan Carlos acepta sin protestas esta situación la salida de la situación será notablemente más fácil.

La solución al  problema de fondo: limitar el superaforamiento real, quedará seguramente para otro momento, pues requiere la modificación del título primero de la constitución. Cualquier  propuesta de modificar el titulo primero llevaría inevitablemente incorporado que algunos partidos pidieran la supresión de la monarquía pues por mucho que se quiera argumentar, la corrupción del  Rey J. Carlos no puede desligarse de la institución monárquica, que quedaría inevitablemente tocada.

Parece probable una salida blanda, que suponga la salida del Emérito del escenario público español con, posible autoexlio incluído

Al actual  monarca le queda un  largo camino  para  recuperar su  imagen  perdida que ya ha iniciado con  el tour nacional que esta realizando  actualmente.                 

     

Los derechos de los mayores

En tiempos antiguos se valoraba de forma muy especial la experiencia y sabiduría de las personas mayores, hasta el punto que los Consejos de Ancianos tenían un papel trascendental en muchas sociedades primitivas.

Actualmente la situación es muy diferente, las personas mayores suelen estar subvaloradas, y muchas veces arrinconadas, como trastos inútiles.

El termino edadismo, recientemente acuñado, hace referencia a todos los comportamientos inadecuados y prejuiciosos hacia las personas vinculados a su edad avanzada.

Una de las manifestaciones más extendidas del edadismo es la discriminación laboral que prescinde de los trabajadores mayores, y muchas veces se consideran mayores a los que han cumplido 50 años, sustituyéndolos por personas más jóvenes, y de menor coste, o directamente por máquinas. En algunas ocasiones esa precipitada sustitución ha hecho fracasar importantes proyectos al jubilar anticipadamente  técnicos con mucha experiencia y sustituirlos por otros más jóvenes que no tenían capacidad suficientes.

La renovación generacional es imprescindible pero hay que hacerla de manera ordenada, respetando los derechos de los trabajadores de distintas edades. En una época en la que se ha prolongado la esperanza de vida  en unas condiciones  físicas y mentales muy buenas, es un desperdicio inadmisible prescindir de los más veteranos de forma sistemática.

En la situación de pandemia por el COVID19 que estamos  padeciendo, la discriminación por edad ha adquirido cotas totalmente inadmisibles para nuestra sociedad que ha supuesto decenas de miles de fallecimientos de personas mayores en las residencias de la tercera edad, especialmente en Madrid y Barcelona.

No voy a entrar en la falta de recursos, la imprudencia y la mala gestión de de las Comunidades autónomas o su falta de sensibilidad, temas que se están debatiendo en muchos medios y que  en un futuro acabaran con toda seguridad en los tribunales. Me preocupa  lo que considero una de las claves del tema, la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las personas mayores que se encuentra detrás de todas estas malas prácticas.

Todo ciudadano, con independencia de su edad, tiene derecho a sus libertades individuales, entre ellas la de  decidir sobre la asistencia sanitaria que necesita. Si un ciudadano, o en su caso sus familiares más próximos, considera que necesita  acudir a un hospital para ser examinado, ningún director de residencia ni ninguna autoridad sanitaria tiene derecho a impedírselo. No es de recibo que  las autoridades sanitarias prohíban llamar a ambulancias para atender a los residentes y no es de recibo que no puedan llamar a su médico cuando lo consideren necesario.

La decisión de a quien se asignan los recursos  médicos disponibles en cada momento (UCIs, respiradores o camas hospitalarias) corresponde a los equipos médicos, no a las autoridades autonómicas.

Se han dado también discriminaciones en función del origen laboral de los jubilados. Los beneficiarios del régimen general de la seguridad social no han sido atendidos mientras que los funcionarios, que tienen su sanidad pública concertada con entidades privadas, si han podido serlo. 

Tampoco es de recibo, en pleno siglo XXI en el que el uso de teléfonos móviles está generalizado, que los familiares no hayan podido comunicarse con los residentes y hayan tenido que recibir información discrecional por parte de la dirección de las residencias, en muchas ocasiones solo para comunicarles su fallecimiento.

