Las togas en pie de guerra

El poder judicial, igual que los otros poderes de un Estado democrático, depende del pueblo y debe ser elegido por él de una u otra forma.

También es necesario, y la Unión Europea está poniendo mucho énfasis en ello, que el poder judicial tenga la máxima independencia posible del poder político.

Esta doble condición no es fácil de conciliar en la práctica pues la especificidad del poder judicial hace inviable su elección directa y, al tener que elegir los jueces de forma indirecta, se produce una inevitable relación con el poder político.

En España, en forma similar a algunos otros países europeos, se ha creado un organismo especifico, el Consejo General del  Poder Judicial (CGPJ) para gobernar y administrar los tribunales con independencia del gobierno. El CGPJ, compuesto por  20 miembros más el presidente, se elige actualmente por las cámaras parlamentarias a razón de 8 miembros entre  juristas de reconocido prestigio y 12 entre jueces y magistrados, la mayoría necesaria es de 3/5 en ambos casos, aunque la Constitución solo obliga a esta mayoría en el caso de los 8 juristas.

El bloqueo sistemático del PP en la elección de estos vocales ha llevado a que lleven en funciones  más de  dos años. Este bloqueo es sistemático y responde a una estrategia política destructiva, pues afecta también a otros órganos importantes como Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE, y responde a una forma filibustera de hacer política de oposición que el PP esta poniendo en práctica desde que perdió el gobierno en la moción de censura.

Para salir de esta situación anómala, los grupos parlamentarios PSOE y UP han presentado una proposición de ley para cambiar la forma de  elección de los miembros del CGPJ consistente en hacer una segunda vuelta por mayoría absoluta si no se han obtenido 3/5 en la primera.

Aunque esta propuesta garantiza que se complete la elección de los miembros del CGPJ, aumenta la dependencia política pues con este sistema, los partidos que apoyan al gobierno pueden obtener con más facilidad los representantes de su preferencia.

La propuesta presentada incluye también la limitación de funciones del Consejo una vez terminado su mandato, lo mismo que sucede en cualquier otro órgano electivo. Es posible que la simple aprobación  de esta opción facilite el consenso sin necesidad de modificar las mayorías necesarias.

Algunos miembros del Consejo, algunos tribunales superiores las asociaciones de jueces y los partidos de derechas han expresado su oposición a esta reforma legal y, para limitar la dependencia política proponen una elección directa por los jueces, sin considerar que, de hacerse así, tendríamos una dependencia corporativa y tecnocrática con el consiguiente déficit democrático pues los jueces ya no dependerían del pueblo y sino de un grupo de funcionarios cualificados, no elegidos por nadie.

Las espadas siguen en alto y para salir del atolladero, el gobierno ha congelado su propuesta para intentar llegar a un acuerdo sobre la legislación actual de mayoría de 3/5, comprobando de paso si el reciente distanciamiento entre PP y VOX producido en la moción de censura de VOX, empieza a tener consecuencias positivas.