Las personas mayores que viven en su propio domicilio han tenido la oportunidad de requerir los servicios médicos u hospitalarios cuando lo han considerado necesario. No hay razón para que los mayores que residen en un centro geriátrico no tengan los mismos derechos.

Hay que cambiar el modelo de residencias y, además de dotarles de más recursos económicos y de  un mejor acceso a los servicios médicos, hay que quitarles esa capacidad que se arrogan de restringir derechos a los mayores que hace que algunas residencias se asemejen más a centros penitenciarios que a lugares donde vivir bien atendido y con todos los derechos.

Después de la epidemia

El Estado de alarma ha terminado, aunque  desde un punto de vista estrictamente sanitario, hubiera sido conveniente  prolongarlo algún tiempo más, pues los territorios más poblados, Madrid y Barcelona, no reunían todavía los requisitos sanitarios necesarios para acceder a la movilidad total. 

En cualquier caso todo el país ha accedido a la "nueva normalidad", una especie de libertad con limitaciones para evitar la propagación del virus que permite desplazamientos por todo el país.

El grado de infección existente en España, después de los primeros 15 días de "nueva normalidad", es estable, aunque se hayan contabilizado 58 brotes en distintos territorios como consecuencia de los rastreos efectuados. La existencia de brotes locales en familias, grupos de trabajadores, residencias u otros lugares, hay que considerarlo como parte de la nueva normalidad y tiene el aspecto positivo de demostrar que los seguimientos de los contactos próximos a los infectados, realizados por los equipos de rastreadores, han funcionado.

Mas preocupante resulta que en territorios muy castigados por el virus, como la Comunidad de Madrid, no se haya detectado ningún foco, pues puede ser un indicio de que no se están haciendo suficientes rastreos o se están haciendo mal.

También es preocupante la situación de Madrid porque todavía permanecen cerrados varios centros de salud  y el déficit de sanitarios sigue siendo alto. Las manifestaciones continuas de los sanitarios madrileños, promovidas por plataformas como la marea blanca o sanitarios necesarios, son un buen indicador de la precaria  situación de los profesionales de la salud. En un reciente manifiesto por la sanidad pública,todos los colectivos sanitarios denunciaban que Madrid solo gasta en sanidad el 3,6% de su PIB mientras que la media nacional de todas las CC.AA. es del 5,5%, un 35,5% menos en terminos de PIB que  el conjunto de todas las CC.AA.

Las últimas noticias indican que, en contra de todas las recomendaciones sanitarias,  la Comunidad de Madrid tiene la intención de cerrar camas hospitalarias en el período estival. Una razón mas para la moción de censura a Isabel Diaz Ayuso. 

La inminente apertura de fronteras, tanto para los países de la Unión Europea como para algunos otros  considerados de baja incidencia del virus, son una fuente adicional de preocupación por las posibilidades de importar contagios. Aunque se van a tomar algunas precauciones para controlar los viajeros que llegan a los aeropuertos, puede que no sean suficientes.

En todo caso parece inevitable correr un cierto riesgo para equilibrar el control de la pandemia con iniciar el proceso de recuperación económica y social. Mientras no aparezca una vacuna no hay más remedio que convivir con el COVID19.

Por otro lado, las redes de defensa social y económica promulgadas por el gobierno están empezando a ofrecer resultados positivos:

Según datos del SEPE

El número inicial de beneficiarios de prestaciones por desempleo por ERTES del COVID 19 concedidos en Abril y Mayo era: 3.758.431 trabajadores.

A estas cifras habría que  agregar aproximadamente un millón más de beneficiarios entre autónomos y empleadas de hogar.

El número de beneficiarios en Mayo era de  2.661.678

A final de junio se pagaron 1.466.173  prestaciones, lo que indica que 2.300.000 trabajadores habrían salido de los ERTES antes de su final teórico del 30 de junio.

Por acuerdo con los agentes sociales los ERTES se han prorrogado hasta el 31 de septiembre, y son previsibles prorrogas adicionales hasta fin de año en algunos sectores.

La segunda RED de defensa económica ha sido la linea de avales COVID19 financiada por el ICO,  dotada con 100.000 millones de € y complementada por otros 1.200 M€ dedicados a  financiar alquileres para autónomos y PYMES.

Estos avales han beneficiado, a 15 de junio, a 400.000 autónomos y PYMES.

El gobierno ha aprobado también otros programas de apoyo de menor impacto económico pero de gran valor social.

A pesar de este importante esfuerzo, los sectores más vulnerables  de la ciudadanía han tenido que buscar el apoyo de ONGs, AA.VV, y otras entidades  sociales que han jugado un papel muy importante en esta  pandemia.

Para cubrir también  a  estos colectivos se ha aprobado  recientemente el Ingreso Minino Vital  que se estima afectará a 850.000 personas en riesgo extremo de pobreza.

Empieza ahora el proceso de reconstrucción que tiene varios frentes:

• El frente político que se está materializando en un comisión parlamentaria de reconstrucción que acaba de aprobar sus  primeras conclusiones, salvo en Sanidad, la aprobación se ha limitado a los partidos del gobierno y el apoyo, excepto en los aspectos sociales, de Ciudadanos que sigue desmarcándose de las derechas extremas. Hay que esperar que en el debate en plenario puedan ampliarse los acuerdos
• En el frente social, los acuerdos entre gobierno, patronal y sindicatos, transitan con mejores perspectivas. La firma primero del acuerdo de salario mínimo, la prolongación de los ERTEs hasta final de septiembre después y finalmente el pacto genérico de recuperación, son sus hitos más relevantes.
• Las CC.AA. y los ayuntamientos  están también en proceso de firmar sus propios acuerdos territoriales. Aquí la situación es muy variable, aunque  seguramente se podrá llegar a acuerdos significativos en algunos territorios.
• Por último queda el frente europeo que ha suprimido temporalmente sus políticas anti déficit y va a liberar importantes ayudas para salir de la crisis en unas condiciones mucho más favorables que en 2008. La concreción de estas ayudas se acordará en la próxima cumbre del Consejo a mediados de julio.

La crisis está siendo muy profunda y va a dejar huella en todos los países, tres meses de inactividad no pasan en vano y tienen inevitables repercusiones sobre los indicadores macro económicos de desempleo y PIB.

Esta situación está siendo aprovechada por los agoreros habituales para anunciar poco menos que el apocalipsis y la necesidad de tomar la medidas habituales de ajuste y recorte de derechos. Las medidas que se han tomado y las que están en marcha proporcionan garantías razonables de que se puede salir incluso con más fuerza de esta situación.

Para ello es necesario evitar que una posible segunda oleada del COVID 19 tenga efectos similares a la primera y para ello hay que reforzar al máximo nuestros puntos más débiles: recursos sanitarios y residencias de mayores. No parece que todas las CC.AA. responsables de la gestión de estos recursos, estén en la misma línea.

Madrid necesita una Moción de censura

Una vez terminado el Estado de  Alarma que ha tenido paralizado el país durante tres meses, España tiene que iniciar su proceso de reconstrucción a todos los niveles: Estado, CC.AA. y Entidades locales. Este proceso tiene fundamentalmente un aspecto económico y social, pues es necesario recuperar la actividad económica y el empleo pero, tan importante como este, es lo que podríamos considerar como aspecto defensivo. El COVID 19 puede estar controlado, pero no erradicado y las posibilidades de que reaparezca con fuerza dentro de unos meses son, a juicio de los epidemiologos y como se está observando en China o Corea, muy considerables. La pandemia ha puesto de manifiesto muchas debilidades en nuestro sistema sanitario y, en la forma como se han gestionado las residencias geriátricas que han sufrido el golpe más duro de la pandemia.

La Comunidad de Madrid encabeza el ranking de mala gestión en la sanidad y en las residencias de la tercera edad y, ya al final de la desescalada, siguen faltando sanitarios y sigue habiendo centros de salud cerrados y los familiares de las personas fallecidas en las residencias siguen sin tener las explicaciones necesarias y están planteando diversas querellas contra la  Administración  Autonómica.

La posibilidad de un nuevo rebrote de la pandemia en una comunidad presidida por Isabel Diaz Ayuso (IDA), provoca una situación de miedo adicional que los ciudadanos de Madrid no tendríamos que soportar.

El gobierno de la comunidad de Madrid no es solo de derechas, que lo es, es sobre todo totalmente inoperante e incapaz, los errores cometidos son impresionantes, las circulares enviadas a las residencias para no derivar a los enfermos residentes  violan de forma ostensible el derecho a la salud que tiene cualquier ciudadano, las explicaciones dadas y la forma de culpar a otros de sus insuficiencias, impresentable.

Si la moción de censura que permitió a Pedro Sanchez acceder al gobierno tenía una componente ética para impedir tener un presidente del gobierno implicado directamente en temas de corrupción, mantener en la presidencia de Madrid a una persona responsable de estas actuaciones, no es un problema menor y por tanto merece también una moción de censura.

Hay que evitar a toda costa que el PP de IDA siga gobernando y para ello es necesario que el PSOE asuma su responsabilidad política y presente la moción de censura proponiendo a Ángel Gabilondo como nuevo presidente.

La aritmética de la asamblea de Madrid es muy complicada, la izquierda tiene 64 diputados, la derecha extrema y la extrema derecha, PP+ Vox, 42, que con los  26 de Ciudadanos, suman los 68 que forman la mayoría  que apoya al gobierno.

Una moción de censura del PSOE no tendría fácil prosperar pues necesitaría 67 votos que no tiene, aunque en estas circunstancias habría que arriesgarse a perder y presentar la moción por razones de higiene democrática.

Sin embargo el reglamento de la cámara ofrece otra posibilidad: la presentación de un segundo candidato que compita con el primero. En condiciones normales esa opción sería imposible pero, en la situación actual de guerra abierta entre los dos socios de gobierno PP y Cs, con un consejero de asuntos sociales de Cs enfrentado de forma pública con el consejero de sanidad del PP por la gestión de las residencias y con un vicepresidente de Cs que convoca por su cuenta a los portavoces de los partidos de izquierdas al margen de la presidenta, esa posibilidad puede abrirse camino. Si además añadimos la estrategia de desmarque de las dos derechas que está practicando Cs en las últimas semanas, acercándose al gobierno en el Congreso de los Diputados, las posibilidades son todavía mayores

En el hipotético caso que finalmente hubiera dos mociones con dos candidatos, es muy posible que terminara en un acuerdo programático que diese la presidencia a uno de los dos y cumpliese el objetivo principal de desalojar a IDA de la presidencia de Madrid.

La lógica aritmética de los votos tendería a dar la presidencia al candidato socialista, pero la lógica política da más opciones al candidato de Cs. Desde un punto de vista político, Ciudadanos daría un gran salto cualitativo si obtuviera la presidencia de Madrid, la primera presidencia en su historia.

Fuera cual fuera el resultado, la operación tendría un gran beneficiario: la ciudadanía madrileña que se libraría de tener como presidenta a un personaje tan nefasto como I. Diaz Ayuso.

También habría otro componente político positivo: alejar a Cs de las derechas extremas y acercarlos al gobierno, facilitando mayorías en el parlamento nacional y unas consecuencias colaterales en los gobiernos de centro derechas de Andalucía, Murcia y Castilla y León.

El movimiento es complejo y arriesgado y requiere mucho valor por parte de todos:

• Cs ganaría una posición política importante pero tendría que dar un salto estratégico, casi definitivo, alejándose de las derechas.
• El PSOE quedaría en Madrid en una situación secundaria, aunque no mucho más que la que tiene actualmente. A nivel nacional ganaría en estabilidad.
• La maniobra necesitaría el apoyo de uno al menos de los dos grupos de izquierdas, Más Madrid o Unidas Podemos, pues los 63 votos de PSOE y Cs no son suficientes. Este apoyo también es arriesgado para estos partidos, aunque UP, como miembro del gobierno, obtendría los mismos beneficios de estabilidad que el PSOE

En unos momentos tan difíciles como los que vivimos, sería una forma inteligente de hacer política de Estado, mas allá de aspectos tácticos de corto plazo. Madrid saldría del agujero negro en que nos  ha metido el gobierno de Diaz Ayuso y la gobernabilidad del Estado se vería muy reforzada.

COVID19, Operación 8M

La coincidencia de fechas entre el 8 de Marzo, día de la mujer trabajadora y la explosión de la pandemia del coronavirus en España, explica la campaña de la derecha y la extrema derecha, apoyadas por los restos de la policía patriótica, que en su momento organizó el último ministro del interior de M. Rajoy y por algunos jueces de ideología muy conservadora, de establecer una relación causa  efecto entre ambos sucesos.

La información publicada en distintos medios permite hacer una reconstrucción, si no exacta pues, faltan algunos detalles no fundamentales, sí lo suficientemente aproximada para hacerse una idea del contenido de la operación que he bautizado como "operación 8M".

• La operación  comienza el 19 de Marzo con la denuncia de un abogado desconocido y con fama de poco escrupuloso, contra el delegado del gobierno en Madrid por prevaricación, al permitir la manifestación del 8 de Marzo cuando sipuestamente conocía que el COVID19 ya estaba activo en España.
• La denuncia toca por reparto al juzgado 51 de Madrid que abre diligencias no urgentes el 23 de Marzo, encargándoselas a la Unidad de policía judicial de la comandancia de  la Guardia Civil (G.C.) de Madrid.
• El 21 de Mayo la G.C. entrega el informe de las diligencias practicadas por el equipo instructor, un capitán y un teniente, con el nombre de operación sanitario.
• El 25 de mayo la jueza del 51 convoca al Delegado del Gobierno a declarar como imputado el 5 de Junio, primer día disponible por la paralización judicial del Estado de  Alarma.
• El 25 de Mayo el ministro G. Marlasca cesa al coronel P. de los Cobos como jefe de la comandancia de Madrid.
• El 26 de Mayo dimite el DAO de la G.C. en solidaridad con P. de los Cobos. Le faltaban solo unos días para la jubilación.
• El 27 de Mayo aparece en la prensa el informe de la operación sanitario, supuestamente secreto. 
• El 2 de junio se publica una nota interna enviada el 24 de Mayo por la D.G. de la G.C. al Secretario de Estado de  Seguridad proponiendo el cese de P. de los Cobos  por "pérdida de confianza" por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de policía judicial, con fines de conocimiento"

Desde el momento en que se conoció la destitución del coronel de los Cobos, los coros y danzas mediáticos, periodistas y tertulianos, y parlamentarios, PP, VOX y Cs, empezaron a rasgarse las vestiduras por el escándalo que según ellos suponía el intento del ministro del interior de interferir en una investigación judicial, intentando obligar a un guardia civil a revelar información secreta. El argumento se cae por su propio peso pues el coronel no podía desvelar un informe al que no tenía acceso y la obligación de informar sobre el estado  de las actuaciones le viene obligado por la negativa vigente.

Todas las protestas corales se han focalizado en las formas del cese, obviando el contenido del informe que es una autentica chapuza tan plagado de errores, manipulaciones y falsedades, que no hay por donde cogerlo.

La "operación 8M" tiene algunos detalles poco habituales que la hacen sospechosa:

• Tocó por reparto al juzgado 51, seguramente cualquier otro juzgado hubiera archivado la demanda pero el 51 era sensible a ella. Parece muy probable que el denunciante conociera los turnos de guardia de los juzgados.
• Se activaron diligencias cuando el tema era no urgente  y en condiciones de Estado de Alarma solo se podían tramitar las demandas urgentes.
• La jueza del 51 encargó las diligencias a la comandancia de la G. Civil de Madrid, cuando parecía más lógico recurrir a la policía nacional pues los hechos se produjeron en una zona urbana.
• El contenido del informe presentado no es nada objetivo, está plagado de inexactitudes y parece orientado a demostrar que hubó un delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M
• Todos los informes se filtraron a la prensa poco después de ser entregados al juzgado y sin que el ministerio del interior tuviera conocimiento de su existencia.

Todos estos datos son claros indicios de una operación preparada para imputar al Delegado del Gobierno y al propio Gobierno por la propagación del coronavirus dándole, además, un signo ideológico pues supuestamente se hizo para favorecer el acto feminista, olvidando otros acontecimientos masivos; Congreso de Vox, Partidos de fútbol, etc. que tuvieron lugar en esas mismas fechas y que la manifestación del 8M se celebró en todo el planeta, amenazado por la misma pandemia.

No es el primer intento de desestabilización del gobierno apoyándose en supuestas irregularidades: Dimisión del ministro  Maxim Huerta, tesis de Pedro Sanchez, grabaciones clandestinas a Dolores Delgado, patrimonio de Pedro Duque, caso del ministro Ábalos  con Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela...., pero está operación 8M  ha tenido una elaboración más complicada aunque su ejecución ha sido  un tanto chapucera.

El "lawfare", definido como un intento de golpe de Estado utilizando una combinación de magistrados, policías, periodistas  y políticos, que triunfó en países como Brasil, propiciando la caída de Lula da Silva y Dilma Russell o Bolivia con la destitución de Evo Morales, para dar paso a gobiernos de derechas, no parece haber tenido éxito en España, seguramente por la poca pericia de los conspiradores y, sobre todo, porque la sociedad española es mucho más madura y avanzada que las sudamericanas y, aunque existan elementos en España en esos sectores claves capaces de embarcarse en  este tipo de aventuras, nuestra sociedad en su inmensa mayoría no respalda estos movimientos.

Sin duda volverán a intentarlo con cualquier otro pretexto, para evitarlo es necesario:

1. La reestructuración de la Secretaria de Estado de Seguridad, renovando los mandos que haya que renovar, labor en la que ya está actuando el Ministro del Interior.
2. La renovación del CGPJ que lleva ya mucho tiempo en funciones con mayoría conservadora, y que es el que decide los destinos de los jueces.
3. El  cambio de estrategia del P.P., cada vez está más cerca de las posiciones y estrategias de VOX.
4. El cambio de actitud de algunos medios de comunicación, que hasta hace pocos años eran considerados como prensa progresista y que han girado hacia posiciones de derechas entrando en competencia ideológica con la "Brunete mediática 2.0", formada por ABC, La Razón, El Mundo, OK diario, la COPE ....

El punto primero es responsabilidad del gobierno que, por lo que se ha declarado, ya está actuando.

Los puntos 2, 3 y 4 dependen, en última instancia de la ciudadanía, pues con el PP actual no parece posible que se produzca un cambio de postura y es necesario que el PP cambie. Para ello, el apoyo de los ciudadanos hacia este partido tiene que reducirse significativamente para obligares a cambiar de dirigentes. Las próximas elecciones autonómicas de Euskadi y Galicia serán una oportunidad, aunque incompleta, de medir el apoyo que mantiene el PP. 

Estado de alarma 5ª Prórroga

El pasado 19 de Mayo el Congreso de los diputados aprobó la quinta prorroga del Estado de Alarma decretado a causa de la pandemia del COVID19.

El resultado de la votación fue muy ajustado, solo 177 votos, uno más de la mayoría absoluta.

Aunque el Estado de Alarma, que limita la movilidad y el derecho de reunión de los ciudadanos, ha resultado ser la única medicina eficaz contra el coronavirus, como se está demostrando no solo en España sino en otros países europeos como Francia, Italia o Alemania, un número creciente de formaciones políticas parecen considerar que pararlo es solo cosa del gobierno y ellos están a otra cosa, siguiendo el principio  de "que hay de lo mío". La derecha extrema y la extrema derecha (DE-ED), PP Y Vox, solo quieren ver el E. de Alarma como una estrategia del gobierno para  gobernar con menos controles. Los nacionalistas catalanes, Bildu, sorprendentemente Compromis, y Ciudadanos negocian su voto positivo o su abstención a cambio de determinadas condiciones que, por legitimas que puedan ser, no deberían condicionar el objetivo prioritario de erradicar el COVID19  que es un problema mundial y por tanto de toda la sociedad española con independencia de ideologías o territorios.

En este contexto, el gobierno no tuvo mas remedio que negociar para sacar adelante su propuesta. Ciudadanos, que parece estar en un proceso de vuelta al centro y de desmarque de la ED-DE condicionó su voto  positivo a que la prorroga durase solo dos semanas en vez del mes que quería el gobierno, Bildu por su parte  condicionó su abstención  a cambio del compromiso escrito del gobierno de derogar la reforma laboral de 2012. Este compromiso,  que finalmente se  firmó, no es ninguna novedad pues ya estaba incluido en el programa de gobierno y en los acuerdos de investidura. Se trataba de recordarlo por si había alguna tentación de olvidarlo

El apoyo de Bildu, que sustituye en actitudes constructivas a ERC, que en esta ocasión ha optado por seguir a JXCAT y votar en contra, tiene la ventaja de  consolidad la mayoría de izquierdas que del gobierno, que tendría que hacer un esfuerzo por recuperar el apoyo de ERC en próximas ocasiones.

Como marca el guión de la estrategia demagógica de la ED-DE, la abstención de Bildu abrió la caja de los truenos y obligó, en mi opinión de forma equivocada, al gobierno a matizar su  posición sobre la reforma laboral volviendo al absurdo concepto de "los aspectos más lesivos" como si el gobierno estuviera dispuesto a aceptar  aspectos lesivos pero menos. La  reforma laboral hay que abordarla en profundidad y sus contenidos finales serán más o menos favorables a los trabajadores dependiendo de la correlación de fuerzas parlamentarias y de los acuerdos que puedan adoptarse en la mesa del dialogo social, la mayor o menor  "lesividad" del resultado final deberá analizarse después de la derogación.

Que las derechas se hayan echado al monte parece una obviedad, si se suprime el estado de alarma  y se reproduce la epidemia, será culpa del gobierno y ya lo arreglaran ellos después a su manera. Hay que esperar mucho más de la responsabilidad de los partidos progresistas y que su negativa a apoyar esta prorroga corresponda más a cuestiones tácticas  que a estrategias de fondo.

Parece casi imprescindible una sexta prorroga para poder salir de la crisis del COVID19 con las máximas garantías posibles. Los incumplimientos de las limitaciones de movilidad y contactos que se están viendo en algunos lugares, hacen temer que un corte anticipado del Estado de  Alarma pueda ser muy peligroso. 

                 #quedatencasa

COVID19;Desescalada

Una vez superado el  pico de la pandemia, comienza lo que seguramente será la parte más complicada, aunque también la más optimista, pues empieza a vislumbrarse la vuelta a la normalidad, aunque sea una normalidad relativa.

El proceso de desescalada en España se va a realizar en varias fases, dependiendo de evolución de los indicadores sanitarios definidos por el gobierno; de forma asimétrica pues la incidencia de la epidemia ha sido muy diferente en cada territorio.

Para la gestión de la desescalada se utilizará un modelo de cogobernanza, Gobierno Central, que tendrá la última palabra, y CC.AA que harán las propuestas iniciales y gestionaran posteriormente las medidas que se decida adoptar.

Es imprescindible que  el proceso de desescalada se realice dentro del Estado de Alarma, pues la restricción de los derechos  de movilidad y reunión imprescindibles en el proceso, solo pueden activarse si el país está en una situación crítica que necesita un gobierno central con plenos poderes. La sustitución  del Estado de Alarma por un conjunto complejo de leyes ordinarias, como proponen algunos partidos de la oposición, son solo reticencias interesadas que quieren limitar las capacidades del gobierno por razones políticas de carácter táctico. Esa compleja sustitución  no podría conseguir los mismos efectos de limitación de derechos fundamentales que produce el Estado de Alarma y arriesgaría los avances conseguidos durante estos meses de confinamiento. En todo caso y dado que la situación del Estado de Alarma limita inevitablemente las capacidades de actuación de los gobiernos autonómicos, el gobierno de España esta obligado a gestionarlo con la máxima prudencia, dando a las CC.AA. las máximas garantías en el proceso de cogobernanza de la epidemia.

Los dos primeros movimientos hacia la Fase 1 del proceso de desescalada, que implica el cumplimento de determinadas condiciones sanitarias en los territorios que aspiraban a cambiar de fase, ha traído algunos conflictos de competencias que deberían haberse evitado.

En el primer movimiento (11 de Mayo) pasaron a Fase 1 casi todas las CC.AA., con un 50% de la población con la excepción de una parte de Cataluña y Castilla y León, que no lo habían solicitado porque consideraban que no reunían las condiciones necesarias, y una parte de Valencia, dos provincias andaluzas, tres provincias de  C. La Mancha y Madrid al completo que aunque si lo habían solicitado, el  gobierno central no lo consideró aceptable.

Este rechazo produjo algunas protestas en las CC.AA. a las que no se aceptó su petición. Andalucía y C. La Mancha  manifestaron su desacuerdo con los criterios del gobierno de forma moderada mientras Valencia estuvo bastante más agresiva, pues estaban convencidos de que iban a pasar. El gobierno de Madrid, como ya es habitual, siguió en su papel de ariete del PP frente al gobierno de España, manifestando de forma demagógica que había sido discriminada por razones políticas sin tener en cuenta que:

• Madrid es el epicentro de la pandemia y el territorio con mayor número de afectados,
• Tiene cerrados muchos centros de salud,
• Escasez de personal estructural, agravado por las bajas habidas en las últimas semanas,
• Todavía está empezando a montar el sistema de rastreadores, que está muy en precario,
• Las residencias de la tercera edad no reúnen las condiciones de seguridad necesarias
• y los sindicatos sanitarios y los colegios profesionales de médicos y enfermería consideran que no se cumplen las condiciones necesarias.

Estas circunstancias si las apreció la Directora General de Salud de la Comunidad de Madrid, que dimitió de su cargo en desacuerdo con la petición de cambio de fase.

En la segunda convocatoria (18 de Mayo) han pasado de fase todas las CC.AA. que lo han pedido (70% de la población) excepto Madrid. Cataluña y C. León siguen con el mismo criterio de prudencia y solo han pedido el paso a Fase1 en las zonas más rurales, dejando fuera a  Barcelona y su área metropolitana y a las ciudades mas pobladas de C. Y León.

El gobierno de Madrid sigue en su papel de Pepito grillo, con proclamas de victimismo y argumentando la ruina económica que va a suponer para Madrid la no apertura de bares y terrazas, pues al comercio se le permite una mayor flexibilidad aunque sea en fase 0. La argumentación de I Díaz Ayuso (IDA) y de su cómplice de Ciudadanos, a favor del cambio de fase  se apoya cada vez más en argumentos económicos olvidándose de la prioridad que tiene la defensa de la salud sobre los problemas económicos.

Como acompañamiento de las posiciones del gobierno de Madrid, se están produciendo caceroladas "de marca" en algunos barrios de Madrid, que intentan crear un caldo de cultivo contra el gobierno progresista al que empiezan a culpabilizar de todos los males sanitarios económicos y sociales de la epidemia.

Madrid no se merece estar gobernada por un personaje de estas características. Si es comprensible la prudencia del gobierno en evitar polémicas con el gobierno de IDA, no lo es tanto la pasividad que están demostrando los partidos de izquierdas de la comunidad, PSOE, U.Podemos y Mas Madrid, que deberían presentar batalla al gobierno madrileño de PP-Cs que de momento campa por sus respetos.

El proceso de desescalada, junto con el cumplimiento efectivo de las redes de apoyo a trabajadores, Pymes y autónomos, aprobadas por el gobierno, que se llegue a un acuerdo en el plan de Recuperación Nacional que esta empezando a debatirse en el parlamento son, junto a las ayudas económicas que se aprueben en Europa, las bases para que España salga de la crisis sanitaria de la mejor manera posible.

#quedatencasa